Sentencia T-278 de julio 26 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO

ACCIONES POLICIVAS POSESORIAS

EXTRACTOS: «Los lanzamientos por ocupaciones de hecho sí se pueden ventilar ante las autoridades de policía, tal como lo establece el inciso primero del artículo 15 de la Ley 57 de 1905, norma que a la letra dice:

“Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca”.

El correspondiente Decreto Reglamentario 992 de 1930, en su artículo 1º, inciso primero, ordena:

“Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905”.

La vigencia de estas normas es incuestionable, ya que las disposiciones que el Código de Procedimiento Civil incorpora en sus artículos 408, numeral 2º y 435, numeral 6º (interdictos para recuperar o conservar la posesión y posesorios especiales), no gobiernan asuntos policivos. Tan sólo regulan actuaciones ante la jurisdicción civil.

En relación con estos procesos, el Dr. Hernán Fabio López Blanco, en su obra “Instituciones de derecho procesal civil colombiano” (tomo 2, parte especial, quinta edición, ABC, Bogotá, 1992, pág. 94), partiendo de la base de la vigencia de las acciones policivas, ha dicho: “(...) recordamos que es conveniente, antes que acudir al proceso posesorio, emplear las acciones posesorias policivas que con una mayor dinámica y efectividad permiten obtener idénticas finalidades, de donde se concluye que si estamos en oportunidad para adelantar una de estas acciones no vacilamos en recomendar primero que todo el agotamiento de la misma antes de la iniciación del proceso posesorio civil, por lograrse idéntica finalidad con mayor presteza, pero sin que sea obligatorio, como requisito de la acción civil, agotar previamente tal vía”.

Si, entonces, los medios policivos están ajustados a derecho, mal puede verse en su utilización una afrenta al debido proceso. Por este aspecto, la Sala también declarará la no procedencia de la tutela incoada.

2.2.4. No por ser sumario, el procedimiento de lanzamiento del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 es inaplicable.

Los quejosos en tutela afirman que, como consecuencia de la aplicación de las normas policivas del lanzamiento por ocupación de hecho, se les vulneran los derechos de los artículos 762, 780, 965, 966 y 970 del Código Civil; pues no tienen ocasión de plantear tales cuestiones.

La Sala observa que el fundamento de este proceso policivo es la rápida y efectiva defensa de la posesión, lo cual explica su carácter sumario. Esta solución no desatiende el debido proceso, toda vez que el ocupante de la finca, antes del lanzamiento, está facultado para enervar la acción, pudiendo llegar incluso a suspender la diligencia si exhibe el “título o prueba que justifique legalmente la ocupación”.

En caso de que el lanzado alegue ser poseedor y, además, tenga reclamaciones por razón de mejoras, siempre podrá tramitarlas mediante el uso del respectivo plenario civil, que vendría a ser el proceso abreviado atinente al interdicto para recuperar la posesión junto con las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 408, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil). Podrían, además, acudir los posibles perjudicados al proceso ordinario para reclamar el valor de las mejoras que dicen haber plantado en suelo ajeno, con fundamento en las normas pertinentes del Código Civil. Por esta razón, tampoco es cierto, como lo dicen los accionantes, que el procedimiento policivo conduzca inexorablemente al enriquecimiento ilícito de los querellantes.

De otra parte, no es cierto que los reclamantes de la tutela “no han tenido la oportunidad de reclamar los derechos que esas disposiciones legales les reconoce (sic)”. Ante el juez civil que ordenó la diligencia de lanzamiento, en su momento, perfectamente habrían podido proponer un incidente de restitución de posesión, de conformidad con el numeral 1º del parágrafo 4º del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo primero numeral 160, del Decreto 2282 de 1989, texto que a la letra dice:

“Oposición a la entrega. Las oposiciones se tramitarán así:

PAR. 4º—Restitución al tercero poseedor:

1. Si el tercero poseedor con derecho a oponerse no hubiere estado presente al practicarse la diligencia de entrega, podrá solicitar al juez de procedimiento dentro de los treinta días siguientes, que se le restituya en su posesión. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el opositor deberá probar su posesión. Si se decide desfavorablemente al tercero, éste será condenado a pagar multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales, costas y perjuicios.

Para que el incidente pueda iniciarse, el peticionario deberá prestar caución que garantice el pago de las mencionadas condenas”.

Por lo demás, el hecho de que los querellantes hayan procedido contra personas indeterminadas, no viola el numeral 3º del artículo segundo del Decreto 992 de 1930, pues éste exige la mención de la persona o personas contra quien se dirige la acción, sólo “si fueren conocidas”. Este conocimiento, es claro, no es obligatorio para la víctima de una ocupación indebida.

Estas consideraciones, también, conducirán a la Sala a denegar la tutela.

2.2.5. El Inspector 9C Distrital de Policía puede llevar a cabo la diligencia de lanzamiento sin tener en consideración anterior denuncia penal o incidente civil de nulidad.

La Sala considera que en esta clase de asuntos, según el Código Nacional de la materia, la única misión del funcionario de policía es impedir que a las personas se les perturbe el ejercicio de la posesión de bienes. Por eso, los artículos 125 y 126 de esa obra dicen:

“La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.

En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.

De la lectura de las disposiciones citadas se desprende, con claridad, que a la policía no le está asignada función distinta de proveer con celeridad para el restablecimiento de la posesión o la tenencia. Si esto es así, lógicamente debe entenderse que a los inspectores no les es posible dilatar o eludir el cumplimiento de sus obligaciones, so pretexto de atender intrincadas prejudicialidades penales o civiles.

En el presente asunto, por lo demás, la nulidad planteada respecto de la diligencia de lanzamiento ordenada por el Juzgado 30 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, no prosperó (fl. 115) por no ser los peticionarios parte en el proceso.

En resumen, la suspensión del proceso civil, en razón de una supuesta influencia de un fallo penal o civil, corresponde exclusivamente a los jueces de aquella jurisdicción, de conformidad con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. No es figura que pueda extenderse a las autoridades de policía. Así, por este aspecto, tampoco cabrá en este asunto la concesión de la tutela».

(Sentencia T-278 de julio 26 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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