Sentencia T-277 de abril 2 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sentencia T-277 de 2003 

Ref.: Expediente T-683831

Magistrado Ponente:

Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Sandra Mabel Escobar

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil tres.

La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente,

Sentencia

Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín respecto de la acción de tutela T-683831 instaurada contra Susalud EPS de Medellín.

I. Antecedentes

Hechos

1. La accionante Sandra Mabel Escobar de 33 años de edad, afirma que le fue diagnosticada una enfermedad que consiste en la pérdida gradual de un órgano auditivo.

2. Actualmente se desempeña como ama de casa, ya que debido a la disminución de su capacidad auditiva se le cerraron las puertas del mercado laboral.

3. El esposo de la accionante la afilió en el año 1999 a Susalud EPS como beneficiaria. A partir de ese momento se le realizaron los chequeos médicos necesarios para determinar el estado de su enfermedad y se le diagnosticó hipoacusia neurosensorial en avanzado estado degenerativo.

4. El médico tratante, doctor Luis Fernando Gómez, le recomendó la realización de implante coclear en el oído.

5. El 12 de agosto de 2002 la actora solicitó a la EPS le realizara el implante coclear.

6. El 16 de agosto del mismo año la EPS le comunica que el implante coclear no está contemplado en el plan obligatorio de salud, POS.

7. Por sus condiciones económicas, afirma la peticionaria, no puede acceder al implante por sus propios medios. Agrega, que por la enfermedad que padece ha disminuido su calidad de vida por cuanto le cuesta interactuar y comunicarse con otras personas.

8. Solicita le sea tutelado el derecho a la salud y se le ordene a Susalud EPS que se le realice el implante coclear.

— Pruebas

— Copia de la recomendación por parte del doctor Luis Fernando Gómez D., médico tratante, para que se le realice el implante coclear a la accionante.

— Copia de la solicitud de la orden del servicio de Susalud, EPS.

— Copia de la negación Nº 709 del servicio de Susalud, EPS.

— Copia de la cédula de ciudadanía de la actora.

— Copia del carnet de afiliación a Susalud, EPS, con fecha 23 de septiembre de 1999.

— Copia de la historia clínica de la peticionaria en la Clínica de Occidente.

3. Sentencia objeto de revisión.

Primera instancia

El Juez Décimo Civil Municipal de Medellín con fecha 11 de septiembre de 2002 no tuteló la petición elevada por la actora, al considerar que la entidad accionada no está violando el derecho a la salud en conexidad con el de la vida, por cuanto el implante coclear no le fue ordenado a la actora por el médico adscrito a la EPS accionada, sino que éste por escrito le indicó que por sus condiciones auditivas podría beneficiarse del mismo.

Segunda instancia

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín con fecha 31 de octubre de 2002 confirmó la sentencia impugnada al considerar que los argumentos esbozados por el a quo para negar la tutela, entre ellos que no existe una fórmula médica en la que se ordene el implante coclear, se encuentran bien fundamentados por no existir en el expediente la orden respectiva. Por lo tanto, no hay vulneración de derechos fundamentales.

5.(sic) Solicitud de prueba por parte de la Corte Constitucional.

Mediante auto del 07 de marzo de dos mil tres (2003) la Corte solicitó a Luis Fernando Gómez D., médico tratante de la Clínica de Occidente de Otorrinolaringología, de Medellín, de la señora Sandra Mabel Escobar, que en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación del auto, emitiera su concepto si era necesario o no que se le realice la cirugía de implante coclear.

La respuesta que dio el doctor a Luis Fernando Gómez, fue la siguiente: “La paciente consultó por hipoacusia neurosensorial que había aumentado en los últimos ocho (8) años. A pesar de utilizar audífonos en oído izquierdo y éste ya no es de utilidad.

Esta paciente podría beneficiarse de un implante coclear para mejorar su hipoacusia”.

Mediante auto del 28 de marzo de 2003, la Corte decidió levantar los términos de suspensión.

II. Consideraciones y fundamentos

A. Competencia.

Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.

B. Temas jurídicos.

Corresponde a esta Sala establecer si es procedente la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de la accionante ante la oposición de la EPS de Susalud de realizarle un implante coclear, por cuanto no se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud.

1. En la Sentencia T-902 de 2002 (1) se dijo que si el diagnóstico, el tratamiento recomendado, o la cirugía ordenada no se han llevado a cabo, deben efectuarse y se protegen tutelarmente si afectan derechos fundamentales.

(1) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

“Esta corporación en la Sentencia T-281 de 1996 (2) dijo: “Cuando existe un nexo directo e inescindible entre el funcionamiento del servicio de salud y un estado de disminución recuperable de la integridad física, como ocurre en el caso de un aplazamiento injustificado de una cirugía recomendada previamente, que termina en la disminución de la capacidad de locomoción del paciente afiliado a la entidad, es preciso ordenar en sede de tutela que, si es prudente y razonable, se continúe el tratamiento recomendado e iniciado, salvo concepto obligatorio en contrario, siempre que el paciente sea informado y acepte la continuación del procedimiento con sus riesgos clínicos”.

(2) Sentencia T-281 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez.

Por eso, se ordena el tratamiento, aunque éste no figure en el listado (3) , siempre y cuando se cumpla con algunas circunstancias, como por ejemplo que lo ordene o recomiende el médico tratante.

(3) Sentencia T-220 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

2. Cuando el médico tratante ordena un tratamiento, esta determinación debe ser atendida. Pero si no existe orden, no hay lugar a conceder la tutela.

La Corte Constitucional en jurisprudencia T-220 de 2003 (4) , se dijo:

(4) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

“Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual se encuentre afiliado el demandante en consecuencia”.

No se estaría cumpliendo con los requisitos exigidos en la jurisprudencia para inaplicar la normas existentes de medicamentos y cirugías que se encuentran fuera del POS, si no existe determinación del médico tratante, ordenando un tratamiento no incluido en el POS.

En la Sentencia T-1619 de 2000 (5) , se dijo respecto a la no prosperidad de la tutela cuando no aparece en el expediente prueba de la vulneración o amenaza del derecho fundamental:

(5) M.P. Fabio Morón Díaz.

“... para que la acción de tutela pueda prosperar, es indispensable que exista una amenaza o vulneración efectiva y plenamente demostrada de derechos fundamentales, ya que si se concediera para fines distintos, el objetivo que tuvo en mente el constituyente al consagrarla resultaría desvirtuado”.

Es de anotar, que el amparo constitucional se consagró para restablecer los derechos fundamentales conculcados o para impedir que se perfeccione su violación si se trata apenas de una amenaza, pero que, de todas maneras, su presupuesto esencial, insustituible y necesario, es la afectación —actual o potencial— de uno o varios de tales derechos, que son cabalmente los que la Carta Política quiso hacer efectivos por lo cual la justificación de la tutela desaparece si tal supuesto falta. Si no existe prueba de la vulneración, no prospera la garantía tutelar.

Caso concreto

En el caso de la señora Sandra Mabel Escobar los jueces de instancia negaron la acción basándose en que no existió orden expresa por parte del médico adscrito a la EPS, sino que éste por escrito indicó que la paciente por sus condiciones auditivas podría beneficiarse de un implante coclear.

Esta Sala le solicitó al médico tratante, en forma escrita que dijera si era necesario o no que se le realizará el implante coclear a la actora y él respondió así: “Esta paciente podría beneficiarse de un implante coclear para mejorar su hipoacusia”, de lo que se deduce que es una sugerencia por parte del médico y no la orden de realizarle dicho implante.

El médico tratante realmente no dio la orden para que se le realizara a la peticionaria la cirugía del implante coclear, razón por la cual la presente acción de tutela no puede prosperar.

En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente expuesto, se confirmará el fallo del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Medellín, el 31 de octubre de 2002, en la que se decidió no tutelar los derechos invocados por la señora Sandra Mabel Escobar, contra Susalud EPS de Medellín, pero por las razones expuestas en esta sentencia.

2. LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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