Sentencia T-29 de enero 19 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Sent. T-029/2001, ene. 19/2001. Exp. T-345474 y acumulados.

M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Acción de tutela instaurada por: José Tulio Castillo Rodríguez y otros.

Procedencia: Tribunal Superior de Ibagué Sala Civil.

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados doctores Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Cristina Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus competencias constitucionales legales, ha proferido la siguiente

Sentencia

Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos dentro de los expedientes de tutela, acumulados, que a continuación se relacionan:

Flora María Useche Vda. de Beru T- 363529

María del Rosario Díaz de Ferreira T- 363530

Tiberio Devia Guarnizo T-363531

Santos Prada Leyton T-359393

Rosalía Gutiérrez Rodríguez T-359394

Román Galicia Méndez T-359509

Alejandro Rincón Barrios T-357995

José Tulio Castillo Rodríguez T-345474

Regina Sánchez Luna T-357997

Rosario Nieto de Peña T-357998

Manuel Antonio Campos Mancera T-357999

José Gustavo Cuéllar T-358067

María Jesús Hernández León T-358580

Carmen Vaquiro de Rojas T-358581

Ana Rita Rivera Rojas T-354353

Guillermo Alfonso Devia T-354354

Luis Antonio Castro Masmela T-354355

Ana Felisa Tovar de Granados T-354356

Filarmina Romero de Campos T-354357

Jesús Antonio Bohórquez T- 354367

Darío García Quintero T-354368

Amalia Briñez Lezama T-354369

Limbania Rocha de Olivera T-354370

Argelia Mendoza de Torres T-354371

María Virgelina Leyton T-354372

Verónica García Vda. de Ducuara T-354373

Ernestina Cuellas de Paloma T-354374

Anacleto Otavo T-354544

Carmen Rosa Tapia de Oyola T-354575

María Josefa Aguilar T-354587

Luis Alberto Morales Díaz T-354588

María del Rosario Caicedo Reinoso T-354589

Lilia Quimbayo T-355615

Juan Antonio Bedoya T-355616

Cipriana Méndez de Ducuara T-355617

Emeline Barrios de Gutiérrez T-355618

María de Jesús Guarnizo Rodríguez T-355619

Manuel María Sánchez Cano T-355772

Rubén Cruz Jiménez T-355805

Julio Gutiérrez Arciniegas T-355828

Celmira Rodríguez de Riaño T-355830

Luis Antonio Villada T-355829

Pedro Ignacio Arana Gil T-346168

Ángel María Cruz Barreto T-346182

Esther Julia Salcedo Vda. de Llanos T-346183

Pablo Emilio Prieto Martínez T-347850

Teresa de Jesús Salcedo T-349072

Eliécer Morales Aguilar T-349091

Álvaro Hernández Rodríguez T-349440

Rosario Pérez Celada T-349441

Isabel Molina T-349509

Milciades Cardozo Torres T-349510

Ruperto Leyton T-349511

Luis Gustavo Suárez T-349512

José Cupertino Guzmán T-349513

Dioselina Reinoso de Corrales T-349514

Luis Hernando Cuéllar T-349515

Ernestina Silva Rivas T-349516

Isabel García de Acosta T-349517

Emilia Ramírez Vda. de Pareja T-350658

Resurrección Horta de Mora T-350659

María del Tránsito Medina T-350660

Wenceslada López de Álvarez T-350661

Martha Rayo Rodríguez T-350662

María Jovita de Bastos T-350663

Arce Celiano Molina T-350664

Mercedes Briñez Lezama T-350665

Germán Suárez T-350666

Moisés Ramírez Prieto T-351442

Oliverio Barrios Sabogal T-351510

José Joaquín Oviedo Yara T-351532

Narcisa Oviedo de Valencia T-351533

Graciela Llanos de Caviedes T-351534

Trinidad Viuche de Vique T-351536

Rosa Vargas de Castillo T-351537

Ana Otilia Vargas de Cerquera T-351538

María Inés Morales de Bonilla T-351903

Emiliano Motta Campos T-351904

Julio César Bonilla T-351905

Epifania Rodríguez de Cruz T-351907

Jesús María Arias Arias T-351908

Rosa Matilde Cocoma T-351909

Gregorio Gutiérrez Ruiz T-357996

Todas estas tutelas fueron instauradas contra el municipio de Chaparral.

Antecedentes

Hechos

1. Los peticionarios ejercitaron el derecho de petición y le pidieron al alcalde municipal de Chaparral que se presentaran proyectos de acuerdo para que se reconozca y pague la prestación especial por vejez prevista en el artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

2. El alcalde les respondió "permitame decirle que lo que la Ley 100 prevé en los artículos 257 y 258 y al igual que el Decreto 1135 de 1994, en su programa de auxilio para ancianos indigentes que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normatividad, programa que de acuerdo al Decreto 1387 de 1995 artículo 1º está a cargo de un consejo directivo, integrado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el director del Departamento Nacional de Planeación, un consejero del Presidente de la República, un representante de la entidad ejecutora, el director general del fondo de cofinanciación para la inversión social, además se establecen unos requisitos para las personas que deben acceder al programa”.

3. Ante la negativa, los interesados instauraron tutela diciendo que son de avanzada edad, que carecen de medios de fortuna, que son calificables como indigentes y por consiguiente requieren de la protección de la autoridad pública, por la debilidad manifiesta, citan el artículo 13 de la Constitución Política e invocan los artículos 257, 261, 263 de la Ley 100 de 1993 y los decretos 1135 de 1994 y 1387 de 1995.

Informan en la solicitud de tutela que el alcalde se ha limitado a un “sistema de almuerzos de pésima calidad” y a “un sistema de mercaditos que suministra por una sola vez cada dos o tres meses”, lo cual califican como “miserable limosna”. En lugar de ello piden el subsidio alimentario, equivalente según ellos a $100.000. (para 4 mercados) y $ 30.000. para arriendo. Es decir, el equivalente al 50% del salario mínimo.

4. Respecto a la política del municipio sobre protección de indigentes, el alcalde de Chaparral informa que “a través de convenios con la red de solidaridad, desde el año de 1995 hasta 1998 (el municipio) atendió con el programa revivir ancianos indigentes un total de 44 ancianos en 1998, y en los años 1995-1996 y 1997 un promedio de 65 ancianos. La reducción en el número de beneficiarios obedeció a disminución de recursos; en este año y conforme a la disponibilidad Nº 00778 se va a ejecutar el programa "Atención integral a adultos mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad en el municipio de Chaparral" con 44 beneficiarios en restaurantes, 130 beneficiarios con mercados trimestrales y 50 beneficiados de la fundación para ancianos con un mercado mensual para cada anciano. Con recursos del municipio en la vigencia de 1999, se atendieron 71 ancianos en el área rural y en área urbana 34 ancianos con mercados mensuales. Igualmente con recursos del municipio vigencia 1999 se desarrolló el programa "centro día Chaparral" con 60 beneficiarios, el cual consiste en atención integral de salud… En este orden de ideas debo reiterar que en el caso concreto no es procedente acceder a dicha prestación, además porque no es cierto que sea una prestación especial de vejez, como lo infiere su petición, sino que como objeto del programa se determina que el programa para los ancianos tendrá por objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% pero previo como lo señalé, el cumplimiento de los requisitos de las normas proferidas. Es decir, a quien se le debe exigir el cumplimiento de las disposiciones referidas es a las entidades señaladas en el Decreto 1387 de 1995 artículo 1º y no al municipio, entre otras cosas porque las transferencias de la Nación se hallan determinadas en la Ley 60 y dentro del presupuesto municipal no se contempla el reconocimiento mencionado en la ley, por cuanto dicha obligación le compete directamente al Estado a través de los organismos señalados en la ley”.

Pruebas

Obran en los expedientes:

El derecho de petición dirigido al alcalde de Chaparral,

La contestación que el alcalde dio a dicha petición,

El informe del alcalde al juez de tutela,

Constancia de que algunos de los peticionarios están afiliados al Sisbén,

En algunos casos la fotocopia de la cédula del peticionario.

Decisiones objeto de revisión

En todos los casos las tutelas fueron denegadas en segunda instancia; en primera instancia también en casi todos los fallos la tutela fue negada, pero en fallos proferidos por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral y por el juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral se ordenó la inscripción del peticionario como beneficiario de programas de atención, aspecto que fue revocado por el ad quem.

La relación de los peticionarios, numeración de la tutela y la fecha de las decisiones proferidas son éstas:

José Tulio Castillo Rodríguez, T-345474. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de lbagué de 1º de junio de 2000.

Flora María Useche Vda. de Beru, T-363529. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000 y sentencia de seguida instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 20 de junio de 2000.

María del Rosario Díaz de Ferreira, T-363530. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que negó la tutela, sin embargo, ordenó inscribir como beneficiaria a María del Rosario Díaz en uno de los programas de atención para ancianos indigentes y de la tercera edad y previo el lleno de los requisitos que la ley señala; y la sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de lbagué que no concedió la tutela y revocó lo de la inscripción porque en la solicitud de tutela no se había pedido eso.

Tiberio Devia Guarnizo, T-363531. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 14 de abril de 2000 y de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de lbagué de 21 de junio de 2000.

Santos Prada Leyton, T-359393. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 28 de junio de 2000.

Rosalía Gutiérrez Rodríguez, T-359394. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de lbagué de 28 de junio de 2000.

Román Galicia Méndez, T-359509. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 29 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 4 de julio de 2000.

Alejandro Rincón Barrios, T-357995. Sentencia de primera instancia dictada por el Juez 2º Civil del Circuito de Chaparral el 27 de abril de 2000 negando la tutela pero ordenando la inscripción de Alejandro Rincón como beneficiario de los programas de atención a ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000 negando la tutela y revocando lo de la inscripción.

Gregoria Gutiérrez Ruiz, T-357996. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Regina Sánchez Luna, T-357997. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000. Y de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000.

Rosario Nieto de Peña, T-357998. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 negando la tutela pero ordenando la inscripción de Rosario Nieto en los programas de atención a ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000 no concediendo la tutela y revocando lo de la inscripción.

Manuel Antonio Campos Mancera, T-357999. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que negó la tutela pero ordenó inscribir a Manuel Antonio Campos en un programa de atención para ancianos indigentes. Y la sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000 que negó la tutela y revocó lo de la inscripción.

José Gustavo Cuéllar, T-358067. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral de 28 de marzo de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia del Juzgado Civil del Circuito de Chaparral de 8 de junio de 2000 que confirmó el fallo.

María Jesús Hernández León, T-358580. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Chaparral de 16 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 23 de junio de 2000.

Carmen Vaquiro de Rojas, T-358581. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 7 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 23 de junio de 2000.

Ana Rita Rivera Rojas. T-354353. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero del Circuito de Chaparral de 13 de abril de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000.

Guillermo Alfonso Devia, T-354354. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero del Circuito de Chaparral de 13 de abril de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000.

Luis Antonio Castro Masmela, T-354355. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral de 10 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes y la de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000 que reforma lo anterior.

Ana Felisa Tovar de Granados, T-354356. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Chaparral de 11 de abril de 2000 y la de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de mayo 31 de 2000.

Filarmina Romero de Campos, T-354357. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral de 6 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000 que reforma lo anterior.

Jesús Antonio Bohórquez, T-354367. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000.

Darío García Quintero, T-354368. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Amalia Briñez Lezama, T-354369. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Limbania Rocha de Olivera, T-354370. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Argelia Mendoza de Torres, T-354371. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000 y la segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

María Virgelina Leyton, T-354372. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Verónica García Vda. de Ducuara, T-354373. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral del 8 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Ernestina Cuellas de Paloma, T-354374. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia del 8 de mayo de 2000 y la segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Anacleto Otavo, T-354544, Sentencia de primera instancia del Juzgado Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000, no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000 que la reforma.

Carmen Rosa Tapia de Oyola, T-354575. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000, no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000 que revocó.

María Josefa Aguilar, T-354587. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000, no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000, revocando lo anterior.

Luis Alberto Morales Díaz, T-354588. Sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Chaparral de 13 de abril de 2000 y la segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000.

María del Rosario Caicedo Reinoso, T-354589. Sentencia de primera instancia Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral de 12 de abril de 2000 y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 8 de junio de 2000.

Lilia Quimbayo, T-355615. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 18 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Juan Antonio Bedoya, T-355616. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Cipriana Méndez de Ducuara, T-355617. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 23 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Emelina Barrios de Gutiérrez, T-355618. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 17 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

María de Jesús Guarnizo Rodríguez, T-355619. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 16 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Manuel María Sánchez Cano, T-355772. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral de 12 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral confirmando lo anterior el 2 de mayo de 2000.

Rubén Cruz Jiménez, T-355805. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral de 7 de junio de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la inscripción de Rubén Cruz en los futuros programas de atención a ancianos indigentes.

Julio Gutiérrez Arciniegas, T-355828. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado Penal del Circuito de Chaparral de 18 de mayo de 2000.

Celmira Rodríguez de Riaño, T-355830. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral, no se concedió la tutela pero se ordenó la inscripción de la peticionaria como beneficiaria de programas de atención.

Luis Antonio Villada, T-355829. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Penal Municipal de Chaparral de 31 de marzo de 2000 y de segunda instancia del Juzgado Penal del Circuito de Chaparral de 17 de mayo de 2000.

Pedro Ignacio Arana Gil, T-346168. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 2 de junio de 2000.

Ángel María Cruz Barreto, T-346182. Sentencia de primera instancia del Juzgado Civil del Circuito de Chaparral de 5 de abril de 2000, no tutela pero ordena la inscripción del solicitante en los programas de atención. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de mayo de 2000 que revocó.

Esther Julia Salcedo Vda. de Llanos, T-346183. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 11 de abril de 2000 que no tuteló pero ordenó inscribir el nombre de la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de mayo de 2000.

Pablo Emilio Prieto Martínez, T-347850. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000.

Teresa de Jesús Salcedo, T-349072. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 8 de junio de 2000.

Eliécer Morales Aguilar, T-349091. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral del 31 de mayo de 2000.

Álvaro Hernández Rodríguez, T-349440. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de junio de 2000.

Rosario Pérez Celada, T-349441. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de junio de 2000.

Isabel Molina, T-349509. Sentencia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 14 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior, Sala Civil, de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Milciades Cardozo Torres, T-349510. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 26 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Ruperto Leyton, T-349511. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

Luis Gustavo Suárez, T-349512. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 14 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.

José Cupertino Guzmán, T-349513. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Dioselina Reinoso de Corrales, T-349514. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000; y de segunda instancia del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil, de 9 de junio de 2000.

Luis Hernando Cuéllar, T-349515. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000, no tuteló pero ordenó inscribir al peticionario como beneficiario. Y de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000 que revocó en parte.

Ernestina Silva Rivas, T-349516. Sentencia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000; y de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Isabel García de Acosta, T-349517. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que no concedió la tutela pero ordenó inscribir a la peticionaria; y la sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.

Emilia Ramírez Vda. de Pareja, T-350658. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 17 de mayo de 2000. Y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, 7 de junio de 2000.

Resurrección Horta de Mora, T-350659. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 16 de mayo de 2000. Y de segunda instancia del Tribunal Superior, Sala de Familia, de Ibagué, de junio 7 de 2000.

María del Tránsito Medina, T-350660. Sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2000 del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Wenceslada López de Álvarez, T-350661. Sentencia de primera instancia del 18 de mayo de 2000 del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral; y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Martha Rayo Rodríguez, T-350662. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000; y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

María Jovita de Basto, T-350663. Sentencia de primera instancia del 10 de mayo de 2000 del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral. Y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Celiano Molina Arce, T-350664. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral del 15 de mayo de 2000, y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Mercedes Briñez Lezama, T-350665. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000; y de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Germán Suárez, T-350666. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.

Moisés Ramírez Prieto, T-351442. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral de 31 de mayo de 2000.

Oliverio Barrios Sabogal, T-351510. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral de abril 6 de 2000, que negó la tutela pero ordenó inscripción. Sentencia de segunda instancia del juzgado 2º Civil de Circuito de Chaparral de 29 de mayo de 2000.

José Joaquín Oviedo Yara, T-351532. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior, Sala de Familia, de Ibagué, de 9 de junio de 2000.

Narcisa Oviedo de Valencia, T-351533. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, de junio 9 de 2000.

Graciela Llanos de Caviedes, T-351534. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, de 9 de junio de 2000.

Trinidad Viuche de Vique, T-351536. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, de 9 de junio de 2000.

Rosa Vargas de Castillo, T-351537. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, de 9 de junio de 2000.

Ana Otilia Vargas de Cerquera, T-351538. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, de 9 de junio de 2000.

María Inés Morales de Bonilla, T-351903. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral del 10 de abril de 2000, no tutela pero ordena inscribir a la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 30 de mayo de 2000 que reformó.

Emiliano Motta Campos, T-351904. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral del 10 de abril de 2000, no tutela y ordena inscribir al peticionario. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 29 de mayo de 2000 que revocó.

Julio César Bonilla, T-351905. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 6 de abril de 2000 que no tutela pero ordena inscribir al peticionario. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 30 de mayo de 2000 que reformó.

Epifania Rodríguez de Cruz, T-351907. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral, del 11 de abril de 2000 que no tutela pero ordena inscribir a la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 29 de mayo de 2000 que revoca.

Jesús María Arias Arias, T-351908. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1º Civil del Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 29 de mayo de 2000.

Rosa Matilde Cocoma, T-351909. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2º Civil del Circuito de Chaparral de 26 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, de 29 de mayo de 2000.

Consideraciones jurídicas

A. Competencia.

Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes; y por la escogencia hecha por la Sala de Selección y las acumulaciones decretadas.

B. Temas jurídicos.

1. El subsidio alimentario a indigentes, constitucionalmente establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, es una expresión del Estado social de derecho, que la T-426/92 caracterizó de la siguiente manera:

“El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. De este principio se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo. Por otra parte, el Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna”.

A su vez la T-566/95 conecta el Estado social de derecho con las condiciones de vida de los estratos más pobres del país, porque su origen está unido a las políticas sociales que en los sistemas políticos de occidente se dictaron con miras a inducir cambios de fondo dentro del sistema económico y social.

2. El Estado social de derecho implica la cláusula del Estado social de derecho que jurídicamente tiene la proyección señalada en la SU-111/97:

“La cláusula del Estado social de derecho tiene el poder jurídico de movilizar a los órganos públicos en el sentido de concretar, en cada momento histórico, un modo de vida público y comunitario que ofrezca a las personas las condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual libertad. No puede pretenderse, que de la cláusula del Estado social surjan directamente derechos a prestaciones concretas a cargo del Estado, lo mismo que las obligaciones correlativas a éstos. La individualización de los derechos sociales, económicos y culturales, no puede hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del Estado. El legislador está sujeto a la obligación de ejecutar el mandato social de la Constitución, para lo cual debe crear instituciones, procedimientos y destinar prioritariamente a su concreción material los recursos del erario”.

La cláusula del Estado social de derecho está ligada al derecho a la dignidad de la persona. Sobre este tópico la sentencia C-521 de 1998 sostuvo:

“Esa trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad humana, supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y no como un objeto manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin fuera de sí. Por lo tanto, respetar la dignidad “será tener en cuenta que el ser humano es anterior, lógica o sociológicamente al Estado, y por ello los procedimientos operativos y las normas que el propio Estado utilice en sus actividades, han de ser lógica y sociológicamente adecuados a la índole personal de los seres humanos”. De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica o sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se deafectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la “vida digna” del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquellos valores que son anejos a la dignidad humana. De lo anterior se concluye, que en nuestro sistema jurídico político la misión del Estado como del derecho es la de consagrar y proteger la dignidad humana, “porque ambas instituciones se justifican y tienen razón de ser sólo en la medida en que sean instrumentos al servicio de la promoción, realización y elevación del conjunto de valores supremos que trascienden al ser humano y a su dignidad.

3. Conforme ya se dijo dentro del Estado social de derecho es muy importante la protección a personas con debilidad manifiesta éste es un objetivo que no se debe ver como una limosna sino como algo resultante del derecho a la igualdad, dentro de los parámetros del constitucionalismo humanista. La protección a los ancianos y específicamente a los ancianos indigentes tiene su respaldo en el derecho a la igualdad reconocida en el inciso 3º del artículo 13 de la Constitución Política que dice: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física y mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta…”. Ésta es una forma de igualdad. La T-426/92 señala el ámbito de dicha protección:

“El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el “déficit social”. El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del caso, una prestación económica del Estado.

Aunque de los deberes sociales del Estado (C.P., art. 2º) se desprende la realización futura de esa garantía, mientras históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades.

4. Una de las expresiones de ese trato favorable a los débiles es el subsidio alimentario a indigentes. El artículo 46 de la Constitución expresamente consagra el subsidio alimentario en caso de indigencia; determinación que es compatible con el deber de solidaridad (C.P., arts. 1º y 95). La jurisprudencia se ha referido a la solidaridad en los siguientes términos:

“La solidaridad y el apoyo a la persona que se encuentra en situación de indigencia y sufre quebrantos de salud corresponde patrimonialmente a la familia. Los miembros de ésta, determinados por la ley, tienen la obligación jurídica y moral de auxiliar a sus descendientes o ascendientes próximos. No obstante si la familia se encuentra en imposibilidad manifiesta de apoyar a uno de sus miembros no pueden quedar éstos irremediablemente abandonados a su suerte. El Estado en desarrollo de sus fines esenciales está en el deber constitucional de proteger efectivamente los derechos de la persona, correspondiendo a la autoridad pública encontrar las alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares” (T-533/92).

Esa solidaridad también se explica en la C-575/92, así:

“El artículo primero constitucional “funda” el Estado colombiano en la solidaridad. Ello es un desarrollo de los conceptos de justicia y democracia participativa, consagrados ambos en el preámbulo y en el artículo segundo de la Carta. En primer lugar, la expresión de un “orden justo” aparece tanto en el preámbulo como en los fines esenciales del Estado. El nexo justicia-solidaridad es evidente, pues en un régimen de carencia de recursos suficientes, como Colombia, una parte de la sociedad civil está llamada a participar en la solución de las necesidades de los más pobres. También es manifiesta la relación dignidad-solidaridad. Ellas son respectivamente, un valor y un principio de los cuales se predica su total compatibilidad. Es gracias a la solidaridad que se puede arribar a la dignidad, si se parte del supuesto de la realidad colombiana, enmarcada en un ámbito de desequilibrios sociales y territoriales. La solución de las necesidades básicas insatisfechas de importantes sectores de la sociedad colombiana es un compromiso de todos, esto es, del Estado, la sociedad y los particulares. Luego la solidaridad es un deber constitucional de todos, que aspira a lograr la materialización de los valores fundantes de la justicia y la dignidad. Y en segundo lugar; el carácter participativo del Estado implica que la sociedad civil intervenga no sólo, como antes, en la simple definición periódica de los gobernantes mediante el voto, sino que ahora es preciso además que la comunidad participe en los procesos de decisión, ejecución y control de la gestión pública tendiente a satisfacer las necesidades sociales”.

5. La reglamentación normativa que hace efectiva la solidaridad a los indigentes se expresa a nivel legal, en el libro IV de la Ley 100 de 1993 que habla de los servicios sociales complementarios y dentro de ellos establece un programa de auxilios para los ancianos indigentes, con el objetivo de apoyar económicamente a los ancianos, hasta en un 50% del salario mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos: i) ser colombiano, ii) superar los 65 años de edad, iii) residir durante los últimos diez años en el territorio nacional, iv) carecer de rentas o ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional de Política Social; v) residir en una institución sin ánimo de lucro para atención de ancianos indigentes en cuyo caso, parte de la pensión se paga a la respectiva institución; vi) el Gobierno Nacional reglamentará el pago de los auxilios de aquellas personas que no residen en una institución y cumplen los demás requisitos; vii) las condiciones anteriormente indicadas pueden ser modificadas por las entidades territoriales si éstas establecen el beneficio con cargo a su propio recurso. Como se ve el auxilio a los ancianos indigentes es una de las expresiones de la seguridad social y, como regla general, el programa se financia con recursos del presupuesto general de la Nación y con los que para tal efecto puedan destinar las entidades territoriales.

El artículo 260 de la citada Ley 100 de 1993 indica la forma del reconocimiento, administración y control de esa prestación especial por vejez:

“El reconocimiento de la prestación especial por vejez, su administración y control serán establecidos por el Gobierno Nacional.

Para efectos de la administración especial por vejez se podrán contemplar mecanismos para la cofinanciación por parte de los departamentos, municipios y distritos.

Los municipios o distritos, así como las entidades reconocidas para tal efecto que presten servicios asistenciales para la tercera edad, podrán administrar la prestación de que trata el artículo 258 de la presente ley, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo siguiente”.

Las entidades territoriales están autorizadas para crear y financiar con cargo a sus propios recursos planes de subsidio al desempleo y el Estado en general puede crear servicios sociales complementarios para la tercera edad.

El Estado, mediante la potestad reglamentaria expidió los decretos 1135 de 1994 y 1387 de 1995 y el programa de auxilios para ancianos indigentes está hoy sujeto a una prolija reglamentación, a cargo de un consejo directivo. Los municipios y distritos son los responsables de la ejecución del programa, identificando los beneficiarios, elaborando anualmente un plan, se permiten tres modalidades, la primera de las cuales sería la que tendría algo que ver con la presente tutela y es la de los ancianos indigentes que no residen en ninguna institución, “En este caso los ancianos recibirán el auxilio de manera individual al menos trimestralmente, siempre y cuando mantengan las características que los califican como beneficiarios del programa” (D. 1135/94, art. 18, num. 1º).

6. Para que la solidaridad a los ancianos indigentes sea real no solamente existe la normatividad relacionada con el punto anterior sino que esta clase de programas debe incrementarse permanentemente porque así lo establece el Protocolo de San Salvador y además encuentra sustento en el artículo 366 de la Carta Política, que habla de las finalidades sociales del Estado: bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y en este propósito ordena que “en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”; por supuesto que tratándose del presupuesto de la Nación éste debe ser coherente y compatible con los mandatos consignados en la ley orgánica de presupuesto, y si además en el presupuesto se establecen proyectos cofinanciados entre las entidades territoriales y la Nación (D. 111/96, arts. 68 a 70), esto facilita aún más el cumplimiento del artículo 366 de la Constitución y del Protocolo de San Salvador.

Por otro aspecto, la Carta ordena al “gasto público social sobre cualquier otra asignación”, de ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en la C-562/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra):

“En efecto, el programa de auxilios para los ancianos indigentes, establece que en él pueden incluirse quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo 257 de la Ley 100 de 1993, programa que tendrá por objeto “apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, a las personas que cumplan las condiciones señaladas” en el artículo referido, según lo que se preceptúa por el artículo 258 de la misma Ley 100 de 1993, en todo caso, “de conformidad con las metas que el Conpes establezca para tal programa”.

Si se tiene en cuenta que por las condiciones especiales de los ancianos indigentes, éstos merecen especial protección del Estado en razón de su edad y condiciones económicas, no resulta extraño al Estado social de derecho que se incluya en la “red de solidaridad” un rubro para el efecto, como efectivamente sucede, en este caso “en la sección 0203 Red de solidaridad social presupuesto de inversión, programa 0320 Protección y bienestar social del recurso humano, subprograma 1501 Asistencia directa a la comunidad, por un monto de $ 59.698.602.000, en desarrollo del cual en el decreto de liquidación de la ley anual de presupuesto para la vigencia fiscal de 1998 se incluyó la asignación correspondiente.

Significa entonces lo anteriormente dicho, que las apropiaciones con destino a los auxilios económicos a ancianos indigentes que fueron incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 1998, son de carácter específico y su monto, a contrario de lo sostenido por el demandante, se encuentra determinado, por lo que no se vulneran las disposiciones constitucionales que acusa como quebrantadas”.

7. Hasta acá los razonamientos sobre el punto jurídico de fondo: la protección a los ancianos indigentes. Pero el planteamiento genérico no significa que necesariamente la tutela haya que concederse a quienes diciendo ser ancianos y sin recursos pidan por escrito a un alcalde que se apropien recursos suficientes para atenderlos y que luego, mediante acción de tutela, le pidan al juez que le ordene al alcalde la entrega de una cantidad determinada de dinero. Ya sobre estas circunstancias específicas hay que anotar:

a) La sentencia SU-1052 de 2000 (1) , dijo que el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela impide que el juez constitucional interfiera en decisiones abstractas, generales e impersonales que la Constitución confiere a otras autoridades, puesto que el constituyente no le “confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado”. Por consiguiente, el juez de tutela no debe resolver asuntos asignados a otras autoridades, pues de lo contrario transgrede los artículos 6º y 86 de la Carta.

(1) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

b) Tanto la SU-1052 de 2000, como la SU-1194 del mismo año dijeron que el juez constitucional no es competente para ordenar el gasto. Y en esta última se precisó: “Así pues, el principio de legalidad del gasto (C.P., arts. 345 a 347; D. 111/96, art. 71) dispone que “no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal”.

c) Si la ley le adscribe a un funcionario la elaboración de listado de personas protegibles para un subsidio o una ayuda, el juez de tutela no puede individualmente ordenar que se incluya a determinado ciudadano, salvo que sea ostensible que se ha violado un derecho fundamental.

C. Los casos concretos.

No se puede, mediante las acciones de tutela que se han acumulado, hacer cumplir una norma genérica y abstracta que ordena la protección a los ancianos indigentes, esto escapa a la tutela. Podrá tratarse de una acción de cumplimiento o de grupo.

No se trata tampoco de que los tutelantes sean reconocidos como beneficiarios de ayuda porque esto no es lo que se solicita en la tutela y además es un oficio propio de la alcaldía, dentro de parámetros legales y ello no se ha cuestionado en las tutelas presentadas.

Por otro aspecto, no hay prueba adecuada de que los peticionarios pudieran estar cobijados por el beneficio que invocan y simplemente se limitan a decir que son indigentes y de avanzada edad, menos aún puede el juez de tutela ordenar que una alcaldía entre inmediatamente a darles una protección. Si bien es cierto algunos de ellos están dentro del sistema del Sisbén, de lo cual se inferiría la falta de recursos económicos, los otros requisitos no están demostrados para quedar dentro del plan de atención.

Además, en la solicitudes de tutela expresamente se pide que el juez ordene que aproximadamente se les entregue a cada uno de los peticionarios $ 130.000. mensuales. Ya se dijo que el juez no puede ser ordenador del gasto.

Por último, sí hay prueba en el expediente y así lo reconocen los propios peticionarios; la alcaldía sí presta una protección así sea exigua. Dice el alcalde que no puede ser mayor porque no hay disponibilidad presupuestal y porque es a otra entidad (consejo directivo de política social) a quien le corresponde diseñar estos planes, la alcaldía es una ejecutora del plan.

En el presente caso ni se pide que se califique como beneficiario a los respectivos tutelantes, ni hay pruebas que indiquen que son o deberían ser calificados como beneficiarios, ni el juez puede hacer un listado señalando quiénes son los beneficiarios, ni menos ordenar que se les entregue una determinada suma de dinero, luego las peticiones de tutela, en la forma como están planteadas no pueden prosperar.

Lo anterior no implica que queden desprotegidas las personas que podrían legalmente quedar cobijadas por la aludida protección, (por eso en los razonamientos se señalaron los parámetros y es importante que el alcalde de Chaparral los aplique).

Se confirmarán las decisiones que no tutelaron (que son todas las dictadas en segunda instancia); y en aquellos casos de primera instancia donde la tutela no se concedió pero se dieron órdenes, éstas quedarán sin efecto por la sencilla razón de que las órdenes se dan cuando la tutela prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

RESUELVE:

1. NO CONCEDER las tutelas que han dado origen al presente fallo y en consecuencia confirmar las sentencias objeto de revisión proferidas en segunda instancia, a saber: José Tulio Castillo Rodríguez, T-345474; Flora María Useche Vda. de Beru, T-363529; María del Rosario Díaz de Ferreira, T-363530; Tiberio Devia Guarnizo, T-363531; Santos Prada Leyton, T-359393; Rosalía Gutiérrez Rodríguez, T-359394; Román Galicia Méndez, T-359509; Alejandro Rincón Barrios, T-357995; Gregorio Gutiérrez Ruiz, T-357996; Regina Sánchez Luna, T-357997; Rosario Nieto de Peña, T-357998; Manuel Antonio Campos Mancera, T-357999; José Gustavo Cuéllar, T-358067; María Jesús Hernández León, T-358580; Carmen Vaquiro de Rojas, T-358581; Ana Rita Rivera Rojas, T-354353; Guillermo Alfonso Devia, T-354354; Luis Antonio Castro Masmela, T-354355; Ana Felicia Tovar de Granados, T-354356; Filarmina Romero de Campos, T-354357; Jesús Antonio Bohórquez, T-354367; Darío García Quintero, T-354368; Amalia Briñez Lezama, T-354369; Limbania Rocha de Olivera, T-354370; Argelia Mendoza de Torres, T-354371; María Virgelina Leyton, T-354372; Verónica García Vda. de Ducuara, T-354373; Ernestina Cuéllar de Paloma, T-354374; Anacleto Otavo, T-354544; Carmen Rosa Tapia de Oyola, T-354575; María Josefa Aguilar, T-354587; Luis Alberto Morales Díaz T-354588; María del Rosario Caicedo Reinoso, T-354589; Lilia Quimbayo, T-355615; Juan Antonio Bedoya, T-355616; Cipriana Méndez de Ducuara, T-355617; Emeline Barrios de Gutiérrez, T-355618; María de Jesús Guarnizo Rodríguez, T-355619; Manuel María Sánchez Cano, T-355772; Luis Antonio Villada, T-355829; Pedro Ignacio Arana Gil, T-346168; Ángel María Cruz Barreto, T-346182; Esther Julia Salcedo Vda. de Llanos, T-346183; Pablo Emilio Prieto Martínez, T-347850; Teresa de Jesús Salcedo, T-349072; Álvaro Hernández Rodríguez, T-349440; Rosario Pérez Celada, T-349441; Isabel Molina, T-349509; Milciades Cardozo Torres, T-349510; Ruperto Leyton, T-349511; Luis Gustavo Suárez, T-349512; José Cupertino Guzmán, T-349513; Dioselina Reynoso de Corrales, T-349514; Luis Hernando Cuéllar, T-349515; Ernestina Silva Rivas, T-349516; Isabel García de Acosta, T-349517; Emilia Ramírez Vda. de Pareja, T-350658; Resurrección Horta de Mora, T-350659; María del Tránsito Medina, T-350660; Wenceslada López de Álvarez, T-350661; Martha Rayo Rodríguez, T-350662; María Jovita de Bastos, T-350663; Arce Celiano Molina, T-350664; Mercedes Briñez Lezama, T-350665; Germán Suárez, T-350666; Oliverio Barrios Sabogal, T-351510; José Joaquín Oviedo Yara, T-351532; Narcisa Oviedo de Valencia, T-351533; Graciela Llanos de Caviedes, T-351534; Trinidad Biuche de Vique, T-351536; Rosa Vargas de Castillo T-351537; Ana Otilia Vargas de Cerquera, T-351538; María Inés Morales de Bonilla, T-351903; Emiliano Motta Campos, T-351904; Julio César Bonilla, T-351905; Epifania Rodríguez de Cruz, T-351907; Jesús María Arias Arias, T-351908; Rosa Matilde Cocoma, T-351909. Y CONFIRMAR las sentencias de única instancia en las tutelas de Rubén Cruz Jiménez, T-355805; Julio Gutiérrez Arciniegas, T-355828; Celmira Rodríguez de Riaño, T-355830; Eliécer Morales Aguilar, T-349091; Moisés Ramírez Prieto, T-351442, en cuanto en dichos fallos no se concedió la tutela.

2. Por Secretaría líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIAR copia del presente fallo al alcalde municipal de Chaparral.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

Magistrados: Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Cristina Pardo Schlesinger

Iván Escrucería Mayolo, Secretario General.

(Nota: El texto de la página tres de la presente sentencia, correspondiente a los antecedentes de la misma, fue corregido por la Corte constitucional mediante auto 54 de 2001).

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