Sentencia T-279 de junio 27 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

PAGO PREVIO DE MULTAS PARA TRAMITAR RECURSOS

ES UN REQUISITO INCONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «Del criterio expuesto por la Corte Constitucional en la jurisprudecia referida(*), se concluye lo siguiente:

1. Los requisitos establecidos por la ley u otra norma jurídica que no sea de jerarquia constitucional que impidan u obstaculicen el derecho al acceso a la justicia, y en consecuencia, desconozcan en ese aspecto el debido proceso, son contrarios a los artículos 29 y 229 de la Carta Política.

2. La misma conclusión se aplica si se trata de requisitos o exigencias que impidan el derecho de defensa dentro de la vía gubernativa.

3. Tratándose de la ley u otro tipo de normas de carácter general, si no han sido declaradas inexequibles o anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa, según el caso, de conformidad con el artículo 4º de la Carta Política que establece que ésta “es norma de normas” y que “en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, es procedente aplicar la llamada excepción de inconstitucionalidad con el objeto de que se aplique la Constitución, a cambio del precepto que choca con ella.

4. De acuerdo con el criterio expuesto en la referida Sentencia Nº T-450 de 1994, es la tutela un mecanismo apropiado para obtener la inaplicación en el caso concreto de la ley u otra norma de carácter general que imponga res-tricciones que atenten contra el debido proceso, el derecho de defensa o el acceso a la justicia, si como consecuencia de su observancia se vulneran o amenazan derechos fundamentales de las personas, pues, como ya lo señaló la Corporación en el citado fallo: “la vía de tutela es apta para lograr que se inaplique al caso específico una norma incompatible con la Constitución, si la aplicación de la misma es a la vez causa de la violación o amenaza de los derechos fundamentales del petente”.

Ahora bien, en el caso sub exámine encuentra la Corte que el artículo 8º de la Ley 1ª de 1963, disposición sobre la cual la entidad accionada exigió el previo pago de la multa impuesta a Proaser Ltda. a fin de resolver en vía gubernativa los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución Nº 0333 del 27 de julio de 1994, norma sobre la cual también sustentó su rechazo según se observa en la parte motiva de la Resolución Nº 045 del 23 de agosto del mismo año, expresa lo siguiente:

“El gobierno establecerá las sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas sobre salarios y pensiones. Las multas que se fijen por este concepto, y en general todas las dispuestas por las autoridades laborales y las impuestas por violaciones al control de precios y por acaparamiento o especulación se cobrarán por jurisdicción coactiva, y su valor deberá consignarse previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas (...).”

De conformidad con el criterio jurispru-dencial expuesto, esta disposición legal se convierte en un obstáculo que impide el ejercicio del derecho de defensa de la sociedad accionante dentro de la vía gubernativa, pues exige el pago previo del monto de la multa que le fue impuesta mediante Resolución Nº 033 de 1994, como requisito previo para que Proaser Ltda. pueda interponer los recursos de reposición y subsidiario de apelación, como lo hizo, y cuya consecuencia fue el rechazo de tales mecanismos de defensa por parte de la Inspección Nacional del Trabajo y Seguridad Social de Sogamoso.

Además, la aplicación de dicha disposición de la Ley 1ª de 1963 por parte de la entidad accionada impide el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa de Proaser Ltda., desconociendo así los artículos 29 y 229 de la Carta, y vulnerando, en consecuencia, los derechos fundamentales de la sociedad accionante, pues, de conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo solamente “los recursos de reposición y de queja no son obligatorios” y la vía gubernativa se agota cuando los actos administrativos quedan en firme por que “contra ellos no proceda ningún recurso; 2) cuando los recursos interpuestos se hayan decidido” (art. 62 nums. 1º y 2º del CCA) y “cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja”.

Consecuencia de lo anterior es que la interposición del recurso de apelación por Proaser Ltda. contra la Resolución Nº 033 de 1994 resulta indispensable para el agotamiento de la vía gubernativa a fin de habilitarse para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas a que haya lugar, de conformidad con el CCA, lo cual no ocurre en el caso presente, pues a la accionante se le rechazaron los recursos de reposición y de apelación por el no pago previo del valor de la multa que controvierte, lo que la imposibilita para ejercer las acciones contencioso administrativas respectivas. Luego no es cierto como se dijo en la sentencia del tribunal, materia de revisión, que “la accionante dispone de otros medios judiciales directamente, o sea, sin la necesidad de agotar los recursos de la vía gubernativa a la luz de los artículos 51, 62, 63 y 135 del CCA”.

Teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas por la Corporación en los pronunciamientos citados en esta providencia, la tutela objeto de estudio se constituye en el mecanismo jurídico apropiado para que se inaplique el artículo 8º de la Ley 1ª de 1963, pues la exigencia en él consagrada relativa al previo pago del valor de la multa para que el afectado pueda presentar los recursos correspondientes en vía gubernativa, no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 29 y 229 de la Carta Política, como ya se advirtió, y esta situación es causa de la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de acceso a la justicia de la accionante, y la protección efectiva de tales derechos que se impone ha de tener como consecuencia la no aplicación del requisito consagrado en el referido artículo 8º de la Ley 1ª de 1963, a fin de que se tramiten por parte de la entidad accionada, de conformidad con la Constitución y la ley, los recursos interpuestos oportunamente, con la observancia plena de las garantías propias del debido proceso.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala de Revisión procederá a revocar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo —Sala Laboral— el 2 de febrero de 1995, y tutelará los derechos fundamentales de defensa y de acceso a la justicia de Proaser Ltda., ordenando a la Inspección Nacional del Trabajo y Seguridad Social de Sogamoso que proceda a desatar los recursos de reposición y de apelación interpuestos por la accionante contra la resolución Nº 033 del 27 de julio de 1994, sin tener en cuenta la exigencia del pago previo de la multa impuesta mediante dicho acto, como consecuencia de la inaplicación en el caso sub exámine del artículo 8º de la Ley 1ª de 1963 por ser contrario, en lo ya señalado en esta providencia, a los artículos 29 y 229 de la Carta Política. Es de advertir que lo anterior no implica la eliminación de la presunción de legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 033 de 27 de julio de 1994, por medio de la cual la Inspección Nacional del Trabajo y Seguridad Social de Sogamoso impuso una multa a Proaser Ltda., por el incumplimiento en el pago oportuno de los salarios a algunos de sus empleados.

De otro lado, no se accede a la tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos de la accionante, tal como se solicitó en la demanda, porque en el caso presente no existe un perjuicio irremediable en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 8º del decreto 2591 de 1991, y además porque la tutela de los derechos que se ordena a través de esta providencia constituye un mecanismo directo de protección por cuanto, una vez tramitados los recursos de reposición y de apelación por parte de la Inspección Nacional del Trabajo y Seguridad Social de Sogamoso, de conformidad con el contenido de la presente sentencia, Proaser Ltda. contará con los mecanismos de defensa judiciales respectivos ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el evento de que las decisiones que adopte la entidad accionada en vía gubernativa sean contrarias a sus pedimentos».

(Sentencia T-279 de junio 27 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

______________________________