Sentencia T-221 de mayo 12 de 1992

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

PROCEDE CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

EXTRACTOS: «43. La acción de tutela puede recaer sobre sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso, proferidas por los jueces, tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando estos a través de las mismas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier derecho constitucional fundamental.

44. La asignación de competencias al pleno de la Corte Suprema de Justicia y a sus salas, en materia de tutela, no viola el artículo 234 de la Constitución Política. La norma que lleva a cabo la distribución de competencias tiene fuerza de ley. De otra parte, el criterio de separación se mantiene. En efecto, el conocimiento de la acción de tutela dirigida contra la sentencia de una sala, compete a la sala que le sigue en orden; la impugnación contra la sentencia de tutela de esta última, se atribuye a la Sala Plena. El conocimiento de la acción de tutela y la impugnación se adscriben como competencias separadas a la Corte en pleno y a las salas respectivas...

45. La ley puede, en el marco de la Constitución, adicionar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 235-7) y determinar su distribución entre la Corte en pleno y sus salas (C.P., art. 234).

Dado que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia pueden ser objeto de la acción de tutela, se hacía necesario que la norma reglamentaria de esta acción asignara nuevas competencias a la Corte Suprema de Justicia y articulara un sistema separado de conocimiento de la acción e impugnación del fallo de tutela.

La Corte Suprema de Justicia en su carácter de juez colegiado no podía sustraerse del conocimiento de las acciones de tutela. El artículo 86 de la Constitución Política compromete a todos los jueces en la defensa de los derechos fundamentales. La nueva atribución que adiciona las competencias de la Corte Suprema de Justicia, no es sino la refrendación de un mandato organizativo de la Constitución.

Corresponde al legislador, en desarrollo del artículo 86 de la Constitución, perfeccionar el mecanismo procesal más adecuado para que las personas agraviadas puedan obtener la protección de sus derechos fundamentales. Entre las distintas alternativas posibles de regulación, el legislador histórico optó por una que a juicio de esta Corte consulta la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y de los otros altos cuerpos colegiados de la justicia y que conjuga a su vez, dentro de los límites de la Constitución y el prioritario respeto que merecen los derechos fundamentales, la debida consideración a su rango e independencia. En efecto, otras fórmulas en materia de tutela cuyo objeto fuesen sentencias de la Corte Suprema de Justicia acusadas de violar derechos fundamentales, habrían podido concluir en la institucionalización de controles judiciales externos a dicha Corte para asumir la doble función —ordenada en la Constitución— de conocimiento de la acción de tutela e impugnación del respectivo fallo.

46. La asignación de competencias en materia de acción de tutela a las salas de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte en pleno, la erige a ella y a sus salas en órganos a través de los cuales se ejerce en Colombia la jurisdicción constitucional.

La tesis de la diversidad y especialización de las salas, que se esgrime contra la posibilidad de que una de ellas conozca en sede de tutela la sentencia proferida por otra, desconoce que es la materia constitucional exclusivamente la que suscita la acción de tutela y su definición e impugnación. No se trata por tanto de entrar a conocer del proceso fallado por otra Sala, sino que el juez constitucional examina la conformidad de la sentencia con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

La violación actual o potencial de un derecho constitucional fundamental es primariamente un asunto constitucional y el ejercicio de la acción de tutela se convierte en el presupuesto para que su resolución corresponda a la jurisdicción constitucional. Los momentos de ejercicio de la acción, impugnación del fallo de tutela y eventual revisión de este último, son tramos de la indicada jurisdicción y los órganos judiciales encargados de cada momento pertenecen materialmente a la jurisdicción constitucional y aplican justicia constitucional .

Los distintos planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre diversidad, especialización, igualdad, autonomía e independencia de las salas, desconocen su importante ubicación en la jurisdicción constitucional y la forma particular de estructuración de esta jurisdicción en el país, que se sirve, como se ha visto, del aparato judicial ordinario para el cumplimiento de su alta misión, lo cual debe llevar a distinguir respecto de cada órgano judicial los asuntos que se incluyen en la esfera de su respectiva jurisdicción y los que pertenecen a la esfera de la jurisdicción constitucional. Nada más alejado del querer constituyente, que un órgano judicial ordinario reniegue de su función como órgano de la jurisdicción constitucional anteponiendo criterios de especialidad diversidad, igualdad y autonomía, propios y exclusivos de su esfera ordinaria de actuación.

En fin, teniendo entidad propia y diferenciada la materia constitucional, la jurisdicción constitucional y la justicia constitucional, el argumento de la diversidad igualitaria de las salas no puede prosperar. Queda claro que en el orden constitucional, un órgano puede cumplir distintas funciones y una misma función puede ser ejercida por distintos órganos, en cuyo caso una interdependencia organizativa y sistemática de los órganos entre sí no es incompatible con la normal independencia jurídica con la que uno de tales órganos en particular realiza sus funciones ordinarias.

47. Tampoco están destinados a prosperar los múltiples argumentos de la Corte Suprema de Justicia que tienen su raíz en un supuesto principio jerárquico que se desvirtuaría de permitirse la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como por librarse su decisión a la sala que le siga en orden, asignarse la definición de su impugnación a la Sala Plena y mantenerse la revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional.

La acción de tutela, la impugnación y revisión consiguientes, se inspiran en la configuración de un eficaz sistema de defensa de los derechos fundamentales que trasciende la mera satisfacción de los intereses concretos en juego y se constituye en un control objetivo de constitucionalidad. En consecuencia, los diferentes jueces que intervienen en las sucesivas fases judiciales de la tutela no ejercen entre sí una suerte de control jerárquico. El fallo de tutela no expresa la voluntad del juez que lo emite ni su propósito de dirigir y coordinar la actuación del juez (o sala) que profirió la sentencia objeto de la tutela, del mismo modo como se desata un recurso jerárquico. Por el contrario, este fallo —y lo mismo puede predicarse del que define su impugnación y el de revisión— se pronuncia en condiciones de independencia para la realización y garantía del derecho constitucional objetivo y por conducto de un órgano judicial que en cada caso representa la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia constitucional. La independencia en este caso está completamente desligada de la jerarquía y quiere decir que el juez, en materia de tutela, sólo depende de la norma constitucional y circunscribe su función, no a la realización de un control jerárquico, sino a la protección de los derechos fundamentales. La revocatoria de una sentencia de una sala de la Corte Suprema de Justicia producida por otra en ejercicio de la acción de tutela, no es la señal de un control jerárquico, a todas luces inexistente, si no la prueba y consecuencia de su patente inconstitucionalidad.

Pero, si en gracia de discusión, se admitiera que la acción de tutela sobre sentencias de la Corte Suprema de Justicia, plantea un problema de jerarquía, de todas maneras, tal acción y eventual revocatoria de las sentencias inconstitucionales serían procedentes. Las exigencias vinculadas a la primacía de la Constitución se imponen sobre las derivadas de cualquier principio jerárquico.

Si se lleva el conflicto hasta sus últimas consecuencias y se plantea la no coexistencia en dado caso de estos dos extremos, el criterio jerárquico sucumbe ante la necesidad de salvaguardar la primacía de la Constitución. Este conflicto, primacía de la Constitución - jerarquía, ya ha sido resuelto en favor de la primera por la misma Constitución en su artículo 91: “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta”. Por lo demás, el texto del artículo 4º de la Constitución Política, tantas veces citado, impone la supremacía de la Constitución por encima de cualquier acto de las autoridades públicas.

48. La revisión de las sentencias de tutela originadas en la Corte Suprema de Justicia por parte de la Corte Constitucional no va en detrimento de la condición de la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y, en su caso, del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo.

Se trata, en primer término, de una competencia expresamente asignada a la Corte Constitucional por la misma Constitución (C.P., arts. 86 y 241-9). De otra parte, la paridad jurídica de los máximos tribunales es compatible con el predominio de uno de ellos en el ejercicio de las funciones que tengan relación más directa e inmediata con sus competencias ordinarias. A diferencia de los otros altos tribunales, la jurisdicción constitucional es para la Corte Constitucional su competencia única. De idéntica manera, como acontece con las otras jurisdicciones, la Constitución señala para la jurisdicción constitucional a la Corte Constitucional como máximo tribunal en esa materia, al confiarle de manera expresa “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” (C.P., art. 241).

La competencia de la Corte para revisar sentencias de tutela es una manifestación de su posición como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional y obedece a la necesidad de unificar la jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales. La circunstancia de que todos los jueces, independientemente de la jurisdicción a que pertenezcan, son para estos efectos jueces constitucionales —con lo que se ha querido ampliar la jurisdicción constitucional a fin de otorgar la máxima protección a los derechos fundamentales— torna más necesaria aún la unificación de la jurisdicción constitucional.

Por lo demás, la actuación de la Corte Constitucional como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, permite darle cohesión e integrar en sentido sustancial la aplicación e interpretación de la Constitución en las restantes jurisdicciones. La jurisprudencia constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los efectos de cosa juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia irradiadora importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución frente a otras normas. Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la constitucionalidad de las leyes y de las normas con fuerza de ley, provee a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la ordinaria la base legal depurada conforme a la cual se juzgará la actuación administrativa y la aplicación de la ley a los casos concretos, respectivamente.

49. El derecho fundamental a la integridad y supremacía de la Constitución se traduce en materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. De conformidad con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el constituyente y por el legislador debe interpretarse de manera que prevalezca el derecho sustancial. La acción de tutela —al igual que los restantes mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales— debe interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la mayor efectividad del derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. La Corte Suprema de Justicia, por el contrario, interpreta la acción de tutela, con una visión tan restrictiva que frustra su naturaleza, finalidad y sentido y desconoce la materialidad del derecho sustancial que dicha acción pretende amparar.

50. El derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales entraña un mandato perentorio al legislador para que adopte los procedimientos necesarios y ágiles para la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos (C.P., arts. 86, 98 y 152-a).

La acción de tutela es uno de los medios a través de los cuales se pretende satisfacer el mencionado derecho fundamental, pero su utilización se subordina, en primer término, a la condición de que el afectado “no disponga de otro medio de defensa judicial”.

Para determinar si se dispone de “otro medio de defensa judicial”, no se debe verificar únicamente, como lo sugiere la Corte Suprema de Justicia, si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar simplemente el “derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia” (C.P., art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe determinarse adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados.

Esta interpretación consulta, de otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia, que en su artículo 25 ordena:

“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Y no de otra manera podría ser ya que como lo expresara el legislador especial —comisión especial legislativa— en su momento “la real existencia de medios judiciales de defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que lo hace ineficaz, determina la procedencia de la acción” (Informe ponencia para debate en plenaria. Informe de Mayoría. Ponentes Germán Sarmiento Palacio, Hidela Ávila de Zuluaga, Armando Novoa García. Comisión Especial Legislativa, Gaceta Legislativa Nº 18, pág. 5).

Es imperioso, a voces del artículo 93 de la Constitución, interpretar los derechos y deberes constitucionales de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En este orden de ideas, es importante destacar que las notas de “sencillez”, “rapidez” y “efectividad”, son determinantes para establecer si un procedimiento legal, diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para brindar a los afectados la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados.

No es lógico ni jurídico que Colombia sólo cumpla la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando no exista en la ley medio judicial alguno de protección de los derechos, en cuyo caso sería procedente la acción de tutela —que sí reúne las mencionadas notas de aptitud para brindar la protección inmediata— y deje de cumplirla en los demás casos en los cuales no sería procedente la acción de tutela por existir un medio judicial ordinario, pese a que éste no reúna las indicadas características.

La “sencillez” del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del procedimiento y las limitaciones de orden práctico que ello suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socioeconómicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P., art. 13).

La “rapidez” del medio judicial está relacionada con la mayor o menor duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener sobre la actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual deberán examinarse las circunstancias del caso.

La “efectividad” del medio judicial es una combinación de las dos notas anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos alternativos, cuál puede satisfacer en mayor grado el interés concreto del afectado, lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o de amenaza la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la eficaz protección de los derechos lesionados.

51. Es evidente que si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá “de otro medio de defensa judicial” y podrá perseguir esa protección a través de la acción de tutela. En este caso, es necesario que la protección de los derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes instancias judiciales. La acción de tutela se concibe como medio último y extraordinario de protección al cual se puede recurrir sólo en ausencia efectiva de un medio judicial ordinario capaz de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la tutela a los afectados que han agotado en vano los medios judiciales ordinarios sin encontrar protección efectiva a sus derechos constitucionales conculcados. Consideraciones de equidad (C.P., art. 230), que se encuentran en la base de la acción de tutela, militan igualmente en favor de su concesión en esta situación extrema, de modo que al término de la vía judicial ordinaria se abra la vía de la jurisdicción constitucional. No puede ser de otra manera cuando la Constitución ve en el respeto a la dignidad humana y la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales el valor fundante y el fin esencial del Estado.

52. La lesión de los derechos constitucionales fundamentales puede producirse en el curso de cualquier proceso judicial o a su término, sin que necesariamente el mismo se haya instaurado con miras a la protección de un derecho de esta naturaleza. En estos casos, el autor de la vulneración de un derecho o de su amenaza es el juez. Las providencias judiciales respectivas pueden en estas condiciones ser objeto de acción de tutela si no existe otro medio judicial idóneo para proteger el derecho conculcado. De persistir la violación, pese a la interposición de los recursos correspondientes, el agotamiento de la vía judicial ordinaria, permitirá al afectado acceder a la jurisdicción constitucional.

53. Cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales instancia ni recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con ocasión del trámite de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia de la jurisdicción constitucional, sino única y exclusivamente la conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto ésta haya violado un derecho fundamental o amenace con hacerlo. Este es el único asunto que tiene relevancia constitucional. Ir más allá quebranta el principio de independencia (C.P., art. 228) indispensable para la administración de justicia y subvierte los límites entre las diferentes jurisdicciones.

54. La acción de tutela da lugar a un verdadero proceso judicial, es decir, formulada la petición de protección, se requiere de una serie de actos coordinados y regulados por el derecho cuyo cumplimiento es necesario para la declaración o ejecución del derecho. La Constitución señala que ese medio a través del cual se persigue la efectividad de la pretensión —en este caso la declaración y protección de un derecho fundamental— tenga las características de un procedimiento preferente y sumario.

La intervención de los jueces para la definición de la acción de tutela y de su impugnación, aunada a la revisión eventual de la Corte Constitucional y a que todas las actuaciones anteriores rematan en sentencias, le resta toda verosimilitud a la tesis de la Corte Suprema de Justicia que pretende asimilar la acción de tutela y su resultado a un simple trámite policivo que arroja medidas a lo sumo precautelativas. Desconoce, de otra parte, la Corte Suprema de Justicia que la Constitución en el mismo artículo 86 está sujetando a la competencia judicial y no administrativa la definición de controversias sobre la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales. Después de que el constituyente consagrara una reserva judicial en esta materia, precisamente para asegurar y fortalecer la defensa de los derechos, núcleo esencial de la Carta, no es posible reducir la actuación judicial y su resultado —que se expresa en sentencias y en un procedimiento de doble instancia— a un asunto puramente policivo.

La acción de tutela busca la efectividad de la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado y como medio de protección debe interpretarse atendiendo el cumplimiento de su finalidad. Corresponde a la regulación y a los jueces, considerando las circunstancias del caso, graduar los efectos de las sentencias que pueden ser definitivos (generalmente en los casos en los cuales no haya otro medio judicial), temporales, suspensivos o transitorios (cuando se utilice como mecanismo transitorio).

La variabilidad de los efectos de las sentencias de tutela y la naturaleza preferente y sumaria de su procedimiento, no desvirtúa su carácter judicial —que es la razón de ser de su garantía— sino que responde a la exigencia de asegurar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de manera que se haga justicia al caso concreto y ésta sea cumplida y pronta.

55. Resta una mención expresa al valor del principio de la cosa juzgada exgrimido por la Corte Suprema de Justicia para negar que la acción de tutela pueda dirigirse contra sentencias. El primer argumento, apenas esbozado por la Corte, se relaciona con la intangibilidad de la cosa juzgada que sufriría quebranto de aceptarse su procedencia.

56. Según la Corte Suprema de Justicia la cosa juzgada responde a un principio no escrito de valor universal, cuyo apoyo constitucional lo ofrecería el artículo 94 de la Carta Política. Este precepto constitucional afirma la vigencia en el ordenamiento de los derechos y garantías que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en el texto de la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Colombia.

57. Como derecho o garantía inherente a la persona humana la cosa juzgada, de acuerdo con esta postura, adquiriría una fuerza supraconstitucional. En efecto, cerrar la vía a la acción de tutela contra sentencias cuando éstas violen derechos fundamentales expresos, equivale a eludir toda confrontación entre aquel derecho o garantía inherente a la persona humana y los mencionados derechos fundamentales expresos, para de esta manera mantener la intangibilidad de la cosa juzgada que asumiría una posición de primacía constitucional, hasta el punto de clausurar ab initio el debate sobre la eventual vulneración de tales derechos por parte de la sentencia.

58. Si el principio de la cosa juzgada tiene el alcance que sostiene la Corte Suprema de Justicia, debe averiguarse su naturaleza y determinarse si él corresponde a una emanación de la personalidad humana y si como tal se impone a los derechos constitucionales expresos pese a que frente a estos sólo exhiba el carácter de un derecho o garantía constitucional implícita.

59. Se dice que una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada cuando ella se torna inmutable y definitiva y no puede ser modificada o revocada por ningún medio jurídico, ordinario o extraordinario, dentro o fuera del proceso en que se produjo.

Las diversas teorías que se han expuesto sobre la naturaleza y fundamento de la cosa juzgada no la hacen depender de un supuesto derecho o garantía a la persona humana, como afirma la Corte Suprema de Justicia. Un rápido repaso y comentario a las principales teorías sobre la materia, desde las clásicas hasta las modernas, sirve para confirmar el aserto.

En el derecho romano primitivo, dada su influencia religiosa se imputaba a la divinidad el poder de hacer las leyes y decidir los litigios.

“Una disputa surgía entre dos ciudadanos; solamente la divinidad, por intermedio de sus ministros, los pontífices, podía ponerle fin. Pero para obtener el juicio divino era aun necesario utilizar ciertas formas, hacer ciertos gestos. Si las formas exigidas habían sido regularmente cumplidas, los pontífices no tardaban en expresar la voluntad divina. Si, por el contrario, las formas se habían cumplido imperfectamente, la voluntad de los dioses no se revelaba. Pero en todos los casos estaba prohibido renovar el procedimiento. ¿Quién hubiera osado ofender a los dioses, formulando dos veces la misma cuestión?” (Jean Dumitresco, L´autorité de la chose jugée et ses applications en matiére des personnes physiques, citado por Esteban Ymaz, en “la esencia de la cosa juzgada y otros ensayos”, de Arayú, Buenos Aires, pág. 7).

La cosa juzgada tiene aquí una explicación mágico-religiosa y en ella está ausente toda consideración a su origen humano. El mismo derecho romano, en su evolución posterior, superó esta primera visión y redujo la pretensión de la cosa juzgada a la de una presunción de verdad condensada en la conocida fórmula “res iudicata pro veritate accipitur” (la cosa juzgada es admitida como verdad). El fundamento mítico fue sustituido por otro de orden mundano y de carácter acendradamente práctico, desde entonces alegado como cimiento de la cosa juzgada; la necesidad de darle certeza al derecho y mantener la paz social de suyo inconciliable con las múltiples sentencias contradictorias y la indefinida prolongación de los procesos. Tampoco esta justificación tiene filiación con un pretendido derecho inherente a la persona humana sino que obedece sencillamente a un criterio práctico de conveniencia general.

El Código de Napoleón, como es suficientemente sabido, consagró legalmente la concepción de la cosa juzgada proveniente del derecho romano (C.C., arts. 1350-1352) confiriéndole el carácter de una presunción iuris et de iure, o sea sin dar lugar a admitir prueba alguna contra lo decidido en ella. En este orden de ideas, la sentencia mantiene su status de verdad legal pese a que en muchos casos contraríe la realidad o el juez haya incurrido en error de derecho. No se descubre en esta concepción legal una explicación diferente a la ya mencionada del derecho romano. Cabe resaltar que ahora el principio de la cosa juzgada se convierte en derecho positivo y que es el Estado, a través de su instrumento natural, la ley, el que otorga a ciertas sentencias el valor de presunción de derecho y el que niega a otras esta autoridad y, finalmente, será también el Estado el llamado a consagrar excepciones a dicha presunción. No subyace a esta manifestación del derecho estatal, ningún ligamen con un supuesto derecho inherente a la persona humana. Por el contrario, antes que reafirmar un derecho de la personalidad, la cosa juzgada consagrada en la ley reivindica el poder de jurisdicción del Estado que se ejerce a través de los jueces. La cosa juzgada se trata no como derecho de los individuos sino como algo que por antonomasia pertenece al derecho público y donde campea una voluntad supraindividual que como acto de imperio otorga y despoja, a su arbitrio, contenido de verdad a sus manifestaciones, de suerte que cuando decide que ciertas decisiones de los jueces son definitivas e inmutables, ellas valen como verdad, lo que representa simplemente un llamado a su acatamiento y una técnica persuasiva o un excesivo recurso de legitimación que puede tal vez ser eficaz. Detrás de la presunción puede que sólo haya metáfora y metalenguaje, pero en últimas siempre será posible exigir el cumplimiento de las sentencias no porque éstas sean la verdad sino porque provienen de uno de los poderes públicos, o sea están dotadas de autoridad. En el Código Civil Francés, y en los códigos inspirados en él, el aspecto de autoridad propio de una decisión judicial definitiva e inmutable, quiso ser asociado con la noción de verdad, pretensión que refleja el deseo del Estado no de consagrar un derecho inherente a la persona humana sino de reclamar para una de sus manifestaciones existenciales —las decisiones de sus jueces— el mayor y máximo respeto y observancia, toda vez que ellas —aquí estriba su pretensión— no pueden ser miradas solamente como meras manifestaciones de su autoridad sino como muestras absolutas de verdad. Si ante un fallo con autoridad de cosa juzgada, no vale implorar derechos de la persona por él cercenados, pues sobre ellos el Estado reclama para las decisiones de los jueces incondicional obedecimiento como mandatos que reúnen auctoritas y veritas, ¿cómo puede sostenerse que estas cualidades de las sentencias se deriven de un supuesto derecho inherente a la persona humana?.

Adoptando una perspectiva diversa, algunos doctrinantes han preferido explicar el fenómeno de la cosa juzgada recurriendo a la figura de la ficción como más apropiada que la de la presunción de derecho. El Estado simplemente supone (de ahí la idea de la ficción) que el contenido de la sentencia corresponde a la verdad, independientemente que ello sea o no cierto. La teoría de la ficción, que no entra esta Corte a criticar o avalar, no sugiere que la cosa juzgada sea la proyección de un derecho inherente a la persona humana. Al igual que las restantes teorías su función es explicar y justificar el carácter definitivo e inmutable que la ley otorga a ciertas decisiones judiciales. En todo caso, nada estará más alejado de un derecho inherente a la persona humana que “una ficción de verdad”. Los derechos fundamentales no pueden construirse a partir de este tipo de ficciones. Menos todavía cuando ellas pretenden dar una base de legitimidad social a dictados provenientes del imperio del Estado. Solamente a partir de un completo sojuzgamiento del individuo por el Estado —alienación total—, es dable construir la categoría de los derechos fundamentales de la persona humana sobre la apropiación e internalización en la órbita de esta última de todas aquellas necesidades funcionales y existenciales del aparato estatal, como lo es la necesidad que llegue un momento en que los jueces del Estado deban pronunciar, en los asuntos que se les sometan, la última palabra.

Una concepción diferente vincula la cosa juzgada a los efectos de la sentencia de modo que aquella se la hace residir en la fuerza vinculante de la declaración de certeza que ésta contiene, la cual es especialmente obligatoria para los jueces que deben sujetarse a ella en cualquier debate posterior sobre el mismo asunto decidido.

Otra teoría postula que las sentencias irrevisables no se limitan a declarar el derecho objetivo sino que tienen virtualidad configuradora y transformadora de las relaciones jurídicas debatidas.

Ambas teorías vinculan la cosa juzgada a la declaración de certeza realizada por el juez, la primera de ellas circunscribiendo su eficacia en términos puramente procesales y la segunda otorgándole efectos sustantivos en lo que hace al reconocimiento y extinción de relaciones jurídicas. En últimas, la cosa juzgada se conecta con el efecto de la sentencia que genera una indiscutible declaración de certeza ya sea que ésta tenga una vigencia reducida al plano procesal o se predique del ámbito de los derechos que reconoce o extingue. En ninguno de los casos la cosa juzgada se entiende como emanación de un derecho inherente a la persona humana. Por el contrario, el fundamento de la cosa juzgada se reivindica como campo particular del derecho procesal del Estado, según la primera de las teorías estudiadas. Y, de acuerdo con la última, la cosa juzgada se manifiesta en la configuración directa por la sentencia de relaciones jurídicas sin ser ella misma, aparte de forjadora de relaciones jurídicas, derivada de un supuesto derecho inherente a la persona humana.

Finalmente, a partir de una concepción puramente normativa, la sentencia se contempla como norma individual y el problema de la cosa juzgada se plantea en términos de su vigencia en el tiempo, concretándose en la prohibición existente para ciertos casos de la derogación de esta especie de norma individual judicial por otras normas posteriores, con el objetivo de garantizar la estabilidad jurídica del sistema. La prohibición aquí tampoco obedece a un pretendido derecho inherente a la persona sino a una norma positiva que establece la prohibición derogatoria y de esta manera fundamenta la cosa juzgada.

60. El recuento de algunas de las principales teorías acerca del fundamento de la cosa juzgada demuestra que no deriva este principio de un pretendido derecho inherente a la persona humana. Las teorías modernas se ocupan de justificar la figura a partir de su expresa consagración legal y de criterios prácticos de conveniencia general inspirados en la necesidad de mantener los valores de certeza jurídica y paz social.

Los diferentes códigos de procedimiento han consagrado expresamente la figura de la cosa juzgada. En los indicados códigos se regula el ejercicio de la jurisdicción por parte del Estado y de manera especial el efecto de las sentencias, principal acto a través del cual el órgano jurisdiccional cumple la obligación correlativa al derecho de acción y ésta a su vez realiza su objeto y simultáneamente se da cabida y responde al derecho de contradicción.

En Colombia no se hace necesario recurrir a principios universales o a tratados internacionales para descubrir la figura de la cosa juzgada. El Congreso, en ejercicio de su atribución constitucional de dictar las leyes y, particularmente, de su función de “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (C.P., art. 150, nums. 1º y 2º), ha consagrado y precisado los contornos de esta figura.

Entre otras normas legales que regulan la cosa juzgada basta citar las siguientes: artículos 9º y 16 del Código Penal; artículo 17 del Código de Procedimiento Penal; artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil; artículo 175 del Código Contencioso Administrativo.

La definición de la cosa juzgada en los diferentes procesos y sus efectos, la determinación de sus requisitos, el señalamiento de las sentencias que constituyen y no constituyen cosa juzgada, y sus excepciones, son aspectos que integran una materia que, en nuestro ordenamiento, es de orden legal y carece de jerarquía constitucional.

Entre otras razones, la rigidez propia del texto constitucional no aconseja someter una materia tan dinámica a la normativa constitucional. Por eso el constituyente abandonó su tratamiento concreto a la ley y no es difícil verificar que su regulación se aloja en los códigos de procedimiento.

61. Las leyes que consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la Constitución. La regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía o status superior a la Constitución y su interpretación debe hacerse según el sentido que mejor armonice con sus principios y preceptos.

Parecería la aclaración anterior una ociosa reiteración del principio de supremacía de la Constitución sobre las leyes. Se impone hacerla sin embargo por la persistencia del arraigo mítico que la cosa juzgada todavía suscita en la jurisprudencia nacional y que recuerda esa fase del derecho romano primitivo brevemente reseñada en esta sentencia. De hecho el intento que se ha demostrado fallido de sustentar la cosa juzgada en el artículo 94 de la Constitución Política como derecho inherente a la persona humana expresa una creencia en un equivocado y distante valor supranormativo y supraconstitucional de dicha figura.

De otra parte, la aclaración pretende dejar bien establecido que los linderos entre Constitución y ley no se suprimen ni se extinguen por confusión cuando esta última refleja y desarrolla valores y principios constitucionales. Los valores y principios constitucionales —como los de paz, prevalencia del interés general y vigencia de un orden justo— están llamados a inspirar y permear todo el ordenamiento jurídico, sin que por ello las leyes que sirvan de vehículo para su realización práctica adquieran rango constitucional. Aún más, en caso de conflicto entre dichos valores y la eficacia de los derechos fundamentales el constituyente ha optado por la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5º).

La regulación de la cosa juzgada por la ley puede justificarse en criterios de interés general y de conservación de la paz social. De allí no se sigue que esa ley y la materia regulada, la cosa juzgada, adquieran status constitucional. Hacer caso omiso de la posible violación de los derechos constitucionales fundamentales a fin de mantener la intangibilidad de la cosa juzgada es supeditar la Constitución a la ley e invertir la pirámide normativa. El raciocinio de la Corte Suprema de Justicia obra en la ley una extraña metamorfosis pues la convierte en principio supranormativo y como tal condicionante y subordinante de la Constitución, para lo cual apela a la idea de la cosa juzgada como derecho inherente a la persona humana, extremo que ha resultado carecer de todo fundamento.

El camino lógico que debe transitarse es el de entender cabalmente el contenido y alcance legal de la cosa juzgada y dar una interpretación de la misma conforme a la Constitución. De este modo se podrá determinar si la institución de la cosa juzgada puede conciliarse— y de qué manera —con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y cuyo cumplimiento coactivo puede surtirse a través de la acción de tutela.

62. En este orden de ideas, la exacta delimitación del problema constitucional que suscita la regulación legal de la cosa juzgada, exige detenerse a examinar la tensión que subyace a esta figura así como a la dinámica de sus elementos.

Los litigios y controversias cuya resolución pacífica se somete a la decisión de los jueces, deben tener un fin y reclaman una pronta composición por parte del Estado. Así se satisfacen los deberes del Estado frente a las demandas de estabilidad jurídica y paz social. Llega un momento en que las sentencias deben adquirir irrevocabilidad e inmutabilidad, para no poner en peligro la estabilidad jurídica. De otra parte, para asegurar la agilidad que debe caracterizar al Estado en la definición de los procesos, la Constitución Política ordena a los jueces cumplir diligentemente los términos procesales (C.P. art. 228), pues le lo contrario no solamente se pierde la utilidad y la oportunidad de la justicia sino se incuba un germen de desorganización social que puede quebrantar la paz. Pero la paz también exige que la decisión de los jueces sea justa como quiera que la injusticia es la mayor causa de congoja e insatisfacción que puede soportar un pueblo.

Definir el problema planteado supone tener en cuenta los elementos mencionados sobre los cuales la Constitución se pronuncia de manera expresa. Se garantiza el derecho de toda persona para solicitar la tutela de la justicia (C.P., art. 229). La administración de justicia debe tomar decisiones sobre los asuntos que se someten a su consideración y hacerlo de manera imparcial (C.P., art. 228). Los jueces deben actuar con prontitud y diligencia (C.P., art. 228). Las sentencias de los jueces deben ser justas dado que ellos son uno de los principales instrumentos del Estado para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2º).

De ahí que el verdadero problema constitucional que plantea la cosa juzgada no sea el vislumbrado por la Corte Suprema de Justicia pues es evidente que la regulación legal de la misma debe someterse a la Constitución y por ende respetar los derechos fundamentales y ser objeto de escrutinio especial para tal efecto, sino el de la compatibilidad de dicha regulación legal de la cosa juzgada con la exigencia que impone la Constitución a los jueces: que sus sentencias aseguren la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

63. El fin del proceso debe ser la sentencia justa (C.P., art. 2º): No la cosa juzgada a secas.

Se admite sin embargo que entre ese fin y su resultado concreto siempre existirá un margen de diferencia atribuible a la falibilidad del juicio humano y a las limitaciones de orden técnico y probatorio inherentes al instrumental del cual se sirve el juez y que en cierto modo se tornan muchas veces insuperables.

Repárese solamente en las variadas limitaciones intrínsecas y circunstanciales que exhiben los diferentes medios de prueba (testimoniales, documentales, etc.) para apreciar la dificultad que enfrenta el juez que sólo por su conducto puede acceder al conocimiento de los hechos que sostenían las pretensiones de las partes o conforman la base real e histórica de las causas sobre las cuales debe decidir.

Añádase a lo anterior, el deber imperioso de fallar que pesa sobre el juez, so pena de incurrir en caso contrario en denegación de justicia (L. 153/887, art. 48; C.P., art. 150), independientemente de la deficiencia del material probatorio y del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley a aplicar.

La búsqueda de la justicia y la verdad podría no tener término. Razones prácticas ya mencionadas llevan a la necesidad de clausurar en un momento dado las controversias y a que sobre ellas se pronuncie la última palabra por parte del juez, no obstante las deficiencias e inseguridades anotadas. La cosa juzgada precisamente se edifica sobre la precariedad objetiva y subjetiva de la tarea secular de administrar justicia y se hace cargo de tal precariedad, inmunizando las decisiones judiciales que la ley determina, contra los ataques e impugnaciones posteriores que contra ellas se dirijan. Esas decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, pese a su no-verdad o no completa verdad, valen como verdad y deben cumplirse. Lo que se expresa en la conocida expresión res iudicata pro veritate habetur.

La cosa juzgada es en últimas una fórmula de compromiso, quizá imperfecta pero en todo caso práctica, entre las exigencias de justicia y paz, y la certeza jurídica y agilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La cuestión que tiene directa relevancia constitucional es la de determinar cuánta justicia y cuánta paz deben sacrificarse en aras de la certeza jurídica y de la agilidad de la función jurisdiccional. Esta pregunta es forzosa en el nuevo marco constitucional que asigna a los jueces la misión de administrar justicia y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).

64. El sentido de la entera obra del constituyente se orienta al establecimiento de un orden social justo. Por consiguiente entre las alternativas de solución de un caso, el juez debe inclinarse por la que produzca el resultado más justo y resuelva de fondo la controversia dando prevalencia al derecho sustancial (C.P., Preámbulo, arts. 2º y 228). No cabe duda que a la luz de la Constitución debe afirmarse como valor orientador de la actividad judicial el favorecimiento de la justicia material que se condensa en la consigna pro iustitia.

En razón del principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El juez como instrumento de la justicia y de la paz y no solamente de la ley positiva tiene, en la nueva Constitución, la delicada y excelsa misión de ser con ocasión de cada caso concreto sometido a su decisión, el artífice de ese orden social justo. Lo que cubre la cosa juzgada con su firmeza debe en su mayor extensión responder a un contenido de justicia material. El mero “decisionismo”, no corresponde a la filosofía que anima la Constitución.

Frente al problema planteado conviene avanzar en un doble sentido. Primero, determinando unos criterios generales que apunten a la progresiva construcción de la justicia material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión justa que la mera inmunidad que protege una decisión de Estado. Y es que la cosa juzgada, en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no como razón de Estado sino como expresión de justicia. Segundo, señalando específicamente lo que en ningún caso puede ser sacrificado en función de la certeza o seguridad jurídica y que corresponde al “mínimo de justicia material” que debe contener una sentencia. Sólo de esta manera se puede delimitar el ámbito de seguridad jurídica que permite sustraer a una decisión judicial cubierta por la cosa juzgada de los ataques e impugnaciones de que puede ser objeto por su ilegalidad o injusticia.

65. La progresiva construcción de justicia por los jueces enriquece la cosa juzgada pues sus fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Los criterios generales de justicia material, cuya elaboración debe hacerse a partir de la Constitución, están llamados a consagrarse en el curso de una evolución histórica que tenga siempre presente la realidad del país. Sin embargo, desde ahora pueden esbozarse algunas pautas de justicia que surgen directamente del texto constitucional y cuya incorporación a la faena judicial no hará sino, como acaba de decirse, enriquecer la cosa juzgada.

Los artículos 228 y 229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. Por esta vía los particulares solicitan a los jueces la protección de sus derechos tanto de los consagrados en la Constitución como en otras normas. Este derecho se asienta sobre la concepción de un Estado material de derecho que por definición no agota su pretensión ordenadora en la proclamación formal de los derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva realización.

El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia comprende en su ámbito las sucesivas fases de tramitación de las peticiones de actuación que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en cada caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre los dos “tramos” que corresponden respectivamente a los momentos de tramitación y resolución de peticiones.

En lo que respecta al primer momento, debe comenzarse por afirmar que en virtud de lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, se ha constitucionalizado el principio de interpretación según el cual la ley procesal debe interpretarse teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Con esta idea en mente pueden destacarse otros principios con efectos inmediatos en el desenvolvimiento del proceso.

Las dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el artículo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la administración de justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que están vinculados con un sano criterio de seguridad jurídica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos.

El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso. La notificación, presupuesto esencial para que una parte pueda ejercitar su derecho de defensa, no puede ser reducido a mero requisito de forma y sobre el juez recae la obligación de garantizar el derecho fundamental a ser notificado de conformidad con la ley de manera efectiva y real.

La igualdad sustancial de las partes y el respeto a sus derechos fundamentales obliga al juez a abstenerse de decretar y practicar ciertas pruebas que resulten incompatibles con el ordenamiento constitucional. Pero, sin perjuicio de lo anterior, el juez en términos generales tiene la obligación positiva de decretar y practicar las pruebas que sean necesarias para determinar la verdad material, pues ésta es la única manera para llegar a una decisión de fondo que resuelva la controversia planteada y en la que prima el derecho sustancial y el valor justicia, como lo ordena el artículo 228 de la Constitución Política. En este sentido, debe reinterpretarse a la luz de la Constitución, el alcance de la carga de la prueba regulada por algunos códigos de procedimiento.

Independientemente de la aplicación general del indicado principio probatorio, en algunos casos el juez en atención a la necesidad de promover la efectividad de los derechos fundamentales y en razón del principio pro iustitia podrá disponer que la prueba de un hecho, dadas las circunstancias concretas y excepcionales de la causa, no recaiga sobre quien lo alega sino sobre la parte que esté en mejores condiciones o posibilidades de probarlo.

En lo que respecta al segundo momento, o sea el de la resolución de las controversias, debe tenerse en cuenta que la aplicación e interpretación del derecho debe hacerse conforme a la Constitución. La norma que primero y en grado mayor obliga al juez es la Constitución. Si bien los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley (C.P., art. 230), en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán sus disposiciones (C.P., art. 4º). Las normas constitucionales están llamadas a ser aplicadas directamente a las controversias y para ello, por regla general, no requieren de la mediación de la ley por cuanto tienen un contenido normativo propio y autosuficiente. Las leyes y demás normas del ordenamiento no deben aplicarse si resultan incompatibles con el sentido de la Constitución y, en todo caso, deberán interpretarse del modo que más armonicen con el texto constitucional. La Constitución aspira a tener una plenitud de sentido y a permear con sus principios y valores el entero ordenamiento. Cualquier pieza normativa del ordenamiento, por ende, para subsistir en él y reclamar obediencia debe conciliarse con la letra y el espíritu de la Constitución. Esa decisiva verificación es una de las tareas más delicadas que el Estado confía al poder judicial, en el momento en que éste procede a decidir los asuntos que se someten a su consideración.

No se trata de una mecánica y formal aplicación del derecho a los hechos. La Constitución pretende que el juez —obligado portador de los principios y valores incorporados positivamente al texto constitucional— al decidir la controversia busque materializar en el mayor grado posible tales principios y valores de modo que su sentencia asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. En la sociedad democrática que establece la Constitución la misión del juez se concreta en la de ser un instrumento eficaz de justicia material.

66. De lo dicho puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el constituyente bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso sacrifique cada vez menos justicia en aras de la consecución de la necesaria estabilidad jurídica. En otras palabras, en cada momento histórico habrá un “precio” límite en términos de justicia sacrificada a partir del cual no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica.

Los criterios de justicia material extraídos de la Constitución, llamados a gobernar el proceso y sus resolución —o sea, los momentos de tramitación de los pedidos de justicia y de decisión de las controversias— están destinados a ganar para la justicia material un mayor espacio. El acatamiento de las indicadas pautas de justicia hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada tengan un mayor contenido intrínseco de justicia.

Aparte de los criterios constitucionales aplicables a la tramitación y decisión de los procesos, cuya finalidad es incorporar a la sentencia el máximo contenido de justicia, la Constitución determina un ámbito que representa el mínimo de justicia material que ella debe contener y que en ningún caso puede sacrificarse en aras de la seguridad jurídica. Ese ámbito merecedor de tan especial protección corresponde a los derechos fundamentales cuya efectividad se eleva a fin esencial del Estado y a razón de ser de sus autoridades (C.P., arts. 1º y 2º).

Los derechos fundamentales previstos en la Constitución abarcan igualmente los momentos de trámite de los procesos —garantía del debido proceso— así como de decisión de la controversia que deben enderezarse hacia la efectividad de los mismos.

La sentencia que se produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales —tanto de orden sustantivo como procesal—, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter.

La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la convivencia, quebranta la paz social. La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera será siempre frágil. El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en arbitrariedad. La jurisdicción del Estado como todo poder público se origina en la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo y no puede ejercerse para desconocer o violar sus derechos fundamentales. Todo lo anterior explica suficientemente por qué se desintegra la cosa juzgada cuando ella afecta el mínimo de justicia material dado por los derechos fundamentales. Ninguno de los elementos cuyo equilibrio conforma y regula la cosa juzgada —paz social, justicia, seguridad jurídica, autoridad judicial— se mantiene en pie cuando la sentencia vulnera o desconoce los derechos fundamentales.

67. La Constitución y la ley promueven a través de la consagración de diversos recursos la consecución de un resultado justo como desarrollo de la actividad judicial. El ordenamiento, a través de la organización de recursos, pretende “maximizar” las posibilidades de arribar a una decisión justa. Se quiere que la cosa juzgada, pese a las dificultades objetivas y subjetivas de todo orden, exprese el mayor contenido posible de justicia.

La nueva Constitución asigna a los recursos ordinarios y extraordinarios que puedan proponerse contra las providencias judiciales una importancia decisiva como mecanismos que permiten al aparato judicial depurar los contenidos de injusticia de sus proveídos. De ahí que el artículo 31 de la Constitución Política establezca que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. La impugnación y la consulta son la regla general con el fin de asegurar —con las limitaciones propias de lo humano— la justicia y ponderación de las decisiones finales de los jueces. Apuntando los recursos a la obtención de justicia material y teniendo prioridad la efectividad de los derechos y la aplicación del derecho sustancial, la concesión de los recursos no debe supeditarse a un excesivo ritualismo y sobrecarga de requisitos formales, como ocurre con el recurso de casación. Por el contrario, existe una clara correlación entre la concesión de derechos por la Constitución y la ley y la entrega a las personas de recursos y medios procesales para hacerlos valer.

En este contexto la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política es un medio procesal especial que complementa el derecho sustantivo constitucional, mediante la concesión de un arma poderosa a las personas que vean sus derechos fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se torne inimpugnable e irrevocable no obstante el flagrante desconocimiento del mínimo de justicia material que debe expresar toda sentencia y que sólo se da cuando se respetan y se hacen efectivos los derechos fundamentales.

68. El análisis anterior permite acotar un terreno en el cual no son inconciliables las instituciones de los derechos fundamentales —la acción de tutela que es el instrumento especial de su defensa es a su turno y por esta razón un derecho fundamental— y la cosa juzgada. Hemos visto que encontrarlo es indispensable para la sobrevivencia constitucional de la cosa juzgada que debe interpretarse siempre de conformidad con la Constitución.

La cosa juzgada marca el límite que la ley establece a las impugnaciones y mutaciones de que puede ser objeto una sentencia judicial. Hay sentencias que están expuestas a cambios y modificaciones y no hacen tránsito a cosa juzgada. Existen otras que no pueden luego de ejecutoriadas ser objeto de recurso alguno, pero que admiten su revisión extraordinaria como es el caso de los recursos extraordinarios de revisión y anulación. Cuando ya no cabe recurso alguno, dentro ni fuera del proceso, se habla en estricto rigor de cosa juzgada. La cosa juzgada, como límite de lo inimpugnable e inmutable, puede ser objeto de mudanza por la ley al adicionar o cercenar posibilidades de impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada avanza o retrocede pero no se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y en realidad lo que le importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan un fin y “se pronuncie la última palabra”.

Si la ley puede producir el anotado desplazamiento —en cualquiera de los sentidos— de la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el constituyente al incluir una acción —en este caso la acción de tutela como mecanismo idóneo— contra las sentencias que violen los derechos fundamentales. En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza hacia adelante y sólo luego de la decisión que desate el procedimiento que se instaura con ocasión de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor de cosa juzgada.

De la manera señalada, la cosa juzgada no se elimina y por el contrario se enriquece, pues si prospera la acción de tutela y por ende se modifica la sentencia judicial, ésta incorporará ese mínimo de justicia material sin el cual la cosa juzgada por sí sola no se sostiene frente a la nueva Constitución.

Finalmente, es importante destacar que la acción de tutela no se superpone a la cosa juzgada, en cuanto el objeto de la primera es la acción o abstención del juez que en el sentir del actor viola sus derechos fundamentales y así mismo el sujeto frente al cual ella se dirige es el mismo juez a quien se imputa tal acción o abstención. Lo que ocurre es que el contencioso constitucional a que da lugar la acción de tutela —la conducta inconstitucional del juez— necesariamente se refleja en la sentencia y por esta razón, de prosperar, acarrea su revocatoria y el consiguiente desplazamiento de la cosa juzgada.

69. Finalmente, no comparte esta Corte Constitucional los criterios generales de interpretación constitucional utilizados por la Corte Suprema de Justicia.

Las normas constitucionales, sus partes (orgánica y material), sus valores y principios, mantienen entre sí una estrecha relación e interdependencia, que le dan al conjunto unidad y coherencia, la cual se sacrifica cuando se toma aisladamente una norma y se le pretende dar efectos que no armonizan con el conjunto. En contradicción con este criterio interpretativo, la Corte Suprema de Justicia se apoya en el artículo 234 de la Constitución Política, norma que faculta a la ley para dividir a la Corte Suprema de Justicia en salas y asignarles los asuntos que deban conocer separadamente, con el objeto de negar la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de cualquiera de las salas. Si ya el sólo texto no sustenta esta interpretación, considerado en el conjunto como se tuvo oportunidad de demostrar, pierde ella todo asidero pues la norma así entendida y tomada aisladamente, resulta incompatible con los principios esenciales de la misma Constitución.

Los bienes tutelados por la Constitución no deben ser sacrificados en la interpretación. Debe imponerse una interpretación que gracias al establecimiento de límites justos y proporcionales, entre los diferentes bienes protegidos, se oriente por su coexistencia, en un nivel que, atendidos los respectivos bienes jurídicos y sus limitaciones, resulte óptimo.

La Corte Suprema de Justicia eleva la cosa juzgada al plano de lo absoluto e intemporal, con la consecuencia que la seguridad jurídica —concediendo sólo en gracia de discusión que aquella goce de protección constitucional—, sacrifica el valor de la justicia, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución.

La interpretación no debe modificar la estructura y distribución de las funciones estatales establecida por la Constitución. La interpretación que la Corte Suprema de Justicia hace de la tutela sobre sentencias, conduce a la transformación de la función judicial que ejerce en función constituyente, como quiera que órganos públicos exonerados de control constitucional pueden modificar a su antojo el contenido y alcance de la Constitución. De otra parte, la misma interpretación sustrae de hecho a la Corte Suprema de Justicia su función como órgano de la jurisdicción constitucional para los efectos de la protección de los derechos fundamentales.

La interpretación constitucional debe enderezarse a la conservación y promoción de la unidad política, cometido esencial de la Constitución. La solución que la Corte Suprema de Justicia le da en su sentencia al problema planteado, la aparta del cumplimiento efectivo de la Constitución y la convierte en patrocinadora de una tesis que desconoce el estado social de derecho y el principio democrático, bases insustituibles de la unidad política a cuya consagración apunta decididamente la Carta.

El valor normativo de la Constitución y su pretensión normativa, reclaman una interpretación que propenda por la eficacia y actualización de sus disposiciones, de modo que la Constitución formal se convierta en Constitución real y vaya adaptándose a las cambiantes condiciones de la vida social. La tesis de la inimpugnabilidad constitucional de las sentencias, deja sin aplicación en un importante ámbito de la realidad nacional, las normas constitucionales sobre protección de derechos fundamentales. Así mismo, la interpretación radicalmente restrictiva y reduccionista de la tutela, la despoja de eficacia real.

La interpretación constitucional debe buscar la prevalencia del derecho sustancial. Exigencia que se plantea aún con más énfasis en el campo de la protección de los derechos fundamentales. La Corte Suprema de Justicia equivocadamente antopone a la prevalencia del derecho sustancial criterios formales y principios organizativos secundarios.

Por último, la interpretación de la Constitución debe inspirarse en su preámbulo en el cual aparece expresado de manera vinculante el designio del constituyente y en los principios fundamentales consagrados en su título I. Valores y principios como el de justicia, igualdad y efectividad de los derechos fundamentales, entre otros, se han incorporado con plena fuerza positiva en el ordenamiento constitucional que exige una hermenéutica que promueva su acatamiento y los integre a la conciencia nacional.

70. La acción de tutela interpuesta por los señores Julián Peláez Cano y Luis Arias Castaño exige un pronunciamiento de mérito sobre la pretendida violación de sus derechos fundamentales, según lo expuesto en los antecedentes 2 a 5 de este proveído. En consecuencia, la Corte Constitucional procederá a revocar la sentencia de tutela objeto de revisión para que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo establecido por el artículo 86 de la Constitución, proceda a fallar de fondo.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión de tutela proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha diciembre nueve (9) de mil novecientos noventa y uno (1991).

2. LÍBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia Nº 6, mayo 12 de 1992. Expediente T-221. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito magistrado, en el proceso de la referencia, se permite consignar las razones fundamentales de su discrepancia con la tesis acogida por la Sala de Revisión Nº 2, en fallo de esta misma fecha, por medio del cual se resolvió revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el 9 de diciembre de 1991, providencia ésta que, a su vez, denegó las solicitudes de una acción de tutela instaurada contra sentencia de la Sala de Casación Penal de la misma corporación:

1. El punto crucial de la controversia adelantada en el seno de la Sala para decidir sobre el caso planteado radica en resolver, en lo inmediato, si las sentencias definitivas que han hecho tránsito a cosa juzgada según lo que disponen las leyes colombianas para que una providencia judicial alcance esa categoría —inclusive las que profieran las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y, en el ámbito de su competencia, el Consejo de Estado—, están sujetas por mandato del artículo 86 de la Constitución a la posibilidad de nuevos pronunciamientos, también judiciales, como consecuencia del ejercicio de acciones de tutela.

Pero mucho más en el fondo, se trata de definir si, a juicio de la Corte Constitucional, los valores de la seguridad jurídica y la certeza del derecho —los cuales interesan a toda la sociedad y se hacen indispensables para la pacífica convivencia dentro de ella— deben sacrificarse íntegramente en búsqueda de una nueva opción procesal para casos individuales ya suficientemente debatidos en distintas instancias de la rama judicial, o si, por el contrario, la Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos fundamentales y los mecanismos de su efectiva protección, dotó al sistema de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, más bien que a debilitar el Estado de derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran.

2. No encuentro que por haberse plasmado la acción de tutela como mecanismo de inmediata aplicación para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales ha sido fundada y desarrollada nuestra civilización jurídica, pues esa acción no es en sí misma ni puede interpretarse como su negación o como la derogatoria de los presupuestos con apoyo en los cuales la administración de justicia cumple la primordial tarea que le atañe en el contexto de nuestra democracia.

3. Es cierto que, como lo expresa la sentencia de la cual discrepo, tanto el constituyente como el legislador promueven, mediante el establecimiento de acciones y recursos, la obtención de un resultado justo que la preceptiva constitucional ha vinculado estrechamente a los fines del Estado y de manera muy particular a la realización concreta de los derechos inalienables de la persona, a cuyo servicio ha sido concebida —al igual que otras figuras dentro del ordenamiento superior— la acción prevista en el artículo 86.

También es innegable que la Constitución, en su artículo 228, señala la prevalencia del derecho sustancial como principio de ineludible acatamiento por los jueces al adoptar sus decisiones.

Pero de lo dicho no se sigue, ni en lógica, ni en derecho, que la Constitución haya venido a desvirtuar por esta vía uno de los principios esenciales al orden jurídico que en la misma Constitución se funda, cual es el de la cosa juzgada.

Así, la obtención del resultado justo constituye el ideal que, por definición, persigue el derecho y el objetivo al cual apunta, según su misma esencia, toda institución judicial. Diríase que la historia de la administración de justicia es, en el mundo entero, la historia de un portentoso esfuerzo colectivo por alcanzar ese ideal, claro está que dentro de las limitaciones implícitas en la naturaleza humana, falible, de los jueces.

Es precisamente la falibilidad del juez la que hace posible su apreciación errónea de los hechos tanto como su interpretación equivocada de las leyes o la parcialidad de sus juicios. El reconocimiento de estas posibilidades es lo que simultáneamente explica que se hayan concebido los recursos judiciales, los impedimentos, las recusaciones, la vigilancia fiscal, las nulidades, el régimen jurídico de la prueba y su contradicción, entre otras fórmulas que pretenden eliminar o, cuando menos hacer inferiores los márgenes de error o de injusticia en los procesos, garantizar los derechos de las partes y, digámoslo de una vez, conseguir —sin detrimento de lo anterior— la certeza y la firmeza de las definiciones judiciales.

Sería torpe desconocer el error judicial como fuente de injusticias y, por supuesto, también lo sería negar que, de hecho, se puedan conculcar los derechos inalienables del individuo involucrado en el proceso, ya en su calidad de actor, ora como demandado, ya como tercero. Tanto una como otra posibilidad vienen a ser consustanciales a la idea misma de la administración de justicia.

Pero no es ilícito convertir el error del juez, la injusticia o la violación judicial de los derechos en la regla general, ni tampoco deducir de esa hipótesis un principio de inestabilidad de cuanto fallo definitivo se haya pronunciado.

4. No puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad el principio de certeza de las decisiones judiciales, es decir, la convicción general en torno a que los juicios llegan a su fin mediante resoluciones firmes que definan el derecho. La acción de la justicia no puede moverse eternamente en el terreno de lo provisional. El punto final, la última palabra, después de agotadas todas las instancias, se erigen en factores insustituibles para que, haciéndose efectiva, se consolide la idea de lo justo.

Una sentencia que en su contenido desarrolle el ideal de la justicia pero que nunca llegue al nivel de lo definitivo, deviene en injusta en cuanto torna ilusoria su realización.

Unicamente la seguridad jurídica permite la vigencia del orden justo al que aspira nuestra Carta Política, tanto en su preámbulo como en su artículo 2º, cuyo logro exige momentos de definición judicial que otorguen a todas las personas la confianza en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones que provoquen la indefinida reanudación de los procesos.

La certeza, según lo recuerdan López de Oñate y Lorca Navarrete(1), ha sido tradicionalmente reconocida como función que ha de cumplir el derecho para que el ente social ascienda hacia una concepción plena de la juridicidad.

5. El fallo en referencia pone en tela de juicio la validez del principio de la cosa juzgada cuando en la sentencia cobijada por él no se incorpore un mínimo de justicia material, caso en el cual dicho principio “se desintegra”, ya que “sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter”(2).

Esta aseveración implica en realidad la eliminación de la cosa juzgada, aun a pesar de las advertencias que se hacen en el mismo fallo en el sentido de que su propósito no es la destrucción sino el desplazamiento de aquélla.

En efecto, para verificar si en cada caso se alcanzó ese mínimo de justicia material exigido por esta Sala para reconocer a la cosa juzgada su verdadera fuerza, sería preciso revisar la sentencia correspondiente y ello implica, desde luego, que la materia presuntamente definida vuelva a que dar sub judice. Y, como no estamos seguros de que en todos los casos ese mínimo de justicia material haya sido alcanzado, la aceptación de este argumento representa, por necesaria consecuencia, la pérdida del status de cosa juzgada para todas las sentencias que suponíamos lo habían alcanzado. “Desplazamiento” hacia una nueva instancia que en el fondo representa vocación de reapertura de todo proceso judicial y, por ende, ruptura de la certeza jurídica.

(1) LÓPEZ DE OÑATE, F: La certeza del derecho. Buenos Aires. Ed. Jurídicas Europa-América. 1953. LORCA NAVARRETE J. F. El derecho natural, hoy. Madrid Ediciones Pirámide. S A. 1978, pág. 67.

(2) Ponencia versión estudiada en Sala, pág. 89.

Habría que preguntar en dónde reside, en esta hipótesis, el daño de mayor gravedad: si en el posible desconocimiento de un derecho fundamental en un caso concreto, como el que constituye materia del presente proceso, que ha pasado por el tamiz de dos instancias judiciales y un recurso extraordinario de casación, o en la desestabilización de todo el aparato judicial colombiano como consecuencia del indiscriminado ejercicio de acciones de tutela que, muy probablemente, habrán de instaurarse con ese pretexto para añadir una instancia a las ya tramitadas.

Antonio Fernández Galiano, en su introducción a la filosofía del derecho, expresa a este respecto:

“Específicamente, la seguridad jurídica se refiere a las situaciones concretas de los particulares dentro del orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica y dónde empieza la de los demás; que conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad y, en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma; en fin, que en todo instante pueda contemplar, deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. Por supuesto que el descrito es un ideal utópico para cuya efectividad se requeriría un ordenamiento de una perfección técnica incompatible con la falibilidad de toda obra humana: es evidente que en todo derecho existen imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y contradicciones. Pero también hay normas que no realizan con plenitud los debidos ideales de justicia y no por eso debe condenarse el ordenamiento en su conjunto como incapaz de realizar aquel valor.

Lo que interesa es que el derecho, aparte sus inevitables fallos, tienda a la creación de una seguridad para el particular que se acoja a sus normas, de manera que nunca pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al propio ordenamiento. Finalidad del derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. A procurarlas en casos concretos irán dirigidas normas determinadas, pero la finalidad de creación de seguridad jurídica para el particular está representada por una porción de principios de carácter general existentes en todos los ordenamientos: tales son, entre otros, el de la inexcusabilidad del cumplimiento de la ley independientemente de su conocimiento, el de la fuerza de la cosa juzgada, el de la protección posesoria y el que inspira la institución de la usucapión (...)” (3) .

Jorge Hübner Gallo, en la misma perspectiva, señala:

“Se puede concebir que, en un estado de derecho, la aplicación indiscriminada de la ley, como exigencia del bien común —el “dura lex, sed lex” de los viejos romanos— provoque situaciones individuales de injusticia, que no sería fácil evitar, sin cambiar a la vez todo el sistema de la legislación. No es necesario evocar a este respecto la muerte heróica de Sócrates, que se inmoló sacrificando la justicia, que debía absolverlo, en aras del bien común, que exigía el respeto a la ley y a la sentencia. Piénsese solamente en el caso, tan común en la vida profesional, del individuo que pierde un litigio, a pesar de haber adquirido el juez de convicción de que está en la razón, por no poder dar testimonio objetivo de su derecho de acuerdo con las normas reguladoras de la prueba” (4) .

(3) Fernández Galiano Antonio. Introducción a la filosofía del derecho. Ed. Revista de derecho privado. Madrid 1964, págs. 139 y ss.

(4) Hübner Gallo Jorge. Manual de filosofía del derecho Santiago Editorial jurídica de Chile 1963, pág. 209.

Luis Legaz y Lacambra expone con brillante lucidez:

“El problema de la fuerza jurídica de la cosa juzgada ha surgido principalmente en el ámbito del derecho procesal. De antiguo se distingue entre la cosa juzgada en sentido material y en sentido formal. Los romanos establecían la distinción en los siguientes términos: res judicata jus facit ínter omnes; res judicata jus facit ínter partes. Esto quiere decir lo siguiente: fuerza de cosa juzgada en sentido formal significa la imposibilidad de anular la sentencia por medio de los recursos, ya porque la última instancia ha dicho la última palabra, ya porque ha transcurrido el tiempo para interponerlos o porque se ha desistido o renunciado a ellos. La fuerza de cosa juzgada en sentido material significa que “el fallo contenido en la sentencia es de tal suerte decisivo, que excluye totalmente cualquier nuevo examen del negocio y cualquier resolución nueva distinta sobre la misma relación jurídica, frente a los que han sido partes, sea por el mismo tribunal que dictó la primera, o sea por otro diferente”. De suerte que el fallo recaído no puede ser examinado en su exactitud de fondo por otro tribunal; y si alguien, cuya demanda no ha sido estimada por infundada, vuelve a presentarla de nuevo, es absuelto en ella apenas el tribunal tenga conocimiento de la sentencia anterior, sin que se pueda entrar en el fondo de la misma. Además, lo decidido con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme, es un título que la parte a quien favorece puede hacer valer en cualquier proceso posterior; la cosa juzgada funda una situación jurídica que puede alegarse como título de la acción judicial emprendida contra quien se obstina en desconocerla (he subrayado).

Sólo motivos de seguridad sirven de base a esta institución; motivos de seguridad y no directamente de justicia, aunque nada tienen de opuestos a la justicia (subrayo). Naturalmente, puede darse el caso de que la sentencia sea materialmente injusta, que la sentencia firme declare que yo soy el legítimo propietario de tal trozo de terreno y no de mi vecino que me lo disputa, aunque la razón esté de parte de mi vecino. Pero el juez tiene que proceder conforme a lo alegado y probado y por eso puede decirse que es siempre más justo que el legislador, porque aprecia mejor la individualidad del caso. Como obra humana, su sentencia está sujeta a error; pero las posibilidades de injusticia material están reducidas al extremo límite por la segunda instancia y la casación, y por otra parte, sería mucho mayor la dosis de injusticia que significaría atentar contra la seguridad, permitiendo la posibilidad de procesos continuos y de fallos contradictorios sobre un mismo negocio mil veces resuelto. Aquí, la injusticia material de unos cuantos casos representa —frente a la seguridad— lo que el interés particular, que debe ceder ante el interés general precisamente por exigencia de la justicia”(5) (he subrayado).

(5) Legaz y Lacambra, Luis. Filosofía del derecho. Barcelona Bosch Casa editorial quinta edición 1979, pág. 620.

6. Si de lo que se trata, como predica la sentencia, es de asegurar la prevalencia efectiva de los principios constitucionales, ello no se logra sembrando el germen de la inestabilidad ni creando un clima propicio a la ruptura de la seguridad jurídica:

— El preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta el pueblo de Colombia, el de “asegurar a sus integrantes (...) la justicia (...), dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden (...), justo”. En mi concepto, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden dentro de un marco jurídico que fundamente el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre.

— El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado social de derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.

No considero que el “Mito de Sísifo” en que se pretende convertir por vía interpretativa la acción de tutela, resulte acorde con la dignidad humana de quienes obtuvieron fallo favorable a sus pretensiones, habiéndose sujetado a los trámites de suyo difíciles y engorrosos de un proceso judicial que ha culminado en sentencia definitiva avalada por el sello de la cosa juzgada y que ahora, por virtud de tal acción, están a punto de comenzar de nuevo.

Tampoco hallo realizado el principio de prevalencia del interés general en la tesis de la cual me aparto, por cuanto estimo que sirve mucho más al beneficio colectivo la conciencia cierta sobre la realidad de la justicia en firme que la inestabilidad general provocada por el desconocimiento de la seguridad jurídica.

— La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (arts. 2º, 86, 88, 89, 91, 93, 94, entre otros) tiene su mejor prenda en la definición de las controversias sobre la base de una verdad deducida en juicio. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.

— El acceso a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución) requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los derechos.

7. No es cierto, como lo afirma la sentencia, que la cosa juzgada carezca de sustento en la Constitución y se soporte simplemente en mandatos de jerarquía legislativa, pues si bien no hay en la Carta Política de 1991 (como tampoco había en la de 1886) un texto expreso que la plasme para todas las ramas del derecho como letra constitucional, aunque sí lo hace el artículo 241, parágrafo, para los fallos de esta Corte, ella se deduce inequívocamente de los principios enunciados y surge como realización concreta de la seguridad jurídica que, más allá de la Constitución, está anclada en el concepto mismo de derecho.

Es la seguridad jurídica un principio de naturaleza supraconstitucional ligado tan íntimamente a la justicia que no es concebible la una sin la otra.

8. El artículo 86 de la Constitución dispone que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces” (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública y agrega que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (subrayo).

Del precepto constitucional surge sin lugar a dudas la consecuencia de que también los jueces, como autoridades públicas, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales por su acción o su omisión. En tal sentido, hallo coincidencia entre mi criterio y el contenido en el fallo, pues debe reconocerse que un juez, individual o colegiado, está en capacidad efectiva de ejecutar actos o de incurrir en abstenciones que impliquen la transgresión de los preceptos constitucionales que garantizan derechos inherentes a la persona. Así, por ejemplo, puede impartir a sus subalternos órdenes en cuyo desarrollo se impida, de hecho, el acceso a la justicia, al derecho de defensa o a las prerrogativas propias del debido proceso; o le es factible proferir, por fuera de sus competencias, providencias de sustanciación o interlocutorias cuyo contenido infrinja los derechos; inclusive en las sentencias pueden encontrarse interpretaciones o resoluciones contrarias a la Constitución o lesivas de los derechos en ella consagrados.

Ante esas posibilidades, el mismo ordenamiento jurídico ha consagrado medios procesales idóneos para contrarrestar los efectos de tales actos u omisiones inconstitucionales, según ya se expresó. Pero, en el caso concreto, habida consideración de las circunstancias en que se halla la persona y mirada la efectividad del derecho que se le conculca, puede también realizarse la hipótesis de que no cuente para su defensa con un medio judicial adecuado a la certidumbre del derecho o la circunstancia de que, aún existiendo alguno, sea inminente un perjuicio irremediable que exige inmediata protección siquiera a modo preventivo.

En tales condiciones, no puede negarse que procede la acción de tutela en guarda del eficaz imperio de las garantías constitucionales, como ya lo tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte al revisar fallos de tutela(6).

(6) Ver, por ejemplo, Sentencia 1 Sala de Revisión Nº 3. Abril 3 de 1992; Sentencia Nº 3 de la misma Sala, mayo 11 de 1992.

Pero habiéndose llegado a la decisión final —que supone agotados todos los momentos de verificación jurídica sobre lo actuado, por regla general a cargo de varios jueces o tribunales, y terminadas todas las instancias concebidas por el ordenamiento jurídico precisamente para garantizar que prevalezca el derecho— la sola duda sobre si en el último fallo pudo haberse desconocido un derecho fundamental no puede dar lugar a nuevas opciones de revisión del proceso, porque allí surge el conflicto con el interés general representado en la necesaria certidumbre de las definiciones judiciales.

Dice al respecto el ya citado profesor Fernández-Galiano:

“La posibilidad de error —y aun de prevaricación— en los jueces ha sido prevista en los ordenamientos procesales mediante el establecimiento de sucesivas instancias ante las que pueda acudir quien no haya tenido éxito en las inferiores; pero con el límite de una última instancia más allá de la cual no cabe nueva apelación y cuyo fallo es, por tanto, firme. Claro está que también en esa instancia suprema ha podido haber error y producirse una sentencia injusta, pero una reiteración indefinida de recursos procesales conduciría a una situación de absoluta inseguridad, pues mientras estuviera el asunto sub judice —y sin posibilidad de prever el fin del estado litigioso— ninguno de los litigantes podría estar seguro de sus derechos. No hay más remedio, por tanto, que dar por terminada la cuestión mediante un fallo definitivo e inapelable. Y si con ello —repetimos— puede sancionarse alguna injusticia en casos concretos (que, por lo demás, serán escasos dadas las garantías que se han puesto en juego hasta llegar a la sentencia firme), es preferible eso a la permanente inseguridad que existiría de no regir el principio de la santidad de la res iudicata(7).

(7) FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. Op. Cit.

9. Por otra parte, aún en el supuesto de aceptar la tutela para sentencias del nivel aquí tratado, nadie garantiza que un estudio preferente y sumario, que debe efectuarse en el perentorio término de diez (10) días, permita hacer realidad la plena certeza de la total justicia en todo un proceso de doble instancia y casación, menos aun si la sala encargada de verificar la sujeción del fallo a derecho es de una especialidad distinta, como ocurre en el presente caso.

10. No entro en el estudio de los argumentos expuestos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre inaplicabilidad de la competencia especial prevista en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, ni particularmente sobre la relativa al establecimiento de posibles jerarquías entre las salas de esa corporación para la tramitación de acciones de tutela contra sentencias definitivas por ellas proferidas, por cuanto estimo que las razones atrás consignadas en torno a la improcedencia de esta acción respecto de fallos que han hecho tránsito a la autoridad de la cosa juzgada hacen del todo inoficioso cualquier análisis sobre los mecanismos tendientes a realizar un fin que contraría ese postulado.

Pero, además, en torno a la constitucionalidad del mencionado artículo, la cual ha sido cuestionada ante esta Corte en ejercicio de acción pública, prefiero esperar el momento procesal adecuado para exteriorizar mis opiniones al respecto.

11. En cambio, sí me parece indispensable manifestar que disiento de la interpretación acogida en la sentencia de esta Sala en cuanto a los efectos de la revisión a cargo de la Corte Constitucional.

Sobre el particular, si se aceptara en gracia de la discusión que cabe ejercer acciones de tutela contra fallos que participan de la inapelabilidad de la cosa juzgada, ha debido entrar esta Corte —para cumplir con su función— en el estudio de si en realidad fue vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se alega, para que, comunicada la correspondiente decisión al juez o tribunal competente de primera instancia (en este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia), se adoptaran allí las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo dispuesto por la Corte Constitucional (D. 2591/91, art. 36).

En esta ocasión, pese al interesante estudio efectuado en la sentencia, el examen de la Corte Constitucional ha sido apenas preliminar, lo que a mi juicio riñe con el propósito que busca el artículo 86 de la Constitución sobre especialísima celeridad en la protección concreta del derecho supuestamente conculcado.

Si la Sala se hubiese introducido en ese análisis de fondo, sobre el derecho invocado por el actor, quizá hubiera podido responder a la pregunta que tuve ocasión de formular en el curso de las deliberaciones: dado que la protección en que consiste la tutela se concreta en una orden para que aquel respecto de quien se solicita actúe o se abstenga de hacerlo (art. 86 de la Constitución) ... ¿Cuál sería la orden, de inmediato cumplimiento, que debería impartir el juez de tutela en relación con sentencias que han surtido la integridad del trámite procesal y han alcanzado la cúspide de la cosa juzgada? ... ¿Acaso la reiniciación del proceso? ¿Desde cuál de sus etapas? ¿O la modificación de la sentencia? ¿O la nulidad de lo actuado?

Lo anterior suscita, a su vez, un nuevo interrogante: ¿Cómo se procedería en caso de impugnación del fallo de tutela si ya la orden —cualquiera de las indicadas u otra— está en ejecución?

Y uno adicional: ¿Cuál sería el papel de la seguridad jurídica como valor del derecho que el Estado debe realizar, en un contexto tan inestable e inseguro como el planteado?

José Gregorio Hernández Galindo