Sentencia T-227 de mayo 5 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-116357

Peticionarios: Brigadier Ropero Mora y otros.

Procedencia: Sala Civil de Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.

Idea central

“La negativa a recibir a los desplazados puede tener graves consecuencias para los derechos humanos” (advertencia hecha en 1994 por Francis Deng, representante del secretario general en las Naciones Unidas, al analizar el desplazamiento interno en Colombia).

Temas:

— Protección y promoción de los derechos humanos.

— Desplazamiento interno: problema humano y no de orden público.

— La dignidad humana.

— Derecho a la permanencia y a la circulación.

— Pedagogía constitucional.

— El manejo del orden público es potestad del Presidente de la República.

Magistrado Ponente:

Alejandro Martínez Caballero

Santafé de Bogotá, D.C., cinco de mayo de mil novecientos noventa y siete.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Martínez Caballero quien la preside, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, (...).

EXTRACTOS: «15. ¿Qué hacer cuando el Gobierno Nacional protege a unos desplazados y las autoridades locales frustran etapas de esa protección?

Es indudable que consideraciones de orden constitucional y humanitario le dan preferencia a la protección. Ahí están los citados artículos 12 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 22 de la Convención americana sobre derechos humanos, 1º, 2º y 24 de la Constitución de 1991, que deben ser respetados. La actitud de la gobernadora (para el caso da lo mismo que ella hubiera sido la instigadora o que hubiera sido la vocera de los alcaldes) fue un atentado al derecho constitucional de circular, porque, por ese comportamiento de la gobernadora los desplazados, entre ellos los peticionarios del presente amparo, tuvieron que mantenerse en condiciones muy precarias e indignas en el Incora y la Defensoría del Pueblo, restringiéndoseles injustamente su traslado temporal en un hotel, sometidos a una “capitis diminuto” que afectó aún más la dignidad.

Pero, no solamente fue la gobernadora quien creó un clima adverso a los desplazados. A las autoridades locales de Cundinamarca se les dio la oportunidad de hacer el bien y no lo hicieron; esas mismas autoridades tuvieron en sus manos la humanitaria acción de hacer menos doloroso el éxodo de unos seres humanos y obstaculizaron esta justa ayuda.

Pasando a otro punto, no puede prosperar la tutela en cuanto al derecho a la vida, porque en verdad, el Estado, por intermedio del Ministerio del Interior, hizo todo lo posible para que en todas la etapas del desplazamiento hubiera la protección. Se recuerda una vez más, para no perder la orientación de esta tutela: Lo que realmente se solicita en la presente acción es el respeto a derechos fundamentales conculcados en una etapa del desplazamiento.

Otros derechos, relacionados en la solicitud de tutela: igualdad, buen nombre, honra, presunción de inocencia y debido proceso, no se aprecia que hubieran sido violentados los dos últimos y no están suficientes probados los tres primeros. El análisis probatorio que se hizo en el fallo de primera instancia permite declarar no probada la violación de estos derechos, pero ese análisis hecho por el Tribunal Superior de Bogotá es incompleto respecto a los derechos de circulación y dignidad.

La prueba existente permite colegir, sin asomo de duda, que el Ministerio del Interior suspendió un traslado provisional de los desplazados (este es el efecto) por una actitud de las autoridades de Cundinamarca entre ellas la de la gobernadora (esta es la causa). La decisión del Gobierno Nacional fue ponderada. En la práctica, hubo obstáculo al desplazamiento de unas personas y ello significó adicionalmente permanecía obligada en lugar no apto habitar; si a esto se le suma la dolorosa situación del desplazamiento y el estigma, por pequeño que sea, hay violación a la dignidad humana y al derecho a transitar, derechos consagrados en normas constitucionales y pactos internacionales violados como fueron estos dos derechos fundamentales, las órdenes a dar deben adecuarse a las circunstancias concretas de estar actualmente los desplazados, solicitantes de la tutela, en sitio estable, lo cual significa que no se puede decretar que vayan al hotel de La Mesa, porque esto ya es una etapa superada, sino que, en su lugar se harán unos llamados a prevención porque así lo establece el Decreto 2591 de 1991.

De todas maneras, la protección real para estos casos y similares, tiene un presupuesto, la promoción de los derechos. Esto da una dimensión importante que la Corte no puede eludir, por eso no queda camino diferente al de ordenar también unas labores de promoción de los derechos humanos, no con ánimo de castigo sino de contribuir a la paz y tolerancia que Colombia requiere».

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