Sentencia T-270 de mayo 29 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref..: Expedientes T-121.518, T-121.519, T-121.520, T-121541 y T-121.577 (acumulados).

Peticionarias: Mariela Trillos Vásquez, Martha Cecilia Duva Suárez, Martha Cecilia Rojas, Senith Castillo Navarro y María Nelsy Tapias Reales.

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Temas:

— Especial protección del Estado a la mujer embarazada.

— El mínimo vital es predicable del pago de la licencia de maternidad.

— Importancia de la jurisprudencia constitucional para la interpretación de derechos fundamentales.

Santafé de Bogotá, D.C., 29 de mayo de 1997.

EXTRACTOS: «4. En reiteradas oportunidades (1) , la Corte Constitucional ha manifestado que la mujer embarazada y su hijo gozan de especial protección del Estado, pues no sólo el artículo 43 de la Constitución lo exige expresamente, sino los innumerables tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia, los cuales de acuerdo con el artículo 93 de la Carta integran el bloque de constitucionalidad y por ello tienen fuerza vinculante tanto para las autoridades de la República como para los particulares. Por consiguiente, los derechos reconocidos constitucional y legalmente en favor de la mujer embarazada deben ser efectivos a través de la interpretación y de la aplicación de los mismos, pues el respeto por el aparataje institucional no puede llegar a negarlos y menos aún a anularlos.

(1) En relación con este tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-606 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz, T-106 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-568 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-694 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-710 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.

Sobre el particular, esta Sala de Revisión en otra oportunidad, dijo:

“(...).

En este orden de ideas, la normatividad vigente exige a los jueces, como autoridades públicas vinculadas a la ley, la defensa de los derechos de la mujer embarazada, buscando el máximo grado de efectividad de los mismos. Es por ello que el juez debe ponderar y aplicar los medios judiciales que de acuerdo con cada caso en particular, garanticen el cumplimiento eficaz de la legalidad. Entonces, entra la Sala a estudiar si la acción de tutela es el mecanismo judicial aplicable en el presente asunto, o si por el contrario su evidente carácter subsidiario excluye la procedibilidad de la acción.

Pago de licencia de maternidad cuando se está ante el mínimo vital

5. En vista de que la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales residual y subsidiaria, debe estudiarse la procedibilidad de la acción, pues ante el incumplimiento del pago de obligaciones prestacionales es evidente la existencia de un proceso ejecutivo laboral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral.

En relación con la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de derechos prestacionales, la Corte Constitucional en su labor hermenéutica ha desarrollado la tesis del mínimo vital, pues se parte de la base que ante la urgencia de la protección y la presencia indispensable de un mínimo de recursos para la subsistencia en condiciones dignas del trabajador, la acción de tutela es procedente. En un fallo reciente proferido por la Sala Plena de esta Corporación, se explicó el concepto de mínimo vital y la excepcionalidad de la acción de tutela para el pago de prestaciones sociales. Se dijo:

“La Corte, con arreglo a la Constitución, ha restringido el alcance procesal de la acción de tutela a la protección de los derechos fundamentales. Excepcionalmente ha considerado que los derechos económicos, sociales y culturales, tienen conexidad con pretensiones amparables a través de la acción de tutela. Ello se presenta cuando se comprueba un atentado grave contra la dignidad humana de personas pertenecientes a sectores vulnerables de la población y el Estado, pudiéndolo hacer, ha dejado de concurrir a prestar el apoyo material mínimo sin el cual la persona indefensa sucumbe ante su propia impotencia. En estas situaciones, comprendidas bajo el concepto del mínimo vital, la abstención o la negligencia del Estado se ha identificado como la causante de una lesión directa a los derechos fundamentales que amerita la puesta en acción de las garantías constitucionales.

Por fuera del principio a la dignidad humana que origina pretensiones subjetivas a un mínimo vital —que impide la completa cosificación de la persona por causa de su absoluta menesterosidad—, la acción de tutela, en el marco de los servicios y prestaciones a cargo del Estado, puede correctamente enderezarse a exigir el cumplimiento del derecho a la igualdad de oportunidades y al debido proceso, entre otros derechos que pueden violarse con ocasión de la actividad pública desplegada en este campo (3) ”.

(3) Sentencia SU-111 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

6. En relación con la procedibilidad excepcional de la acción de tutela para el pago de la licencia de maternidad, la Corte se expresó al tenor literal:

“Como se observó en el acápite anterior, la licencia de maternidad tiene por objeto brindarle a la madre el descanso necesario para poder reponerse del parto y prodigarle al recién nacido las atenciones que requiere. El descanso se acompaña del pago del salario de la mujer gestante, a fin de que ella pueda dedicarse a la atención de la criatura. Por lo tanto, el pago del dinero correspondiente al auxilio de maternidad es de vital importancia tanto para el desarrollo del niño como para la recuperación de la madre.

Excepcionalmente, la Corte ha considerado que pese a la existencia del proceso ejecutivo laboral, algunas prestaciones o derechos podrían ser exigidos a través de la acción de tutela, en especial cuando resultan manifiestos la arbitrariedad de la administración y los efectos gravosos que ésta proyecta sobre los derechos fundamentales de las personas.

(...) reiterada jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que algunas prestaciones y derechos debidos a personas de la tercera edad, están íntimamente vinculados con su propia subsistencia en condiciones dignas e involucran, por lo tanto, una suerte de derecho al mínimo vital que permitiría, en algunos casos, franquear la vía de la tutela con miras a su garantía (4) .

(4) Sentencia T-568 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En estas circunstancias, la protección de la mujer trabajadora embarazada en circunstancias de debilidad económica manifiesta, hace procedente la acción de tutela para el pago de los dineros adeudados correspondientes a la licencia de maternidad, pues existen circunstancias donde la licencia, que se constituye en el salario de la mujer que dio a luz durante el tiempo en que la trabajadora permanece retirada de sus labores, es el único medio de subsistencia en condiciones dignas tanto para la mujer como para su familia, en especial para el recién nacido. Es por ello que los argumentos de la sentencia T-311 de 1996 (5) son perfectamente aplicables al caso concreto. Ese fallo dispuso:

(5) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“Ahora bien, el no pago de una incapacidad médica constituye, en principio, el desconocimiento de un derecho de índole laboral, pero puede generar, además, la violación de derechos fundamentales cuando ese ingreso es la única fuente de subsistencia para una persona y su familia. No sólo se atenta contra el derecho al trabajo en cuanto se hacen indignas las condiciones del mismo sino que también se puede afectar directamente la salud y en casos extremos poner en peligro la vida, si la persona se siente obligada a interrumpir su licencia por enfermedad y a reiniciar sus labores para suministrar el necesario sustento a los suyos.

Cuando hay menores de por medio, pueden resultar amenazados sus derechos fundamentales, pues prácticamente todos los que enuncia el artículo 44 de la Constitución —la vida, la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la protección contra toda forma de abandono— resultan comprometidos por las deficiencias económicas de quien es cabeza de familia.

(...).

A lo anterior se añade, para situaciones como las consideradas en esta ocasión, que la mujer merece especial protección durante el embarazo y después del parto, particularmente si es cabeza de familia, y por tanto el Estado social de derecho, a través de sus jueces, está obligado a velar por la intangibilidad de sus derechos, valiéndose de los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico, uno de los cuales es el previsto en el artículo 86 de la Carta cuando otros instrumentos judiciales resultan inoficiosos para ello”.

Efectividad del mínimo vital

7. De otra parte, la caja de previsión argumenta que es imposible el pago de las licencias de maternidad si no existen las apropiaciones presupuestales que lo respalden. En otras palabras, si la entidad que recauda las cotizaciones correspondientes no realiza el giro, el pago no está autorizado. En relación con el tema, la Corte ha sostenido que en su función de salvaguarda de la Constitución, y por ende, en su labor de intérprete de los derechos constitucionales fundamentales, debe favorecer la efectividad de los mismos a través de un amparo material que maximice sus contenidos.

Por lo anterior, el juez de tutela que constata que por la omisión de las autoridades o particulares se transgrede los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la subsistencia en condiciones dignas, por carencia de un mínimo vital, debe dirigir su acción y ordenar lo pertinente para no vaciar el contenido de los derechos que se buscan proteger. Es por ello que la orden del juez de tutela, sin entrar a definir asuntos meramente administrativos, puede ordenar la inclusión en partidas presupuestales siempre y cuando esa sea la única manera de extinguir la vulneración del derecho que busca amparar. Sobre el tema, la Corte ha manifestado:

“En casos de la gravedad señalada, el juez podría emitir ordenes encaminadas a la realización de los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la inclusión presupuestal y posteriormente la ejecución de la obra. Para que ello pueda ser admitido como facultad del juez, es también indispensable que dicha ejecución sea el único medio para garantizar la protección de los derechos fundamentales. La argumentación que el peticionario expone en su escrito de impugnación no tiene en cuenta los indicados supuestos necesarios, esto es: a) que la orden judicial dirigida a la administración no sea de resultado sino de medio, es decir que consista en la realización de los trámites necesarios para la ejecución de la obra, y b) que ello sea el único instrumento para salvaguardar los derechos fundamentales conculcados.

4.1. En cuanto al alcance de la orden judicial, la jurisprudencia de la Corte es clara cuando afirma que ésta debe limitarse a dar instrucciones a la autoridad competente para que “lleve a cabo las diligencias necesarias, dentro de la normatividad vigente, con miras a que en la programación posterior del presupuesto se proyecte el recurso necesario para efectuar el gasto y culminar la obra, logrando así la protección razonable y efectiva del derecho” (sent. T-185/93) (6) ”.

(6) Sentencia T-420 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Importancia de la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional

8. En relación con el argumento de la Sala civil familia del tribunal superior de Barranquilla, de apartarse de la decisión de la jurisprudencia constitucional en la interpretación de derechos fundamentales en un caso similar al que ahora se estudia, esta Sala de revisión considera relevante realizar algunas precisiones.

Es claro que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, las decisiones de tutela tienen efectos interpartes y su motivación sólo constituye criterio auxiliar para los jueces. Sin embargo, la doctrina constitucional tiene la virtud especial de definir el contenido y alcance de los derechos constitucionales, por ello la función primordial de la jurisprudencia de esta Corporación es orientar la hermenéutica constitucional que debe aplicar derechos consagrados en la Constitución. Así mismo, la doctrina que esboza esta Corte, tiene la finalidad de otorgar mayor grado de seguridad jurídica en la aplicación de la ley por igual a casos iguales y diferente a casos disímiles, garantizando de este modo la justicia en la aplicación de la ley por parte de los jueces.

9. En estas circunstancias, el principio de autonomía funcional del juez cuyo sustento constitucional también es claro (C.P., art. 230), no debe confundirse con arbitrariedad del fallador, pues como autoridad que es, está limitado a la Constitución, la ley y a la doctrina constitucional, en caso de inexistencia de norma legal específica que rija el caso, tal y como lo señaló la sentencia C-083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Sobre este tema, la Corte dijo:

“(...) debe concluirse que las sentencias de revisión que dicta la Corte Constitucional no pueden equipararse a las que profieren los jueces cuando resuelven sobre la demanda de tutela en concreto o acerca de la impugnación presentada contra el fallo de primer grado, sino que, por la naturaleza misma de la autoridad que la Constitución le confiere en punto a la guarda de su integridad y supremacía, incorporan un valor agregado de amplio espectro, relativo a la interpretación auténtica de la preceptiva fundamental sobre los derechos básicos y su efectividad (7) .

(7) Sentencia T-175 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Los casos concretos

10. En los cinco casos, las actoras manifiestan la urgencia del pago de la licencia de maternidad, pues es el único medio de subsistencia con que cuentan ellas y sus hijos. La afirmación no fue objetada ni se probó cosa diferente, por lo cual y en razón al principio de buena fe esta Sala confía en que las peticionarias se encuentran en condiciones de debilidad económica grave, por lo que les es aplicable la teoría del mínimo vital que se reiteró con anterioridad. Además, en dos casos se dice expresamente que son madres solteras cabeza de familia, por consiguiente, su salario es el único instrumento de subsistencia de toda una familia. En tales circunstancias, y por lo expuesto las tutelas están llamadas a prosperar.

11. Finalmente, esta Sala considera que por encontrarse transgredido el derecho fundamental a la vida en condiciones dignas de estas mujeres trabajadoras y que el Estado no puede seguir favoreciendo la arbitrariedad en el pago de un derecho reconocido que resulta indispensable para la subsistencia, es imperioso actualizar la obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo del dinero a que tienen derecho las actoras. Por lo tanto, es procedente ordenar el pago de la indexación en el monto a que hubiese lugar, tal y como lo ha señalado en múltiples oportunidades esta corporación (8) .

(8) Sobre el particular se reiteran las sentencias T-63 de 1995, T-367 de 1995, T-418 de 1996, C-448 de 1996, T-175 de 1997, entre otras.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR, la sentencia de diciembre 18 de 1996, proferida dentro del Expediente T-121.518 por la Sala Civil-Familia del tribunal superior de Barranquilla, en consecuencia CONFIRMAR el fallo del juzgado 8 civil del circuito de Barranquilla del 8 de noviembre de 1995 (sic), y se AGREGA al numeral primero, que el pago deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del presente fallo.

2. REVOCAR, las sentencias de diciembre 18 y noviembre 20 de 1996, proferidas dentro del Expediente T-121.519 por la Sala Civil-Familia del tribunal superior de Barranquilla y el juzgado 10 civil del circuito de Barranquilla, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada por la señora Martha Cecilia Duva Suárez. Por consiguiente, ORDENAR a la Caja de Previsión Social Distrital de Barranquilla que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación del presente fallo, proceda a pagar la licencia de maternidad de la actora, siempre que hubiese apropiación presupuestal suficiente. Si no hubiese la apropiación, se conceden cuarenta y ocho (48) horas para que la tesorería distrital de Barranquilla inicie los trámites indispensables con miras a girar los dineros necesarios para el pago.

3. REVOCAR, la sentencia de diciembre 18 de 1996, proferida dentro del Expediente T-121.520 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en consecuencia CONFIRMAR el fallo del juzgado 7 civil del circuito de Barranquilla del 12 de noviembre de 1996.

4. REVOCAR, la sentencia de diciembre 18 de 1996, proferida dentro del Expediente T-121.541 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en consecuencia CONFIRMAR el fallo del juzgado 2 civil del circuito de Barranquilla del 8 de noviembre de 1996.

5. CONFIRMAR la providencia de noviembre 13 de 1996, proferida por el juzgado 6 civil del circuito de Barranquilla, dentro del expediente T-121.577.

6. ORDÉNASE a la tesorería del distrito de Barranquilla que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del presente fallo, gire los dineros necesarios para el pago de la licencia de maternidad de las actoras, indexando las sumas debidas, tal y como lo dispuso la sentencia C-448 de 1996, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

7. COMUNICAR por secretaría general la presente providencia a la Caja de Previsión Social de Barranquilla y a la tesorería distrital de Barranquilla.

8. LÍBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

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