Sentencia T-261 de junio 20 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO NO SON DATOS ÍNTIMOS

EXTRACTOS: «El artículo 15 de la Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y familiar y dispone que el Estado debe respetarla y hacerla respetar.

Este derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la auto-conservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar una mínima consideración particular y pública a su interioridad, actitud que se traduce en abstención de conocimiento e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Ésta no hace parte del dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información suministrada a terceros ni de la intervención o análisis de grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones.

Ese terreno privado no puede ser invadido por los demás miembros de la comunidad a la que se integran la persona o familia, ni por el Estado. Aun dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad personal.

Así, pues, las relaciones que establece la persona con quienes se hallan por fuera de su círculo reservado, en el campo jurídico, social, económico, académico, político, médico, deportivo o de otra índole, implican que aquellos con quienes se entablan asuman la obligación de separar claramente las materias propias de cada una de ellas de las que conciernan al entorno privado, en el cual no les es permitido penetrar sin la autorización del interesado, a menos que resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del propósito inherente a la respectiva actividad, como acontece con las relaciones entre el médico y el paciente.

En el campo que interesa para los fines del proceso, el de las relaciones de carácter financiero, éstas exigen necesariamente de quien acude a los servicios que prestan las instituciones del sector, los cuales incorporan como elemento fundamental el del crédito, el suministro de datos personales sobre aspectos económicos, que, como ya lo dijo esta Corte en sentencias de unificación números SU-082 y SU-089 del 1º de marzo de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), no pertenecen forzosamente al dominio de la intimidad. Ya advirtió también la Corte que, si este ámbito llegara a ser invadido en la práctica por la indagación de informaciones privadas so pretexto del trámite financiero, cabrían tanto el hábeas data como la acción de tutela para la defensa del derecho fundamental en cuestión (cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-094, Sala Quinta de Revisión, 2 de marzo de 1995).

Debe dilucidarse ahora la cuestión planteada por el accionante: si la dirección, el teléfono, el lugar de recibo de correspondencia y los datos similares, suministrados por su titular a una institución financiera para fines crediticios, co-mo es el de obtención de una tarjeta de crédito, son informaciones de naturaleza privada que la entidad correspondiente no pudiera suminis-trar a terceros sin autorización del interesado.

También debe resolverse acerca de si, ya recibidas tales informaciones por una entidad industrial o comercial, o por otra entidad financiera, podría ella remitir al usuario de los servicios crediticios o al tarjetahabiente publicaciones o propagada suya o de terceros, productos de promoción u ofertas de bienes y servicios. Y si podría, por otra parte, cobrar, dentro del sistema de crédito respectivo y sin consentimiento del usario, el valor de la suscripción o el precio de tales publicaciones, servicios o productos.

La Corte Constitucional estima en primer término que el campo asignado a la protección constitucional de la intimidad no puede am-pliarse indefinidamente hasta el extremo de considerar que todo dato personal sea a la vez íntimo.

De los datos personales —concepto genérico— hacen parte todas aquellas informaciones que atañen a la persona y, por tanto, pueden ser, junto con las estrictamente reservadas, las referentes a aspectos que relacionan a la persona con la sociedad y que, por tanto, son públicas. Así, por ejemplo, no puede aquipararse la información referente a una disputa típica e indudablemente conyugal, que sólo importa a los esposos, con el dato, también personal pero relevante social y aun jurídicamente, que alude al hecho de haber desempeñado cierto cargo o de poseer un determinado vehículo.

De tal modo, hay datos personales que espe-cíficamente son íntimos y gozan, en consecuencia, de la garantía constitucional en cuanto tocan con un derecho fundamental e inalienable de la persona y de su familia, al paso que otros, no obstante ser personales, carecen del calificativo específico de privados, toda vez que no únicamente interesan al individuo y al círculo cerrado de su parentela, sino que, en mayor o menor medida, según la materia de que se trate, tienen importancia para grupos humanos más amplios (colegio, universidad, empresa) e inclusive para la generalidad de los asociados, evento en el cual son públicos, y si ello es así, están cobijados por otro derecho, también de rango constitucional fundamental, como es el derecho a la información (C.P., art. 20).

Entonces, resulta apresurado incluir como de reserva un dato personal por el sólo hecho de serlo, y pretender que quien lo haya recibido, así sea para fines comerciales, financieros o de negocios, esté violando el derecho a la intimidad del interesado por darlo a conocer a terceros o por divulgarlo.

Algo que parece obvio, pero que la Corte quiere recalcar, es que el dato no privado puede, por definición, ser conocido por otros y también publicado.

La dirección y el teléfono de una persona son informaciones que precisan el domicilio de ésta, es decir, el sitio en donde ella se entiende ubicada y donde cualquiera la puede conseguir para los efectos del cumplimiento de sus obligaciones y del ejercicio de sus derechos.

Dice Mazeaud:

“Los terceros tienen necesidad de saber dónde encontrar a esa persona, para hacerla comparecer a un juzgado, por ejemplo. Igualmente necesitan saber dónde serán efectivas las medidas de publicidad destinadas a permitirles conocer ciertas situaciones (como el matrimonio, la incapacidad, la transferencia del dominio de la propiedad inmueble). Por otro lado, el legislador no puede organizar un gran número de instituciones sino a condición de que la persona a que se refieren dichas instituciones tenga un centro en el cual las ponga en actividad”. (Cfr. Nouveau guide d’excersices practiques pour la licence en droit. Paris, Editorial Montchrestien, 1962, pág. 73).

El conocimiento acerca de la dirección de un individuo es algo que, por el mismo desemvolvimiento de las actividades en el seno de la sociedad y aun por razones físicas de vecindad, no puede mantenerse en secreto. Basta visitar cualquier municipio colombiano para verificar que los habitantes son públicamente identificados y que la generalidad de ellos saben dar razón acerca del lugar en que se ubica la vivienda de otro.

Considérese, por otra parte, que las autoridades públicas deben poseer los datos referentes a la ubicación de la persona para los efectos de su protección y también para exigir de ella las responsabilidades que le quepan por sus actos u omisiones.

Desde luego, no puede desconocerse que algunas personas, por razón del cargo que desem-peñan o de especiales riesgos para su vida o integridad personal pueden necesitar que su dirección y teléfono permanezcan en reserva y, en tales circunstancias, tienen derecho a ella. Pero esa es una excepción que, como tal, tiene alcance restrictivo y resulta aplicable a petición del mismo afectado.

Así, por regla general toda persona natural o jurídica titular de una línea telefónica aparece en el directorio telefónico de la respectiva ciudad y allí, para conocimiento público, son registrados los datos en referencia, a menos que el sujeto incluido en la publicación se dirija en forma expresa a la entidad responsable de la misma para que, hacia el futuro, se suprima tal registro.

A nadie se oculta que la dirección y el teléfono son elementos necesarios para el envío y recepción de correspondencia, escrita o verbal, ni tampoco puede negarse que ella es una forma de comunicación humana, también protegida por los preceptos constitucionales, siendo libre mientras no implique atentado contra la persona o la familia.

Los envíos de productos como oferta comercial. Oferta y aceptación.

En cuanto al hecho de que, a partir de los datos poseídos por una entidad financiera para el manejo de una tarjeta de crédito, instrumento que por definición inserta a la persona en el campo de la oferta de bienes y servicios, haya sido enviada al demandante una publicación gratuita, a manera de promoción comercial, la Corte Constitucional debe hacer las siguientes precisiones:

1. Es imperativo reconocer que el sistema económico vigente y amparado por la Constitución es el de libre mercado. Ello se aprecia con nitidez en el artículo 333 de la Carta, a cuyo tenor “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”.

Debe reconocerse, por tanto, que el empresario, lícitamente interesado en comercializar sus productos o en obtener usuarios para sus servicios, está en libertad de ofrecerlos y que, cuando lo hace, no por eso viola los derechos fundamentales del receptor de la oferta. Este tiene, claro está, la libertad de aceptarla, rechazarla o ignorarla, quedando a salvo de todo peligro de ser forzado a celebrar un negocio jurídico que no le interesa.

El Código de Comercio regula, en consecuencia, la etapa precontractual en los negocios mercantiles y en su artículo 845 señala con claridad que la oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio jurídico “y ser comunicada al destinatario”. Para el efecto, como se comprende, es indispensable que el oferente conozca la dirección o el teléfono de su posible cliente, sin necesidad de haber obtenido previamente autorización para formularle la oferta. De allí que, al tenor del mismo estatuto, “se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario”.

2. Existe un vínculo, perfectamente normal entre el conocimiento que se tiene acerca de que alguien posee una tarjeta de crédito y la idea de ofrecerle bienes y servicios que pueda pagar con cargo al crédito que le ha sido otorgado, pues el contrato de apertura de crédito implica, por definición legal, la “disposición de una persona (de) sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado” (C.Co., art. 1400).

La disponibilidad de los recursos —esa es la idea del instrumento— representa mayor facilidad de compra inmediata, la cual puede tornarse perjudicial para las finanzas del titular de la tarjeta por el manejo descuidado de ella o incidir, a nivel general, en la inflación, razones que podrían hacer aconsejable el establecimiento de controles o la adopción de medidas económicas, pero que de ninguna manera restan legitimidad al oferente para buscar, entre potenciales adquirentes o suscriptores, los negocios propios de su actividad.

3. Si, como arriba se expresa, el ejercicio de la libre competencia económica supone responsabilidades, el oferente tampoco goza de un derecho absoluto, pues encuentra por límites el bien común, las regulaciones y requisitos que para la respectiva actividad establezca el legislador, la función social (C.P., art. 333) y , por supuesto, los derechos fundamentales; mal podría admitirse que llevara su libertad hasta extremos que desconocieran la del receptor de la oferta, forzando, por ejemplo, la adquisición del bien o la contratación del servicio ofrecido por la vía de la tarjeta de crédito mediante la fijación de un plazo, vencido el cual la oferta se entendiera aceptada, pues ello comportaría la utilización del mecanismo de la tarjeta de crédito para asegurar el negocio de espaldas a la voluntad de uno de los contratantes. Se desconocería así el principio constitucional del ar-tículo 28 C.P. (“Toda persona es libre”), resultaría cercenado el postulado de la buena fe (C.P., art. 83) y se incumpliría el primer deber constitucional de toda persona (“Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, según el art. 95-1 C.P.).

Es natural, entonces, que el artículo 851 del Código de Comercio, que fija plazos para la aceptación o rechazo de la propuesta de celebrar un negocio jurídico, no se pueda interpretar en el sentido de que, vencidos aquéllos, ha quedado perfeccionado el acuerdo de voluntades, sino, por el contrario, en el de que dicho acuerdo no se ha logrado, cuando menos en las condiciones inicialmente planteadas por el oferente, quien las ha mantenido durante el plazo, como es su obligación, quedando en libertad de modificarlas después de él, con miras a una eventual nueva oferta.

Tal entendimiento de la mencionada norma legal es acorde con el texto y el sentido del ar-tículo 854 ibídem, a cuyo tenor, la aceptación tácita, que produce los mismos efectos que la expresa, tiene que ser manifestada “por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto”, por lo cual, a juicio de la Corte, no puede deducirse del silencio puro y simple o del transcurso del tiempo. Por ejemplo, si, recibido el producto que se ofrece por la vía de la tarjeta de crédito, con expreso aviso del oferente acerca de que debe devolverse en un tiempo determinado en caso de no ser aceptada la oferta, y el receptor consume el producto enviado, la obvia conclusión que se deriva del precepto es la de que ha consentido en celebrar el negocio y queda obligado por él.

Conclusiones en el caso concreto.

Se deduce de lo dicho que la entidad financiera que administra la tarjeta de crédito del accionante no violó derecho fundamental alguno de éste por la sola circunstancia de haber suministrado a firmas comerciales los datos acerca de su dirección y teléfono.

Debe considerarse que el peticionario no solicitó expresamente la reserva sobre dichas informaciones.

Por otra parte, la entidad responsable de la publicación y distribución de la revista que fue enviada y ofrecida al solicitante tampoco vulneró sus derechos cuando le remitió ejemplares de cortesía, ofreciéndole posteriormente la suscripción por vía telefónica.

El demandante gozaba de plena libertad de aceptar o rechazar la oferta, e hizo uso de ella, según lo expuesto en la demanda, pues no se suscribió a la revista.

La Corte Constitucional no encuentra sustento alguno a sus pretensiones de protección judicial, toda vez que sus derechos fundamentales, en especial el de la intimidad y la libertad, permanecieron indemnes desde el principio».

(Sentencia T-261 de junio 20 de 1995. Magistrado Ponente: Dr José Gregorio Hernández Galindo).

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