Sentencia T-270 de junio 23 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

TUTELA INSTAURADA POR JUECES

PARA LOGRAR CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS EN SU TRABAJO

EXTRACTOS: «En primer lugar hay que estudiar lo relativo al sujeto activo de la tutela, para precisar que los jueces pueden instaurarla. Se estudiará lo referente al trabajo en condiciones dignas y justas, al derecho de igualdad y a la eventualidad de que haya tratamiento distinto que no sea discriminatorio.

1. Los jueces pueden instaurar tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política permite a todas las personas instaurar la acción de tutela. Si un juez de la República considera que se le han violado sus derechos fundamentales perfectamente puede acudir a la tutela(1).

Por eso, no es correcto tomar la palabra “justicia” en abstracto, y ponerla como barrera al derecho de amparo al cual también tienen derecho los funcionarios judiciales.

2. Quien sufre la violación puede invocar el respecto a sus derechos.

Toda violación o amenaza de violación repercute material y moralmente en el sujeto pasivo. La tutela está instituida, precisamente, para evitar la violación o impedir que continúe. Si alguien considera que se atenta contra su dignidad esto no puede minimizarse, ni menos sancionarse cuando se aspira a hacerla valer.

Cada quien es dueño de su dignidad y si la invoca merece respeto. No es inconstitucional, ni ilegal, ni inmoral, hacer valer la dignidad. Es un contrasentido enfrentar la dignidad humana con la dignidad de la justicia.

En la dignidad es muy importante lo cotidiano, y esto, en vez de demeritar el instrumen-to para defenderla: la tutela, lo engrandece, porque es el acercamiento real de la justicia a lo común y corriente, esto sí trascendental para el ser humano. El derecho, así se considere como superestructura, no pierde nada y más bien se fortifica cuando soluciona los problemas humanos, entre ellos el deseo legítimo de vivir y trabajar lo mejor posible. No es egoísta el juez que busca la superación en su trabajo y que exige para lograrlo condiciones subjetivas y objetivas(2). La dignidad acompaña calladamente a todo ser humano y no es sinónimo de grandilocuencia porque si lo fuera no sería elemento de la autopreservación individual.

3. La dignidad.

En numerosas oportunidades ha habido pronunciamientos de la Corporación sobre este derecho fundamental. Se ha dicho:

“¿Qué es la dignidad humana? Según Kant, “...el hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo tiempo como fin”. Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en sí mismo, enuncia este imperativo categórico: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y otros escritos, Ed. Porrúa S.A. México 1990, pág. 44.)

El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él”(3).

Considerando la dignidad como derecho fundamental, ésta es la posición de la Corte Constitucional:

— “La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y admiten variadas restricciones(4).

— La constitución establece un marco de valores y principios materiales, que se estructuran como fundamento de un verdadero sistema axiológico. Este sistema se basa en la dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad, entre otros(5).

— La dignidad (C.P., art. 1º) es un atributo de la persona y, en cuanto tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión especí-ficamente humana. Como bien lo ha afirmado la Corte, “más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplados en la Constitución”(6).

En conclusión: el tema de la dignidad es recurrente en la tutela.

4. El caso de los ocho jueces reubicados frente al derecho fundamental a trabajar en condiciones dignas.

“Dignidad de los jueces” no es pues una simple frase de pacotilla, es algo que debe ligarse con las condiciones de trabajo. La propia Corte Suprema de Justicia, en otra tutela(7), dice que “el cometido constitucional que tiene a cargo el poder judicial reclama que se realice con absoluta independencia, vale decir, en un clima de amplia autonomía en los aspectos técnicos, administrativo, funcional...” (subrayas fuera del texto).

La pregunta es si hay violación al núcleo esencial del derecho al trabajo en condiciones dignas cuando se menoscaba la privacidad, cuando surgen interferencias indebidas y pierden poder creativo los jueces por estar bajo la impresión de que sus actuaciones orales son escuchadas por extraños y cuando se disminuye el poder de concentración por los ruidos externos (conversación de quienes permanecen en los pasillos frente al otro juzgado). Por supuesto que es normal soportar un cierto grado de interferencia y esto no viola el núcleo esencial de la autonomía, pero, debe hacerse lo posible para que la interferencia disminuya, para que no se prolongue en el tiempo y no se afecte la funcio-nalidad de los juzgados.

Estas circunstancias objetivas, aunque no hacen parte de la autonomía del juez, sí es prudente superarlas, porque no es justo interferir el trabajo de un juez y si ello ocurre se altera la gestión judicial en detrimento del natural anhelo de proyectar cada vez mejor las decisiones, en cuanto a lo sabias y justas que deben ser(8).

En la medida de lo posible hay que enmendar las resistencias a un trabajo en condiciones precarias. Una administración tecnocrática de la justicia no puede mantener permanentes y desgastadoras incomodidades. Si se habilitan unos módulos para despachos judiciales, ello debe ser transitorio porque el juez no tiene que supeditar su salud y su privacidad laboral a extraños comportamientos que le impidan intercambiar ideas, o dictar verbalmente las providencias, y que lo obliguen a hacer las preguntas casi en secreto. Esto no es normal, y, si en unas ocasiones que deben ser efímeras, ocurre, habrá que buscar que lo efímero no se convierta en común y corriente. El juez puede soportar una razonable incomodidad, pero se debe aspirar a que no conviva con la rutina de actitudes forzadas. Y si llegare a ocurrir, será transitoriamente mientras en tiempo también razonable se adecuan los módulos. En conclusión: sí se afectan las condiciones para laborar, pero no al extremo de violar el núcleo esencial del derecho al trabajo en condiciones dignas; además, la reubicación no fue irrazonable y el presupuesto para adecuaciones locativas (superior en disponibilidad a los mil millones) es para todo el departamento de Antioquia; desconociéndose cuál es la situación de los despachos judiciales en lugares diferentes a Medellín.

Pero se repite:

Un juez que invoca su dignidad para trabajar eficientemente, no está planteando cuestión nimia. Exigir privacidad para el trabajo, tranquilidad en cuanto no corran peligro los expedientes y bienes del despacho, condiciones que no afecten la salud, seguridad para el normal desarrollo de las labores de una oficina es algo muy importante, es una obligación.

5. Derecho a evitar en lo posible la ocurrencia de riesgos profesionales.

Así no prospere la tutela, es necesario decir que deben evitarse en lo posible los riesgos profesionales.

En 1º de enero de 1996 se aplicará el sistema de riesgos profesionales a los trabajadores de nivel nacional, así lo dice el artículo 97 del Decreto 1295 de 1994 sobre sistema general de riesgos profesionales que además obliga a “proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan” (art. 1º); habiendo sido definidos tales riesgos en el artículo 8º que dice:

“Son riesgos profesionales... y la enfermedad que haya sido catalogado como profesional por el Gobierno Nacional.”

A su vez, el “reglamento de inscripciones y clasificación de empresas y aportes” (acuerdo 048/94 del ISS) señala los grados de riesgos. Dentro del listado alfabético de los mismos hay numerosísimas actividades, obviamente no aparece la de juez (aunque algunos de ellos son catalogados como de alto riesgo por Decreto 1835/94), pero, como trabajadores pueden adquirir enfermedad profesional, que tratándose, por ejemplo, de iluminación insuficiente produce fatiga ocular o nistagmus catalogados en el artículo 1º, numeral 27 del Decreto 1832 de 1994 como enfermedad profesional, cuya valoración se ubicaría dentro de la tabla del artículo 1º del decreto 776 de 1987.

Pues bien, el artículo 21 del decreto 1295 de 1994, establece como obligación del empleador:

“El procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo;

d) Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa, y procurar su financiación”.

El Estado, cuando se trata del ambiente del trabajo dentro de la rama jurisdiccional, debe evitar que ocurra el riesgo de que unos jueces vean afectada su vista por la permanente luz artificial cuando eso no es lo normal, en el edificio José Félix de Restrepo en Medellín. Al establecerse forzadamente unos módulos se está peligrosamente facilitando un riesgo profesional, pero, no hay prueba suficiente para deducir que necesariamente ocurrirá ese riesgo con la característica de perjuicio irremediable.

6. La igualdad.

Las personas nacen iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de se-xo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, esta enume-ración hecha por el artículo 13 C.P, no es taxati-va y, tratándose de aspectos relativos al trabajo, el artículo 53 ibídem reitera que debe haber “igualdad de oportunidades para los trabajadores”. La Corte en Sentencia 071/93 dijo que este principio aplicable al trabajo “es una especie del principio genérico de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución(10).

A su vez la Sentencia C-71/93 indicó:

“El principio constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 —aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969—, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho convenio es pues en Colombia fuente de derecho de aplicación directa en virtud del artículo 53 de la Constitución Política, al decir: “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”, cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del ar-tículo 93 de la Carta Fundamental”(11).

El ex constituyente Guillermo Guerrero Figueroa, y en el mismo sentido se expresa el mexicano Mario de la Cueva, incluyen dentro del calificativo condiciones de trabajo todos “los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza que se concedan a un trabajador” los cuales “deben entenderse a quienes cumplan un trabajo igual, de ahí la acción llamada de nivelación de condiciones de trabajo(12).

7. Por supuesto que puede haber tratos diferen tes que no son discriminatorios.

Jurídicamente no es lo mismo discriminación que trato diferente. Este último es permitido en algunos casos, sin que implique violación a la igualdad.

En una sentencia de la Corte Constitucional, donde se discutía la igualdad, se aclaró que ante situaciones similares puede haber trato distinto. Dijo la Corporación:

“La justificación del trato jurídico distinto de una situación jurídica equiparable, sólo es posible si se demuestra que ella resulta claramente de la finalidad perseguida por la norma que establece la distinción. En términos de la Corte Europea de Derechos Humanos, “no habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas”. En este orden de ideas, es necesario tener en consideración los objetivos de la norma que establece la distinción, “los cuales —continúa la Corte— no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”(13).

En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio, o que permitan configurar una presunción de comportamiento similar, le corresponde al empleador probar la justificación de dicho trato”(14).

A pesar de haber un trato diferente frente a situaciones iguales, la diferenciación no constituirá discriminación si obedece a un fin constitucionalmente lícito y está motivada objetiva y razonablemente, caso en el cual no es factible afirmar que hay violación al derecho de igualdad.

Y la Sentencia T-525 de 1994 precisó:

“Vale la pena anotar entonces, que el artículo 13 de la Constitución Nacional, no preceptúa siempre un trato igualitario para todos los sujetos del derecho, permitiendo anudar a diferentes situaciones —entre ellas, rasgos o circunstancias personales— distintas consecuencias jurídicas, que buscan a la igualdad material. Sobre este particular, la Corte ha advertido que el derecho de igualdad no excluye dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en distintas situaciones de hecho, cuando exista motivo razonable que lo justifique”(19).

Con estos criterios jurisprudenciales será más equilibrado el estudio de la presente tutela.

8. El caso concreto frente al derecho a la igualdad.

Es evidente que a los 8 jueces a quienes se ubicó en módulos se les dio un trato diferente. Y que, en comparación con quienes quedaron en oficinas convencionales, están en inferioridad por cuanto los jueces no tienen privacidad, son proclives a sufrir de los ojos y pulmones. Los elementos de comparación han sido demostrados en este juicio. Pero, a su vez, la dirección seccional de la administración judicial de An-tioquia, ha probado la necesidad general de una reubicación de los juzgados dentro del edificio José Félix de Restrepo; por supuesto que, no siempre una reubicación debe ser inmodificable. En lo concreto de esta tutela: desplazar a los solicitantes de un despacho convencional a un módulo, las explicaciones dadas son: tener en un solo piso juzgados de la misma categoría y en esos pisos donde hay módulos la distribución se hizo en orden numérico.

Por supuesto que si se mira solamente el momento de la reubicación, es razonable que en ese instante alguien tenga que ocupar el módulo, y si quien lo ocupa lo fue por el turno que le correspondió, no puede pensarse que hubo propósito de discriminación. Pero si esa ocupación es definitiva, esta circunstancia: la permanencia torna en inconveniente algo para lo cual no hubo voluntad discriminatoria.

El trato diferente será más palpable si se tiene en cuenta esta circunstancia: el volumen de audiencias, autos interlocutorios y sentencias que hubo durante 1994 y 1995 en los juzgados donde laboran los solicitantes:

... ¿Será justo que a los juzgados con tal número de audiencias se los mantenga para siempre en los módulos?(20) Le corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia, pero no al juez de tutela, ordenar, en un tiempo razonable la solución locativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. El juez de tutela no puede ser coadministrador en este caso, menos aún, cuando no se ha afectado el núcleo esencial de los derechos invocados.

9. Inaplicabilidad para este caso de la igualdad como diferenciación.

No pueden los jueces solicitantes de la tutela, como lo han insinuado, pedir que intercam-bien sus oficinas con las de otros juzgados que tienen menos audiencias. No es válido en este caso invocar la igualdad como diferenciación.

La Corte ha precisado sobre este tema:

“ La igualdad como diferenciación: es la diferencia entre distintos. Está regulada en el artículo 13 incisos 2º y 3º (adopción de medidas en favor de grupos marginados o débiles), artículo 58 (criterios para fijar la indemnización por expropiación: los intereses de la comunidad y del afectado), y artículos 95.9 y 362 (principios tributarios: equidad y progresividad).

Ahora bien, el concepto de la igualdad ha ido evolucionando en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así: en un primer pronunciamiento, la Corporación sostuvo que la igualdad implicaba el trato igual entre los iguales y el trato diferente entre los distintos(21). En un segundo fallo la Corte agregó que para introducir una diferencia era necesario que ésta fuera razonable en función de la presencia de diversos supuestos de hecho(22). En una tercera sentencia la Corporación ha defendido el trato desigual para las minorías(23). Ahora la Corte desea continuar con la depuración del concepto de igualdad en virtud de la siguiente afirmación:

El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:

— En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho;

— En segundo lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;

— En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales;

— En cuarto lugar, que el supuesto de hecho —es-to es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga— sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna;

— Y en quinto lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.

Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución”.

En el presente caso, si bien es cierto se podría dar la primera condición (el mayor número de audiencias implica distinta situación de hecho), y aun la segunda (la finalidad que se busca es la privacidad), no se dan las demás ya que no es admisible constitucionalmente preferenciar unos jueces sobre otros, darles a unos privacidad a costa de la privacidad de los otros, esto rompe la racionalidad interna de la rama y se tornaría desproporcionada la solución puesto que una injusticia no se soluciona con otra injusticia. Se dirá que en la práctica se rompió esa racionalidad interna por cuanto unos jueces quedaron ubicados en módulos, pues no es función de esta Sala ordenar reparaciones locativas o traslados o rotaciones, pero ello obsta para hacer un llamado a fin de que dentro de lo razonable y lo posible las autoridades administrativas solucionen los inconvenientes que motivaron la tutela.

En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR las sentencias de la Sala Civil del Tribunal de Medellín de 27 de octubre de 1994 y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (29 de noviembre de 1994), por las razones expuestas en este fallo.

2. Ordenar que por secretaría de esta Corporación se comunique esta providencia al Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, a fin de que haga las notificaciones y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

4. Envíese copia de esta sentencia al Defensor del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional».

(Sentencia T-270 de junio 23 de 1995. Magistrado Ponente: Dr Alejandro Martínez Caballero).

______________________________