Sentencia T-219 de mayo 17 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA TERCERA DE REVISIÓN

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

PROCEDE UNA ACCIÓN CIVIL Y NO LA TUTELA

EXTRACTOS: «Por considerarlo de interés doctrinario, la Sala se refiere a la improcedencia de este mecanismo constitucional (la acción de tutela) para impedir que se produzca un enriquecimiento injustificado contrario al derecho, a la justicia y a la equidad.

La Corte Suprema de Justicia determinó que para que haya enriquecimiento sin causa se requiere que un patrimonio reciba un aumento a expensas de otro, sin una causa que lo justifique(4). Son tres, entonces, los requisitos que a su juicio deben probarse para que se declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico(5).

En principio, la vía judicial a disposición del afectado para evitar la consumación de un enriquecimiento injustificado es el proceso civil ordinario. Sin embargo, podría en ciertos eventos pensarse que este medio de defensa no es idóneo y que, obligar al afectado a acudir a él, resulta contrario a los principios de efectividad de los derechos fundamentales y de economía, eficacia y celeridad de la administración, cuando concurren pruebas objetivas de la existencia del enriquecimiento sin causa —entre ellas la confesión de la posible parte demandada —que harían innecesario el trámite de un juicio ordinario. Por regla general, la suficiencia y notoriedad del acervo probatorio que pueda servir de fundamento a una pretensión, no permite desestimar la vía judicial ordinaria contemplada por la ley para tramitar un determinado asunto. De otra parte, en esta hipótesis, la procedencia de la acción de tutela —como mecanismo transitorio—, que ordenara la devolución del dinero dependería de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, particularmente del derecho a la propiedad cuando se ve comprometido el derecho a la subsistencia o derecho al mínimo vital(6)».

(Sentencia T-219 de mayo 17 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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