Sentencia T-265 de mayo 29 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

Reiteración de jurisprudencia

REF.: Expediente T-120654

Acción de tutela contra la empresa de tejidos Celta Ltda.

Sustitución pensional-interrelación de derechos-indefensión.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz.

Santafé de Bogotá, D.C., 29 de mayo de 1997.

EXTRACTOS: «Así se ha señalado reiteradas veces:

“Ello quiere decir que un medio judicial, para que pueda ser señalado al actor como el procedente, en vez de la tutela, con miras a su protección, deber ser eficaz, conducente y estar dotado de su misma aptitud para producir efectos oportunos, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento teórico, por el solo hecho de estar previsto en norma legal, si consideradas las circunstancias del solicitante, no puede traducirse en resolución judicial pronta y cumplida que asegura la vigencia de la Constitución en el caso particular de una probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Tal imposición atentaría contra la eficacia de la administración de justicia y pondría en grave riesgo los postulados del Estado social de derecho, haciendo inoperantes no pocas garantías constitucionales (Sent. T-175, abr. 8/97 y en el mismo sentido T-01, ene. 21/97 y T-441, oct. 12/93).

Reiteración de la jurisprudencia para el caso concreto. En una situación similar a la que ahora se revisa, T-236 de 1993, la Corte Constitucional determinó acoger las peticiones del actor y conceder la tutela con argumentos que en esta ocasión se reiterarán, y que se destacan en el orden en que vienen esbozados en estas consideraciones: situación constitucional de los disminuidos mentales, precisión del concepto de indefensión en la tutela contra particulares, e ineficacia de los otros medios legales de defensa.

En esa ocasión se dijo:

“No es simplemente el amparo de la exigibilidad de un pago, sobre lo que se pronuncia la Corte en esta oportunidad, pronunciamiento que sería extraño a los intereses que pueden ser protegidos mediante esta acción. El asunto comporta aquí la realización de unos derechos humanos de tipo asistencial, cuyo desconocimiento como se ha visto, se traduce en violaciones a derechos fundamentales, los cuales como es sabido sí hacen procedente el amparo mediante la tutela de sus violaciones. Se tiene aquí un caso de interrelación de derechos, en el cual la Sala encuentra deben ampararse estos últimos derechos por la vía de la orden de suspender la omisión violatoria”. De otra parte, el grado de indefensión no extraño a la reglamentación constitucional de la acción de tutela adquiere en el caso una connotación especial, en razón de la más alta consideración que ha de dispensarse al disminuido físico, sensorial o síquico. La Corte Constitucional ha indicado sobre el particular.

“Ahora bien, y para mayor abundamiento se tiene que el derecho constitucional que corresponde a las personas naturales que se encuentren en manifiestas circunstancias de debilidad por su condición física, económica y mental y que consiste en la posibilidad de reclamar del Estado las providencias correspondientes, debe ser un elemento sustancial en el examen de la solicitud administrativa de sustitución de pensión y en las actuaciones judiciales contencioso administrativas, dada la voluntad del constituyente de impregnar con sus principios, fines y valores toda la actuación de los poderes públicos dentro del Estado social de derecho que se rige por la Carta de 1991 ...” (Sent. T-467, jul. 17/92. M.P. Fabio Morón Díaz).

Es exacto, como lo señala el fallo que se revisa de la Corte Suprema, que el accionante ha contado con múltiples mecanismos alternos de defensa, pero no es menos cierto que ellos han resultado infructuosos para suspender la omisión violatoria de los derechos que se reclaman violados. Los efectos nocivos de la negligencia y omisión de la empresa Celta Ltda. han persistido en el tiempo, y ni la condena que en su momento hizo el juzgado tercero laboral, ni el mandamiento de pago proferido por autoridad competente en el proceso ejecutivo incoado, ni las medidas cautelares iniciadas con miras a asegurar el pago de las acreencias laborales debidas, han sido suficientes para que la entidad encargada procediera a la cancelación oportuna de las mesadas atrasadas y el pago sucesivo de lo adeudado. Esta situación en la que los hechos colocan al demandante, no dejan duda de su indefensión frente a la empresa demandada.

Por todo lo anterior, esta Sala considera que la actitud de la empresa Tejidos Celta Ltda., respecto del incapaz Nelson Julio Guerrero Cordero ha acarreado la violación a derechos contemplados en la Carta de 1991 como fundamentales, tales como el derecho a la igualdad (C.N., art. 13) en virtud del trato desfavorable; el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 229 de la Carta que abarca el cumplimiento de las órdenes emanadas de los jueces de la República.

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