Sentencia T-225 de mayo 5 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL

REGULACIÓN DE RELACIONES AMOROSAS

EXTRACTOS: «4.4. El reglamento de convivencia del colegio contempla como falta grave que puede conducir a la aplicación de sanciones tales como: “matrícula condicional, pérdida de cupo para el año próximo, cancelación de la matrícula”, “cualquier manifestación amorosa como besos, abrazos, caricias con otro compañero o compañera como prueba de indiscreción”. En tal virtud, debe la sala analizar si la aludida norma, dada la generalidad en que está concebida, puede interpretarse en el sentido de que están prohibidas absolutamente las relaciones amorosas entre estudiantes e implicar, por consiguiente, violación de los derechos constitucionales a la intimidad, a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.

En punto a la facultad de los centros educativos para expedir los reglamentos estudiantiles y el alcance de su fuerza vinculante, esta Sala (3) señaló lo siguiente:

(3) Sentencia T-386/94, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“La ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.

En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete “al régimen jurídico que fije la ley” (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo”.

4.5. El aparte transcrito del reglamento de convivencia del colegio demandado merece un serio reparo, en virtud, de que al sancionar “cualquier manifestación amorosa”, como lo señala dicha regulación, desconoce irrazonablemente el derecho a la intimidad de los estudiantes y afecta, igualmente, a los derechos a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad. En efecto, no toda forma de relación o manifestación amorosa puede ser censurable, de manera que al consagrarse como una prohibición absoluta, tal como se ha señalado, se niega toda viabilidad a las relaciones sentimentales, aún de aquéllas que se puedan calificar de discretas y que no tienen la virtud de afectar el rendimiento académico ni la disciplina adecuada para asegurar el cumplimiento de las diferentes actividades docentes y las complementarias a éstas que inciden en una buena formación y educación en los aspectos físico, síquico y cultural, Es decir, las relaciones amorosas entre estudiantes de por sí no pueden ser censurables desde el punto de vista disciplinario, sino en cuanto a que las manifestaciones externas de estas puedan afectar de algún modo el rendimiento académico o la disciplina que se requiere para el cumplimiento de las actividades docentes. Prohibir dichas relaciones de modo absoluto, sería tanto como autorizar que los establecimientos educativas penetren indebidamente en un ámbito de los derechos fundamentales de los educandos que afectaría su núcleo esencial y obviamente en aspectos que conciernen con su condición de seres humanos, por naturaleza sociables y necesitados de relaciones afectivas.

La ley, y con fundamento en ella, los reglamentos, pueden limitar los derechos y las libertades, pero cuando ello ocurra deben hacerlo dentro de cierta racionalidad, bajo el entendido de que no deben afectar su núcleo esencial, de modo que los desnaturalicen, los desconozcan o los hagan impracticables. Por consiguiente, la regulación que establezca la limitación debe no sólo ser razonable, sino adecuada a los fines legítimos que debe perseguir y proporcionada a los hechos que la determinan o le sirven de causa.

Dentro de este orden de ideas, es posible incorporar a los reglamentos principios de orden ético y moral y de buena educación y comportamiento como limitantes del ejercicio de la libertad estudiantil, si con ello se persigue la “mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”, como lo autoriza la Constitución (C.P., art. 67, inc 5º), sólo que deben ser formulados y graduados de manera tal que no anulen o cercenen los respectivos derechos».

(Sentencia T-225 de mayo 5 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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