Sentencia T-258 de marzo 5 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Séptima de Revisión

Sent. T-258, mar. 5/2001. Exp. T-382046

M.P. Eduardo Montealegre Lynett

Accionante: Jhon Jairo Acevedo Franco.

Procedencia: Juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

Dentro de la acción de tutela radicada con el número 382046, promovida por el señor Jhon Jairo Acevedo contra la Secretaría de Educación Departamental de Caldas.

Por auto del tres (3) de noviembre de 2000, la Sala de Selección Once de la Corte Constitucional, escogió para revisión el expediente de la referencia, repartido al despacho del magistrado Eduardo Montealegre Lynett.

I. Antecedentes

1. Hechos.

a) Manifiesta el actor, que se desempeñaba como docente de la escuela rural “Patio Bonito” del corregimiento de Berlín, ubicada en el municipio de Samaná (Caldas);

b) Indica que en el último año, el frente 47 del grupo guerrillero de las FARC asesinó a dos de sus hermanos, por lo cual se vio obligado a desplazarse, con toda su familia, a la ciudad de Manizales;

c) Afirma que la red de solidaridad social lo reconoció como desplazado de la violencia, no sólo a él, sino también a su pequeño hijo Jhon Anderson;

d) El demandante refiere que solicitó a la Secretaría de Educación Departamental su reubicación en el municipio de Manizales, pero que su petición fue despachada desfavorablemente. Sin embargo, precisa que luego de haber sido ubicado temporalmente en el Colegio Agrario de esta ciudad, fue trasladado a la escuela “Inmaculada” de la vereda de Fonditos, también del municipio de Manizales, donde otra docente se encontraba en una situación similar, pero advierte que allí opera el mismo frente de las FARC, y

e) En escrito allegado posteriormente, precisa que es su deseo ser trasladado a la ciudad de Manizales o a una vereda cercana.

En consecuencia, considera que sus derechos a la vida, a la integridad personal y familiar, al trabajo y a la igualdad, están siendo seriamente amenazados, por lo que solicita se ordene su traslado a una región del departamento donde no tenga influencia el frente 47 de las FARC.

2. La posición de la entidad.

En declaración rendida por la Secretaría de Educación de Manizales, la funcionaria manifiesta no conocer al accionante, pero indica que en su condición de presidente del comité especial de docentes amenazados de Caldas, debió asumir el conocimiento del caso expuesto por el señor Acevedo Franco, en donde concluyeron que no se reunían los requisitos para considerar al docente en condición de “amenazado”, decisión que se le hizo saber oportunamente.

Explica que por la situación de orden público que atraviesa el país, resulta difícil reubicar a todos los docentes en un sitio donde no se consideren amenazados y que por lo mismo, el comité que preside maneja algunos criterios para determinar si un docente en realidad está bajo amenazas, o si por el contrario ello ocurre con un pariente cercano pero no con el educador, como se concluyó en el caso del señor Jhon Jairo Acevedo.

Sin embargo, indica que para colaborar con el docente, dispusieron su traslado a la escuela “La Inmaculada” de la vereda de Fonditos, que cuenta con dormitorio, baños y puede acceder a la alimentación, además de ubicarse a unos 45 minutos de Manizales, aproximadamente. Concluye la intervención señalando que en el momento no cuentan con plazas disponibles para el traslado del peticionario.

3. Pruebas.

Del material probatorio allegado al expediente, la Corte destaca lo siguiente:

a) Copia del Acta 0222 del 27 de marzo de 2000, mediante la cual el señor Jhon Jairo Acevedo Franco tomó posesión de su cargo como docente en la escuela “Patio Bonito” (Berlín) de la zona rural del municipio de Samaná;

b) Certificados civiles de defunción de los señores Carlos Alberto y Adolfo León Acevedo Franco;

c) Copia de escritos dirigidos por el demandante al secretario de educación y al procurador departamental de Caldas, así como al comité de docentes amenazados, en los que solicita su traslado a la ciudad de Manizales, o en su defecto a un municipio cercano. El actor considera que al igual que en el caso de sus hermanos fallecidos, nada lo compromete con algún grupo armado, pero que está previniendo lo que pueda ocurrir con su vida;

d) Copia del oficio 508 de 2000, suscrito por la red de solidaridad social, por medio del cual se declara a Jhon Jairo Acevedo Franco y a su hijo Jhon Anderson Acevedo Cárdenas, como inscritos en el registro nacional de atención a la población desplazada por la violencia, y

e) Comunicado 767 de junio 7 de 2000, por medio del cual el “comité especial de docentes amenazados de Caldas” informa al demandante que en sesión del 7 de junio de 2000, resolvió no conceder la calidad de amenazado, por considerar insuficiente el material probatorio allegado y, en consecuencia, no reunirse los requisitos exigidos para tal fin.

3. Sentencia objeto de revisión.

El conocimiento de la acción correspondió, en primera instancia, al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales, que denegó la tutela mediante sentencia de septiembre 8 de 2000. En criterio del despacho, el propio solicitante aceptó no tener problemas de ningún género, ni enfrentamientos o enemistades con el grupo guerrillero de las FARC. A la misma conclusión llegó el comité de docentes amenazados, ante la ausencia de prueba que demostrara lo contrario.

El despacho destaca que pese a no reunir los requisitos para una reubicación, el docente fue trasladado a la escuela de la vereda “Fonditos”, ubicada en el municipio de Manizales, satisfaciéndose entonces la pretensión del actor.

Remitida a esta corporación, mediante auto del 3 de noviembre de 2000, la tutela fue seleccionada para revisión por la Corte.

II. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

El asunto bajo estudio.

2. Corresponde a esta Sala determinar si, teniendo en cuenta las condiciones particulares del señor Jhon Jairo Acevedo Franco y de su hijo, sus derechos a la vida y a la integridad personal están siendo seriamente amenazados, haciéndose necesaria su reubicación, o si, por el contrario, de conformidad con la jurisprudencia al respecto, no se reúnen los requisitos para proceder en este sentido. La Corte concretará su estudio al caso específico de los docentes amenazados y los mecanismos de protección previstos en tales eventos.

Amenazas contra la vida de una persona e intervención de las autoridades.

3. En reiterados pronunciamientos esta corporación ha precisado que las amenazas contra la vida pueden tener distintos niveles de riesgo, pudiendo ir desde la realización de actos que comportan un perjuicio adicional mínimo para alguien, hasta la consumación de actos de los cuales se deriva la inminencia de un atentado (1) . Igualmente, la jurisprudencia ha reconocido que la Constitución no hace distinciones y protege a todas las personas de aquellos actos que, de manera objetiva ponen en peligro su vida, sin importar el grado de afectación o la responsabilidad penal que pueda derivarse (2) .

(1) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-525 de 1992.

(2) Corte Constitucional, sentencias T-525 de 1992 y C-1131 de 2000.

4. Ahora bien, con respecto a las actuaciones de las autoridades en estos eventos, y específicamente cuando se evidencian amenazas contra la integridad de una persona, la Corte ha dicho que “actos de la administración que de ordinario son ampliamente discrecionales —como la autorización de un traslado o una comisión, o la asignación de labores específicas a determinadas personas, etc.—, dejan en buena parte de serlo cuando, a más de la consideración regular de las necesidades y conveniencias del servicio, deben tomarse en cuenta riesgos graves o amenazas serias contra la vida de los empleados o trabajadores a cargo de la prestación del servicio, que ellos no deban afrontar por razón de la profesión u oficio que desempeñan, o en contra de la vida e integridad de los usuarios. En semejantes circunstancias, la protección de la vida de las personas prima sobre otras consideraciones, y puede llegar a afectar la continuidad en la prestación del servicio” (3) .

(3) Corte Constitucional, Sentencia T -362 de 1997.

La situación específica de los docentes.

5. Las condiciones por las que atraviesa el país y la función misma que desempeñan en la sociedad, han conllevado a que en no pocas ocasiones los docentes sean objeto de graves amenazas y atentados contra su integridad, por parte de grupos armados al margen de la ley. Por ello, requieren de especial protección del Estado cuando quiera que se configuren tales circunstancias. La jurisprudencia constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, en los siguientes términos:

“Esta Sala debe señalar al respecto que los docentes son servidores públicos civiles y, a diferencia de los miembros de las fuerzas armadas, no tienen el deber de arriesgar su vida en ejercicio del cargo para el cual han sido nombrados. Precisamente por las situaciones de alto riesgo a las que vienen siendo sometidos por los grupos alzados en armas, se dictó el Decreto 1645 de 1992, en el que se reguló la protección especial que debe otorgarles el Estado, previéndose en ese estatuto el pago del salario de los docentes desplazados hasta tanto les sea resuelta su situación en forma definitiva. Es claro entonces que el actor, habiendo probado ante el comité especial de docentes amenazados su situación, tenía derecho a recibir regularmente su salario, sin que se le obligase a esperar hasta tanto se le trasladara de manera definitiva y pudiera obtener la certificación de estar nuevamente laborando. La Secretaría de Educación de Antioquia violó sus derechos fundamentales a la vida y al trabajo, porque ignoró los términos de la protección especial que debía brindársele a Ayala Mosquera, y la orden de protección que dieron los jueces de tutela en ambas. instancias, en lugar de poner término a esa actuación contraria al ordenamiento constitucional, la acogió como debida; por tanto, tal orden hizo inane la tutela que en ambas instancias se decidió otorgar”.

“Es claro entonces que el docente amenazado de muerte y forzado a abandonar su sitio de trabajo y de residencia por cualquiera de los diversos grupos levantados en armas que operan en el país, es una persona que ha sido sometida injustamente a un trato violento, contrario al ordenamiento vigente y gravemente discriminatorio, por lo que debe ser objeto, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Carta Política (4) , de una acción positiva de parte del Estado. Precisamente para orientar la actuación de las autoridades encargadas de administrar el servicio público de la educación en la aplicación de esa clase de acción positiva, se expidió el Decreto 1645 de 1992, al que hace referencia la sentencia que se acaba de citar, en el que se regula, no la figura administrativa ordinaria del traslado, sino la extraordinaria de la reubicación de los docentes amenazados” (5) .

(4) “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados y marginados” (negrilla fuera del texto).

(5) Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 1998.

6. En otra providencia la Corte hizo referencia a la afectación de los derechos fundamentales de los docentes desplazados, y a los mecanismos de protección que han sido diseñados por la administración:

“Es evidente que el Decreto Reglamentario 1645 de 1992 establece los mecanismos para la solución de la situación del personal docente y administrativo de los planteles nacionales y nacionalizados, que se encuentren bajo situación de amenaza, y que allí mismo se señala un procedimiento para provocar la reubicación del sitio de trabajo del educador, pero esto no significa que se deba conminar al educador a que permanezca en el lugar donde está siendo amenazado en su vida y en su integridad personal, y a que deba motu proprio acopiar el acervo documental reclamado, y a agotar personal y directamente todos los trámites o a recabar por su cuenta los conceptos y las recomendaciones administrativas, para obtener un visto bueno de la misma administración.

“A juicio de esta Corte, en estos específicos casos, es deber de la administración provocar la reunión y el acopio de los documentos que en las distintas instancias de la misma se deben producir para decidir la reubicación; además, también es deber de la administración actuar con celeridad para que la amenaza al derecho a la vida no siga perturbando la actividad del educador y para que los compromisos laborales con la administración no sean obstáculo en la protección del derecho a la vida de éste. En realidad, la situación en la que se amenaza violar el derecho constitucional a la vida de la peticionaria no es creada por la autoridad pública, ni es atribuible a la voluntad positiva de aquella o de algún funcionario siquiera de modo remoto; por lo contrario, se trata de la existencia de un elemento de derecho público y de naturaleza administrativa que favorece la protección inmediata del derecho constitucional fundamental a la vida y a la integridad personal de los educadores amenazados (D.R. 1645/92); lo que sucede es que por la falta de celeridad de la administración en la actuación que le corresponde, y por virtud de la interpretación rígida y desfavorable que se aplica en aquellos casos de reubicación de educadores amenazados, se agrava la situación de amenaza de violación de tan importante derecho constitucional, lo cual justifica y hace necesaria la intervención del juez de tutela de estos derechos” (6) .

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-160 de 1994.

7. Así pues, de conformidad con los criterios anteriormente expuestos, corresponde a la Sala estudiar la situación concreta del señor Jhon Jairo Acevedo Franco y de su pequeño hijo.

El caso concreto.

8. Analizada la totalidad de las diligencias, observa la Corte que en realidad existen elementos de juicio para concluir que la situación del actor comporta una seria amenaza para su vida, que hacen procedente el amparo tutelar. Si bien el accionante reconoce que no tiene evidencias de amenazas directas contra su vida, también lo es que el asesinato de dos de sus hermanos es un hecho que de ninguna manera puede pasar inadvertido, como tampoco la constancia de inscrito en el registro nacional de atención a la población desplazada por la violencia. De otro lado, se evidencia que el docente ha realizado distintas gestiones tendientes a obtener su traslado a otro centro educativo, donde no tenga presencia militar el frente guerrillero que le comporta la amenaza.

9. Ahora bien, aun cuando el comité de desplazados de Caldas dispuso “no conceder la calidad de desplazado”, el comportamiento de la secretaría de educación, en el sentido de autorizar el traslado, indica un reconocimiento tácito de dicha condición. Así, el hecho de haber concedido un primer traslado al docente no significa que la solicitud haya sido atendida, pues aquella no consiste en la reubicación en otro centro educativo, sino en el aseguramiento de sus derechos a la vida e integridad personal.

9. Un tercer elemento por el que debe concederse la tutela, pero no menos importante que los anteriores, está relacionado con la situación del hijo del docente, niño de 11 años de edad, también inscrito en el registro de la red de solidaridad social como desplazado por la violencia. La prevalencia de los derechos de los niños no admite discusión y por este hecho es necesario asegurarle unas condiciones mínimas en las que pueda desarrollarse integralmente y de las cuales no puede gozar en un ambiente hostil o violento. En consecuencia, la sentencia de instancia habrá de ser revocada y en su lugar se concederá la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, para lo cual se ordenará a la entidad demandada adelantar las gestiones administrativas necesarias, a fin de reubicar al actor en un centro educativo que no le comporte amenaza a tales derechos.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo proferido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Manizales el 8 de septiembre de 2000, dentro de la acción de tutela de la referencia. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal del señor Jhon Jairo Acevedo Franco y de su pequeño hijo.

2. ORDENAR a la Secretaría de Educación de Manizales, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adelante las gestiones necesarias a fin de trasladar al docente Jhon Jairo Acevedo Franco a una institución educativa donde no corra peligro su integridad y su vida.

3. Por secretaría LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Eduardo Montealegre Lynett—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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