SENTENCIA T-227 DE MARZO 29 DE 2007

 

Sentencia T-227 de marzo 26 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Sentencia T-227 de 2007 

Ref.: Expediente T-1483203

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Acción de tutela instaurada por Nellis Esther Campo Silva contra Electricaribe S.A. ESP.

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil siete.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Valledupar y por el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela instaurada por Nellis Esther Campo Silva contra Electricaribe S.A. ESP.

I. Antecedentes

La señora Nellis Esther Campo Silva interpuso acción de tutela contra Electricaribe S.A. ESP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. Para fundamentar su demanda señala los siguientes

1. Hechos.

a) Alega que es propietaria del inmueble ubicado en la calle 23 Nº 14-13 en Valledupar, el cual arrendó a la señora Yamile Pinto Puche. No obstante, la arrendataria abandonó el inmueble el día 23 de mayo de 2005 y con la anuencia de Electricaribe S.A. se incrementó la deuda por concepto de energía a un valor de $ 7.141.784 pesos correspondiente a 58 facturas.

b) Considera que la empresa accionada actuó con negligencia al permitir el endeudamiento progresivo del mencionado inmueble “sin ejercer los mecanismos que la ley ha puesto a su disposición para evitar tal situación”. En efecto, la Ley 142 de 1994 en su artículo 140 concordante con el 141, modificado por la Ley 689 de 2001, ordena “imperativamente que el incumplimiento del contrato por parte de la arrendataria permite a la empresa la suspensión y corte del servicio sin exceder en todo caso en 3 periodos de facturación según el contrato de condiciones uniformes pero en el presente caso se toleró la acumulación antes mencionada y por lo cual, Electricaribe S.A. debió tomar las medidas necesarias para evitar el crecimiento desmesurado de la obligación, incurriendo en culpa la empresa y transgrediendo de esta manera derechos, principios y valores de los que soy titular, en virtud de la Constitución de 1991”.

c) Sostiene que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, vigente a la fecha de causación del consumo, la suspensión del servicio se hará a más tardar en tres (3) periodos incumplidos cuando es mensual. Expresa que el incumplimiento de dicha disposición acarrea el rompimiento de la solidaridad, que en el presente caso se ha configurado. Sin embargo, la empresa accionada insiste en la existencia de la solidaridad y persigue el pago de la suma adeudada.

d) Así pues, afirma que la empresa accionada inició cobro prejudicial de la obligación, pretendiendo trasladar “su culpa y en consecuencia, que yo como arrendador del inmueble, asuma la obligación generada por su omisión, cuando no fue diligente en suspender efectivamente el servicio al arrendatario”.

Por todo lo anterior, solicita que se ordene a la empresa Electricaribe “desmontar el valor correspondiente a los meses acumulados por su omisión o negligencia y que pretende cobrarme, limitarlo a los tres meses como ordena la ley. Así mismo decrétese el rompimiento de la solidaridad por haber actuado la empresa negligentemente y haber permitido el incremento de la obligación no obstante existir una norma que le imponía suspender el servicio oportunamente y agotar las medidas necesarias para evitar dicho incremento”.

2. Respuesta del ente demandado.

Leonor Ether Zequeda Pérez, actuando en calidad de asesor legal de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP Electricaribe, solicita que se deniegue la presente acción de tutela.

Manifiesta que en el numeral 99.9 del artículo 99 de la Ley 142 se establece que “no existirá exoneración en el pago de los servicios de que trata esta ley para ninguna persona natural o jurídica”. De igual forma, el artículo 47 de la Resolución GREG(sic) 108, proferida el 3 de julio de 1997, consagra que “la empresa no podrá exonerar a ningún suscriptor o usuario del pago de los servicios que presta”. Lo anterior fue reconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Oficio 99-830 de marzo 24 de 1999 al señalar: “Lo anterior nos sirve de fundamento para aseverar sin lugar a equívocos que la sanción consagrada en la ley en caso de incumplimiento del contrato por el no pago de los servicios (suspensión) no encuentra limitantes para ninguna entidad”.

Así mismo, afirma que el incremento de la obligación es resultado de la falta de pago, que en la actualidad asciende a la suma de $ 7.304.134 pesos sin incluir intereses de mora.

Esgrime que de conformidad con la Ley 820 de 2003, nueva ley de arrendamientos, tanto el dueño como el arrendatario o usuario del inmueble son solidariamente responsables en el pago de los servicios públicos.

Asegura que cuando un inmueble residencial sea entregado en arriendo, el arrendador podrá denunciar ante Electricaribe la existencia y condiciones del contrato de arrendamiento. Para ello, deberá diligenciar el formato correspondiente y entregar a Electricaribe las garantías o depósitos indicados por esta debidamente constituidos por parte del arrendatario y que aseguren el pago del servicio de energía suministrado al inmueble. Electricaribe deberá aceptar o rechazar la garantía y/o depósito dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Manifiesta que una vez denunciado el contrato de arrendamiento en los anteriores términos, cesará la responsabilidad solidaria del arrendador y propietario del inmueble por el pago del servicio público domiciliario de energía.

En consecuencia, considera que no opera el rompimiento de la solidaridad pues la señora Nellis Esther Campo Silva no denunció ante Electricaribe el contrato de arrendamiento celebrado con su arrendatario.

Declara que Electricaribe ha ejercido las correspondientes acciones de cobro y hasta la fecha no ha recibido el pago por parte de la accionante, lo cual “constituye una violación directa de lo establecido en el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 y numeral 11 de la cláusula décima primera del contrato de condiciones uniformes, por la falta de pago oportuno y total del cliente y es así como su proceder lleva implícito, además de una trasgresión normativa, un ataque consiente a los principios de solidaridad y viabilidad financiera que sirven de sustento no solo a la actividad de Electricaribe, si no de todo el sistema de servicios públicos domiciliarios implantado en el país”.

Por ende, si la accionante considera que la actuación no es ajustada a derecho, tiene otro mecanismo de defensa para la protección de sus derechos supuestamente conculcados, como es el proceso ejecutivo por incumplimiento del contrato de arrendamiento, dentro del cual el legitimado para ejercer tal acción es el arrendador.

En relación con la falta de suspensión del servicio, aduce que la accionante falta a la verdad, toda vez, “que revisado el sistema, este arroja sin número de suspensiones”. Por lo tanto, la acción de tutela “no persigue otra cosa que el desconocimiento de obligaciones contractuales por parte del accionante”.

3. Pruebas.

Del material probatorio allegado al expediente la Sala destaca los siguientes documentos:

— Fotocopia de una factura emitida por Electricaribe por medio de la cual se cobra el servicio de energía consumido en el inmueble ubicado en la calle 23 Nº 14-13 en Valledupar, periodo facturado marzo de 2006, por valor de 1.180 pesos y una deuda al 9 de marzo de 2006 de $ 7.141.784 pesos correspondiente a 58 facturas dejadas de cancelar siendo el último pago el 6 de septiembre de 2004 (fl. 5, cdno. original).

— Fotocopia del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 23 Nº 14-13 en Valledupar, en el que la arrendadora es la señora Nellis Campo Silva, la arrendataria Yamile Pinto Puche y la fecha del contrato 17 de enero de 1996 (fl. 7, cdno. original).

— Fotocopia de una consulta realizada por medio magnético al contrato celebrado por la accionante con la empresa Electricaribe, en la que se observa que el inmueble en cuestión tiene una deuda de $ 7.305.314 pesos (fl. 18 cdno. original).

— Fotocopia de un escrito emitido por Electricaribe, el 24 de julio de 2006, mediante el cual pone en conocimiento de la señora Nellis Esther Campo Silva el cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Valledupar. En este escrito se sostiene que se adjunta la factura correspondiente a los tres primeros meses de deuda dejada por el inquilino por la suma de 296.586 pesos (fl. 32, cdno. original).

II. Decisiones judiciales objeto de revisión

1. Primera instancia.

Del presente asunto conoció el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Valledupar, que en providencia de 6 de julio de 2006 concedió el amparo solicitado, al considerar que si bien la accionante de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 es parte y a la vez solidaria en el contrato de servicios públicos, junto con la suscriptora y/o usuaria, la empresa accionada “perdió su derecho a exigir al propietario del inmueble el pago total de la deuda causada, porque omitió suspender el servicio luego de que el usuario incumplió en el pago de más de tres facturas, máxime cuando la misma Corte en vigencia de la Ley 689 de 2001 indicó que esta opera también para los poseedores que ignoran que su inmueble se encuentra en mora de pago por parte de los arrendatarios”.

Considera que la empresa demandada toleró que la usuaria del inmueble dejará de pagar las facturas causadas por concepto del servicio de energía eléctrica, ya que lo correcto era que se hubiera suspendido el servicio a la tercera facturación en mora, es decir, utilizando los medios que no permitieran la reconexión fraudulenta y en caso de incurrirse en esa conducta, hacer las denuncias correspondientes, puesto que se estaría infringiendo un tipo penal, el de defraudación del fluido, y es por ello que no son de recibo del despacho los argumentos de la parte accionada.

Así pues, manifiesta que Electricaribe ha dado un trato discriminatorio a la accionante en relación con el que se le dio a la arrendataria, pues a esta no se le exigió el pago del servicio de energía, no obstante los prolongados periodos que duraron sin cancelarla, “pero sí pretende hacerlo con la accionante, exigiéndole a esta la cancelación total de la deuda que dejó la arrendataria, violándose con ello su derecho fundamental a la igualdad”.

2. Impugnación.

Laura Cristina Oñate Rosado, actuando en calidad de apoderada especial de Electricaribe, impugnó el fallo de primera instancia al considerar que la acción de tutela no se puede utilizar para obtener la exoneración del pago de facturaciones de consumos, por ende, los derechos que reclama la accionante son de carácter estrictamente legal.

Así mismo, manifiesta que resulta poco razonable que la propietaria haya permanecido tanto tiempo ignorando la mora en la que se incurrió por concepto de energía, ya que “si bien no lo habita, sí posee una relación directa con la arrendadora, por el simple y llano hecho de tener que cobrar mensualmente el canon de arrendamiento, y resulta casi imposible creer que durante el prolongado término de siete años, no observó la conducta negativa de su arrendataria, máxime cuando las consecuencias que ello acarrea tiene que ver con la suspensión reiterada del servicio”.

Asegura que el fallo del a quo desconoce que en materia de servicios públicos opera la solidaridad y en “este caso, son solidarios en el pago del servicio de conformidad con la Ley 820 de 2003 - nueva ley de arrendamientos y el contrato de condiciones uniformes, tanto el dueño del inmueble, como el arrendatario o usuario del inmueble”.

Por ende, considera que debe declararse la improcedencia de la presente acción de tutela de conformidad con el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 que textualmente dispone: “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Como resultado, sostiene que la entidad competente para resolver la reclamación objeto de acción de tutela es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “quien oportuna y eficientemente ya se ha pronunciado en situaciones similares, resolviendo de fondo, con la competencia y facultades que la ley le consagra”.

Por último, expone que la accionante cuenta con la acción de restitución de inmueble arrendado y con las acciones administrativas derivadas de la naturaleza de la factura, acto administrativo, “y contó con la posibilidad de interponer los recursos de ley estipulados en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 así como con el proceso ejecutivo derivado del incumplimiento del contrato de arrendamiento”.

3. Segunda instancia.

En segunda instancia conoció el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Valledupar, quien en providencia de 26 de septiembre de 2006 revocó el fallo de primera instancia, con fundamento en los folios 6 y 7 del expediente, al considerar que el contrato de arrendamiento aportado como prueba, “fue autenticado el 16 de junio del presente año, cuatro días antes de la fecha de presentación de la solicitud de tutela, lo que para el despacho se constituye en una prueba no idónea en el documento aportado, debido a que el mismo debió ser autenticado el día 17 de enero del año 1996, fecha esta en que supuestamente fue arrendado dicho bien inmueble, considerando el despacho que la citación de los derechos fundamentales invocados por la accionante en lo que concierne al contrato de arrendamiento aportado carece de veracidad”.

III. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con la situación fáctica planteada, en esta ocasión corresponde a la Sala determinar si la empresa Electricaribe S.A. ESP al exigir a la señora Nellis Esther Campo Silva el pago de $ 7.141.784 pesos correspondientes a 58 facturas dejadas de cancelar por concepto de energía eléctrica, bajo el argumento que no hay rompimiento de la solidaridad, pues la señora Nellis Esther Campo Silva no denunció ante Electricaribe el contrato de arrendamiento celebrado con su arrendatario, de conformidad con la Ley 820 de 2003, vulnera o no sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Para tal efecto la Sala hará referencia previamente al contrato de prestación de servicios públicos; a las partes del contrato; al incumplimiento, terminación y corte del servicio; a las condiciones necesarias para que se haga efectivo el rompimiento de la solidaridad, para luego finalmente entrar a determinar si la señora Nellis Esther Campo Silva tiene o no derecho al amparo solicitado.

3. El contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, su incumplimiento y terminación. Las partes y la solidaridad en los mismos contratos.

La Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, consagra en el artículo 128, que el contrato de servicios públicos es un contrato uniforme y consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. También dispone la norma en cita, que hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio; y que, existe contrato de servicios públicos aun cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios.

Además, existe contrato de prestación de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

La Ley 142 de 1994, artículo 130, modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 18, dispone que son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o el usuario. Además que, el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Al respecto de esta disposición, la Corte en Sentencia C-690 de 2002, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett consideró:

“(...).

“5. El reproche se centra en que no siempre la persona perseguida por las deudas es quien las causó; por tanto, resultaría injusto y violatorio del derecho al debido proceso, pues las entidades eventualmente perseguirían a quien fuese más fácil, no a quien realmente usó el servicio adeudado. Como lo indica el artículo 369 de la Carta, la ley determinará los derechos y deberes de los usuarios, y a pesar de que en la Constitución no se defina el término usuario, el actor le asigna un significado preciso: lo asimila a consumidor y por tanto, según su razonamiento, puede ser que el consumidor del servicio no sea ni el propietario, ni el poseedor, ni el suscriptor del servicio y por tanto no podría ser perseguido por el incumplimiento del contrato de prestación de servicio público.

“6. Tal argumento es desvirtuado al analizar la normativa superior, pues es claro que el Constituyente no elaboró una definición del término usuario, pero en cambio le otorgó tal potestad al legislador, quien a través de la Ley 142 de 1994 y de la aquí demandada le dio un sentido distinto al que le otorga el demandante. Así, la Ley 142 asumió algunas definiciones entre las cuales cabe destacar las contenidas en los artículos 14, 31 y 33, según los cuales, el usuario es la “persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio”. Además agrega que, a “este último usuario se le denomina también consumidor”. Los textos normativos muestran entonces que la palabra “usuario” no excluye ninguna de las categorías mencionadas y, por tanto, también deberán responder solidariamente por las deudas en el contrato de prestación de servicios públicos.

“La razón para que el legislador adoptara tal determinación se deduce de la misma ley, pues quien reciba el servicio es parte en el contrato. Es forzoso entonces concluir que tanto el propietario como el poseedor y el suscriptor del servicio se benefician directamente de los servicios públicos. Tal beneficio no consiste solo en el consumo, también en la posibilidad de contar con un inmueble habitable y susceptible de ser objeto de diversos negocios jurídicos. Por lo anterior, la disposición acusada está justificada y es razonable, pues no es arbitrario vincular al propietario, al poseedor, al suscriptor o al usuario en la satisfacción de las obligaciones de este tipo de contratos, pues cualquiera de ellos resulta beneficiado con la prestación del mismo en diferentes formas. Además, la naturaleza domiciliaria de estos servicios implica que llegan al inmueble habitado por el interesado y su vinculación con el bien hace que sea legítimo que el legislador prescriba que cualquiera de estas categorías de personas no solo deba integrar la relación como parte responsable de las obligaciones, sino que también pueda exigir que el servicio le sea prestado de manera eficiente. Por tanto, no resulta arbitrario ni contrario a la Constitución que el legislador regule de esta manera la solidaridad en el contrato de prestación de servicios públicos, pues aunque podría existir una normativa distinta, la presente no desborda la facultad que le confirió el Constituyente.

“7. Concluye entonces esta Corte, que los propietarios, poseedores y suscriptores también son usuarios de los servicios públicos domiciliarios y que eliminar esta disposición afectaría negativamente las condiciones de operación de las empresas por sustraer a algunas personas del cumplimiento de sus obligaciones como consumidores o usuarios del servicio. Por tanto, el aparte acusado habrá de declararse exequible”.

De lo anterior puede concluirse, que el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio al ser solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos, según así lo ha dispuesto la ley, en principio son solidarios para el pago de la obligación dineraria derivada de la prestación de los servicios públicos, y por tanto ella puede ser cobrada por la empresa a cualquiera de ellos.

Sin embargo, la ley dispone que las empresas de servicios públicos domiciliarios están en la obligación de suspender el servicio si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, en dos periodos consecutivos. Y, si la empresa incumple la obligación de suspender el servicio se romperá la solidaridad prevista en la ley. Norma concordante con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 19, que establece entre las causales de suspensión del contrato por incumplimiento del contrato la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual.

En consecuencia, si la empresa prestadora omite suspender el servicio ante la falta de pago de “dos períodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual”, se rompe la solidaridad prevista entre el “propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio”.

En efecto, la Corte ha reiterado en varias ocasiones por las diferentes Salas de Revisión (1) que la solidaridad existente entre el “propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio” se rompe cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios omiten suspender el servicio ante la falta de pago de “dos periodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual”. Así pues, en Sentencia T-525 de 2005, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte estudió un caso en el que la ESP Electricaribe cobró un conjunto de facturas en contravía a lo dispuesto en los artículos 130 y 140 de la Ley 142 de 1994, en esta providencia se manifestó lo siguiente:

“En efecto, la Sala no olvida que la ley estableció una responsabilidad solidaria del propietario, el usuario y el tenedor del inmueble frente a la obligación legal de cumplir con el pago de los servicios públicos; pero igualmente no debe olvidarse que la empresa prestadora del servicio, tiene igualmente la responsabilidad de evitar el incremento desmesurado de cuentas insolutas, sabiendo de antemano que dicha solidaridad a la que se hace mención se rompe cuando las facturas no pagadas son más de tres. De esta manera, si las facturas no canceladas sumaron, como así sucede en el presente caso, más de cincuenta y tres (53) meses, es consecuencia de la negligencia de la empresa Electricaribe S.A. ESP en asumir los correctivos más drásticos, para frenar esta situación (resaltado fuera de texto).

“Por esta razón, en el presente caso, no existen motivos para que la accionante asuma las consecuencias jurídicas de tal omisión, más aun cuando, las medidas que ahora se pretenden tomar respecto de ella, hacen evidente un trato discriminatorio en relación con las que la empresa, al parecer, no asumió frente al inquilino moroso, pues la empresa permitió que dicho inquilino se beneficiaría de una u otra manera por más de cuatro años, con el suministro del servicio de energía, el cual nunca canceló”.

De la misma forma, en Sentencia T-723 de 2005, esa misma Sala de Revisión explicó las condiciones inherentes a la obligación de suspender el servicio y sus consecuencias, de la siguiente manera:

“La Ley 142 de 1994 en su artículo 140 consagra el deber de las empresas prestadoras de los servicios públicos de suspender el servicio ante la mora en el pago de las facturas, sin exceder dos periodos de facturación en el evento en que este sea bimestral y de tres periodos cuando sea mensual.

“Lo anterior significa que cuando no se cancela oportunamente la prestación del servicio público domiciliario, las empresas prestadoras tienen la obligación de suspenderlo máximo al vencimiento del tercer periodo de facturación. Esta corporación ha señalado que esa exigencia no solo constituye una garantía para la empresa, quien ejerce un mecanismo legítimo de coacción que le permite asegurar el pago del crédito, sino que constituye también una garantía para los propietarios de los inmuebles, en el evento en que sus arrendatarios incurran en mora en el pago de sus obligaciones, pues con esta medida se evita el incremento de la deuda.

En consecuencia, si la empresa omite un deber impuesto por la ley, como lo es el de suspender el servicio en caso de mora, no puede trasladar los efectos de su proceder a terceras personas, pues con ello abusa de su posición dominante frente a los usuarios o suscriptores (resaltado fuera de texto).

“La Corte también ha explicado las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la empresa prestadora de servicios públicos. Al respecto ha señalado, que los propietarios de un inmueble tienen derecho a obtener la reconexión del servicio, previo el pago únicamente de las tres primeras facturaciones, más los gastos de reinstalación y reconexión, así como los recargos por dicho concepto” (resaltado fuera de texto).

Recientemente la Corte Constitucional en Sentencia T-636 de 2006, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández, resolvió un caso en el que se demandó a Electricaribe por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso por exigir el pago de una deuda por concepto de energía eléctrica, por valor superior a los 14 millones de pesos que correspondía a “35 facturas, 48 facturas por aseo y 1 factura por alumbrado público”.

En esta oportunidad, la Corte consideró que los artículos 130 y 140 de la Ley 142 de 1994 constituyen “un parámetro de equilibrio contractual y de garantía de la equidad que debe reinar entre las partes, que buscan proteger tanto al propietario de un inmueble como a la ESP. Por un lado, se garantiza la suspensión del servicio a partir de la mora en el pago de un número determinado de las facturas y, por tanto, se prescribe un límite material de crecimiento de la deuda. De otra parte, la suspensión misma constituye un mecanismo de coacción en favor del pago del crédito”.

Por tanto, se ordenó a la empresa Electricaribe que declarara la ruptura de la solidaridad y efectuara las liquidaciones a cargo del propietario del inmueble, correspondientes a las tres primeras facturas, más el monto correspondiente a los gastos de reinstalación y reconexión, así como los recargos por dicho concepto. Una vez efectuado el pago de dichos valores, se ordenó que se efectúe la reconexión inmediata del servicio.

Ahora bien, la Corte ha considerado que la suspensión de la prestación de un servicio público debe hacerse con observancia del derecho al debido proceso (C.P., art. 29) y en el principio de la buena fe (C.P., art. 83). Sobre el particular, en Sentencia T-1108 de 2002, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, la Corte estimó:

“En definitiva, las empresas en mención pueden suspender, parcial o totalmente, la prestación de los servicios que prestan por falta de pago de los usuarios y suscriptores de las facturaciones emitidas, pero para el efecto están en el deber de observar estrictamente el procedimiento que les permite hacer su uso de esta prerrogativa, cual es —artículos 130, 140, 152, 153 y 154, Ley 142 de 1994; artículos 18 y 19, Ley 689 de 2001; 44 y 47 Código Contencioso Administrativo— (2) :

“a) Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos pueden cobrarse ejecutivamente, ante la jurisdicción ordinaria, o mediante la jurisdicción coactiva, en este último caso, si la prestadora es una empresa industrial y comercial del Estado.

La factura expedida por la empresa, debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo.

b) Si el usuario o suscriptor incumple con su obligación de pagar la facturación emitida por la empresa, por concepto del servicio prestado, oportunamente, es decir dentro del término previsto en el contrato, la prestadora está en la obligación de suspender la prestación del servicio “sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que esta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual (...)”(subrayado y negrilla fuera de texto).

Las decisiones de suspender la prestación de los servicios, total o parcialmente, como actos derivados de las prerrogativas que les han sido conferidas a las prestadoras para la debida prestación del servicio, son actos administrativos, y también lo son las decisiones que resuelven los recursos interpuestos contra estos”.

Los actos administrativos de carácter particular se notifican personalmente al interesado, a su representante, o apoderado. Y, en el texto de la notificación, se deberá indicar los recursos que proceden contra la decisión, las autoridades ante quienes pueden interponerse, y los plazos para hacerlo.

c) Los suscriptores o usuarios de los servicios públicos domiciliarios pueden presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos, que tienen que ser debida y oportunamente atendidos.

(...).

d) El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra el acto de suspensión del servicio que realice la empresa proceden los recursos de reposición, y de apelación”.

Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, procede la Sala de Revisión a estudiar la presente solicitud de amparo.

4. Caso concreto.

De acuerdo con los hechos y la jurisprudencia reseñada, procede esta Sala a determinar si la empresa Electricaribe S.A. ESP ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Nellis Esther Campo Silva, al exigir el pago de $ 7.141.784 pesos correspondientes a 58 facturas dejadas de cancelar por concepto de energía eléctrica, argumentando para ello que no hay rompimiento de la solidaridad.

La accionante manifiesta que es propietaria de un inmueble ubicado en la ciudad de Valledupar, el cual arrendó el 17 de enero de 1996 (fl. 7). No obstante, la arrendataria el 23 de mayo de 2005 lo abandonó dejando una deuda por concepto de energía que por la tolerancia de Electricaribe se incrementó por un valor superior a los siete millones de pesos.

La señora Nellis Campo considera que en su caso se dio el rompimiento de la solidaridad pues ante el incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por más de tres facturaciones la empresa accionada omitió suspender el servicio para evitar el crecimiento desmesurado de la obligación.

En oposición de la solicitud de amparo, la empresa indicó que no opera el rompimiento de la solidaridad pues la señora Nellis Campo no denunció ante Electricaribe el contrato de arrendamiento celebrado con su arrendatario, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 820 de 2003 (3) .

El artículo 15 de la Ley 820 de 2003 consagra lo siguiente:

“ART. 15.—Reglas sobre los servicios públicos domiciliarios y otros. Cuando un inmueble sea entregado en arriendo, a través de contrato verbal o escrito, y el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario, se deberá proceder de la siguiente manera, con la finalidad de que el inmueble entregado a título de arrendamiento no quede afecto al pago de los servicios públicos domiciliarios:

1. Al momento de la celebración del contrato, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar a cada empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios el pago de las facturas correspondientes.

(...).

2. Prestadas las garantías o depósitos a favor de la respectiva empresa de servicios públicos domiciliarios, el arrendador denunciará ante la respectiva empresa, la existencia del contrato de arrendamiento y remitirá las garantías o depósitos constituidos.

El arrendador no será responsable y su inmueble dejará de estar afecto al pago de los servicios públicos, a partir del vencimiento del periodo de facturación correspondiente a aquel en el que se efectúa la denuncia del contrato y se remitan las garantías o depósitos constituidos.

3. El arrendador podrá abstenerse de cumplir las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento hasta tanto el arrendatario no le haga entrega de las garantías o fianzas constituidas. El arrendador podrá dar por terminado de pleno derecho el contrato de arrendamiento, si el arrendatario no cumple con esta obligación dentro de un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del contrato.

4. Una vez notificada la empresa y acaecido el vencimiento del periodo de facturación, la responsabilidad sobre el pago de los servicios públicos recaerá única y exclusivamente en el arrendatario. En caso de no pago, la empresa de servicios públicos domiciliarios podrá hacer exigibles las garantías o depósitos constituidos, y si estas no fueren suficientes, podrá ejercer las acciones a que hubiere lugar contra el arrendatario.

(...).

PAR. 3º— Las reglas sobre los servicios públicos establecidas en este artículo entrarán en vigencia en el término de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, con el fin de que las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios realicen los ajustes de carácter técnico y las inversiones a que hubiere lugar” (resaltado por fuera de texto).

La Sala infiere, luego de analizar la citada disposición jurídica, que la demandante no estaba obligada a denunciar el contrato de arrendamiento, pues las reglas sobre los servicios públicos establecidas en aquella “entrarán en vigencia en el término de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley” y la Ley 820 de 2003 fue promulgada el 10 de julio de 2003 y el contrato de arrendamiento fue celebrado el 17 de enero de 1996 (fl. 7).

Además, el artículo 43, de la ley de arrendamiento de vivienda urbana, referente al “tránsito de legislación, vigencia y derogatoria” contempla que dicha ley “en cuanto a sus disposiciones sustanciales se aplica a los contratos que se suscriban con posterioridad a su entrada en vigencia” (resaltado por fuera de texto).

Y por último, el artículo 42 de la citada ley dispone que los contratos de arrendamiento que se encuentren en ejecución con anterioridad a la vigencia de la Ley 820 de 2003 “se regirán por las disposiciones sustanciales vigentes al momento de su celebración”.

Por ende y de acuerdo con los hechos de la tutela, es evidente que la ESP está cobrando a la accionante en la actualidad, una suma superior a siete millones de pesos, por concepto de más de 58 facturas dejadas de cancelar desde el 2004 (fl. 5).

En este orden de ideas, para la Sala es evidente que Electricaribe S.A. ESP no adelantó las gestiones necesarias para suspender el servicio e imposibilitar su consumo cuando se presentó el incumplimiento de la obligación de pago del servicio por más de tres (3) mensualidades, en el año 2004, por tanto, la negligencia por parte de la empresa, da lugar, por ministerio de la ley, al rompimiento de la solidaridad entre el usuario del servicio y el propietario.

Por consiguiente, la Sala encuentra, que no puede invocar la empresa de servicios públicos la solidaridad para el cobro de la facturación a la propietaria del inmueble y no usuaria del servicio, y mucho menos el no rompimiento de la solidaridad aduciendo que esta debía denunciar ante Electricaribe el contrato de arrendamiento celebrado con su arrendatario. En efecto, se insiste, es obligación de la empresa la suspensión del servicio público en los términos previstos por los artículos 130 y 140 de la Ley 142 de 1994 modificados por la Ley 689 de 2001, so pena del rompimiento de la solidaridad.

Sobre el particular, esta corporación, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 689 de 2001 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”, en Sentencia T-1432 de 2000, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, declaró que constituye una vía de hecho el cobro solidario de facturas por fuera del término previsto para la suspensión del servicio, de acuerdo al artículo 140 de la Ley 142 de 1994. En esta decisión se consideró que: “si bien la empresa suspendió el servicio en forma tardía, (11 meses después), alegando como causal la falta de pago, no puede ahora exigir, para la reinstalación del servicio, el pago de la facturación completa que se adeuda, por causas solo a ella imputables. No es admisible que la negligencia para cumplir con las obligaciones a su cargo pueda repercutir en la afectación de los derechos del propietario del inmueble, quien sí estuvo atento a la situación de incumplimiento, y dio aviso oportuno de la mora en que se encontraba el arrendatario”. Así las cosas, es necesario destacar que bajo estos argumentos, en dicha providencia la Corte confirmó la decisión de instancia y ordenó la reconexión del servicio, previo al pago de las tres (3) facturas iniciales, los gastos de reconexión, y los recargos de esos periodos.

Así mismo, en el presente caso el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Valledupar denegó el amparo por considerar que el contrato de arrendamiento aportado al expediente no es prueba idónea por no haberse autenticado el día en el que se celebró, 17 de enero de 1996. Sobre el particular, esta Sala de Revisión estima que no se puede exigir la autenticación del contrato de arrendamiento, para vivienda urbana, para poder probar su existencia, como lo asegura el juzgado de segunda instancia, pues dicho contrato se caracteriza por ser consensual (4) , es decir que se perfecciona con el consentimiento de las partes y no solemne en el que se requiera la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producirían ningún efecto.

En este orden de ideas y de conformidad con el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, en este caso se rompió la solidaridad y por tanto procede el amparo solicitado por la señora Nellis Esther Campo Silva. Con el fin de restablecer el derecho conculcado, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Valledupar y se confirmará por las razones expuestas la sentencia pronunciada por el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Valledupar.

En consecuencia, se ordenará a la empresa Electricaribe S.A. ESP que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, declare la ruptura de la solidaridad y efectúe las liquidaciones a cargo de la propietaria del inmueble, correspondientes a las tres primeras facturas, más el monto correspondiente a los gastos de reinstalación y reconexión, así como los recargos por dicho concepto. Una vez efectuado el pago de dichos valores, procederá a efectuar la reconexión inmediata del servicio.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero (3) Civil del Circuito de Valledupar. CONFIRMAR por las razones expuestas en este fallo la sentencia pronunciada por el Juzgado Primero (1) Civil Municipal de Valledupar, en protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Nellis Esther Campo Silva.

2. ORDENAR a Electricaribe S.A. ESP, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, declare la ruptura de la solidaridad y efectúe las liquidaciones a cargo de la señora Nellis Esther Campo Silva, propietaria del inmueble, correspondientes a las tres primeras facturas, más el monto correspondiente a los gastos de reinstalación y reconexión, así como los recargos por dicho concepto. Una vez efectuado el pago de dichos valores, la ESP procederá a efectuar la reconexión inmediata del servicio.

3. Por secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Clara Inés Vargas Hernández—Jaime Araújo Rentería, ausente con permiso—Manuel José Cepeda Espinosa.

Martha Victoria Sáchica Méndez, Secretaria General.

(1) Cfr. p. ej. sentencias T-1016 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-334 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-019 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-500 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) Los artículos 152, 153 y 154 de la Ley 142 prevén:

“Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.

Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.

ART. 153.—De la oficina de peticiones y recursos.

Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una “oficina de peticiones, quejas y recursos”, la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa.

Estas “oficinas” llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron.

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición.

ART. 154.—De los recursos.

El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia” (cita original de jurisprudencia transcrita).

(3) “Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.

(4) Artículo 1973, Código Civil.

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