•Sentencia T-212 de abril 13 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

PROTECCIÓN A LA VIDA DE AMENAZADOS

NO SE DEBEN EXIGIR PRUEBAS CONTUNDENTES DE LAS AMENAZAS

EXTRACTOS: «Dice el ad-quem en su providencia, que si bien “... no hay duda que la señora Clemencia Victoria Marmolejo se encuentra amenazada y tiene razón cuando afirma que no puede demostrar las amenazas porque las personas a quienes les consta se abstienen de declarar por temor... la Sala actuando como tribunal constitucional, no puede dar la orden al comité seccional ...para que declaren a la señora como docente amenazada para [así] poder obtener el traslado porque esa es función de ese comité. Tampoco puede ordenar el traslado solicitado en la acción de tutela ...en razón a que esta es función que le compete al ejecutivo a través del secretario de educación del ente territorial respectivo...”.

Esa afirmación debe señalarla la Sala de Revisión como totalmente equivocada, pues precisamente la función del juez constitucional ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales del actor, es ordenar a las autoridades públicas correspondientes o a los particulares responsables, la adopción de todas las medidas que sean necesarias para garantizar su protección.

La tutela, ha dicho esta corporación, “... tiene como función evitar vulneraciones a los derechos fundamentales, o su amenaza, como se señala claramente en el artículo 86 de la Constitución Política. Y resulta claro que así sea por cuanto, en tratándose de derechos fundamentales, su carácter inherente a la persona hace que el ejercicio mismo del reconocimiento del derecho, para su amparo, sea directo, inmediato, factual, como resultado de la existencia misma del sujeto”.

Pero además esa protección la debe brindar el Estado cuando la vulneración o amenaza provenga de una autoridad pública y excepcionalmente de un particular, si se cumplen ciertos y específicos presupuestos consagrados en la ley, de ahí que resulte contradictorio e inadmisible que no obstante la certeza que tenía el juez constitucional de segunda instancia, sobre la existencia de una real y concreta amenaza sobre los derechos fundamentales para los que pedía protección la actora, especialmente sobre su derecho a la vida, se abstuviera de impartir las órdenes pertinentes a las autoridades públicas del caso, que eran precisamente las demandadas a través de la acción.

Argumentar que esa es una función propia de esas autoridades y no del juez constitucional, es desconocer la esencia misma de la acción de tutela, diseñada por el constituyente precisamente para investir a una autoridad judicial, erigida como juez constitucional, de la facultad y el poder de ordenar a las autoridades públicas correspondientes, la adopción de las medidas que sean necesarias para evitar la amenaza o vulneración que la acción u omisión de ellas mismas puedan ocasionar a los derechos fundamentales de los demandantes.

Ese tipo de decisiones, además, desconocen el mandato constitucional consagrado en el artículo 228 de la Constitución, que le ordena a las autoridades encargadas de administrar justicia aplicar en sus decisiones el principio que señala que debe primar lo sustancial sobre lo formal.

El juez constitucional no puede limitarse, como lo hizo el ad-quem, a sugerir a la autoridad correspondiente la adopción de una medida, su obligación es garantizar la protección de los derechos fundamentales del accionante ordenando lo pertinente y verificando que sus decisiones se cumplan.

4. Proteger el derecho fundamental a la vida de una persona, es una obligación de las autoridades públicas, que no puede supeditarse a que el afectado pruebe la real existencia de las amenazas que ha recibido.

El inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política establece lo siguiente:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

La violencia que azota actualmente a nuestro país, es un fenómeno gestado a lo largo de varias décadas que desafortunadamente para ninguno de sus habitantes es extraño o sorpresivo; tanto es así que en muchas zonas del territorio nacional, especialmente en aquélIas en que operan los distintos actores en conflicto, el Estado se ha visto en la imperiosa necesidad de crear organismos dedicados de manera exclusiva a brindar protección a la población más vulnerable.

Ejemplo de ese tipo de organismos son los denominados comités especiales de maestros amenazados, que operan en todos los departamentos y en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, cuya función, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1645 de 1992, es evaluar y resolver los casos que sobre amenazas a la vida e integridad personal, se presenten contra personal docente y administrativo de los establecimientos educativos del orden nacional y nacionalizados.

Las funciones de ese comité, especificadas en el artículo 4º del citado decreto, incluyen la recepción de las respectivas solicitudes, su consideración y evaluación inmediata, la solicitud a las autoridades competentes de protección para el docente que se encuentre amenazado, y la responsabilidad de “... agotar los trámites necesarios tendientes a la reubicación dentro de la misma entidad territorial de los docentes amenazados”.

Para casos excepcionales fija el decreto el procedimiento a seguir, si se concluye la necesidad de trasladar al docente amenazado a un municipio de diferente departamento, para lo cual dispone lo pertinente en los artículos 6º y 7º del ya citado Decreto 1645 de 1992.

En cuanto al procedimiento que le corresponde adelantar al funcionario amenazado, establece el decreto que deberá exponer por escrito su situación, anexando copia de la denuncia presentada ante el juez competente, y copia del aviso a la procuraduría regional, lo mismo que pruebas de su situación y certificación del rector o jefe de la dependencia en la cual labora, según lo establece el artículo 5º de dicho decreto.

En el caso que se revisa, la actora argumentó su condición de amenazada por parte de los grupos paramilitares que operan en la zona en la que labora, para sustentar su solicitud de traslado, sin embargo, el comité decidió no acceder a la solicitud por cuanto, según lo manifestó en su respuesta, ella no aportó “pruebas contundentes” de su situación.

Esta corporación ha señalado la diferencia que existe entre la vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales. Sobre la primera, ha dicho, “... se requiere la verificación objetiva que corresponde efectuar a los jueces de tutela, mediante la estimación de su ocurrencia empírica y su repercusión jurídico - constitucional”(6).

(6) Corte Constitucional, sentencia C-027 de 1993, M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez.

Sobre la segunda, la amenaza, “... que ella incorpora criterios tanto subjetivos como objetivos, configurándose no tanto por la intención de la autoridad pública o el particular, cuando sea el caso, sino por el resultado que su acción o abstención pueda tener sobre el ánimo de la persona presuntamente afectada. Para que se determine entonces la hipótesis constitucional de la amenaza se requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales e históricas”(7).

(7) Ibídem.

También dijo la Corte, que “... el criterio constitucional para evaluar la existencia de amenazas a los derechos fundamentales es racional. No supone la verificación empírica de los factores de peligro, lo cual de suyo es imposible epistemológicamente, sino la creación de un parámetro de lo que una persona, en similares circunstancias, podría razonablemente esperar”.

Teniendo como base de análisis los anteriores presupuestos, al remitirse a los supuestos de hecho del caso concreto que se revisa, se encuentra lo siguiente: se trata de una docente que labora en una zona reconocida como de alto riesgo dado que en ella operan grupos guerrilleros y paramilitares y por lo tanto en la misma hay presencia constante de las fuerzas armadas, que expresa temor por su vida y la de su familia dadas las amenazas comprobadas contra su marido, quien se desempeñaba en el mismo municipio como inspector de policía, que culminaron con un atentado contra su vida, que dio origen a su inclusión en el programa de desplazados por la violencia del Ministerio del Interior(8); dichas amenazas se extendieron a la docente y fueron proferidas a través de terceras personas, algunas de las cuales no obstante el riesgo así lo manifestaron, al parecer por su condición de compañera permanente de un supuesto colaborador de la guerrilla.

(8) Ver certificación del Ministerio del Interior, folio 15 del expediente.

Tales supuestos de hecho, como lo afirma el ad quem, no dejaban duda sobre la amenaza que existía contra la vida de la docente que solicitó su traslado, no obstante y a pesar de que ella, en cumplimiento de la normativa a que se ha hecho referencia, remitió la documentación exigida exponiendo detalladamente su caso, aportando suficientes elementos subjetivos y objetivos para que quien los analizara objetivamente arribara a esa conclusión; el comité especial, adoptando una decisión alejada del criterio de racionalidad, no accedió a su petición, argumentando la ausencia de “pruebas contundentes”, lo que de suyo implicó que se despojara de su función prioritaria, que no es otra que garantizar la protección de la vida de los docentes y funcionarios administrativos al servicio de establecimientos educativos del Estado que se encuentren amenazados.

Exigir, como lo hizo el Comité Especial del Guaviare, “pruebas contundentes” de la situación de amenaza que afrontaba la docente accionante en la tutela, distintas a las relacionadas por ella en su solicitud, fue además de excesivo e innecesario en el caso concreto, contrario a los criterios de razonabilidad que deben guiar las actuaciones de ese tipo de organismos, los cuales con una interpretación restringida y exegética de las normas que regulan su actividad, terminan por obstaculizar ellos mismos la labor que les fue encomendada.

Por lo anterior la Sala llama la atención a los integrantes del Comité de Amenazados del Guaviare, para que al analizar futuras solicitudes tengan en cuenta no sólo la jurisprudencia que sobre la materia ha producido esta corporación, sino la situación real y concreta de la zona en la que desempeñan sus funciones.

Dado que en el momento de proferir la presente sentencia, teniendo en cuenta que las entidades demandadas habían accedido al traslado solicitado por la accionante, y no obstante que esa medida fue rechazada por ella, quien decidió unilateralmente volver a su sitio de trabajo, lo que indica que en su criterio los supuestos de hecho a los que aludió para fundamentar su requerimiento desaparecieron, se morigeraron o las condiciones cambiaron sustancialmente, en la actualidad, respecto de la acción que se revisa, se configura la situación de carencia total de objeto, por lo que la Sala confirmará las providencias que en primera y segunda instancia se produjeron dentro del proceso».

(Sentencia T-212 de abril 13 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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