Sentencia T-213 de febrero 22 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA CUARTA DE REVISIÓN

DERECHO DE PETICIÓN ANTE ENTIDADES PARTICULARES

SOLICITUD DE DOCUMENTOS POR EX TRABAJADORES

EXTRACTOS: «Una empresa, gracias a las labores de control interno y normal gestión administrativa, posee todos los documentos sobre su existencia, (estructura interna, capital, propiedad accionaria) operaciones de rutina (pago de impuestos) y negocios (transacciones comerciales de toda clase). En cambio, el acceso a ellos de un antiguo empleado, se limita únicamente a lo que conste en documentos públicos, porque en su mayoría, las operaciones quedan registradas y almacenadas en archivos internos de la empresa; si él necesita, para llevar a cabo una diligencia personal, para obtener beneficios de seguridad social, o para acreditar tiempo o clase de servicio prestado, el suministro de copias o certificados que así lo demuestren, la entidad no puede negárselos. Pero aún con mayor razón opera esta regla en los casos en que los documentos requeridos son esenciales para el ejercicio del derecho a la defensa, ante autoridades locales o, como en este caso, ante agencias extranjeras. No puede condicionarse el ejercicio de una persona, del debido proceso y del derecho a defenderse de acusaciones, a la voluntad de una entidad pública o privada de revelar o expedir copias de documentos que pueden ser prueba de un comportamiento transparente y eximirlo de responsabilidad. En este caso, el gobierno de Estados Unidos está investigando a Naranjo por lavado de activos, con fundamento en operaciones que las agencias de ese país consideran sospechosas, y todas tienen que ver con su desempeño en Carvajal. Él necesita demostrar que la empresa se dedica a negocios lícitos, que la constitución de otras empresas por parte de ella o con su participación son desarrollo normal y necesario de esas operaciones legales, y que el traslado de dinero entre cuentas de diferentes países, obedeció a manejo inteligente y legítimo de los fondos de las entidades que tenía a su cargo. Carvajal tiene en su poder toda la información al respecto, y se ha negado sistemáticamente a proveerla completa, de manera que el actor se encuentra indefenso y no puede aclarar su situación en Estados Unidos. Por esta razón, no se concederá la tutela de su derecho a la defensa en términos estrictos pues, de acuerdo con la información allegada al expediente, no existe aún un proceso en su contra estrictamente hablando, pues no se ha iniciado una acusación formal en Estados Unidos; empero, la Corte protegerá otros dos derechos que se relacionan íntimamente con el eventual ejercicio de la defensa de Naranjo: los derechos de petición y acceso a la justicia.

d) Los derechos fundamentales que se van a proteger.

La Corte ha sostenido que el juez de tutela tiene el deber de concederla, si observa que en un caso, pese a que el actor no invoca ciertos derechos fundamentales, el demandado los ha vulnerado. No debe limitarse a los hechos y peticiones expuestos en el escrito presentado por el actor, porque es posible que él no esté en capacidad de determinar qué libertades constitucionales le han afectado; el juez, que tiene la experiencia y especial sensibilidad en el tema, debe entrar a corregir cualquier situación irregular. Esto, con base en la prevalencia de los derechos fundamentales, y la naturaleza de la función de tutela que consiste en el ejercicio razonable, activo e independiente de la búsqueda de la justicia y la verdad (8) .

(8) Sentencias T-501 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-532 y T-552 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

1. Derecho de petición: 

Excepcionalmente procede la tutela del derecho de petición con respecto a particulares; de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte, las condiciones necesarias son: “que el particular preste un servicio público o que realice una actividad de interés general y, además, que la negativa a contestar la petición vulnere derechos fundamentales. Así, se ha concedido la tutela por violación al derecho de petición cuando la entidad privada se niega a expedir certificados laborales necesarios para acceder a un nuevo empleo, presentándose violación del derecho al trabajo; cuando no entrega información necesaria para tramitar lo concerniente a la pensión, afectándose el derecho a la seguridad social; cuando la entidad financiera no suministra información que permita rectificar información remitida a la central de riesgos del sistema financiero, impidiéndose ejercer el hábeas data; cuando la entidad financiera no entrega información relativa al cumplimiento o el estado de sus obligaciones crediticias colocando en peligro el derecho a una vivienda digna...” (9) . En ese orden de ideas, la Corte encuentra que la reiterada falta de atención a las insistentes peticiones de Naranjo, vulnera sus derechos fundamentales: desde 1995, cuando se enteró de las razones por las cuales el gobierno de Estados Unidos le había negado la visa, solicitó a Carvajal los documentos que consideraba necesarios para su defensa, y hasta el momento, casi seis años después, aún no los posee. Esta violación del derecho de petición desemboca en una aún más grave, y es la imposibilidad del actor de iniciar una acción en Estados Unidos, con razonables expectativas de éxito y de acuerdo con la prueba que él considera idónea para aclarar su imagen, y desvirtuar de una vez por todas los indicios que en su contra existen en las agencias de ese país.

(9) Sentencia T-311 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2. Derecho de acceso a la justicia: 

Este derecho lo ha caracterizado la Corte como la facultad que tiene la persona de actuar ante la jurisdicción, y obtener de ella un pronunciamiento de fondo respecto a su situación, de acuerdo con el derecho vigente (10) . Para que sea efectivo, es necesario en primer lugar tener la posibilidad de iniciar la acción ante los jueces, luego contar con los recursos necesarios para ejercer sus derechos dentro del proceso, y tener a su disposición la prueba necesaria para fundamentar las peticiones que se elevan al juez. Dado que el actor pretende defenderse de imputaciones que existen en su contra en Estados Unidos, y que es necesario iniciar y llevar a cabo las acciones pertinentes en ese país, el límite de ese derecho consiste en que no se le impida hacerlo; ya quedó establecido que la Corte no ordenará a Carvajal asumir el deber de impulsar el proceso, pero es necesario que tampoco se constituya en un obstáculo para que, si Naranjo puede procurarse los medios económicos y procedimentales para llevarla a cabo, cuente con todos los documentos necesarios para su defensa. Por tanto, se ordenará a Carvajal poner a disposición de Diego Naranjo todos los documentos que él requiera con el objeto de aclarar la situación que en este momento empaña su imagen y restringe su posibilidad de locomoción y trabajo».

(10) Sentencias T-231 de 1994 y T-345 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-476 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

(Sentencia T-213 de febrero 22 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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