•Sentencia T-213 de abril 13 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

LISTA DE ELEGIBLES PARA LA RAMA JUDICIAL

EL NOMINADOR DEBE SOLICITAR UNA LISTA PARA CADA NOMBRAMIENTO

EXTRACTOS: «El problema que le corresponde resolver a la Sala en esta oportunidad es el siguiente:

¿Una persona que concursó para que su nombre fuera incluido en el registro nacional de elegibles para el cargo de juez de menores, que superó las correspondientes pruebas y fue incorporado a dicho registro, y posteriormente, con base en una autorización expresa de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, amplió esa inscripción para el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, procediendo entonces a solicitar que se le incluyera en una lista para el segundo de los mencionados cargos en el distrito judicial de Valledupar, solicitud que fue atendida positivamente por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de ese departamento, tiene derecho a exigir que una vez se presente una vacante sea designado por el nominador, el Tribunal Superior de Valledupar en el caso concreto, por ser él el “único integrante de la lista”, ya que según él esta se fue agotando a medida que se produjeron los respectivos nombramientos?

¿O al contrario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de la administración de justicia, cada vez que el nominador deba proceder a un nombramiento debe disponer de una lista integrada por no menos de seis (6) aspirantes, pues de lo contrario ésta sería insuficiente?

En el caso concreto que se revisa el actor concursó para el cargo de juez de menores, posteriormente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura autorizó a las personas que habían superado ese concurso y por lo tanto habían quedado inscritas en el registro, para que, si llenaban los requisitos, pudieran solicitar ampliar su inscripción como elegibles para el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, trámite que adelantó el peticionario quedando en efecto inscrito como elegible en las dos modalidades.

Posteriormente, y acogiendo la autorización que para el efecto impartió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el peticionario le manifestó a la Sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, su interés por desempeñar ese cargo en ese distrito judicial, por lo que dicha corporación lo incluyó en la correspondiente lista, la cual utilizó el Tribunal Superior de Valledupar para proveer varios cargos, agotándola, según él, hasta quedar únicamente el nombre del accionante.

Dada esa situación, cuando en agosto de 1998 se presentó una vacante para el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, el Tribunal Superior de Valledupar, a través de su presidencia, le solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de ese distrito judicial la remisión de la correspondiente lista de candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 270 de 1996. A dicha solicitud respondió la mencionada corporación, que no podía enviarla por cuanto las que tenía eran insuficientes.

Alega el demandante, que esa interpretación de las disposiciones de la ley estatutaria desvirtúa los principios y normas que rigen la carrera judicial, por cuanto la restricción en cuanto al número de integrantes opera durante el proceso de selección y no para efectos del nombramiento por parte del nominador, esto es del tribunal superior correspondiente, el cual debe proceder a los respectivos nombramientos hasta agotar la lista remitida por la Sala Administrativa, sin tener en cuenta el número de personas que la integran.

Con base en ese argumento, el 27 de agosto de 1998 el actor le solicitó al Tribunal Superior de Valledupar, proceder a su designación como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, teniendo en cuenta que él era “el único aspirante de la lista de elegibles”, y que el cargo estaba provisto con carácter provisional, solicitud a la que el presidente de esa corporación le respondió, manifestándole que la Sala Administrativa del Consejo Seccional del Cesar, entidad a la cual le habían solicitado el envío de la correspondiente lista de candidatos, les había informado sobre la imposibilidad de hacerlo, dado que las listas de que disponían eran insuficientes, por lo que al tribunal le resultaba imposible tener en cuenta su nombre para un eventual nombramiento.

Ante la negativa de esa corporación y los fundamentos de la misma, el actor considera vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a desempeñar cargos públicos, por lo cual recurre al juez de tutela para solicitar su protección.

(...).

5. La lista de elegibles implica, según la jurisprudencia constitucional, un número plural de personas entre las que nominador debe escoger para proceder al nombramiento o elección.

En el caso que se revisa, lo que alega el actor, es que el Tribunal Superior de Valledupar desconoció sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y de acceso a la administración publica para desempeñar cargos públicos, al no proceder a nombrarlo como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, no obstante ser él el único integrante de la lista de elegibles.

El interrogante que surge entonces es si efectivamente una lista de elegibles, producto de un proceso de concurso efectuado para conformar el registro nacional de elegibles puede, de acuerdo con la Constitución y la ley, integrarse con un solo candidato.

El artículo 166 de la Ley 270 de 1996, ley estatutaria de la administración de justicia establece lo siguiente:

“ART. 166.—La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las salas administrativas del Consejo Superior o seccionales de la Judicatura”.

Fija la norma citada dos presupuestos esenciales para que el nominador pueda proceder al nombramiento, el primero, que se efectúe de listas superiores a cinco candidatos, esto es integradas por un mínimo de seis cuya inscripción esté vigente; el segundo, que dichas listas sean remitidas por las salas administrativas del Consejo Superior o de los Consejos Seccionales de la Judicatura, según sea el caso.

Nótese, que en la norma citada es perentorio el mandato del legislador, en el sentido de que para cada ocasión en particular el nominador debe solicitar una lista, y que tales listas las deben remitir las salas administrativas del Consejo Superior o los Consejos Seccionales de la Judicatura, según sea el caso, conformadas con no menos de seis candidatos, lo que implica que no le es dado al nominador solicitar una lista para los nombramientos que eventualmente deba realizar y mucho menos utilizarla hasta tanto la misma se agote, lo que entraría en contradicción con la esencia misma del sistema, a través del cual se aspira a garantizar el ingreso a la rama judicial de los más capaces y meritorios y no de los más antiguos en el registro nacional de elegibles.

Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, la cual sobre su contenido expresó lo siguiente:

“... debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho referencia...”(6).

(6) Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

La lista de elegibles o la lista de candidatos, es un concepto que implica, según lo ha dicho de manera expresa esta corporación, un “... número plural de personas entre las que debe escogerse para el nombramiento o elección...”(7), definición que excluye la posibilidad de que tales listas estén integradas por un solo candidato, tal como lo sostiene el demandante.

(7) Corte Constitucional, sentencia SU-086 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Pero además, el artículo 167 de la ley estatutaria establece lo siguiente:

“ART. 167.—Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes (...)”.

El contenido de la norma citada reafirma lo dicho y descarta la posibilidad de que una vez el nominador reciba una lista, de seis o más integrantes, éste pueda proceder a efectuar sucesivos nombramientos hasta tanto la misma se agote, tal como equivocadamente lo entiende el a quo, pues ello implicaría que la última designación que efectuara la hiciera, como lo pretende el actor, de una lista conformada por un solo aspirante, precisamente el último de la lista inicial. Tal interpretación sin duda desvirtuaría la esencia misma del sistema de concursos, al restringir al nominador, ya no a nombrar al mejor en cuanto acredite el mayor puntaje, sino al único, que por lo demás sería aquél que presenta la más baja calificación de la lista inicial.

La conformación de un registro nacional de elegibles garantiza que el sistema sea dinámico y actualizable, por eso en cada ocasión el nominador debe solicitar la correspondiente lista, la cual será periódica y sistemáticamente alimentada con nuevos aspirantes, que según los puntajes que acrediten desplazarán o no a quienes los precedieron; si no fuere así los mejores y más capaces estarían en desventaja respecto de quienes no obstante acreditar una menor calificación accedieron “primero” al registro, premiándose no la capacidad y el mérito sino la oportunidad de ingreso.

Este artículo 167 de la ley estatutaria, también fue declarado exequible por la Corte Constitucional, la cual al pronunciarse sobre el mismo manifestó lo siguiente:

“La constitucionalidad de esta norma se debe a que ella es corolario de las anteriores, pues se limita a regular aspectos procedimentales relacionados con el nombramiento de los funcionarios y empleados cada vez que resulte una vacante dentro de la rama judicial. Con todo deberá advertirse tal como se determinó en el artículo precedente, que el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que haya obtenido mayor puntuación”(8).

(8) Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Bajo los anteriores presupuestos, la respuesta que al requerimiento del Tribunal Superior de Valledupar dio la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, en el sentido de que no podía remitirle la lista que solicitaba para proceder a proveer la vacante del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de esa ciudad, encuentra asidero y fundamento en las disposiciones de la ley estatutaria de la administración de justicia, específicamente en los artículos 166 y 167 de la misma, y respaldo en los documentos allegados al despacho del magistrado sustanciador, como respuesta a las pruebas decretadas por él mismo, pues a través de ellos se confirma que en efecto no le era posible a esa corporación conformar lista para ese cargo, dado que el único inscrito en el registro era el actor(9).

(9) El magistrado sustanciador, a través de auto de fecha 15 de marzo de 1999, decretó algunas pruebas, entre ellas le solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, que le informará quiénes conformaban la lista de elegibles para el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Dicha corporación, le informó al despacho, a través de oficio Nº 28 de 18 de marzo de 1999, “... que de acuerdo con el último registro de elegibles de diciembre de 1997, en la ciudad de Valledupar, para el cargo de juez de ejecución de penas aparece como único aspirante el señor Pardo Angulo Luis Hernán...”.

Esa respuesta, no puede ser calificada como arbitraria o contraria a derecho, lo que implica que tampoco sean de recibo los cargos que contra el Tribunal Superior de Valledupar formula el actor, pues sus actuaciones se ciñeron a los mandatos de la Constitución y la ley, y en ningún caso configuraron violación o amenaza de los derechos fundamentales para los cuales el peticionario solicitó protección; tampoco encuentra la Corte que las actuaciones de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar hayan ocasionado violación o amenaza de vulneración para los derechos al trabajo, a la igualdad y de acceso a desempeñar cargos públicos del actor, pues se ajustaron a las disposiciones de la ley.

Lo anterior servirá de base a la decisión de la Sala de confirmar, por los motivos consignados en esta providencia, la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó la acción de tutela que dio origen al proceso que se revisa».

(Sentencia T-213 de abril 13 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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