Sentencia T-266 de abril 4 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

Sentencia T-266 de 2006 

Expediente T-1252267

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Acción de tutela interpuesta por Yaneth Faride Pérez Rosas en representación de su menor hijo Iván Fernando Rodríguez Pérez contra la Institución Educativa Suazapawa y algunos funcionarios del plantel educativo.

Bogotá, D.C., cuatro de abril de 2006.

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

que pone fin al trámite de revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama de 4 de Noviembre de 2005, dentro de la acción de tutela seguida por la señora Yaneth Faride Pérez Rosas en representación de su menor hijo Iván Fernando Rodríguez Pérez contra la Institución Educativa Suazapawa y algunos funcionarios del plantel educativo.

I. Los antecedentes.

Funda la parte actora, el petitum de su escrito tutelar con fundamento en los hechos que a continuación se sintetizan:

1. Los hechos.

Que el 1º de agosto de 2005, su hijo Iván Fernando Rodríguez, fue objeto de un procedimiento inadecuado por parte de varios de los funcionarios que laboran en el centro de enseñanza acusado, pues cuando los alumnos se encontraban dispuestos a abordar la ruta del colegio para iniciar el regreso hacia sus respectivas viviendas, aproximadamente a las 4:25 p.m. a su hijo y a otros dos de sus compañeros se les requirió por la profesora Helena Riaño, quien les informó que la docente Blanca Lidia Valderrama, encargada en ese momento de la rectoría de la institución les esperaba en la enfermería del colegio.

Una vez en la enfermería se les conminó a la práctica de una prueba de sangre, con el fin de determinar si los alumnos tenían rastros de haber consumido marihuana, pues a juicio del profesor Carlos Javier Márquez, los estudiantes habían observado comportamientos extraños durante la jornada académica.

Muy a pesar de no haber consentido la realización de los exámenes, estos se practicaron, exponiéndolos a un procedimiento clínico vejatorio que atenta inclusive, contra la dignidad y la salud de ellos, pues la enfermería del colegio, es solo eso, y no cuenta con los instrumentos y mucho menos con el personal idóneo para el efecto.

Que luego de que su hijo le comentara lo acontecido, se dirigió al colegio buscando una respuesta a lo sucedido, y la contestación de la rectora encargada fue que el proceder de la institución, aunque no se halla reglada en el manual de convivencia era una práctica normal del colegio ante hechos como los ocurridos, y les reiteró que dicho procedimiento no tendría ninguna clase de divulgación pues se manejaría con extrema prudencia, pero, sin embargo ya habían varias veces sido abucheados por sus compañeros.

Que como se enteró que la forma en que se determinaba la presencia de alucinógenos en el organismo era mediante prueba de orina, llevó a su hijo a un laboratorio particular, con el fin de confrontar los resultados que futuramente tuviera la institución educativa con los que arrojó el laboratorio que visitó.

A la fecha en que presentó la acción de tutela no se le habían entregado los resultados de la prueba de sangre y nunca obtuvo respuesta satisfactoria que revelara una clara explicación frente a lo sucedido.

2. Las pretensiones.

Por la accionante, en representación de su menor hijo se presentó recurso de amparo solicitando la protección de los derechos fundamentales de aquel a la educación, a la honra, al buen nombre a la dignidad, a la integridad y al libre desarrollo de la personalidad. Así mismo y como corolario de la anterior declaración solicita que se le ordene a la institución colegio Suazapawa, en cabeza de su rector, que se retracte de la posición asumida en el sentido de practicar pruebas clínicas o la toma de muestras de sangre para determinar el consumo de drogas de la manera irregular en que lo hicieron; que se restituya la dignidad de su menor hijo como una persona que nunca ha consumido drogas alucinógenas y se le restituya la honra perdida por esas actuaciones. Igualmente y conforme a las pruebas practicadas por la entidad educativa se proceda a dar a conocer el resultado final de la muestra de sangre tomada por la enfermera del colegio, así como que por el centro de enseñanza Suazapawa, se firme un compromiso donde se abstengan de continuar con las prácticas objeto de censura.

II. Decisiones judiciales

1. Primera instancia.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nobsa, mediante sentencia de 19 septiembre de 2005 resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad y a la autonomía, para lo cual, previno al ente acusado a fin de que en ningún caso se vuelva a incurrir en los actos que detonaron el amparo.

La orden, señaló el a quo, solo mantiene un carácter preventivo, por cuanto al momento de presentarse la acción de tutela el derecho esgrimido como amenazado ya había sido vulnerado.

Con respecto a la garantía a la educación, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, sostuvo el juzgado que en nada resultaron conculcados.

2. La impugnación.

Por la misma actora, se recurrió la decisión que desató la primera instancia, reiterando la jurisprudencia constitucional que existe en torno a derechos como a la honra y al buen nombre, amén de la extensa protección internacional que estas garantías tienen.

De igual manera resalta que la decisión que resolvió el asunto en primer grado fue corta, como quiera que la parte resolutiva de la providencia no es acorde con la solicitud contenida en el escrito de tutela, además que en la decisión final no se evidencian las acciones que el colegio debe adoptar para restituir la honra perdida.

No ve entonces la recurrente como se va a remediar la situación cuando ni siquiera ha habido una disculpa formal por parte del centro de enseñanza.

3. Segunda instancia.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, mediante fallo de 4 de noviembre de 2005, dispuso no tutelar el derecho a la honra y al buen nombre del menor Iván Fernando Rodríguez Pérez, y adicionó la providencia materia de impugnación, en el sentido de ordenarle al colegio accionado que en el perentorio término de 48 horas proceda a dar aplicación al manual de convivencia en el capítulo octavo y doce para que por medio de la correspondiente investigación se establezca si el menor incurrió en conducta que deba ser sancionada disciplinariamente conforme al manual de convivencia y si es o no acreedor a las sanciones ahí previstas.

Estimó el ad quem, que se advirtió un procedimiento irregular en la persona del menor Iván Fernando Rodríguez Pérez y que por tanto hay que adecuarlo al trámite señalado en el manual de convivencia del colegio.

Contrario sensu, con relación al derecho a la honra y al buen nombre señaló que contra estos se atenta, solo cuando el acto que marchita la honorabilidad de la persona y que es contrario a la verdad se hace público, lo que no ocurrió en este caso.

4. De las pruebas relevantes arrimadas y practicadas en la actuación.

Se tuvieron como tales las siguientes:

a) Declaración extraproceso de la actora, señora Yaneth Faride Pérez Rosas, rendida ante la Notaría Primera del Círculo de Sogamoso de Boyacá (fl. 15).

b) Registro civil de nacimiento del menor Iván Fernando Rodríguez Pérez (fl. 14).

c) Copia de examen de orina que reporta negativo para determinar la presencia de alucinógenos en el organismo del menor (fl. 18-19).

d) Copia del reglamento o manual de convivencia del año 2005 de la institución educativa accionada (fl. 20-31).

e) Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Sogamoso donde se hace constar que la institución educativa Suazapawa no aparece en esa entidad mercantil (fl. 17).

f) Inspección judicial realizada por el a quo en las instalaciones de la institución educativa Suazapawa, el 12 de septiembre de 2005, donde rindieron declaraciones la señora Sandra Yaneth Velandia Solano, en su calidad de auxiliar de enfermería de la institución, Blanca Lilia Valderrama, en su condición de docente del colegio y se interrogó al menor Iván Rodríguez Pérez (fl. 35-38).

g) Oficio de 21 de octubre de 2005, signado por el rector del centro de enseñanza Suazapawa, en la que rinde informe al juzgado de segunda instancia frente a los hechos en que se funda la tutela (fl. 9).

h) Oficio contentivo del acta de procedimiento disciplinario, seguido por el colegio contra el estudiante Iván Rodríguez, en cumplimiento a lo ordenado por el ad quem en la sentencia que desató la impugnación (fl. 26 y 27).

III. Fundamentos y consideraciones.

1. La competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.

2. El asunto bajo revisión.

En el caso sub examine, la actora, en representación de su menor hijo reclama la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la educación, la honra, el buen nombre, la dignidad e integridad personal, la salud, y al libre desarrollo de la personalidad, los cuales, en su opinión, fueron vulnerados por la actuación irregular del centro educativo Suazapawa al someter a su menor hijo a la práctica de toma de muestra de sangre para verificar que injirió sustancias alucinógenas dentro de las dependencias del colegio.

Habida cuenta de lo anterior, y por razones de metodología para resolver el problema jurídico planteado la Sala expondrá: la tutela contra particulares; la situación del juez constitucional frente a las instituciones de enseñanza; la doctrina constitucional establecida por esta corporación respecto la naturaleza de los manuales de convivencia en los colegios; la protección constitucional de los derechos a la integridad, libre desarrollo de la personalidad, honra y buen nombre, para por último definir si existe o existió vulneración de derechos fundamentales.

3. Procedencia de la tutela contra particulares.

La Constitución Política de 1991 advierte la posibilidad de dirigir acciones de tutela contra particulares cuando en el último inciso del artículo 86 señala: “La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

Y ciertamente, el propósito del Constituyente de salvaguardar las garantías fundamentales de los individuos, no se limitó a la amenaza o quebrantamiento proveniente de los poderes públicos, pues reconoció que dentro de la estructura del Estado, los particulares como agentes del sector privado pueden, en ocasiones, detentar más poder que aquel y, en consecuencia, sus acciones u omisiones pueden lesionar derechos que gocen de la condición de fundamentales.

Comoquiera que en este caso, la actuación constitutiva de la presunta violación de derechos fundamentales, provino de un centro de enseñanza resulta claro que ello se encuadra dentro de las precisas condiciones fijadas en el canon 86 constitucional, como lo ha hecho notar de antiguo la doctrina de la Corte.

Así, desde sus inicios la corporación manifestó:

“Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate” (1) (negrilla fuera de texto).

3. El juez constitucional frente a las instituciones de enseñanza.

Con relación al tema que ahora ocupa la atención de la Sala, en Sentencia T-341 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería), esta corporación dijo:

“La tutela contra establecimientos educativos y los límites del juez constitucional.

La acción de tutela constituye mecanismo idóneo para controvertir los actos académicos de los establecimientos educativos en general, pues “en un Estado social de derecho las actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los derechos fundamentales” (2) . Es la posición de la jurisprudencia, sostenida por ejemplo cuando las directivas escolares imponen sanciones disciplinarias sin garantizar el debido proceso (3) o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de manera que no se aviene a la Constitución (4) . Sin embargo, ha dejado claro la jurisprudencia que el juez constitucional debe respetar la autonomía de los docentes, salvo cuando advierta un ejercicio arbitrario de la misma, o la violación flagrante de garantías constitucionales” (5) .

4. Los manuales de convivencia. Naturaleza jurídica y guía natural para la observancia del debido proceso. Reiteración de jurisprudencia.

La ley general de educación (L. 115/94) al tiempo que define las áreas obligatorias para el logro de sus objetivos y fija los criterios para el establecimiento de programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral de los educandos, exige a los establecimientos educativos la expedición de normas que permitan garantizar la convivencia, fijando en ellas las obligaciones y los derechos necesarios para educar a los menores en el respeto de los valores superiores y en la apropiación del sentido de la responsabilidad. Así mismo la sagrada misión encomendada para garantizar el derecho al estudio, supone entre otras cosas, el respeto por las libertades del estudiante en su condición de medio y fin de la enseñanza.

En cuanto a los manuales de convivencia, un recorrido de la jurisprudencia desde sus primeros fallos en torno del tema que aquí interesa, se presenta así:

1. “La ley general de educación (115 de 1994) autorizó a los establecimientos educativos para expedir un ‘reglamento o manual de convivencia’, ‘en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes’ y estableció, además, la presunción de que ‘los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo’ (art. 87). De igual modo, la ley estableció que “el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión.

“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política.

(…).

2. “Los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad...” T-065 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

3. “Los manuales de convivencia deben ser la expresión y garantía de los derechos de los asociados, enriquecidos y expresados en un contexto claramente educativo, mas aún cuando la Corte ‘ha subrayado, en reiteradas oportunidades, que los manuales de convivencia y demás reglamentos educativos son, en alguna medida, un reflejo mediato de las normas superiores, razón por la cual su validez y legitimidad, depende de su conformidad con las mismas.’ (Sent. T-459/97, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz).

4. “El manual de convivencia constituye el reglamento donde constan los derechos y obligaciones de los estudiantes, sus padres o tutores y la entidad educativa, el cual es aceptado al momento de firmar la correspondiente matrícula (L. 115/94, art. 87 y D. 1860/94, art. 17). Tiene una naturaleza tripartita, pues de un lado reviste las características propias de un contrato de adhesión (6) ; por el otro, constituye las reglas mínimas de convivencia escolar, dentro del ámbito de la autonomía conferida a los centros educativos y, finalmente, es también expresión de la participación y el pluralismo, toda vez que en su diseño concurre toda la comunidad educativa (directivos, padres de familia, docentes, egresados, alumnos). T-859 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

En esta forma, por exigencia legal expresa, los planteles educativos tienen a su disposición un instrumento o medio importante para regular y evaluar la conducta escolar de los estudiantes, mediante el señalamiento en forma autónoma, de los derechos, deberes y obligaciones de los mismos en sus relaciones con sus similares, los educadores y los directivos, las faltas de conducta, las sanciones respectivas, los órganos competentes para imponer estas y el procedimiento aplicable, en todo lo cual tales establecimientos deben acatar los mandatos, prohibiciones y límites contemplados en el ordenamiento jurídico. Es una expresión natural del acatamiento al proceso justo a que se refiere el canon 29 fundamental la observancia de la totalidad de las directrices que se hallan consignadas en dichos reglamentos, como quiera que estos constituyen la constitución del colegio, la cual resulta obligatoria y regla primaria a atender siempre y cuando respete los dictados de las normas superiores que entronizan los postulados en que se funda el derecho al estudio y todas sus garantías correlativas.

5. La protección del derecho a la dignidad, honra, buen nombre, integridad y el libre desarrollo de la personalidad en el ordenamiento constitucional.

La Constitución Política, define el Estado colombiano en su artículo 1º así: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (negrilla fuera de texto).

Necesario resulta también señalar, para resaltar, que por estar ligados al respeto de la dignidad humana, principio fundamental del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), y valor fundamental de la comunidad internacional (7) , dichos derechos adquieren un plus adicional de protección como que sobre ellos se edifica el Estado constitucional.

Seguidamente el artículo 2º inciso 2º, reconoce que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

El artículo 21 de la Constitución Política estatuye específicamente que se garantizará el derecho a la honra y que la ley señalará la forma de su protección.

Ha dicho la Corte frente al derecho a la honra:

“.... derecho que toma su valoración de conformidad con las actuaciones de cada quien en particular y de conformidad con su manera de ser, su comportamiento en sociedad, el desenvolvimiento en el núcleo social donde vive y con quienes comparte su existencia que hace que los demás se formen un criterio respecto de los valores éticos, morales, sociales de su buen vivir y le valoren su condición de ser social en un plano de igualdad dentro de los criterios objetivos de ponderación de la dignidad humana. El derecho a la honra es un derecho personalísimo porque solo se predica de los individuos en su condición de seres sociales” (8)(9) .

Por su parte, el artículo 15 constitucional señala en su primer inciso que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

En este mismo sentido, en el ámbito internacional, tanto la Declaración americana de derechos y deberes del hombre (art. 5) (10) , el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 17) (11) y la Convención americana sobre derechos humanos (art. 11) (12) , establecen que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques a su honra y a su reputación.

A su turno, el canon 44 del texto fundamental le otorga para los niños la condición de fundamentales a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad física, los cuales también, resultan esgrimidos como violados en el tópico materia de revisión.

En lo que respecta a la dignidad y a la intimidad, bajo la perspectiva de la titularidad de los menores de edad ha señalado esta corporación,

“Tanto el contenido como la protección de los derechos fundamentales de los menores, responde a consideraciones especiales en el orden interno. Esta realidad jurídica se enmarca en la disposición constitucional que prescribe la protección especial de los menores y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás (C.N., art. 44), así como el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes (C.N., art. 45).

De otro lado, es importante resaltar que el propio orden jurídico reconoce la protección especial en el caso de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad, de indefensión o de disparidad por su situación física y su situación de desarrollo psicológico (C.N., art. 13, inc. 3º, y 44). Como se ve, esta consideración es perfectamente aplicable a los menores de edad.

(…).

En el caso del derecho fundamental a la dignidad de los menores, los ámbitos de protección extienden sus fronteras de tal forma que lo que en algunos casos puede no considerarse como una afectación del derecho, por ejemplo, en el ámbito de la protección de la integridad moral en caso de personas mayores de edad, si pueda ser considerado como tal en el caso de los menores. En estos eventos, debido al estado de mayor vulnerabilidad en que se encuentra el menor frente a las agresiones morales, el ámbito de la dignidad se extiende con el fin de garantizar la intangibilidad mental, moral y espiritual del menor. En esa medida se justifican mayores prohibiciones al ejercicio de las libertades de los terceros que puedan afectarlos.

Similares consideraciones guían la protección del derecho fundamental a la intimidad de los menores. Conductas con una potencialidad relativa de incidencia en el ámbito de protección del derecho están excluidas del amparo constitucional. En esta medida, formas al parecer inocentes de intromisión en las esferas privadas son, tratándose de menores, duramente censuradas por el orden jurídico. Esto implica que, por ejemplo, en el contexto escolar, donde las directivas y los profesores fungen como instancia de poder y de autoridad, las medidas correctivas deban estar guiadas pedagógicamente y de manera especial, evitando que las mismas por la forma en que se tomen resulten afectando esferas íntimas del menor.

Frente al derecho fundamental al buen nombre de los menores también es debido un trato especial por dos razones adicionales: primero, porque el menor por su condición está en el proceso de construcción social de su personalidad, lo que implica que el bien o el interés jurídico de su “buen nombre” esté apenas en ciernes. De ahí que toda valoración social sobre el menor deba ser inicialmente de neutralidad absoluta, y que con el transcurso del tiempo la misma empiece a definirse en uno o en otro sentido, a partir de su participación creciente en los círculos sociales. Y en segundo lugar, porque ante su indefensión, y sobre todo ante la necesidad de que el menor identifique modelos de corrección que se ajusten a su autonomía, toda conducta guiada por los adultos a determinar la construcción social de su personalidad, deben ser sumamente prudentes. Es decir, deban estar informados por una razón de oportunidad y conveniencia en función del interés superior del menor, sin que ello implique la imposibilidad de sancionarlo o de corregirle” (13) .

Son entonces, las intromisiones en la esfera íntima de la persona, censurables desde todo punto de vista en un Estado social de derecho, máxime tratándose de menores de edad, por cuanto el incipiente desarrollo en su formación, y en general en la concepción que tienen del mundo atentan en mayor medida contra los derechos que de su condición de tales se predican.

6. Del caso concreto.

Pues bien, tal como se detalló en líneas anteriores, la señora Yaneth Faride Pérez, actuando en representación de su menor hijo Iván Fernando Rodríguez, presentó recurso de amparo por violación a los derechos fundamentales de aquel a la integridad, buen nombre, dignidad, educación y honra, señalando para el efecto la toma irregular de muestra de sangre, por el presunto consumo de sustancias alucinógenas.

En razón de lo anterior solicita que se restituya la honra de su hijo y se conmine al centro de enseñanza acusado a que de a conocer el resultado de las muestras de sangre tomadas, así como que se le ordene a la rectoría del colegio la firma de un convenio en la que se prohíba la reiteración de conductas como las acusadas por la actora.

Evidentemente, a todas luces resulta reprochable la conducta asumida por el centro de enseñanza Suazapawa. En efecto, no puede ser constitucionalmente admisible el proceder de la institución. Y no lo es, tanto por el desconocimiento del debido proceso escolar, al ignorar la preceptiva contenida en el manual de convivencia (fl. 20-31 c.p. primera instancia), como por que tampoco se compadece con la debida observancia de los principios fundamentales en que se inspira el Estado colombiano.

Obsérvese que la toma de muestra de sangre en las condiciones irregulares en que se hizo por la institución y a la cual se allanó la maestra que dio la orden para el efecto, como se desprende de la declaración rendida durante la diligencia de inspección judicial (fl. 37) se torna en una manifiesta conducta violatoria de derechos fundamentales.

Corresponde entonces a la Sala examinar si efectivamente constituye la acción censurada, un rompimiento del núcleo esencial a la dignidad, la integridad, la honra y el buen nombre esgrimidos como violados.

Desde ya se advierte que la vulneración de todas aquellas garantías deben ser valoradas en concreto, esto es, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sucedieron. Basta ver en el caso que aquí se analiza, que no hubo pronunciamientos que hicieran de público conocimiento el presunto consumo de sustancias alucinógenas por parte de algunos estudiantes, entre quienes se encuentra el menor Iván Fernando Rodríguez. Aún más, aunque la vida en comunidad en esos niveles de escolaridad hace incontrolable la causación de rumores estudiantiles, lo cierto es que en el caso de autos no hubo un distorcionamiento ante el alumnado de la honorabilidad del sujeto activo que por medio de Representante participa en esta acción de tutela. Es más, tampoco fue revelada la práctica de toma de muestra de sangre en los menores sobre los que se tenían las sospechas de consumo de marihuana en la institución, lo que evidencia que la conducta, aún cuando ilegítima e irregular no fue exteriorizada.

Y la jurisprudencia de la corporación ha señalado reiterada y enfáticamente que la conculcación de la honra y el buen nombre supone la exteriorización de los actos que en consideración del afectado atentan contra aquellos siempre que “sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se señala entre el público —bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas— informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen” (14) .

Expresó también la Corte sobre el particular:

“El problema empieza cuando tales hechos son socializados por parte de las directivas (bajo su especial comprensión y juicio) como hechos censurables o incorrectos y, sobre todo, cuando tal valoración está de la mano de la identificación y de la calificación pública de la persona que realiza tales conductas.

En estas situaciones se presenta un factor que incide en la construcción social de la personalidad, del carácter, y de la posición concreta de la persona aludida” (15) . (resaltado es de la Corte).

En cuanto a las otros derechos cuyo amparo se pretende, constituye un claro quebrantamiento de garantías como a la dignidad, la intimidad y la integridad física del menor Iván Rodríguez Pérez, por cuanto la muestra de sangre así tomada, desconociendo inclusive la voluntad del paciente desborda el ejercicio legítimo de la función correctora y orientadora de las directivas escolares. Así mismo la orientación de la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad implica el desarrollo del sentido de la dignidad de los estudiantes, y el fortalecimiento del respeto por los derechos del individuo.

De esta manera, una práctica médica por simple que sea, como se trata de la toma de muestra de sangre sin el consentimiento del paciente, violenta la dignidad y la integridad de la persona sobre la que se practica, más aún por razones como las que aquí se han estudiado, donde la justificación fue el presunto consumo de sustancias alucinógenas.

La Corte no desconoce la función correctiva que le es propia a quien dentro de su autonomía, conduce la formación integral de los menores que se hallen en edad escolar, pero no por eso dicha facultad puede extenderse hasta el punto de desviar la verdadera misión del educador, con conductas que no se avienen al ordenamiento constitucional y que, por sobre todo, desequilibra la armonía que debe existir en el ejercicio de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la intimidad, y la integridad física.

Idéntico corolario arroja la situación del debido proceso, por cuanto a las claras, fue desconocido el trámite que habría que adelantarse de conformidad con lo dispuesto en el manual de convivencia de la institución atacada por esta ruta procesal.

Luego de realizarse un recorrido jurisprudencial con relación a la naturaleza jurídica de esos reglamentos, diáfano quedó, que constituye norma primaria de aplicación en cuanto se avenga a la normativa superior, y que, por tanto, el ignorarlo presupone el desconocimiento del debido proceso y todos los derechos que le resultan correlativos. Así, el artículo 27 del manual de convivencia que regula la prevención de la drogadicción señala el trámite a seguir con el propósito de sensibilizar a la comunidad estudiantil, frente a esos temas así:

“A. Prohibimos el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psiocotrópicas dentro y fuera del ambiente del colegio. Cualquier persona de la comunidad tiene la obligación de informar oportunamente a las directivas sobre novedades que observen al respecto.

El colegio, a través del rector, informará a los padres y al defensor de familia cuando se trate de un menor de edad y se procederá al decomiso de las sustancias o elementos que se encuentren. Artículo 32 Decreto 2737 de 1989. Código del Menor.

B. Se aplicarán en forma progresiva las siguientes medidas de carácter preventivo o de sanción según sea el caso, entendidas como el conducto regular.

1. Amonestación (…).

2. Suspensión (…).

3. Exclusión de la comunidad escolar (…).

C. Los padres de familia, profesores, directivas y personal administrativo participarán obligatoriamente en las estrategias de movilización y organización de los proyectos de prevención integral de las fármaco-dependencia en la vida diaria, en los deportes, clubes y demás escenarios de la actividad escolar”

Entre tanto, el numeral 5º quinto capítulo XII, ibídem que rige las condiciones generales frente a los procedimientos que existen para la resolución de conflictos al interior de la institución dispone: “Desechamos de plano cualquier método de castigo físico o menosprecio moral y toda acción que resulte alienante para la dignidad humana y cristiana de nuestros jóvenes” (negrilla fuera de texto).

Frente a la tutela por esas razones interpuesta, la primera instancia concedió el amparo impetrado con relación a los derechos al debido proceso, la dignidad y la autonomía. Por su parte, el órgano judicial que desató la impugnación, negó la tutela con relación a los derechos a la honra y al buen nombre y confirmó la providencia de primer grado con la adición de que se diera por el colegio, aplicación al manual de convivencia en los capítulos ocho y doce.

7. La situación que motivó la solicitud de tutela ha sido superada.

Atendiendo lo hasta aquí dicho, sería inexorable el amparo de los derechos al debido proceso, a la integridad, a la intimidad y a la dignidad humana; no obstante resulta un imperativo para esta corporación apreciar las condiciones de agravio de tales derechos, esto es, definir si aún se encuentran violentados o si por el contrario, se trata de un hecho superado.

Recientemente esta Corte en sentencia de agosto 3 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería) manifestó sobre el hecho superado dentro del trámite de una tutela y su improcedencia ante la actual inexistencia de objeto.

“En casos en los cuales el hecho que inicialmente vulneró o amenazó con lesionar el derecho fundamental respectivo desaparece, la acción de tutela deviene improcedente por carencia de objeto. Cuando se evidencia esta situación, la decisión del juzgador no puede traducirse en una orden de obligatoria observancia” (16) .

Queda entonces establecido para la Sala, que muy a pesar de que se trata de un hecho superado, la forma en que condujo la institución educativa Suazapawa, la situación aquí controvertida, denota una práctica irregular que supone una vejación para el estudiante, desconoce los fines del proceso de enseñanza y desorienta al educando sobre su posición frente al estudio y al conocimiento. Lo que hizo el colegio acusado fue cosificar al menor Iván Fernando Rodríguez y por tanto, no puede la Corte guardar silencio frente a la inaceptable conducta de la institución.

No obstante, aunque la integridad, la dignidad y la intimidad del menor accionante fueron quebrantadas con ocasión de la toma irregular de muestra de sangre en la humanidad de Iván Fernando Pérez Rodríguez, se trata de un hecho que ya se consumó y donde además no se ha perpetuado la agresión.

Por eso, insiste la Corte, “La acción de tutela, al igual que los interdictos posesorios tiene un carácter preventivo, que no supone pronunciamiento de fondo. Reviste una actuación sumaria, rápida y desprovista de formalidades y rigorismos. Su índole es de carácter cautelatorio, casi de policía constitucional; no tiene naturaleza declarativa” (resaltado es nuestro) (Gaceta Legislativa 18, pág. 6).

Cosa idéntica, es la resultante de la violación al debido proceso, por cuanto, luego de definida la impugnación que desató la segunda instancia y que dispuso la adecuación del procedimiento a lo previsto en el manual de convivencia del colegio Suazapawa, dicha institución, en acatamiento al fallo proferido, señaló que de conformidad con ese mismo reglamento ya los términos para la iniciación de la acción disciplinaria se encuentran caducados (fl. 26 y 27 cuaderno de segunda instancia).

Habida cuenta de lo anterior, sin duda el hecho que detonó el recurso de amparo ha sido superado y por tanto, ante la sustracción de materia que implica la carencia actual de objeto, se confirmará la decisión materia de revisión pero por las razones que aquí se exponen, no sin antes prevenir a la institución para que se abstenga de continuar con dicha clase de actuaciones y además se compulsarán copias ante la Secretaría de Educación de Boyacá y el Ministerio de Educación para que de ser el caso, proceda de conformidad.

IV. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR, la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama de 4 de Noviembre de 2005, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. PREVÉNGASE, al rector y a la coordinación de la institución educativa Suazapawa, para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en las acciones que ocasionaron la presente acción de tutela.

3. COMPULSAR copias del presente fallo a la Secretaria de Educación de Boyacá y al Ministerio de Educación Nacional, para que tome las medidas que estime pertinentes..

4. DESE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Sentencia Corte Constitucional T-290 de 2003 (M.P. José Gregorio Hernández).

(2) Corte Constitucional, T-187 de 1993, T-314 de 1994 y T-024 de 1996 entre otras.

(3) Cfr. T-124 de 1998, SU-641 de 1998, y T-1086 de 2001 entre muchas.

(4) Sentencia Corte Constitucional T-1317 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(5) Sentencias T-314 de 1994, T. 052 de 1996, reiteradas recientemente en T-859 de 2002.

(6) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-641 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(7) Ver Sentencia C-410 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

(9) Sentencia ibídem.

(10) ART. 5º—Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

(11) ART. 17.—1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

(12) ART. 11.—Protección de la honra y de la dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

(13) Sentencia Corte Constitucional T-220, marzo 8 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(14) Sentencia T-471 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(15) Sentencia de la Corte Constitucional T-220 de 2004 ibídem.

(16) Ver sentencias T-905 de 2002 y T-781 de 2002.

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