SENTENCIA T-241 DE MARZO 6 DE 2008

 

Sentencia T-241 de marzo 6 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-241 de 2008 

Ref.: Expedientes T-1728786 y T-1754334 (acumulados)

Magistrados Ponentes:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra y Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Peticionarios: Jorge Alonso Flechas Díaz y Lenin Darío Saavedra Saavedra

Procedencia: Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, respectivamente

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil ocho.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente

Sentencia

en la revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de fechas 6 y 13 de septiembre de 2007, dentro de los expedientes T-1728786 y T-1754334, respectivamente.

Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional por remisión que hicieron las mencionadas corporaciones y fueron escogidos para su revisión en noviembre 22 de 2007 por la Sala Once de Selección, que decidió acumularlos para decidirlos en una misma sentencia, por existir entre ellos relación de conexidad material.

La presente providencia conserva los antecedentes y otra buena parte del proyecto originalmente presentado por el Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, con sustancial modificación en el acápite 4 de las consideraciones y lo consecuente de la parte resolutiva, al ser diferente la conclusión adoptada por los restantes magistrados.

I. Antecedentes

1. Expediente T-1728786.

1.1. Solicitud.

Jorge Alonso Flechas Díaz solicita que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso al ejercicio de funciones públicas, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con base en los hechos y argumentos que a continuación se resumen:

Hechos

1. Mediante el Acuerdo 1 de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, cuyo texto señaló los requisitos generales y específicos para ser notario y el procedimiento de inscripción y concurso.

2. Conforme al reglamento y en tiempo oportuno, el 19 de enero de 2007 el actor remitió por primera vez la documentación exigida.

3. Comoquiera que en ese primer envío olvidó adjuntar el comprobante de inscripción, encontrándose aún dentro de la fecha límite para ello, el 26 de enero de 2007 remitió nuevamente la documentación, incluyendo el mencionado comprobante.

4. No obstante, mediante Acuerdo 7 de 2007 fue declarado “no admitido” al concurso, por haber incumplido los requisitos generales de allegar en original los certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

5. En forma oportuna presentó recurso de reposición contra el Acuerdo 7 de 2007, explicando que en dos oportunidades y en el tiempo previsto, había remitido la documentación completa y auténtica que demostraba el cumplimiento de los requisitos de inscripción.

6. No obstante lo anterior, mediante Resolución 584 proferida el 23 de junio de 2007, el presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial confirmó la decisión de inadmitirlo al concurso, aduciendo que los certificados echados de menos sí habían sido presentados pero en fotocopia simple y señalando que conforme al Decreto 3454 de 2006 y al Acuerdo 1 de 2006, “solo en algunos casos puntuales se autoriza la presentación de documentos en copia”; contra esta decisión no procedía recurso alguno.

Argumentos de derecho

A juicio del demandante, con la Resolución del 23 de junio de 2007 el Consejo Superior de la Carrera Notarial incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, por cuanto la decisión de no admitirlo al concurso “se fundó en la aplicación de una norma inaplicable al caso”.

Expresa que en su caso la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio, ya que contra la aludida resolución no procede recurso alguno y porque acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa tomaría tanto tiempo que haría nugatorio el ejercicio de sus derechos, pues para cuando fuera decidida una acción judicial intentada por esta vía, ya se habrían superado todas las etapas del concurso.

Para sustentar la existencia de la vía de hecho alegada, sostiene que la decisión de inadmitirlo a concurso se basó en el hecho de que los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación fueron aportados en fotocopia simple, cuando en opinión del Consejo Superior de la Carrera Notarial tales copias no tenían valor probatorio, pues así se derivaría de lo reglado por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior constituye una vía de hecho, a juicio del demandante, pues “la determinación asumida se basó en una norma inaplicable al caso, pues el artículo 254 del C. de P.C. es norma reguladora de los trámites o procesos judiciales, en tanto, tratándose de un trámite administrativo, la norma aplicable al caso, es el artículo 1º del Decreto 2150 de 1995 que dispone que ‘a las entidades que integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente’ (se subraya). Precepto que desde luego se aviene al precepto constitucional de buena fe previsto en el artículo 83 de la Carta Política que enseña que ‘Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas’”.

Así las cosas, a juicio del demandante “no podía la administración, ni en el Decreto 3454 de 2006 ni en el Acuerdo 1 del mismo año, exigir el cumplimiento de un requisito especial cuando la ley expresamente se lo prohíbe” y al hacerlo, en su parecer, incurrió en una vía de hecho.

Prosigue el actor señalando que como si lo anterior fuera poco, la administración reafirmó la vía de hecho anotada cuando al interponer el recurso de reposición contra el Acuerdo 7 de 2007 y aportar los documentos originales de los certificados de antecedentes disciplinarios, nuevamente le negó el derecho de admisión al concurso, repitiendo el argumento inicial sin hacer ninguna referencia al hecho de que durante el trámite del recurso se habían aportado los mencionados originales, ni a la circunstancia de que el Decreto 3454 de 2006 y el Acuerdo 1 de 2006 se había exigido que los mismos fueran presentados en original.

Como medida provisional, el demandante solicita que se suspenda el trámite del concurso, mientras se define la presente acción de tutela, ante la inminencia de la realización de una prueba de conocimientos, prevista para el día 22 de julio de 2007.

Con fundamento en los anteriores hechos y argumentos de derecho, el actor solicita al juez de tutela que deje sin efectos la Resolución 584 de 23 de junio de 2007, emanada del Consejo Superior de la Carrera Notarial y, en su lugar, disponga su admisión al concurso.

1.2. Traslado de la demanda y decreto de medidas provisionales.

1.2.1. La tutela fue admitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que corrió traslado de la misma al Consejo Superior de la Carrera Notarial, y así mismo, vinculó al trámite a la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta que las funciones de secretaría del Consejo Superior de la Carrera Notarial son cumplidas por esa superintendencia, a través de su oficina asesora jurídica, conforme lo dispone el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970.

Como medida provisional mientras se resolvía de fondo el asunto, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial permitir al demandante presentar la prueba escrita de conocimientos prevista para el día 22 de julio de 2007.

1.2.2. En forma oportuna intervino el jefe de la oficia asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien solicitó que las pretensiones del demandante fueran denegadas, con fundamento en los siguientes argumentos:

Citando al respecto copiosa jurisprudencia de esta corporación y de otros tribunales, sostiene que la acción de tutela presenta dos características esenciales, subsidiariedad e inmediatez, por lo cual no podía el tutelante “pretender por vía de tutela acreditar unos requisitos para acceder al concurso para ingreso a la carrera notarial, cuando no lo hizo dentro del término y en las condiciones que concedió el operador jurídico para ello”.

Invoca el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006, por el cual se convocó a concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera notarial, norma en la cual se enumeran los documentos generales que el aspirante debía acompañar a su solicitud de acreditación para participar en dicho concurso, del cual en parecer de esa entidad, al igual que de lo reglado por el Decreto 3454 de 2006, se deduce que “solo en algunos casos puntuales, se autoriza la presentación de documentos en copia, por lo que en esos casos expresamente exceptuados es viable y legal la admisión de fotocopias”.

Explica que ello ocurre con la cédula de ciudadanía, certificado de antecedentes expedido por el DAS, tarjeta profesional, acta de grado y título expedido por una universidad reconocida, pero que no ocurre lo mismo con los demás documentos que eran exigidos en ese caso, a los cuales era necesario aplicar lo dispuesto por el artículo 252 del C. de P.C., al que remite el 267 del CCA, que reconoce a las copias del documento el mismo valor probatorio del original, siempre y cuando sean auténticas. Como ese no era el caso de las fotocopias presentadas por el actor, no podían darse por acreditados los requisitos para participar en el concurso.

Agrega la superintendencia que el plazo para entrega de los documentos fue ampliado hasta el día 23 de abril de 2007, por lo que no entiende por qué el demandante estima violados sus derechos fundamentales, si tuvo la oportunidad de allegar los documentos faltantes en las condiciones exigidas por las citadas normas. Estima que lo que alega no es otra cosa que su propia culpa.

Finalmente explica que el 23 de junio de 2007 el Consejo Superior de la Carrera Notarial resolvió negativamente el recurso de reposición presentado por el demandante, porque el Acuerdo 7 de 2007 fue claro en establecer que únicamente se considerarían los documentos presentados durante la etapa de inscripción. Por último, expresa que crear una excepción a las reglas generales rompería el equilibrio que se ha tratado de mantener durante el desarrollo del concurso.

1.2.3. En escrito posterior, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro hizo saber al Tribunal Superior de Bogotá que, en acatamiento a la orden impartida dentro del presente proceso, se había permitido que el señor Flechas Díaz presentara la prueba de conocimientos programada para el día 22 de julio de 2007, dentro del concurso abierto para acceso a la carrera notarial, mientras se resolvía en el fondo esta acción de tutela.

1.2.4. En un nuevo escrito allegado al expediente, el mismo jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro dio alcance al libelo mediante el cual contestó la tutela, para señalar que el demandante no podía fundar sus pretensiones en el Decreto 2150 de 1995, pues “dicha norma no puede ser aplicada para acreditar el cumplimiento de unos requisitos dentro de un concurso, cuyas bases han sido divulgadas con suficiente antelación”. Destacó también cómo en el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006, se preveía la posibilidad de presentar fotocopias de algunos documentos, pero no de todos, por lo cual sostiene que si el demandante no estaba de acuerdo con dicha reglamentación debió en su momento demandar su nulidad.

1.3. Pruebas obrantes en el expediente.

Obran dentro del expediente, entre otras, las siguientes pruebas documentales:

1. Copia del Decreto 3454 de 3 de octubre de 2006.

2. Copia del Acuerdo 1 de 2006, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

3. Copia del comprobante de inscripción del demandante, para participar en el concurso para acceso a la carrera notarial.

4. Copia de los documentos anexados al anterior formulario de inscripción.

5. Copia del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo 7 de 2007.

6. Copia de la resolución mediante la cual se resolvió el anterior recurso.

7. DVD que “reproduce el momento en que se abrió el sobre que contenía los documentos enviados por el aspirante-tutelante Jorge Alfonso Flechas Díaz”.

2. Expediente T-1754334.

2.1. Solicitud.

Lenin Francisco Saavedra Saavedra solicita al juez de tutela que proteja su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Fundamenta su demanda en los siguientes hechos y argumentos de derecho:

Hechos

1. Mediante el Acuerdo 1 de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.

2. Presentó a la convocatoria todos los documentos exigidos.

3. Fue inadmitido a dicho concurso, por cuanto se estimó que el certificado de antecedentes fiscales que allegó, expedido por la Contraloría General de la Nación, había perdido vigencia.

4. Contra la anterior resolución de inadmisión interpuso oportunamente el recurso de reposición, alegando la sin razón de la decisión y aportando un nuevo certificado de antecedentes fiscales.

5. Mediante Resolución 918 de 27 de junio de 2007, sin fundamentación razonable, se confirmó la decisión de inadmitirlo a concurso.

Fundamentos de derecho

A juicio del demandante, la anterior actuación del Consejo Superior de la Carrera Notarial desconoce sus derechos fundamentales, por las razones jurídicas que explica así:

Allegó un certificado de antecedentes fiscales que, por ser posterior a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 3454 de 2006, mediante el cual se convocó el concurso para carrera notarial, debía entenderse “vigente”.

Explica que el certificado que expide la Contraloría General de la Nación no incluye la expresión “vigente”. No obstante, el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 dispone que ningún funcionario puede posesionarse si aparece en el boletín de antecedentes fiscales, por lo cual debe entenderse que si la contraloría expidió el certificado que inicialmente allegó, de fecha posterior a la convocatoria del concurso, fue porque para esa fecha no estaba incluido en dicho boletín.

Agrega que como se desprende de lo dicho por el mismo Consejo Superior de la Carrera Notarial al resolver el recurso de reposición, tal consejo tuvo a la vista el boletín 48, vigente a partir de 2 de enero de 2007, por lo cual pudo advertir que él no se encontraba incluido en dicho boletín. Además, en la sustentación del recurso otra vez allegó un nuevo certificado.

Así las cosas, estima que la administración no reparó en la materialidad de la finalidad del concurso, que entre otros objetos pretende impedir que quienes tengan deudas o condenas fiscales participen en él. Adicionalmente, el consejo superior violó el principio de legalidad, que en lo referente al principio de eficacia en el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil perentoriamente establece que “los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales”.

2.2. Traslado de la demanda.

Admitida la demanda, de la misma se dio traslado al Consejo Superior de la Carrera Notarial. No obstante, teniendo en cuenta que, conforme lo dispone el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, las funciones de secretaría del Consejo Superior de la Carrera Notarial son cumplidas por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de su oficina asesora jurídica, la demanda fue contestada por el jefe de esta última oficina.

En su contestación, la superintendencia recuerda los principios de subsidiariedad e inmediatez que caracterizan a la acción de tutela y tras citar jurisprudencia relativa a estos asuntos, afirma que el demandante no podía pretender que por esta vía judicial se dieran por acreditados los requisitos para acceder al concurso para ingreso a la carrera notarial.

Afirma que cuando el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006 exigió como requisito para presentarse al concurso el certificado de antecedentes fiscales, si bien no se indicó que el mismo debía estar “vigente”, también es cierto que los boletines de la contraloría con base en los cuales se expide esa clase de certificados, tienen fechas de expiración, que se presentan cada tres meses.

En el caso presente, expone la superintendencia, la fecha límite para acreditar los requisitos vencía el 26 de enero de 2007, que luego se prorrogó hasta el 23 de abril del mismo año. Por lo cual, a su parecer, el certificado de antecedentes fiscales allegado por el demandante no se encontraba vigente para cuando fue remitido. No obstante, no precisa la fecha cuando se envió, ni en la que se recibió, ni la fecha en que la pérdida de vigencia habría ocurrido.

2.3. Oposición de la Procuraduría General de la Nación.

Dentro del término del traslado, la Procuraduría General de la Nación intervino para oponerse a las pretensiones de la demanda; en sustento de su posición, entre otros asuntos, explicó que la Contraloría General de la Nación fijaba unas fechas en las cuales expiraba la vigencia de los boletines expedidos por ese órgano de control, con base en los cuales, a su vez, se expiden los certificados de antecedentes fiscales.

Para analizar el caso concreto, repite textualmente los argumentos de la Superintendencia de Notariado y Registro, afirmando que el plazo máximo para allegar documentos a fin de participar en el concurso vencía el 26 de enero de 2007, que fue prorrogado hasta el 23 de abril del mismo año, por lo cual, estima que no se incurrió en violación de derechos. Sin embargo, omite precisar la fecha en que el demandante remitió el certificado de antecedentes fiscales y aquella en la que se recibió ese documento, así como la fecha en que la pérdida de vigencia habría ocurrido.

Finalmente, aduce que existen otros mecanismos de defensa judicial al alcance del actor, quien tampoco alegó que la presente acción procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que no demuestra y por ello la demanda no está llamada a prosperar.

2.4. Pruebas obrantes en el expediente.

1. Respuesta al derecho de petición elevado por el accionante ante la Contraloría General de la Nación, donde constan las fechas en las que solicitó certificado de antecedentes fiscales.

2. Copia de la Resolución 918 de 2007, mediante la cual se desató el recurso de reposición interpuesto por el demandante.

3. Copia del certificado de antecedentes fiscales, allegado al tiempo de la interposición del recurso de reposición.

II. Actuación judicial

1. Expediente T-1728786.

1.1. Sentencia de julio 24 de 2007, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Mediante sentencia del 24 de julio de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuteló a favor del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio de cargos públicos, al considerar que fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y ordenó al mencionado organismo que en un término de 24 horas, incluyera definitivamente al demandante en la lista de aspirantes admitidos al concurso notarial.

En sustento de esta decisión y tras recordar el texto del parágrafo del artículo 4º del Decreto 3454 de 2006 (1) y del artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006 (2) , emanado del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el Tribunal expresó que “siguiendo los derroteros de la Ley 962 de 2005, sobre racionalización de trámites administrativos, las personas tienen derecho, en sus relaciones con la administración pública, a abstenerse de presentar documentos en términos no exigidos por las normas legales”.

Sostuvo el Tribunal que en la convocatoria correspondiente no se hizo expresa la circunstancia de que los certificados de antecedentes debían ser allegados en original, por lo cual, al remitir fotocopia legítima, el aspirante podía entender que cumplía el requisito exigido.

Así las cosas, infirió que la inadmisión del demandante al concurso para ingreso a la carrera notarial constituyó una vía de hecho, más si se tiene en cuenta que al accionante lo amparaba el artículo 83 de la Constitución Política, conforme al cual la buena fe se presume en todo tipo de actuaciones de los particulares ante la administración pública.

1.2. Impugnación.

La anterior decisión judicial fue oportunamente impugnada por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, insistiendo en los argumentos presentados al contestar la tutela, en especial los relativos a la aplicación de los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

1.3. Sentencia de septiembre 6 de 2007, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En sentencia del 6 de septiembre de 2007, la Sala de Casación Penal revocó el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda por estimar que la alegada violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a los cargos públicos, se habría consumado con la expedición de la Resolución 584 de 2007, mediante la cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial resolvió confirmar la decisión de inadmitir al accionante al concurso de notarios.

Entendió la corporación que la acción de tutela estaba encaminada a conseguir que se declarara la invalidez de dicha resolución, propósito para el cual el accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial a su alcance, que podía ejercer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Agregó que el Decreto 3454 de 2006, como el Acuerdo 1 del mismo año, establecían claramente las exigencias que era necesario cumplir para ser admitido al concurso notarial, donde se puntualizaba con claridad qué documentos debían aportarse en original y cuáles en fotocopia, encontrándose entre los primeros los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la procuraduría y por el Consejo Superior de la Judicatura, que el demandante había allegado en fotocopia, razón por la cual la no admisión al concurso en modo alguno podía ser vista como una actuación arbitraria o caprichosa, lesiva de sus derechos fundamentales.

2. Expediente T-1754334.

2.1. Sentencia de julio 26 de 2007, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”.

En sentencia del 26 de julio de 2007, la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho al debido proceso del señor Lenin Francisco Saavedra Saavedra y, en consecuencia, ordenó al presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial que dentro del término de 48 horas, revocara el acto contentivo de la lista de inadmitidos al concurso para ingreso a la carrera notarial, únicamente en relación con el accionante, quien debía ser admitido a dicho concurso y seguir el proceso de selección, agotando todas las etapas del mismo.

Advirtió el Tribunal que la inadmisión al concurso decidida por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y confirmada al resolver el recurso de apelación, se había fundado en que el certificado de antecedentes fiscales remitido por el actor no estaba vigente, pues dicho documento había sido expedido con fundamento en el boletín 47, emanado la Contraloría General de la República, que había expirado para el 16 de enero de 2007, fecha de dicha remisión.

Recordó que en Sentencia C-877 de 2005 (3) , esta corporación señaló que la periodicidad del boletín de responsables fiscales publicado por la contraloría no implicaba la caducidad del dato recogido en él y agregó que de la normatividad aplicable y de las pruebas allegadas al expediente se colegía que el actor había presentado la documentación como lo exigía el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006, y si bien el certificado de antecedentes fiscales aportado correspondía a los datos que arrojaba un boletín que había perdido vigencia, no era menos cierto que la citada disposición no exigía expresamente la vigencia de ese documento.

Manifestó que adicionalmente la Corte Constitucional había establecido que el certificado de antecedentes fiscales no tenía una fecha de caducidad, pues las normas pertinentes solo hablaban de la periodicidad del boletín y el actor posteriormente había aportado un nuevo certificado correspondiente al boletín 49, que ratificaba la información contenida en el primer certificado allegado.

Por todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el derecho al debido proceso del actor ciertamente había sido vulnerado, indicando que lo pertinente en el caso materia de estudio habría sido que la administración hubiera dado aplicación a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 del Decreto 2150 de 1995, a saber:

“ART. 16.—Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información.

PAR.—Las entidades de la administración pública a las que se les solicite información darán prioridad a la atención de dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor a 10 días y deberán establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir la información.

ART. 17.—Antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios y profesionales. Cuando las entidades de la administración pública requieran la presentación de los antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales acerca de un ciudadano en particular deberán, previa autorización escrita del mismo, solicitarlos directamente a la entidad correspondiente. Para este efecto, el interesado deberá cancelar los derechos pertinentes si es del caso”.

2.2. Impugnación.

La anterior decisión fue oportunamente impugnada tanto por la Procuraduría General de la Nación, como por la Superintendencia de Notariado y Registro.

2.2.1. Impugnación de la Procuraduría General de la Nación.

Sostiene la procuraduría que la orden dada por el a quo de revocar respecto del tutelante la decisión de inadmisión al concurso y permitirle que siguiera en el proceso, agotando todas las etapas del mismo, se presenta como un mecanismo de protección extemporáneo, ya que la sentencia impugnada fue expedida el 26 de julio de 2007 y, no obstante, la prueba de conocimientos practicada dentro del proceso del concurso para acceso a la carrera notarial se llevó a cabo el 22 de julio de la misma anualidad. Así las cosas, a la fecha el actor no puede continuar dentro del proceso del concurso, por no haber presentado dicha prueba de conocimientos. A juicio de la procuraduría, la anterior circunstancia hace que la presente acción de tutela se torne improcedente y que al actor solo le quepa la posibilidad de lograr el resarcimiento del daño que le fue ocasionado, acudiendo para ello a las acciones ordinarias.

2.2.2. Impugnación de la Superintendencia de Notariado y Registro.

A través de la oficina asesora jurídica, la superintendencia impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando que se revoque la decisión de primera instancia, apoyada en el carácter subsidiario de la acción de tutela y en otros argumentos que había expuesto al contestar la demanda, por lo cual resulta innecesario repetirlos ahora. No obstante, agrega que casos similares al presente fueron fallados negativamente o considerados improcedentes por diversos tribunales del país; al respecto, cita nueve providencias concretas que fueron resueltas de esa forma.

2.3. Sentencia de septiembre 13 de 2007, de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2007, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, rechazó por improcedente la respectiva acción de tutela, al considerar que solo estaba llamada a proceder cuando el interesado no tuviera a su disposición la acción ordinaria, a menos que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Según reiterada jurisprudencia de esa corporación, la tutela procedía para amparar derechos fundamentales constitucionales, “ante su real y efectiva vulneración o posible amenaza, y no para obtener la declaración de los mismos”.

Para esa corporación, dada la existencia de mecanismos de defensa judicial alternos, era menester estudiar si se presentaba la inminencia de consumación de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de amparo, situación que concluyó no existía, toda vez que “los hechos que se exponen atentatorios de los derechos fundamentales del actor no requieren medidas urgentes, inmediatas ni impostergables”.

Advirtió que en el caso bajo estudio los actos administrativos cuestionados no podían calificarse como constitutivos de perjuicio irremediable y “no se ha demostrado que la decisión adoptada sea resultado del ejercicio irregular o arbitrario por parte de la autoridad al ejercer sus competencias”. Además, el demandante no estaba reclamando un derecho adquirido, sino una expectativa de ingreso a la carrera notarial.

III. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer de los asuntos de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

En el presente caso, la revisión se adelanta en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto y la acumulación, verificados en la forma establecida por el reglamento de la corporación.

2. Problema jurídico.

2.1. Los actores estiman que sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio de funciones públicas fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al no haberles admitido a participar en el concurso público y abierto para nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial; el primero de ellos, Jorge Alonso Flechas Díaz, sostiene que la alegada violación proviene de no haberle aceptado fotocopia de los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y por el Consejo Superior de la Judicatura; el segundo, Lenin Darío Saavedra Saavedra, estima que el quebranto se produce por no haber allegado un certificado vigente de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la Nación, cuando la realidad fácilmente comprobable era que en todo momento, antes, durante y después de su proceso de inscripción al concurso, él nunca figuró ni ha figurado en el mencionado boletín de responsables fiscales de esa entidad de control, que es de público conocimiento.

2.2. En el primer caso, la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, en ejercicio de las funciones de secretaría del Consejo Nacional de la Carrera Notarial, se opuso a la tutela afirmando que conforme a las normas legales, en especial al Código de Procedimiento Civil, la regla general es que las pruebas documentales deban constar en documentos originales o copias auténticas, lo cual rechaza el demandante afirmando que, contrario a esto, las normas legales especiales que regulan el ejercicio de la función pública, fundadas en el principio constitucional de la buena fe, permiten a los particulares en sus actuaciones ante la administración, aportar tales pruebas en fotocopia, por lo cual resultaba ilegítima la exigencia de allegar los mencionados certificados en original.

En el segundo caso, la misma oficina y también la Procuraduría General de la Nación, que intervino dentro del proceso, manifestaron su oposición a la tutela al considerar que los certificados de antecedentes fiscales se expiden con fundamento en el boletín de responsables fiscales que publica la Contraloría General de la Nación, el cual tiene una vigencia que a su vez determina la de aquellos certificados y en el caso de autos el certificado aportado por el actor había perdido vigencia, al haberse allegado cuando ya se había publicado un nuevo boletín.

2.3. En los fallos de primera instancia fueron aceptados los argumentos de las demandas para proteger los derechos de los actores, ordenando se les permitiera continuar dentro del proceso del concurso. En cambio, en las sentencias de segunda instancia las acciones fueron estimadas improcedentes, dada la existencia de mecanismos alternos de defensa judicial al alcance de los actores, considerando además que no había vulneración de derechos fundamentales.

2.4. Así las cosas, corresponde a esta Sala establecer, en primer lugar, si las acciones de tutela resultan procedentes o no, sabida la existencia de mecanismos alternos de defensa judicial al alcance de los demandantes, aptos para oponerse a los actos administrativos mediante los cuales se les inadmitió al concurso para acceso a la carrera notarial. Si tal procedencia fuera establecida positivamente, correspondería a la Sala determinar si las exigencias de aportar (i) originales de certificados de antecedentes disciplinarios y (ii) certificados de antecedentes fiscales “vigentes”, frente a la actualización periódica del boletín de responsables fiscales, constituye vía de hecho que lesiona los derechos fundamentales cuya protección invocan los demandantes.

3. Presupuestos procesales de la acción de tutela.

Como cuestión previa, debe la Sala abordar el asunto de la procedencia de las acciones acumuladas, esto es, determinar si se dan las circunstancias generales que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela, en cuanto se cumplan sus presupuestos procesales.

3.1. El primer presupuesto procesal de la acción de tutela exige que haya sido interpuesta para la defensa de un derecho fundamental, a cuyo propósito es necesario recordar que, conforme lo prescribe el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Política, “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Por tal razón, en las actuaciones administrativas que adelantan las autoridades de la rama ejecutiva, como sucede en este caso, debe observarse la plenitud de las formas previstas en la ley para tal clase de actuaciones, so pena de que se incurra en el desconocimiento del derecho al debido proceso y de las garantías que él comprende.

Adicionalmente, los actores estiman desconocido por la actuación de la entidad accionada el derecho a acceder al ejercicio de funciones públicas, también de rango fundamental según se desprende de lo prescrito por el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución, conforme al cual todo ciudadano “tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: ... 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”.

Así pues, en cuanto la acusación principal de que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al inadmitir a los accionantes al concurso para acceso a la carrera notarial, desconoció sus derechos al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones públicas, la Sala encuentra que la presente acción efectivamente persigue la defensa de derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la actividad de la autoridad demandada, por lo cual el primer presupuesto de procedencia de la acción está cumplido en ambos casos.

3.2. El segundo presupuesto procesal de la acción de tutela se refiere a la existencia de legitimación en la causa por activa (4) , es decir, que el derecho fundamental para cuya protección se interpone sea propio del demandante o se halle dentro de las posibilidades de acción por otro normativamente admitidas. En el presente caso, cada uno de los demandantes es titular de los derechos cuya protección solicitan.

3.3. El tercer presupuesto procesal de la acción de tutela es la legitimación en la causa por pasiva, exigencia que implica que contra quien se interpone la acción sea la autoridad o el particular que vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental, lo cual en el presente asunto también está satisfecho, pues la demanda se dirige, en ambos casos, contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, autoridad pública que es responsable de pronunciarse sobre la admisión a dicho concurso, respecto de las personas que se inscribieron para participar en él.

3.4. En torno a la inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela, el presunto agravio a los derechos fundamentales del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz “se materializó con la expedición de la Resolución 548 del 23 de junio de 2007 del presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante la cual se confirmó la decisión de inadmitirme al concurso para la carrera notarial, asumida en el Acuerdo 7 del 17 de mayo de 2007...” (fl. 1, cdno. respectivo), habiendo presentado este accionante la demanda el 9 de julio de 2007.

Por su parte, el doctor Lenin Francisco Saavedra Saavedra fue notificado el 6 de julio de 2007 de la Resolución 918 de junio 27 del mismo año, mediante la cual se “desató el recurso y confirma la decisión de rechazo” (fl. 2, cdno. respectivo), incoando la acción mediante la demanda que presentó el 10 de julio de 2007.

Como se aprecia, en ambos eventos se acudió al mecanismo tutelar en lapsos breves, claramente razonables.

3.5. En cuanto al quinto presupuesto procesal que debe verificar la Sala para determinar la procedencia de la acción de tutela, esto es, la inexistencia de otro medio idóneo de defensa judicial, debe considerarse que haber incurrido dentro de actuaciones administrativas en el desconocimiento del diligenciamiento y/o de los requisitos previamente establecidos, quebrantando con ello el derecho al debido proceso administrativo y eventualmente otros derechos fundamentales, no hace procedente per se la acción de tutela, en cuanto el inciso tercero del artículo 86 superior estatuye que “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

La arbitrariedad que denuncian ambos demandantes se habría producido por la decisión del Consejo Superior de la Carrera Notarial de no admitirlos al concurso para acceso a dicha carrera, decisión que está contenida en una resolución, es decir, en un acto administrativo cuya respectiva validez pudo opugnar cada uno de los accionantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como bien fue definido en sendas determinaciones de segunda instancia.

En efecto, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta posible controvertir la legalidad de la decisión tomada por dicho consejo. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo consagra el citado mecanismo de protección judicial en los siguientes términos:

“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”.

Esta circunstancia, en principio, hace improcedentes las presentes acciones, ya que, como reiteradamente lo ha dicho esta corporación, “el carácter subsidiario de la acción de tutela a que se refiere el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución... supone que ella no procede en lugar de otra acción existente para los mismos efectos, ni al tiempo con la misma, o después de ella. Solamente procede a falta de la otra acción. De ahí que la acción no pueda utilizarse para reemplazar otros medios de defensa, para adicionarse coetáneamente a ellos, como instancia posterior cuando han sido utilizados, como recurso contra providencias de otros procesos, o como recurso para resucitar términos procesales prescritos o caducados...” (5) .

Sin perjuicio de lo anterior y no obstante hacer constar que uno y otro actor, titulados en derecho, han podido incoar la referida actuación contencioso administrativa, es necesario tomar en consideración que la jurisprudencia también ha hecho ver que existen dos supuestos excepcionales en los cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance de los interesados.

La primera de estas excepciones, prevista directamente en el precitado artículo 86 de la Constitución, se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta corporación (6) .

Ahora bien, tratándose de conflictos suscitados con ocasión del agotamiento de los concursos para proveer cargos públicos o para acceder al ejercicio de funciones públicas, esta Corte ha llegado a estimar que las acciones ordinarias al alcance de los peticionarios no son suficientemente aptas para lograr la protección de sus derechos, por lo cual la tutela vendría a ser adecuada:

“Esta Corte ha precisado que: “... En el ordenamiento jurídico colombiano los mecanismos que se pueden interponer... para desvirtuar la legalidad de un acto administrativo son la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho, consagradas en los artículos 84 y 85 del CCA, y además, es posible solicitar de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución, desarrollado por el artículo 152 del CCA, la suspensión provisional del acto administrativo cuando este se opone manifiestamente a la Constitución o a la ley, causa un agravio injustificado a una persona o es contrario al interés público o social...” (7) .

Los citados instrumentos jurídicos se ejercen ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual tiene como objeto primordial, previa solicitud del interesado, efectuar la revisión de legalidad de todos los actos administrativos, a la vez que repara los daños sufridos por los particulares.

De suerte que ante acciones instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no puede asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como una autorización de la ley para sustituir al contencioso administrativo en la definición sobre la validez de aquellos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción...” (Sent. T-203/93, M.P. José Gregorio Hernández).

No obstante, la Corte ha sostenido que, aun a pesar de existir otros mecanismos de defensa judicial, la realidad formal de estos, no implica por sí mismo que la tutela deba ser decretada improcedente.

Así lo sostuvo en la Sentencia SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al considerar que: ‘... en cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles, de resolver el problema de manera integral...’, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales.

En este sentido, tratándose de conflictos suscitados en relación con el agotamiento de los concursos para proveer cargos públicos, la Corte ha sostenido que las acciones contenciosas carecen de la eficacia necesaria para otorgar un remedio integral y eficaz, y que por lo tanto, resulta admisible la tutela, incluso de manera directa y plena, pues en dichos eventos la duración del proceso contencioso haría nugatorio durante dicho lapso el derecho ciudadano ‘a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político’, concretamente, en el aspecto referido al desempeño de funciones y cargos públicos.

En tal sentido, sostuvo: ‘También en reiterada jurisprudencia y acogiendo el mandato contenido en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, esta corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la práctica, ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado, la reelaboración de la lista de elegibles y muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo y con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de ‘acceder al desempeño de funciones y cargos públicos...’ (8)(9) .

De tal manera, frente a probables observaciones que pudieren tejerse en torno a la seguridad jurídica, la confianza legítima y la igualdad, y en la hipótesis de que esa vía normal de la acción de nulidad y reestablecimiento del derecho habría sido resuelta después de que los demás concursantes fueren calificados y los ganadores designados para el ejercicio de la función notarial, es decir, después de que se hubiera reconocido en cabeza de terceros derechos de contenido particular y concreto, esta Sala apreciará de fondo las demandas de tutela que han sido acumuladas en el presente expediente.

4. Análisis material de las presentes acciones.

4.1. Exigencia de certificados originales de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura.

Jorge Alonso Flechas Díaz (Exp. T-1728786) considera que el Consejo Superior de la Carrera Notarial violó sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones públicas, al no haberlo admitido a participar en el concurso de la carrera notarial, por no acompañar a su inscripción los certificados originales de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

La accionada se defendió afirmando que actuó legalmente, pues en su parecer tanto el Decreto 3454 de 2006, que reglamentó la Ley 588 de 2000 sobre servicio notarial, como el Acuerdo 1 de 2006, que convocó a concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera, no autorizaron la presentación de tales documentos en fotocopia, siendo por tanto inviable la tutela, además porque que el accionante al ser conocedor de tal situación estaría alegando su propia negligencia para obtener la inscripción, cuando pudo haberlos presentado dentro del amplio plazo concedido por dicha entidad.

No habiéndose aceptado por los restantes integrantes de la Sala el proyecto que en este punto presentó el señor magistrado ponente, se explica a continuación la determinación a tomar.

4.1.1. El parágrafo del artículo 4º del Decreto 3454 de 2006, que reglamentó la Ley 588 de 2000, sobre ejercicio de la actividad notarial, dispuso que quienes desearan participar en el concurso para notario, una vez diligenciado el formulario de inscripción, debían remitir, además de los requisitos señalados en esa norma, los siguientes documentos:

“... certificación sobre conducta y antecedentes en donde conste la situación o definición de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República y copia del pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad” (no está resaltado en el texto original).

Por su parte, el Acuerdo 1 de 2006, por el cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, determinó en su artículo 10 los documentos que debían adjuntar los aspirantes a la solicitud de acreditación de cumplimiento de requisitos generales, de la siguiente manera:

ART. 10.—Acreditación del cumplimiento de requisitos generales. El aspirante acompañará a su solicitud de acreditación de requisitos los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

2. Fotocopia del certificado sobre antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y refrendación.

3. Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación.

4. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

5. Certificado de inscripción al concurso.

6. Para quienes sean abogados, certificado de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

No serán recibidas las solicitudes de acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su solicitud completa dentro del plazo fijado por el consejo superior” (no está resaltado en el texto original).

De la lectura de las anteriores disposiciones se infiere, como resulta obvio por su propia naturaleza, que solo dos de los documentos allí relacionados podían ser aportados en fotocopia por los aspirantes a notario: la cédula de ciudadanía y el certificado judicial del DAS, pues en forma taxativa e inequívoca señalaron cuáles documentos se debían presentar en copia o fotocopia y cuales en original, figurando entre estos últimos los certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura.

4.1.2. Para la Sala la exigencia de tales certificaciones en original resulta razonable, pues permite que el Consejo Superior de la Carrera Notarial al realizar la selección, pueda establecer con toda certeza que la persona que pretende ingresar a la carrera de notario está habilitada para desempeñar la función pública fedataria, al no recaer sobre ella sanción disciplinaria alguna, con certificados que específicamente han de ser solicitados para ese fin concreto, a diferencia de lo que ocurre con la cédula de ciudadanía y el certificado vigente sobre antecedentes judiciales expedido por el DAS.

Al respecto, cabe recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 588 de 2000, “quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario “ (10) (no está resaltado en el texto original), lo cual significa que el mencionado consejo al definir los parámetros y procedimientos dentro de los cuales se desarrollaría el concurso de notarios, estaba plenamente autorizado para exigir documentos originales que permitieran acreditar, entre otras circunstancias, la ausencia de inhabilidades, como en efecto lo hizo al expedir el Acuerdo 1 de 2006, cuyo artículo 10 dio alcance al citado artículo 4º del Decreto 3454 de 2006.

Se trata, en verdad, de severos requisitos que, como lo ha precisado esta Corte, forman parte de un sistema normativo especial integrado por reglas “más exigentes”, que guardan correspondencia con la finalidad perseguida con el proceso de selección de notarios. En Sentencia C-1508 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas (11) , la Corte precisó al respecto:

“En diferentes oportunidades la Corte ha sometido a su análisis la institución del notariado, y como resultado de ello ha podido elaborar un diseño doctrinario sobre dicho asunto donde se examinan temas relacionados con su naturaleza jurídica, la condición misma del notario como colaborador del Estado, el sentido y finalidad de la función fedante y el ámbito de competencias del legislador para configurar la regulación sobre la materia.

A partir de estos pronunciamientos, la corporación ha deducido las notas distintivas de la actividad notarial, que en resumen la caracterizan como (i) un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los particulares, en desarrollo del principio de descentralización por colaboración y (y) a los cuales les otorga, la condición de autoridades.

Es por estas connotaciones que la actividad notarial está sujeta a un sistema normativo especial, y por las que el notario, como gestor de dicha función, se le somete a reglas más exigentes en materia de inhabilidades que a otros particulares que también ejercen funciones públicas, pero que no tienen la importancia y trascendencia que conlleva la función fedante. Es claro que la finalidad de estas previsiones con que se rodea por la ley la actuación notarial obedece al propósito de garantizar la seriedad, eficacia e imparcialidad de dicha actividad” (no está resaltado en el texto original).

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha recalcado que cuando la Constitución en el artículo 131 estableció la obligación de implementar un concurso para el acceso al cargo de notario en propiedad, ordenó el diseño de un proceso de selección, “público, abierto, riguroso y objetivo, de manera tal que los candidatos tengan la oportunidad de demostrar, en igualdad de condiciones, cuál de ellos es el más idóneo para el ejercicio del cargo” (12) (no está resaltado en el texto original).

Igualmente ha expresado, que los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, sino que ejercen una actividad (13) que si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, ha de ser calificada como verdadera función pública (14) , a la cual se accede en propiedad mediante la realización de un concurso abierto que apunta hacia la eficacia en el desempeño de dicha función, a la vez que sienta las bases de un régimen especial de carrera, razón por la cual los requisitos y condiciones de admisión deben garantizar la escogencia de quienes por su altas calidades serán depositarios de la fe pública. Ha manifestado la Corte:

“... dado que la función notarial está relacionada con la fe pública, el concurso para el nombramiento de notarios debe estar dirigido inequívocamente a quienes mayor idoneidad presenten para el ejercicio de dichos destinos y en este sentido los concursos notariales deben contar con criterios que vayan encaminados a garantizar la esencia de la función notarial, tales como probidad, rectitud, experiencia y conocimiento del oficio(15) (no está resaltado en el texto original).

En este orden de ideas, no era entonces irrazonable ni desproporcionado exigir a los aspirantes que su solicitud de acreditación incluyera originales de documentos específicamente destinados a ese concreto propósito, como los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, siendo ello consecuente con el diseño establecido por el constituyente para la designación de notarios mediante concurso, con el cual se persigue escoger a aquellas personas que por sus calidades morales e intelectuales son idóneas y probas para el ejercicio de esa cardinal función pública.

Para la Sala, ese requisito no genera obstáculo a quien aspira a ser notario. Además, según ha señalado la jurisprudencia (16) , el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, como manifestación del derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.N., art. 40), tampoco es un derecho absoluto, estando sometido a límites que procuran la realización del interés general y a los principios de la función administrativa (art. 209, ib.) (17) , entre los cuales cabe resaltar los de igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad, que deben ser garantizados con el establecimiento de rigurosas reglas de ingreso a la función notarial.

Tales condiciones tampoco desconocen el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 superior, por cuanto la acreditación de una circunstancia como la relativa a la conducta intachable del aspirante a notario, necesariamente debe ser constatada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial con el documento público correspondiente que, para el caso, son las certificaciones que expiden los organismos que ejercen potestad disciplinaria, Procuraduría General de la Nación (C.N., art. 277-6) y Consejo Superior de la Judicatura (art. 256-3, ib.), requisito que, según se ha establecido, no es fruto de arbitrio o capricho de aquella entidad, sino que deriva directamente de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000, que ordena excluir del concurso a los aspirantes que registren antecedentes disciplinarios.

Vale precisar, en relación con este punto, que según la jurisprudencia (18) la violación al principio de buena fe se materializa cuando las entidades públicas formulan exigencias adicionales a las que han sido legalmente establecidas, lo cual no sucede en el asunto que se revisa pues, como se ha visto, la certificación en original de antecedentes disciplinarios encuentra claro fundamento legal en las normas citadas anteriormente.

Al establecer el alcance del artículo 83 superior, la Corte ha expresado que “el principio es la confianza, expresada en la presunción de buena fe, mientras que las excepciones al mismo, es decir, aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario para invertir la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en la ley” (19) . En el asunto bajo estudio no se advierte quebranto alguno a esa garantía fundamental, pues para el caso de los notarios ha quedado establecido que la exigencia de dichos certificados fue consagrada expresamente en el Decreto 3454 de 2006 y el Acuerdo 1 de 2006, en desarrollo del parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000.

Además, debe tenerse presente que la exigencia de documentos originales no está restringida legalmente, sino su autenticación, reconocimiento notarial o judicial, según dispone el artículo 1º del Decreto Ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública:

“ART. 1º—Supresión de autenticaciones y reconocimientos. A las entidades que integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente”.

Vale recordar que esta disposición fue declarada exequible en Sentencia C-340 de 1996 (ago. 1º), M.P. José Gregorio Hernández Galindo, al considerar, entre otras razones, que requisitos como los prohibidos por esa norma, “en cuanto inoficiosos, partían de una concepción preconstitucional basada en la desconfianza del Estado en la honestidad y veracidad de los particulares cuando actuaban ante él”, agregando lo que a continuación se resalta en negrilla, que es precisamente lo que sucedió en el caso del concurso notarial: “Desde luego, no significa lo anterior que a partir de la Constitución haya quedado el legislador desautorizado para exigir los requisitos y formalidades que juzgue adecuados con miras a lograr ciertos fines en toda clase de asuntos, pues las propias normas constitucionales citadas le otorgan plena competencia para ello”.

4.1.3. En ningún momento el accionante Flechas Díaz fue sorprendido con la exigencia de certificados originales de antecedentes disciplinarios, que normalmente expiden para fines específicos la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, pues como se ha visto, la obligación de acompañar esos documentos a la solicitud de inscripción al concurso notarial, fue consagrada de manera general en el Decreto 3454 del 3 de octubre de 2006 y el Acuerdo 1 del 15 de noviembre de 2006, en desarrollo de lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000.

Es de precisar, además, que el plazo para la entrega de la documentación completa vencía inicialmente el 26 de enero de 2007, pero fue prorrogado hasta el 23 de abril del mismo año mediante Acuerdo 3 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, de manera que el actor contó con tiempo más que suficiente para completar lo requerido y allegar los certificados, que debía pedir para tal efecto y, obviamente, le serían suministrados en original; al no entregarlos en tal condición, no fue admitido al concurso mediante Acuerdo 7 de 2007, dando cabal aplicación al inciso final del artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006: “No serán recibidas las solicitudes de acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su solicitud completa dentro del plazo fijado por el consejo superior”.

Con tal determinación, la entidad accionada no vulneró entonces el derecho al debido proceso del demandante, ya que de conformidad con la citada preceptiva la consecuencia jurídica de no presentar la documentación completa dentro del plazo fijado por el mencionado organismo, era la inadmisión de la solicitud de inscripción al concurso de notarios.

Tampoco fue quebrantado, por causa imputable al ente demandado, el derecho de acceder a cargos públicos, pues como tiene fijado la jurisprudencia, “quienes acceden al desempeño de funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, acordes con los supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad colectiva, sin que con ello pueda entenderse que se desconoce el derecho a participar en los asuntos públicos a que alude el artículo 40-7 superior” (20) .

Por tanto, no puede ser atendida favorablemente la pretensión del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz, en el sentido de ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial admitirlo al concurso de notarios pese a no haber allegado en tiempo la documentación completa, pues como lo ha establecido esta Corte, “en los concursos de méritos los aspirantes deben, en igualdad de condiciones, sujetarse a las reglas previamente establecidas, conocidas de manera general y que son garantía de imparcialidad para todos” (21) . Actuar de manera contraria significaría, allí sí, romper el principio de igualdad en favor de un solo aspirante, desconociendo que otros concursantes sí cumplieron a cabalidad las reglas de la convocatoria, presentando oportuna y debidamente su documentación completa ante el al Consejo Superior de la Carrera Notarial, ente encargado del proceso de selección.

4.1.4. Como el actor conocía con suficiente antelación que, de conformidad con las normas que regularon el concurso para notarios, era indispensable allegar a la solicitud de inscripción los certificados originales de antecedentes disciplinarios, esto es, tal cual eran entregados por los órganos que los expidieron, es evidente que erró al no completar la documentación exigida por el Consejo Superior de Carrera Notarial y mal puede pasar por alto su propio yerro para impetrar el amparo constitucional que, por todo lo expuesto, no está llamado a prosperar.

Esta corporación en forma reiterada ha señalado que “si los hechos que dan origen a la acción de tutela corresponden a la actuación culposa, imprudente o negligente del actor que derivó, a la postre, en la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, no es admisible que este pretenda a través de la acción de tutela obtener el amparo de tales derechos, y por lo tanto, desplazar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo a la autoridad pública o al particular accionado. Una consideración en sentido contrario, constituiría la afectación de los fundamentos del Estado de derecho y del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política” (22) . A tal conclusión llegó esta Corte luego de aplicar el principio universal derecho según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

En casos semejantes al que se analiza, la Corte Constitucional ha denegado la tutela al verificar que los hechos que la originaron, fueron consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor. Así, en Sentencia T-470 de 2007 (jun. 12), M.P. Rodrigo Escobar Gil, negó la solicitud de amparo constitucional de quien alegaba vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad en el acceso a la carrera judicial, debido proceso, petición y prevalencia del derecho material sobre las formas, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tuvo en cuenta ciertos datos que consideraba relevantes para su clasificación dentro del concurso de méritos para el cargo de relator de una corporación nacional; consideró entonces que la omisión alegada tuvo como causa el descuido del peticionario, quien no presentó la documentación completa en la oportunidad prevista para tal efecto. Sostuvo la Corte:

“... la aplicación de las normas de la convocatoria en relación con la oportunidad en la que debe presentarse la documentación que acredite la experiencia que se pretenda hacer valer en el concurso debe ser estricta, aun cuando ello pueda dar lugar a que no se asigne puntaje por tiempo de experiencia profesional con el que efectivamente cuenten los concursantes. En criterio de la Corte, esa consecuencia es legítima, pues es resultado de la omisión del concursante y no de un proceder arbitrario de la entidad administradora del concurso. En este caso, la Sala concluye que los concursantes tenían la carga de presentar, de manera clara, oportuna y con los respectivos soportes, los elementos que permitieran establecer su experiencia adicional. Sin embargo, el accionante no allegó de manera oportuna certificación sobre la fecha de terminación de estudios de su carrera de derecho, ni solicitó que para acreditarla se tuviese en cuenta la constancia que reposaba en el registro nacional de abogados, así como tampoco solicitó oportunamente que su experiencia profesional le fuese contabilizada desde esa fecha. Por consiguiente, no puede considerarse que la actuación de la Sala Administrativa haya sido un acto arbitrario y lesivo de los derechos fundamentales del accionante” (no está resaltado en el texto original).

En la precitada Sentencia T-547 de 2007, la Corte se pronunció en el mismo sentido, en relación con la tutela que presentó un aspirante al concurso de méritos para los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de los distritos judiciales de Cali, Buga y del Distrito Judicial Administrativo del Valle del Cauca, convocado en el año 2006 por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Encontró que al inadmitirlo a dicho concurso, la accionada no había vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del desempeño de funciones y cargos públicos, por cuanto el actor había “olvidado” firmar la declaración juramentada contenida en el formulario de inscripción, según la cual, manifestaba no encontrarse incurso en ninguna causal legal o constitucional de inhabilidad para el nombramiento, o de incompatibilidad para el ejercicio del cargo para el cual se postuló. En ese pronunciamiento, esta corporación reiteró la mencionada doctrina al expresar:

“... el principio general del derecho según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de que los hechos que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor... quedó demostrado que los hechos que fundamentan la presente acción de tutela no son responsabilidad de la corporación judicial accionada, sino que por el contrario son el resultado del comportamiento omisivo del actor...”.

En el asunto en revisión existe una situación semejante a la examinada por la Corte en los pronunciamientos anteriormente reseñados, pues el actor Jorge Alonso Flechas Díaz reconoce no haber presentado dentro del término estipulado la documentación completa, ya que omitió aportar los certificados originales de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales vino a allegar tardíamente cuando sustentó el recurso de reposición contra el Acuerdo 7 de 2007 que lo inadmitió al concurso de notarios. En la demanda de tutela consta ese hecho, en los siguientes términos (fl. 2, cdno. respectivo):

“En dicho recurso demostré que en la documentación remitida por mí en las dos oportunidades sí anexé, debidamente relacionados en los numerales 4º y 7º, el ‘certificado especial de antecedentes 5915298 expedido por la Procuraduría General de la Nación folio 4’ y el certificado de antecedentes disciplinarios de abogados expedido por la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura folio 7 y al mismo tiempo, para efectos del recurso, anexé los documentos originales, demostrando además que estos tenían fecha anterior al cierre de la inscripción y por tanto ello probaba no solo los tuve (sic) en mi poder antes de esa fecha, sino además que sí los anexé en las dos oportunidades en que envié la documentación, aunque en fotocopia simple” (no está resaltado en el texto original).

4.1.5. En cuanto respecta a la supuesta vía de hecho en que habría incurrido el presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial al expedir la Resolución 584 del 23 de junio de 2007, mediante la cual confirmó la decisión de inadmisión al concurso, encuentra la Sala que tal decisión es correcta, observándose que la principal consideración tenida en cuenta para confirmar la negativa de inscripción, consistió en que “al revisar nuevamente la documentación el recurrente aportó el certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, en fotocopia simple” (no está resaltado en el texto original).

En las motivaciones de dicho acto se señaló, además, que no podía otorgarse valor probatorio, en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a las fotocopias aportadas por el accionante, pues “no fueron autorizadas por ningún funcionario, ni autenticadas por notario, ni fueron compulsadas en el curso de inspección judicial”, consideración que para la Sala carece de trascendencia si se tiene en cuenta que el razonamiento no estaba orientado a reforzar el argumento principal que sustentó la confirmación, sino a comentar que los mencionados documentos, cuya presentación se exige en original, también podían adjuntarse en copia o fotocopia con constancia de autorización, autenticación o compulsación, cita que fue probablemente imprecisa, pero sin entidad como para afirmar que quien profirió el acto administrativo desconociere la ley en perjuicio del actor.

4.1.6. Por todo lo expuesto, la Sala de Revisión confirmará la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2007 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo dictado el 24 de julio de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y negó las pretensiones de la demanda, quedando demostrado que el Consejo Superior de la Carrera Notarial al no inscribir al doctor Jorge Alonso Flechas Díaz al concurso de notarios, no incurrió en violación de derecho fundamental alguno.

4.2. La “vigencia” de los datos contenidos en el boletín de responsables fiscales, y la exigencia de aportar certificados de antecedentes fiscales “vigentes”.

4.2.1. Como se precisó anteriormente, el demandante Lenin Darío Saavedra Saavedra (Exp. T-1´754.334) fue inadmitido al concurso de ingreso a la carrera notarial, por cuanto se estimó que el certificado de antecedentes fiscales que allegó, expedido por la Contraloría General de la Nación, había perdido vigencia.

Este actor allegó oportunamente un certificado, pero que había sido expedido con fundamento en el boletín 47 de la contraloría, que para la fecha de inscripción del aspirante (ene. 16/2007) no se encontraba actualizado, pues ya se había expedido un nuevo boletín, 48, publicado el día 2 de enero de ese mismo año.

La entidad demandada afirma que aunque el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006 exige como requisito el certificado de antecedentes fiscales sin expresa indicación de que debe estar “vigente”, ha de tenerse en cuenta que los boletines de la contraloría con base en los cuales se expide tal clase de certificados tienen fecha de expiración, que se presenta cada tres meses, de lo cual se infiere que el certificado exigido debe ser el “vigente”.

4.2.2. A juicio unánime de la Sala, le asiste razón a la entidad demandada. Ciertamente, el artículo 10 del Acuerdo 1 de 2006, por el cual se convocó al concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera notarial, dentro de los documentos que ordenó acompañar a la solicitud de inscripción incluyó el certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República; documento que, por razones obvias, debe ser el expedido con base en el último boletín de responsables fiscales emanado de esa entidad, y no en uno anterior que no contenga información actualizada.

La única forma de aproximarse a la certeza respecto de la no inclusión de una persona en dicho boletín radica en conocer el último número del mismo, pues de lo contrario la entidad interesada en verificar la inexistencia de antecedentes fiscales corre el riesgo de atenerse a una información desactualizada y admitir al concurso o dar posesión a una persona inhabilitada, con las sanciones que este hecho acarrea, de conformidad con lo reglado por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 (23) .

Debe entenderse que la finalidad del certificado en cuestión emana de la necesidad de contar al momento de decidir con suficiente información fidedigna y actual de unas calidades, que garanticen que quienes sean incluidos en carrera notarial muestren las mayores probabilidades de rectitud e idoneidad, siendo indicativo especialmente de lo primero y para el caso, que no se hubiere proferido y ejecutoriado en contra del aspirante algún fallo con responsabilidad fiscal y no se haya satisfecho la obligación allí contenida, resultando inexorable a esos efectos que la certificación abarque hasta el último momento, lo cual se logra, en lo posible, con la observación del más reciente boletín trimestral de responsabilidades fiscales.

Así, la exigencia del Consejo Superior de la Carrera Notarial, relativa a presentar certificado de antecedentes fiscales “vigente”, en nada resulta inconstitucional, sino que, antes bien, responde al cumplimiento de un deber de verificación, en desarrollo de los principios superiores de transparencia y moralidad en el ejercicio de la función pública.

Por las razones expuestas, también ha de ser denegada la tutela de los derechos fundamentales que demandó el señor Lenin Darío Saavedra Saavedra, a cuyo fin será modificado el fallo de septiembre 13 de 2007, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que al revocar la decisión de amparo adoptada en julio 26 de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sustentó y determinó el rechazo de la acción de tutela, al estimarla improcedente en cuanto existe otro medio judicial de defensa y no se demostró un perjuicio irremediable.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2007 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo dictado el 24 de julio de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda de tutela (Exp. T-1''728.786), por cuanto el Consejo Superior de la Carrera Notarial al negar la inscripción de Jorge Alonso Flechas Díaz al concurso de notarios, no incurrió en la demandada violación de derechos fundamentales.

2. MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2007 por la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que revocó el fallo dictado el 26 de julio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y en su lugar rechazó por improcedente la acción de tutela (Exp. T-1''754.334) incoada por Lenin Darío Saavedra Saavedra contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la cual se decide DENEGAR, al no haberse incurrido en la demandada violación de derechos fundamentales.

3. Por secretaría general líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Marco Gerardo Monroy Cabra, con salvamento de voto—Nilson Pinilla PinillaHumberto Antonio Sierra Porto.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general.

(1) Decreto 3453 de 2006. “ART. 4º—... PAR.—Quienes deseen participar en el concurso, una vez diligenciado el formulario de inscripción, deberán remitir, además de los requisitos señalados en este artículo, los siguientes documentos: certificación sobre conducta y antecedentes en donde conste la situación o definición de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, y copia del pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad”.

(2) Acuerdo 1 de 2006. “ART. 10.—Acreditación del cumplimiento de requisitos generales. El aspirante acompañará a su solicitud de acreditación de requisitos los siguientes documentos: 1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía página 28 de 34, del acuerdo de convocatoria. 2. Fotocopia del certificado sobre antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y refrendación. 3. Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación. 4. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 5. Certificado de inscripción al concurso. 6. Para quienes sean abogados, certificado de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. No serán recibidas las solicitudes de acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su solicitud completa dentro del plazo fijado por el consejo superior”.

(3) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Cfr. T-1191 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras sentencias.

(5) T-1203 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(6) Cfr. entre otras, las sentencias T-414 de 1992 y SU-961 de 1999.

(7) T-383 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) T-388 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

(9) T-033 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(10) C-373 de 2002 (mayo 15), M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta sentencia, la Corte declaró exequible el segmento “o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970”.

(11) En este fallo la Corte declaró la exequibilidad de la incompatibilidad entre el ejercicio de la función notarial con toda intervención en política, distinta del ejercicio del sufragio, prevista en el artículo 10 del Decreto 960 de 1970.

(12) C-153 de 1999 (mar. 10), M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) T-634 de 2007 (ago. 15), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(14) C-741 de 1998 (dic. 2), M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido, C-574 de 2003 (jul. 15), M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(15) C-097 de 2001 (ene. 31), M.P. Fabio Morón Díaz.

(16) C-509-94 (nov. 10), M.P. Hernando Herrera Vergara y C-558-94 (dic. 6), M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(17) C-373 de 2002 (mayo 15), M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(18) T-460 de 1992 (jul. 15), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(19) T-460 de 1992.

(20) C-311 de 2004 (mar. 31), M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(21) T-470 de 2007 (jun. 12), M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(22) T-547 de 2007 (jul. 19), M.P. Jaime Araújo Rentería.

(23) “ART. 60.—Boletín de responsables fiscales. La Contraloría General de la República publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.

Para efecto de lo anterior, las contralorías territoriales deberán informar a la Contraloría General de la República, en la firma y términos que esta establezca, la relación de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, así como de las que hubieren acreditado el pago correspondiente, de los fallos que hubieren sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de las revocaciones directas que hayan proferido, para incluir o retirar sus nombres del boletín, según el caso. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta.

Los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, de dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995 para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”.

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