Sentencia T-213 de marzo 2 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Sent. T-213 de 2000 

Expediente T-230.251

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Acción de tutela instaurada por Franz Seraph Traber contra el juzgado 18 penal del circuito de Santafé de Bogotá, D.C., y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo dos de dosmil.

EXTRACTOS: «3. Criterios básicos de la doctrina constitucional sobre las vías de hecho judiciales que servirán para la revisión del presente asunto

De conformidad con la jurisprudencia emanada de esta corporación, la procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales se estructura sobre una regla totalmente excepcional que exige la evidencia de una actuación judicial en forma arbitraria y totalmente al margen del ordenamiento jurídico.

El juez constitucional, erigido en sede de tutela, solamente puede proferir órdenes de inmediato cumplimiento para contrarrestar los posibles efectos lesivos a los derechos fundamentales de las personas que pueda generar una decisión de una autoridad judicial, cuando aquella configure una vía de hecho, en tanto que “(1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejara su descalificación como acto judicial”(2, 3).

(2) Sentencia T-231/94.

(3) Sentencia T-008/98.

Como se deduce de la redacción del artículo 86 superior, la viabilidad del amparo constitucional de tutela, por las razones antes anotadas, sólo es posible en la medida en que se cumplan los demás requisitos de procedibilidad que la rigen, entre los cuales se destaca la inexistencia de otro medio de defensa judicial que pueda intentarse para obtener la protección pretendida de los derechos fundamentales de las personas o por la ineptitud o inidoneidad del mismo para el mismo fin o porque una vez agotado su ejercicio permanece(4) la violación constitucional de esos derechos.

(4) Idem.

Adicionalmente, es del caso resaltar que cuando el tutelante pretende obtener el amparo constitucional frente a una acción u omisión de una autoridad judicial por haber excedido los límites que le impone el ordenamiento jurídico, mediante la modalidad transitoria del amparo, es necesario que la finalidad en su formulación sea la de neutralizar un posible perjuicio irremediable que de manera cierta e inminente, urgente y grave aceche sobre alguno de sus derechos fundamentales, mientras se resuelve de fondo el asunto por la autoridad competente.

Se arriba de esta manera a la conclusión de que las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre los resultados de la labor judicial y que por alguna razón lleguen a ventilarse en un proceso de tutela, no pueden constituir materia del control jurisdiccional del juez de tutela en la forma de un control entre instancias, como el que realiza un superior sobre la decisión del inferior para pronunciarse sobre la legalidad de la respectiva actuación, dado que la emisión de un juicio valorativo que califique una actuación judicial como una vía de hecho requiere que en la misma sea evidenciable un vicio más radical que el de la nulidad absoluta “... en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley”(5).

(5) Sentencia T-231/94.

Cabe agregar que la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir una actuación judicial cuando la misma contiene una decisión arbitraria, es posible en la medida en que ésta repercuta en el desarrollo del proceso y lesione los derechos fundamentales de una de las partes, de manera que pueda ser objeto de análisis constitucional en la sede de tutela(6).

(6) Sentencia T-121/99».

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