Sentencia T-029 de febrero 16 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS

3. La investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación no solo es argumentativa sino, en lo posible, debe procurar restablecer los derechos quebrantados a la víctima.

A la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de las funciones conferidas por la Constitución Política y la ley, no solo le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, sino además, tomar las medidas necesarias para restablecer los derechos que hayan resultado afectados con la comisión del hecho punible. Así lo dispone el artículo 250 de la Carta Política y el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal que a continuación se transcriben:

“ART. 250.—Corresponde a la Fiscalía General de la Nación:

“(...).

“1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.

“ART. 14.—Restablecimiento del derecho. Cuando sea posible, las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creadores por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados”.

En relación con los fundamentos constitucionales del artículo 250 de la Carta Política ha dicho la Corte que los mismos “...hacen parte de uno de los presupuestos inseparables de la noción de Estado de Derecho que, desde sus orígenes, se erige para superar los estados de arbitrariedad y para garantizar la dignidad y los derechos de las personas, dentro de los límites de la misma Constitución y de las leyes que se pueden expedir en su desarrollo y bajo su amparo, y atendiendo a las nociones que ella misma permita determinar en cuanto a la justicia y al derecho(3)”.

(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-541 del 24 de septiembre de 1992. MP. Doctor Fabio Morón Díaz.

Así las cosas, las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación apuntan, evidentemente, a cumplir con su labor de administrar justicia (art. 116 constitucional). Por ello, no podría pensarse que cuando en el curso del proceso penal se califica provisionalmente la conducta como típica y antijurídica, no puedan los fiscales adoptar medidas judiciales que protejan o garanticen los derechos violentados a las víctimas de un delito o a quienes resulten perjudicados por la comisión del hecho punible. Obsérvese que los efectos de un acto ilícito no pueden persistir en el tiempo, hasta cuando el juez dicte la respectiva sentencia. Es por eso que la Constitución y la ley les ha otorgado la facultad, en lo posible, de restablecer los derechos que resulten vulnerados por medio de la conducta punible.

Vale la pena aclarar que la adopción de medidas de protección tendientes a restablecer el derecho de las víctimas tiene como único fin evitar que el ilícito continúe causando efectos nocivos, dañosos, o lesivos; pero en manera alguna busca otorgar a los perjudicados de un hecho punible un mejor derecho del que tenían o poseían originalmente.

En conclusión, cuando se trata de actuaciones policivas o administrativas originadas por medios ilegales, lo que le corresponde al fiscal en ejercicio de sus funciones es establecer dicha ilicitud y restablecer los derechos que hayan resultado afectados. Cosa distinta es la culpabilidad del sujeto activo, la cual única y, exclusivamente, puede ser declarada por el juez de la causa, dentro de la etapa de juzgamiento, a través de sentencia absolutoria o condenatoria.

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