Sentencia T-250 de junio 30 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

SERVICIO MILITAR

IGUALDAD DE TRATO

EXTRACTOS: «El servicio militar es una obligación constitucional que implica la restricción temporal de cierto ámbito de los derechos y libertades individuales. La defensa de la independencia nacional y las instituciones patrias requiere de personas debidamente preparadas, poseedoras de condiciones físicas y mentales óptimas, para enfrentar eventuales situaciones de emergencia, peligro o calamidad.

Fines del entrenamiento uniforme e igualdad formal

4. La misión confiada al Ejército Nacional exige un entrenamiento uniforme de las personas obligadas a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan. La uniformidad en el entrenamiento militar garantiza la capacidad de reacción y el cumplimiento efectivo de las órdenes superiores. Luego de su incorporación, los soldados se someten a las exigencias y condiciones propias de la educación castrense, de manera que la superación continua de sus limitaciones físicas, mediante el entrenamiento sistemático y la férrea disciplina militar, garanticen el éxito de las tareas asignadas constitucionalmente a la fuerza pública (C.P., art. 217).

Por mandato constitucional, el legislador establece las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar (C.P., art. 216). Los inhábiles relativos o permanentes están eximidos de esta obligación constitucional (L. 1ª/45, art. 21; L. 48/93, art. 27). La ley, igualmente, dispone la realización de exámenes médicos tendientes a determinar la aptitud sicofísica de las personas obligadas a prestar el servicio militar (L. 48/93, arts. 16, 17 y 18).

5. La persona declarada apta en su tercer examen médico queda obligada a cumplir el servicio militar, según el principio de igualdad en las cargas públicas. En efecto, el cumplimiento de esta obligación cívica no debe significar un sacrificio ni riesgo mayor al común para todos aquellos incorporados a filas.

No obstante lo anterior, la petente insiste en que el tratamiento indiscriminado de su hijo —obligación de ejecutar intensos ejercicios físicos— a pesar de su enfermedad, lo coloca en una situación de desigualdad frente a sus compañeros y amenaza su derecho a la vida. Por su parte, el fallador de instancia impone a las autoridades militares la obligación de brindarle al soldado Amaya Gil un trato especial, acorde con las prescripciones médicas que recomiendan reposo y la prescindencia de los factores desencadenantes de las crisis broncoespásmicas. Debe la Corte, en consecuencia, dilucidar si la pro-tección de los derechos fundamentales del hijo de la peticionaria se justifica, pese a contrariar la práctica uniforme del entrenamiento militar, que es inherente a la obligación constitucional de prestar el servicio militar.

Igualdad de trato en la prestación del servicio militar

6. El caso sub exámine sugiere la paradoja de que si el soldado Amaya Gil cumple su deber, se verá compelido a afrontar un sacrificio mayor que el soportado por sus otros compañeros. Los exámenes médicos coinciden en el diagnóstico de su enfermedad y advierten sobre la posibilidad de que se presenten crisis broncoespásmicas, como en efecto ya ha ocurrido, en caso de no evitar los factores etiológicos de esta enfermedad respiratoria.

La práctica uniforme, sin tener en cuenta las circunstancias concretas del soldado, se adecúa objetivamente a los fines del servicio militar, pero es contraria a la igualdad de trato, la cual supone un trato especial a aquellas personas que por su situación física se encuentran en circunstancias de debilidad (C.P., art. 13).

7. A diferencia de la igualdad abstracta ante la ley, la igualdad de trato es sustancial y toma en consideración las diferencias, de manera que los menos favorecidos —mental, física o económicamente— tienen derecho a una protección especial de las autoridades públicas. No solamente al legislador le está prohibido consagrar discriminaciones arbitrarias en las disposiciones que regulan situaciones generales, impersonales y abstractas. El Ejecutivo, por su parte, al aplicar el derecho, debe contribuir a la remoción de obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, lo cual supone la reducción al mínimo de los efectos de las diferencias.

La declaratoria de aptitud sicofísica hecha por las autoridades de sanidad militar el día 5 de febrero de 1993, respecto de los integrantes del sexto contingente de 1992 —que incluía al soldado Guillermo José Amaya Gil—, no se cuestiona ante esta jurisdicción ni tampoco se juzga irrazonable, por el carácter asintomático de su enfermedad, la recomendación médica que contiene, la que indica como apropiada para aquél una vida normal, atenta desde luego a evitar factores desencadenantes de episódicas crisis.

Sin embargo, los antecedentes de crisis respiratorias constituyen un factor relevante en materia del derecho del soldado Amaya Gil a recibir la misma protección y trato de las autoridades militares, debido a que su situación física lo coloca, efectivamente, en situación de desventaja. Repárese que en dos ocasiones, éste ha perdido la conciencia ante el esfuerzo que representa la ejecución de ejercicios físicos, lo cual, lejos de deberse a cobardía, obedece —según irrefutables conceptos médicos— a sus particulares condiciones de salud.

8. Ahora bien, la destinación de un soldado limitado físicamente a tareas administrativas, académicas o cívicas no es incompatible con las funciones que cumplen los batallones de apoyo logístico a la función militar. En efecto, el servicio militar tiene como uno de sus objetivos inmediatos prestar apoyo a unidades de combate. El soldado moderadamente disminuido en sus capacidades físicas puede ser destinado a cumplir tareas que no pongan en riesgo su vida en razón de sus condiciones de salud, con lo cual no se le otorga ningún beneficio sino se le garantiza la igualdad de trato consagrada como derecho fundamental en la Constitución. La obediencia y disciplina militares que garantizan la unidad de mando pueden satisfacerse a través de medios alternativos menos drásticos. De otra parte, el uso óptimo de los recursos humanos militares incorpora necesariamente una regla que postula que la máxima exigencia a los soldados en instrucción debe ser acorde con sus capacidades de manera que la mera consecución de los fines propuestos no termine por sacrificar los medios indispensables para alcanzarlos, máxime si estos están constituidos por personas.

Principio de solidaridad social y dignidad humana.

9. El deber de obrar conforme al principio de solidaridad exige, de la persona y de la sociedad en general, su contribución para la realización efectiva de los valores que inspiran el ordenamiento constitucional (C.P., preámbulo). En este cometido, las personas deben cumplir sus deberes y obligaciones en la medida de sus posibilidades. La exigencia de solidaridad social debe respetar la propia naturaleza humana de cada persona. El principio de dignidad humana se reconoce a la persona en su individualidad. Un tratamiento homogéneo, independientemente de la legitimidad de los fines, se revela inconstitucional cuando desconoce condiciones personales relevantes cuya inobservancia impone a sus destinatarios una carga pública mayor a la establecida para otras personas con iguales derechos, libertades y oportunidades (C.P., art. 13). La simple exposición de una persona con ocasión del cumplimiento de un deber, a un riesgo objetivamente mayor al que están sometidos los restantes sujetos obligados, de suyo equivale a quebrantar la igualdad en la asunción de las cargas públicas.

10. Adicionalmente, el carácter democrático y pluralista de nuestra República se aplica igualmente a su aparato militar. El respeto de la diferencia no se agota en la conmiseración o el valor retórico de los principios fundamentales sino que debe traducirse en un comportamiento tolerante y respetuoso de la dignidad e individualidad de cada persona, comenzando por sus mismas condiciones físicas.

Vulneración del derecho a la igualdad y amenaza del derecho a la vida

11. A la luz de lo expuesto, esta sala considera acertada la decisión del Tribunal de instancia consistente en denegar la pretensión de desacuartelamiento solicitada por la madre de Guillermo José Amaya Gil, procediendo sin embargo a la conciliación de los derechos y obligaciones en conflicto y a la consideración de las circunstancias especiales del caso.

La omisión de la autoridad militar objeto de la acción de tutela tuvo origen en la imposición de un rendimiento físico igual al exigido a otras personas no afectadas por notables limitaciones naturales, lo que ocasionó repetidas crisis respiratorias al soldado Amaya Gil y vulneró su derecho a una protección especial con miras a garantizarle una igualdad de trato acorde con sus particulares condiciones de salud.

La omisión del Estado igualmente amenaza el derecho a la vida del hijo de la petente. Las crisis broncoespásmicas producen efectos de significativa gravedad —oclusión parcial o total de las vías respiratorias, pérdida del sentido— que si bien no siempre tiene efectos letales tampoco pueden excluirse en absoluto, particularmente cuando a la persona afectada se la somete a una práctica de ejercicio físico intenso».

(Sentencia T-250 de junio 30 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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