Sentencia T-249 de junio 1º de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS JUECES

NO SE EXTIENDE AL CONTENIDO DE SUS PROVIDENCIAS

EXTRACTOS: «Esta Sala de Revisión de Tutelas, considera que cuando determinada po-sición jurídica ha sido analizada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional —artículo 243 de la C.P.—, no es dable apartarse de los criterios expresados en la misma providencia de la Corporación.

De ahí que para los efectos de resolver el asunto sometido a la consideración y decisión de la misma, deba necesariamente acatarse y tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia Nº C-417 del 4 de octubre de 1993, con ponencia del magistrado doctor José Gregorio Hernández Galindo, acerca de la autonomía funcional de los jueces en la interpretación de las normas jurídicas dentro de su misión constitucional de administrar justicia.

Dijo la Corte en dicha providencia, lo siguiente:

“Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno.

Ahora bien, si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución.

Sobre esta autonomía la Corte Constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:

“El principio democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta. Aun cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su criterio personal en relación con el asunto controvertido. De ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y, además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios.

“Téngase presente que en el Estado de derecho no son admisibles las atribuciones implícitas ni las facultades de alcance indeterminado, lo cual equivale al rechazo del acto proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por norma positiva para actuar en la materia correspondiente (artículos 6º, 122 y 123 de la Constitución).

“De este postulado se concluye con facilidad que en el campo de la administración de justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo revestido de jurisdicción y competencia. Ya que la segunda tiene a la primera por presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la competencia para fallar en el caso concreto” (cfr. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992).

Estos principios deben reafirmarse ahora, pues habiendo establecido el constituyente ramas y jurisdicciones autónomas y separadas (títulos V y VIII de la Constitución) y dadas las características de desconcentración y autonomía con las cuales el ar-tículo 228 de la Carta ha distinguido la función judicial, de ninguna manera encajaría dentro de la normativa fundamental un sistema que permitiera a un juez de jurisdicción distinta, o a órganos o ramas diferentes, invadir la esfera de esa autonomía funcional sometiendo a juicio el fondo de las decisiones judiciales” (negrillas y subrayas fuera de texto).

De lo anterior se deduce que, como expresamente lo ha advertido esta Corporación en la providencia citada anteriormente, la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho, según sus competencias.

Por consiguiente, el hecho de proferir una providencia en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar, ni puede darlo, a proceso disciplinario con carácter sancio-natorio, pues en tal caso, se desvirtuaría el sentido y la función propia de la administración de justicia, e implicaría igualmente, la creación de una instancia judicial adicional a las consagradas constitucional y legalmente.

En este sentido, según la jurisprudencia constitucional, el principio democrático de la autonomía funcional del juez, busca evitar que las decisiones judiciales no sean el resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta. Aun cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia o providencia apelada o consultada (art. 31 de la Constitución), aquél no está autorizado por las disposiciones sobre competencia funcional, para impartir órdenes a su inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada por la que estima se ajusta a las prescripciones legales, pero sin imponer su criterio en relación con el asunto controvertido. Esta es la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación, que la Sala de Revisión reitera en esta oportunidad por tratarse del mismo criterio y que, desde luego, no puede ser desconocido ni quebrantado por una Sala de Revisión de Tutela como en la presente oportunidad.

Así pues, de ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la República si la providencia por él proferida en un caso específico, quedara expuesta a criterios provenientes de otro distinto al juez competente en el proceso correspondiente y en lo que hace relación a la aplicación e interpretación de la ley.

Ahora bien, si se comprueba respecto del juez respectivo la comisión de un delito al ejercer las atribuciones que le son propias a su función, la competencia para imponer la sanción la tiene la justicia penal en los términos constitucionales, como ya se ha expresado. Ello resulta de la autonomía judicial garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución.

Por consiguiente, cabe recalcar que cuando en cumplimiento de la función de administrar justicia el juez aplica la ley, según su criterio, y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar al quebrantamiento del derecho disciplinario, dada la independencia con que debe actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional que por naturaleza le compete.

A juicio de la Corte, la interpretación y aplicación del derecho, es una consecuencia de la autonomía funcional, ya que como lo ha expuesto esta Corporación, “la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias”. La competencia del juez disciplinario, como ya se advirtió, no va hasta permitirle analizar y calificar el contenido de la decisión de jueces y magistrados, pues, como lo señala el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, corresponde a aquella Sala “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial” y en ningún momento dicha facultad abarca la de revisar el contenido de los fallos judiciales y de controvertir el análisis probatorio realizado por el juez o tribunal, que de acuerdo a su criterio jurídico ha realizado con sujeción a la ley. En caso de que el juez disciplinario considere que se han desconocido los preceptos normativos vigentes al momento de adoptarse alguna decisión judicial, debe poner en conocimiento de las autoridades penales los hechos u omisiones correspondientes a fin de que estos se analicen a efectos de que si se comprueba la comisión de un delito, se impongan las sanciones por parte de “la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria”, tal como se señaló expresamente en la sentencia Nº C-417 de 1993, de la Sala Plena de esta Corporación.

Este mismo criterio fue adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 15 de diciembre de 1994 por medio de la cual resolvió tutelar los derechos de los accionantes, en la que además advirtió que la buena fe es “elemento intencional que se presupone en las actuaciones no sólo de los particulares sino también de los funcionarios públicos”, aspecto sobre el cual reiteradamente se ha pronunciado esta Corporación, y que a juicio de la Corte Suprema de Justicia “mal puede llegarse mediante una simple inferencia de carácter contingente, esto es, siguiendo tan solo lo alegado por las partes como lo hizo la autoridad disciplinaria, a deducir la presencia de dolo específico”, criterio que comparte esta Sala de Revisión.

Además puntualizó el fallo objeto de revisión que “se incurrió así en otro defecto, también absoluto, pero esta vez de carácter orgánico, que conduce a inferir que el acto sancio-natorio frente al cual se pide la tutela, fue expedido con carencia total de competencia. Ambos defectos trajeron como consecuencia la lesión de los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y a recibir, desde la perspectiva de la Constitución y la ley, un tratamiento igualitario en el acceso de la administración de justicia disciplinaria”, lo cual efectivamente ocurre en el caso presente, por cuanto, de haberse presentado una eventual violación de las normas jurídicas a las que estaba sometida la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja al momento de proferir su decisión, su estudio corresponde a la jurisdicción penal, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la que se ha hecho referencia.

Así pues, la independencia judicial implica que las decisiones que profieren los jueces de la República en ejercicio de sus funciones, se encuentran sometidas solamente a la Constitución y a la ley. De allí que la Corte reitera la sentencia transcrita que, por tener el efecto de cosa juzgada constitucional en cuanto hace a los criterios expresados, deban mantenerse por la Sala de Revisión, pues una Sala de Revisión de Tutela como esta, no puede desconocer sino que debe respetar y acatar los criterios ya adoptados por la Sala Plena de la Corte Constitucional acerca de la misma materia y sobre la interpretación y aplicación de normas jurídicas y su análisis probatorio.

Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuesta tanto en relación con las atribuciones que corresponden a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, como respecto a las vías de hecho, es claro para esta Corporación la configuración de la misma, lo que dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia materia de revisión, tutelara los derechos fundamentales de los demandantes con base en las consideraciones consignadas en la respectiva providencia, cuyo criterio se comparte por esta Sala de Revisión».

(Sentencia T-249 de junio 1º de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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