Sentencia T-253 de mayo 27 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

EXTRACTOS: «El constituyente de 1991, interpretando una preocupación general relacionada con la necesidad de fortalecer la producción agrícola del país, estableció el deber del Estado de otorgar a los trabajadores agrarios los instrumentos necesarios para un mejoramiento de la calidad de vida, lo que redunda en un progreso económico nacional. Dichos instrumentos, en los términos establecidos en la Carta Política, consisten en garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, proteger especialmente la producción de alimentos y establecer condiciones especiales para acceder al crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de cosechas y de los precios (arts. 64, 65 y 66 C.P.).

Ahora bien, los instrumentos consagrados en los artículos constitucionales anteriormente citados, no son, propiamente hablando, derechos fundamentales. Se trata realmente de medios para fortalecer la eficacia, en algunos casos espe-cíficos, de un derecho preexistente, como es el caso del derecho de propiedad radicado en cabeza de los trabajadores agrarios. La razón por la cual esos instrumentos no revisten el carácter de derechos fundamentales es doble: por una parte, todo derecho fundamental es universal , es decir, lo tiene todo ser humano independientemente de cualquier consideración de tiempo, modo o lugar. No sobra agregar que las disposiciones superiores en comento hacen referencia a un ser cualificado —trabajadores agrarios— y no a uno universal. Por otra parte, los derechos fundamentales tienen la nota característica de ser reconocidos por la Constitución, y, en el evento que se analiza, los derechos invocados son creados por la Carta Política, de suerte que no son preexistentes a la legislación positiva, sino, se reitera, son establecidos por ésta.

Lo anterior no significa que los beneficios de las prerrogativas constitucionales referidas, no puedan reclamar de las entidades estatales competentes el cumplimiento de esas obligaciones. Sin embargo, esa reclamación deberá hacerse a través de los mecanismos jurídicos pertinentes, y no mediante la utilización de acciones judiciales como la tutela, encaminadas a proteger en forma directa e inmediata los derechos fundamentales de las personas.

De conformidad con lo expuesto, esta Sala debe establecer que quienes se encuentren perjudicados por la acción o la omisión de una autoridad pública, en eventos relacionados con el tema en cuestión —las garantías constitucionales al desarrollo de las labores agrícolas—, podrán acudir a la acción de tutela, únicamente si los hechos demuestran que se vulneró en forma flagrante el derecho de propiedad de los interesados, y que esta situación conlleva a atentar contra la vida, la dignidad o la igualdad de ellos. Y se repite: no es posible considerar que los instrumentos jurídicos a los que se ha hecho referencia deban ser calificados per se como un derecho constitucional fundamental, pues ello equivaldría a que se puedan crear —y no reconocer— derechos fundamentales de grupos específicos de personas, como pueden ser, por ejemplo, los deportistas, los artistas o los empresarios. Este tipo de interpretación no sólo desconoce el verdadero espíritu de los derechos fundamentales, sino que además atenta contra la estabilidad misma del Estado social de derecho».

(Sentencia T-253 de mayo 27 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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