•Sentencia T-243 de abril 16 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-202 389

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez

Peticionario: Arturo Navas Talero, en representación de su hija menor Angela Viviana Navas contra el Colegio de La Presentación de Tunja.

Santafé de Bogotá, D.C., abril dieciséis de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «1. Derechos constitucionales y manuales de convivencia

La tarea educativa debe partir del supuesto de su finalidad netamente humana, en cuanto el objetivo primordial de la educación es la formación de la persona, titular de un ámbito propio de libertad que debe respetarse. La misión y el deber de los educadores, conforme a la Constitución, es la de formar a la persona en los principios, valores y reglas de vida que garanticen las condiciones propicias para su desenvolvimiento posterior en la sociedad, sin invadir ese espacio de libertad. En este sentido, la jurisprudencia constitucional es clara en señalar, que la autonomía de que gozan los planteles educativos no es absoluta, pues esa discrecionalidad está limitada por la Constitución y la ley, además de que ser su naturaleza compleja en la medida que implica la cohabitación de derechos, los cuales en cuanto sean derechos fundamentales, no pueden ser afectados en su núcleo esencial.

De conformidad con el artículo 95, numeral 1º de la Carta Política, en toda comunidad la convivencia de sus miembros implica al mismo tiempo, el ejercicio de ciertos derechos como también la obligación de cumplir determinados deberes. En el caso específico de la comunidad educativa, esas reglas de convivencia se consignan en los respectivos reglamentos, ahora denominados “manuales de convivencia”, para cuya adopción los planteles educativos gozan de un grado importante de autonomía.

Sin embargo, la misma jurisprudencia ha ido delimitando la esfera de esa autonomía en cuanto se refiere a los reglamentos educativos en materia tales, como las creencias religiosas, la igualdad y no tratos discriminatorios (por embarazo, convivencia en unión libre, homosexualidad), protección especial para personas que se encuentren en estado de debilidad manifiesta (problemas de discapacidad), el derecho de autonomía personal, entre otros, de manera que se logre un equilibrio entre la autonomía de las directivas, los derechos constitucionales y los deberes de la comunidad educativa.

Así mismo, no sólo los reglamentos y manuales de convivencia de los establecimientos educativos deben estar conformes con el ordenamiento constitucional, sino que con el fin de garantizar el debido proceso y el respeto por los citados principios, valores y derechos fundamentales, las obligaciones y facultades a cargo de la comunidad educativa deben estar contemplados en forma expresa, de manera que de no estarlo, no es posible aplicarlos subjetiva y unilateralmente, pues en tal caso se quebranta el debido proceso del estudiante.

Sobre el particular, ha afirmado esta Corte:

“Las faltas y procedimientos disciplinarios constituyen uno de los temas fundamentales cuya regulación corresponde a los manuales de convivencia. Si bien el ejercicio de las potestades sancionatorias de los colegios está amparado por la autonomía antes mencionada, la cual les permite aplicar un grado considerable de discrecionalidad a la hora de juzgar las faltas cometidas por los estudiantes e imponer las sanciones que correspondan, éste se encuentra sometida a las garantías que comporta el derecho fundamental al debido proceso”.

(...).

“Los manuales de convivencia deben ser la expresión y garantía de los derechos de los asociados, enriquecidos y expresados en un contexto claramente educativo, más aún cuando la Corte “ha subrayado, en reiteradas oportunidades, que los manuales de convivencia y demás reglamentos educativos son, en alguna medida, un reflejo mediato de las normas superiores, razón por la cual su validez y legitimidad, depende de su conformidad con las mismas”. Con fundamento en el artículo 95 inciso primero de la Constitución, así como los estudiantes tienen derechos y obligaciones que cumplir, también los establecimientos educativos, deben “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” dentro del ambiente comunitario, a la hora de consolidar los manuales de convivencia(1).

La exigencia a los alumnos de unas reglas mínimas de convivencia resulta acorde con sus propios derechos —además de legítima— cuando aquéllas se encuentran previstas de manera expresa en el correspondiente manual, reglamento que es aceptado por los miembros de la comunidad educativa (estudiante, padres, directivas y educadores) al momento de vincularse el alumno al plantel. “Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como nadie puede forzarlo a ingresar al plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables sanciones, es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor”(2).

(1) Sentencia T-459/97. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre este tema, se pueden consultar entre varios fallos de esta Corte, las sentencias T-043/97, T-366/97, T-393/97, T-101/98, T-656/93 y T-193/98.

(2) Sentencia T-366/97. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

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