Sentencia T-292 de junio 4 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

PERSONAS DESAPARECIDAS

POR TUTELA NO SE OBTIENE EL PAGO DE SUS SALARIOS Y PRESTACIONES

EXTRACTOS: «Tratándose de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha diferenciado entre el secuestro y la desaparición de una persona, haciendo hincapié en que solamente cabe reiterar la orden de pagar los salarios cuando el secuestro está plenamente probado, no habiendo lugar a ello en los eventos de simple desaparición, por cuanto fuera de que es posible la existencia de terceros con interés, al desaparecido le asisten derechos que sólo se protegen merced al cumplimiento del debido proceso dentro de las actuaciones judiciales que, según la legislación civil, pueden iniciarse.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que:

“...Ciertamente, los motivos por los cuales puede desaparecer una persona son múltiples, y por lo tanto, la sola desaparición, huérfana de otros medios de prueba, no puede arbitrariamente tomarse como indicio de uno solo de ellos, verbi gratia; el secuestro. Y, en el caso que nos ocupa, fuera del endeble sustento probatorio que acompaña la pretensión de la parte demandante, es notable, por vía de ejemplo, la falta de las exigencias económicas o los comunicados a los que usualmente acuden los delincuentes que se dedican al secuestro y a la extorsión, manifestaciones estas que razonablemente habrían podido sugerir el secuestro del desaparecido. En otras palabras, la acción de tutela no releva de la prueba del secuestro, delito que no se presume o infiere de la simple desaparición de una persona”(2).

(2) Cf. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia Nº T-158 de 1996. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte no se encuentra acreditado el secuestro del señor Carlos Enrique Hernández, sino que apenas hay noticias de su desaparición como surge, por ejemplo, de las declaraciones de los testigos y del informe de la Fiscalía en el que consta que el caso se halla “en averiguación”.

Así las cosas, en esta ocasión no resulta procedente reiterar la sentencia T-015 de 1995, debiendo destacarse que además de la diferencia anotada, la Sala observa que cabe una distinción entre el pago de los salarios que deja de percibir el secuestrado y el pago de pensiones a los familiares del desaparecido.

Tratándose de salarios, frente a la grave situación de la familia del secuestrado, basta demostrar la vinculación laboral que éste tenía para que, pese a la interrupción en la prestación de los servicios, se disponga el pago pertinente, toda vez que como lo apuntó la Corte, las relaciones entre el trabajador y el empresario quedan menoscabadas, “no por culpa del trabajador en lo que hace al desempeño normal de sus funciones, sino (...) por razones de fuerza mayor, originadas en uno de los delitos más graves que atentan contra la vida, la dignidad humana, la libertad, el trabajo y la familia...”; siendo indispensable poner de manifiesto que la protección tiene un límite temporal, pues se brinda hasta la fecha en que ocurra la liberación, “sin que dicho término exceda de dos años”(3).

(3) Cf. Sentencia Nº T-015 de 1995.

La pensión es un derecho al que accede una persona previa la comprobación de unos requisitos y del que disfruta hasta el momento en que muera, con independencia de las vicisitudes que en vida tenga que enfrentar; derecho en el que, adicionalmente, puede ser sustituido de conformidad con ciertas exigencias legales.

Siendo así, para la cancelación de las mesadas pensionales a personas diferentes del pensionado no es suficiente demostrar que éste ha desaparecido, ya que, existiendo la posibilidad de sustituirlo en el derecho, se torna imperiosa la demostración de los requisitos y de las condiciones que hacen viable esa sustitución pensional, tarea que no le corresponde al juez de tutela, quien, en caso de asumirla, invadiría la órbita competencial de otras autoridades Ilamadas a conocer y a decidir el asunto.

En efecto, para lograr la sustitución pensional se requiere el cumplimiento de un conjunto de requisitos que van desde la demostración de la muerte real o presunta del pensionado, hasta el acatamiento de trámites orientados a comprobar si hay o no personas con igual o mejor derecho al alegado por el reclamante.

La sola declaración de la muerte presunta no es ventilable en sede de tutela y los procedimientos enderezados a discernir a quién corresponde el derecho a sustituir en la pensión igualmente escapan a la definición del juez de tutela, cuya tarea consiste en proteger los derechos constitucionales fundamentales efectivamente radicados en cabeza de alguna persona y no en declararlos.

A juicio de la Sala, tampoco cabe en materia de pensiones una protección transitoria, pues al disponerla el juez de tutela se encontraría ante el dilema de arrogarse competencias que no le corresponden, incluyendo la declaración del derecho, o de hacer caso omiso de los procedimientos judiciales y administrativos enderezados a obtener la sustitución pensional, incurriendo en el riesgo de definir el derecho en favor del peticionario, sin esclarecer si hay o no personas capaces de acreditar igual o mejor derecho.

Nótese que a diferencia de los salarios del secuestrado, la definición de la persona con derecho a la sustitución pensional tiene una connotación más definitiva y permanente, frente a lo cual carece de sentido una protección ofrecida hasta por el término de dos años, disposición que incluso podría generar conflictos derivados, verbi gratia, del reconocimiento posterior del derecho por las autoridades competentes a sujetos diferentes del favorecido con la tutela».

(Sentencia T-292 de junio 4 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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