Sentencia T-293 de junio 27 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

FALTA DE NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO

EXTRACTOS: «La Constitución no excluyó a la tutela del principio básico consagrado en su artículo 29 y, por tanto, el debido proceso es plenamente aplicable a su trámite en los precisos términos del propio canon constitucional (art. 86) y de conformidad con las normas legales que lo desarrollan, hoy contenidas en el Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el constituyente (art. 5º, lit. b, transitorio).

Así las cosas, existen unos procedimientos mínimos que se hace necesario observar cuando se ha formulado una petición de amparo constitucional. Ellos deben ser aplicados por el juez en cada caso específico aunque, claro está, considerando y evaluando las circunstancias que lo rodean y dentro del criterio de evitar el sacrificio de los derechos sustanciales en juego.

El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, en desarrollo de los preceptos fundamentales, señaló como principios que deben inspirar el trámite de las acciones de tutela los de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

En cuanto a la legitimación para ejercer la acción, la Carta Política ha dispuesto que la tenga toda persona, por sí misma o por quien actúe a su nombre. La jurisprudencia ha subrayado que al instrumento constitucional de protección pueden acceder sin discriminación tanto las personas naturales como las jurídicas.

Una vez formulada la petición de tutela debe iniciarse el procedimiento correspondiente y el juez debe buscar —con miras a la garantía del debido proceso— que se notifique, acerca de la acción instaurada, a aquél contra quien ella se endereza. Así lo ha dispuesto el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 16, a cuyo tenor “las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”.

El objeto de tal notificación es el de asegurar la defensa de la autoridad o del particular contra quien actúa el peticionario y la protección procesal de los intereses de terceros que puedan verse afectados con la decisión.

En cuanto alude específicamente a la persona sindicada de violar o amenazar derechos fundamentales, debe tener la oportunidad de dar sus razones e inclusive de desvirtuar lo afirmado en su contra.

Desde luego, no desconoce la Corte que se pueden dar circunstancias especiales en cuya virtud sea imposible la notificación pese a la diligencia del juez en operar los instrumentos idóneos tendientes a lograr ese propósito. Por ello, no puede excluirse la hipótesis de un fallo que se imponga proferir aun sin notificación en un determinado caso, ante la verdadera imposibilidad de llevar a cabo dicha diligencia, dada la necesidad de cumplir el término inexcusable de que dispone el juez para resolver y teniendo en cuenta el imperativo de que prevalezca el derecho sustancial, particularmente si se establece que la dilación puede representar el inminente o irreversible daño de los derechos fundamentales en peligro, o en aquellos eventos en que la violación del derecho es tan protuberante y manifiesta que se requiere conceder la tutela de manera urgente e inaplazable. No otra cosa resulta de los artículos 2º, 86 y 228 de la Carta.

Desde luego, las eventualidades que así se plantean son excepcionales y en todo caso, aunque se presenten, habrá de notificarse la sentencia con la plenitud de las garantías sobre impugnación de la misma, tal como ordena la Constitución.

Reitera la Corte que, cuando se establezca sin lugar a dudas que la sentencia de tutela ha sido proferida por el juez sin hacer el menor esfuerzo por facilitar el acceso del demandado a la actuación procesal para los fines de su defensa, es decir, cuando el fallador ha preferido conformarse con conocer tan solo una de las versiones —la de la parte actora—, sin cuidarse de procurar el conocimiento de lo que tenga que decir aquel contra quien se actúa, hay una clara violación al debido proceso y la consecuencia de ella no puede ser otra que la nulidad de lo que, sobre la base de ese vicio, se ha adelantado procesalmente.

Desde luego, como surge del análisis que sobre el procedimiento de tutela se hace en otro acápite de esta misma providencia, el principio de que se trata debe aplicarse en relación con el caso concreto, esto es, previa evaluación y análisis dentro de los cuales ha tenido que operar el juez del conocimiento y sin dejar de lado la consideración del deber primordial que a él ha impuesto la Constitución, que no es otro distinto a la defensa oportuna, eficaz y cierta de los derechos fundamentales sujetos a violación o amenaza.

En otros términos, la Corte no desconoce que, aunque en principio es necesaria la notificación al demandado en relación con la acción ejercida, pueden darse hipótesis en las cuales, pese a la diligencia del juez y por razón de las circunstancias, tal notificación no pueda llevarse a cabo.

Si a la vez existe para el órgano judicial un imperativo de ineludible acatamiento que hace menester, según claro mandato de la Constitución, fallar dentro de un término perentorio, precisamente por hallarse en juego la prevalencia de los derechos fundamentales, mal podría exigirse al despacho responsable que alcanzara lo imposible, es decir, no habría fundamento para deducir que actuó violando el debido proceso a que tenía derecho el demandado si adelantó de modo razonable y con arreglo a la ley las diligencias necesarias para asegurar su defensa, siendo claro, por otra parte, que tenía la obligación constitucional de administrar justicia urgente en el caso concreto.

Resulta trascendental que también se considere si los elementos de juicio allegados al proceso, las pruebas aportadas y la naturaleza misma de la violación o amenaza son suficientes para concluir, sin entrar a establecer necesariamente una responsabilidad personal de aquel contra quien se propone la tutela, que es imperativo impartir las órdenes judiciales encaminadas a proteger los derechos comprometidos.

Así, pues, la falta de notificación no siempre conduce a la nulidad de lo actuado en materia de tutela, habida cuenta de las peculiares características de esta acción y de las circunstancias concretas en medio de las cuales haya tenido que fallar el juez».

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IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA

LEGITIMACIÓN POR LA PARTE PASIVA

EXTRACTOS: «Dispone el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en desarrollo de lo estatuido en el 86 de la Carta, que dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo puede ser impugnado.

La facultad de impugnar, de conformidad con la norma, está en cabeza del Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente.

En apariencia, el precepto deja sin posibilidad de recurrir al particular contra quien excepcionalmente se haya intentado la acción de tutela.

Téngase presente, sin embargo, que este artículo no es el único relativo a impugnaciones y que, lejos de interpretarlo de manera aislada, se lo debe entender en íntima e inescindible relación con el artículo 86 de la Carta Política. La norma constitucional plasma el derecho de impugnar de modo general; al no distinguir, la hace aplicable tanto al solicitante como a aquel contra quien ha sido incoada la acción, y si la tutela es posible tanto contra autoridades como contra particulares, ninguna razón habría para que, en el caso de estos, el fallo fuera de una sola instancia, completamente inapelable, y en cambio pudiera darse la posibilidad de la doble instancia en el fallo proferido contra quien ejerce autoridad. Dos situaciones jurídicas idénticas tendrían entonces diferente trato sin justificación alguna, con claro desconocimiento del artículo 13 de la Constitución.

Así las cosas, al igual que los sujetos procesales mencionados en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el particular contra quien se ejerce la tutela está legitimado para impugnar los fallos que dentro del respectivo procedimiento se dicten, ya que ellos le conciernen de manera directa. De no ser así resultarían conculcados el derecho de defensa y el de la doble instancia, este último especialmente tratándose de sentencias condenatorias.

Ya se ha visto que según el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 pueden impugnar el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente y —se deduce de la Constitución— el particular contra quien fue incoada la acción, en su caso.

Para la Corte es claro que quien impugna el fallo puede hacerlo directamente o por conducto de apoderado. Ello se concluye de las reglas generales de todo proceso y resulta también de la misma disposición en comento, que habla del representante del órgano correspondiente.

En cambio, nada se dice sobre la agencia oficiosa, a la cual sí alude el citado artículo 10 del Decreto 2591 cuando se trata de la parte activa, limitándola al evento en el cual el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

No está contemplada la impugnación oficiosa del fallo por la parte pasiva es decir, nadie que carezca de legitimación puede asumir la representación de la autoridad pública o del particular contra quien se haya interpuesto la tutela, de tal modo que el juez llamado a actuar en segunda instancia no puede entrar a resolver si la sentencia no ha sido impugnada por quien tiene el derecho de hacerlo en los indicados términos o por quien ejerza como su apoderado o representante legal».

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FALLOS DE TUTELA

ÁMBITO TERRITORIAL

EXTRACTOS: «Las atribuciones de los jueces de tutela, delimitadas en forma terminante por la propia Constitución y por la ley en lo que atañe al ámbito de su competencia, se cir-cunscriben al territorio en el cual tienen efectos sus decisiones, que no es otro distinto a aquel en el cual ejerce su soberanía el Estado colombiano.

Por lo tanto, las órdenes que se imparten mediante las providencias que resuelven sobre solicitudes de amparo deben ser observadas y cumplidas únicamente dentro de los límites territoriales de Colombia y, por ende, está excluida la posibilidad de que los efectos del fallo de tutela puedan extenderse a territorio extranjero u obligar a personas y organismos ajenos al ámbito de nuestra soberanía.

El respeto mutuo entre los Estados y el reconocimiento de la libre determinación y autonomía con arreglo a los cuales cada uno actúa en el interior de su territorio, según su propio ordenamiento jurídico y de acuerdo con las competencias de sus respectivas autoridades, hace que, salvo lo acordado en tratados y convenciones internacionales, las decisiones judiciales tengan vigor únicamente dentro del espacio reservado a la soberanía del Estado en el cual se adoptan».

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PROHIBICIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE LIBROS

CUANDO ATENTAN CONTRA DERECHOS FUNDAMENTALES

EXTRACTOS: «La libertad de expresión, garantizada en el artículo 20 de la Carta Política, encuentra una de sus más importantes manifestaciones en la posibilidad que debe tener toda persona de escribir y publicar sus escritos, de hacer conocer sus criterios, pensamientos, sentimientos, ideales y concepciones intelectuales mediante la impresión y difusión de obras literarias, científicas, técnicas o artísticas, en sus diversas formas.

El autor tiene derecho a que su creación salga a la luz pública y a utilizar canales adecuados y eficaces para lograrlo, desde luego ajustándose al cumplimiento de las normas legales pertinentes.

En la posibilidad verdadera de ejercer esta libertad sin la injerencia indebida y arbitraria del Estado ni de los particulares, en un clima de espontánea y autónoma circulación de las ideas, reside una de las conquistas fundamentales del Estado de derecho y la garantía más preciosa que pueda consagrar un ordenamiento constitucional.

De allí que la Carta colombiana de 1991 no se haya limitado simplemente a enunciar el derecho de todos a expresar y difundir su pensamiento y opiniones, a informar, a recibir información veraz e imparcial y a fundar medios masivos de comunicación, sino que se haya ocupado en señalar de manera perentoria que en nuestro sistema “no habrá censura”.

La censura, bien que asuma la forma de prohibición absoluta de publicar algo, o que implique la facultad de alguna autoridad para dar un visto bueno previo a las publicaciones, para recortar o modificar su contenido, constituye flagrante violación de la libertad en cuanto cercena las posibilidades que toda persona debe tener de expresar sus ideas o de transmitir informaciones.

Sabemos, sin embargo, que los derechos plasmados en la Constitución no son absolutos y que la misma Carta, interpretada sistemá-ticamente, contempla respecto de ellos numerosas restricciones y límites, que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los demás.

En ese orden de ideas, no puede sostenerse que quien hace uso de la libertad de expresión o del derecho a la información esté autorizado para transgredir mediante sus publicaciones la normatividad constitucional o para atropellar a otros miembros de la comunidad en el ejercicio de sus derechos.

Se tiene el derecho a utilizar los medios de comunicación y los adelantos de la tecnología para comunicarse con el público, pero definitivamente quien hace un mal uso de tales instrumentos causando agravio a los derechos de las personas, debe responder.

Todas las personas y desde luego también el intérprete de la preceptiva fundamental y particularmente el juez constitucional, están obligados por toda la Constitución y tienen que observarla en su integridad. En consecuencia, a nadie es lícito sobrevalorar el alcance y el sentido del derecho consagrado en una de sus normas, ignorando a la vez otros derechos, también constitucionales, de igual jerarquía.

Así, no es de recibo la interpretación en cuya virtud se sacrifican la honra y el buen nombre de las personas en aras de un mal entendido derecho a la información o con el pretexto de un distorsionado criterio sobre la libertad de expresión. Ha de entenderse que el derecho de quien informa o se expresa tiene unos límites y que, cuando esos límites son traspasados, deja de estar en el ejercicio de un derecho para ubicarse en el terreno inconstitucional de la transgresión de otros derechos que está obligado a respetar (art. 95, num. 1º, de la Constitución Política).

Para referirnos al caso del que se ocupa la Corte, toda persona puede reclamar el derecho a publicar libros, en los cuales aparezcan plasmados los resultados de su creación intelectual, bien sea en el campo científico, en el político, en el religioso, en el artístico o en cualquier otro, expresando como a bien tenga sus criterios y conceptos o suministrando información, sin que autoridad alguna se halle facultada por la Carta para imponer la censura a tales publicaciones.

Pero si, como se deja dicho, el escritor no ejerce un derecho absoluto, está sujeto a las restricciones que le impone la propia Constitución cuando consagra derechos en cabeza de todos los asociados. Entonces, no le será lícito hacer uso de la obra para revelar detalles de la vida íntima de otro individuo o de su familia, o para proferir calumnias, injurias o amenazas. Atenta contra los derechos constitucionalmente consagrados si en la publicación juega con la honra o el buen nombre de personas o instituciones, pues éstas, en ejercicio de las prerrogativas que la misma Constitución les reconoce, están en posición de acudir al juez para que haga valer sus derechos e imparta las órdenes necesarias para que cese la violación.

De allí resulta que es válida la decisión judicial que impida la circulación del escrito o impreso que probadamente atenta contra derechos fundamentales de personas en concreto, sin que ello pueda considerarse censura sino apenas el natural cumplimiento de los mandatos constitucionales en lo que atañe al adecuado equilibrio entre deberes y derechos.

El artículo 15 de la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, expresando perentoriamente que “el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.

En lo que corresponde de manera específica al derecho a la intimidad, ha sostenido la jurisprudencia, siendo del caso reiterarlo ahora, que la Constitución protege un núcleo de privacidad inalienable propio de toda persona o familia, en el cual no puede penetrar el público precisamente porque los hechos y circunstancias que dentro de él ocurren son de estricto interés particular y, por tanto, ajenos al interés público.

En torno a los derechos a la honra y al buen nombre, debe insistirse en que son fundamentales, según los artículos 15 y 21 de la Carta, y en que han sido instituidos en razón de la dignidad del ser humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta trascendencia para cada individuo y su familia, debe la sociedad, el Estado y los particulares. Por lo que a estos últimos hace referencia, punto que tiene importancia en el presente asunto, esta Sala de la Corte quiere resaltar que ellos están obligados por las normas constitucionales en su integridad y que, según el artículo 6º de la Carta, son responsables ante las autoridades por infringir sus disposiciones y las leyes, siendo de cargo del Estado la función de exigirles la plena observancia de las conductas consiguientes, como lo estatuye el artículo 2º, inciso 2º, de la Constitución por vía general y como lo consagran también de manera específica los artículos 15 y 21 ibídem en lo relativo a los derechos de los que se viene tratando.

Ahora bien, los derechos en mención, de los cuales son titulares los individuos, pueden ser atacados en las más diversas formas, una de ellas sin duda mediante la publicación de libros. Si estos se deben a la pluma de sus propios allegados —como ocurre en el proceso bajo examen—, en nada se disminuye el alcance de los derechos comprometidos ni la responsabilidad del autor.

Así, pues, ninguna justificación puede hacerse valer para violar la esfera íntima de los menores por el hecho de que quien en ella incurra sea su propia madre.

La autora describe, desde su particular punto de vista, no susceptible de ser controvertido por las niñas afectadas, hechos, lugares y circunstancias ilustrados con nombres propios, haciendo de público conocimiento aquello que debería permanecer dentro de la reserva propia que la Constitución garantiza a las menores y a la familia de la cual hacen parte.

A no dudarlo, la publicación afecta gravemente la integridad moral de las niñas accionantes y pone en serio peligro su estabilidad emocional. Como dice la sentencia revisada, obra en el expediente que una de las menores tuvo que pasar por la pena de rectificar en plena clase ante sus compañeros afirmaciones que acerca de ella, su hermana y su familia se habían hecho en varias publicaciones y que ahora aparecen recogidas en el libro. Así lo confirmó, entre otras personas, la psicóloga del colegio.

Pero, además, por sus mismas características, lo publicado por la señora S... perjudica a la familia en términos tales que ha llevado a sus propias hijas a ejercer acción de tutela contra ella.

Ha sido vulnerado, entonces, el artículo 5º de la Constitución, que reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y que ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Y, desde luego, se ha desconocido también el 42 ibídem, según el cual las relaciones familiares se basan en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. La misma norma agrega que cualquier forma de violencia —incluida por supuesto la moral que es la ejercida en el presente caso— se considera destructiva de su armonía y unidad.

La Corte estima fundados los temores de las niñas en el sentido de que este libro pueda ser publicado en Colombia, pues resulta claro que la autora no se conformó con su permanente aparición en los medios de prensa para divulgar con manifiesto escándalo lo que acontecía entre ella y su marido y respecto de las menores, sino que decidió publicar todo aquello en el mencionado libro, primero en Italia, bajo el título “Perdute” y después en Francia, denominándolo “Enlevées”, de lo cual se deduce la amenaza cierta e inminente de su aparición en Colombia, con grave daño a los expresados derechos de las peticionarias, a quienes, paradójicamente, la autora dedica su trabajo.

Ya las niñas habían solicitado en repetidas ocasiones a su madre que se abstuviera de dar a la publicidad aspectos de su vida privada, sin que hasta el momento hayan obtenido resultado favorable.

Se hacía entonces indispensable que interviniera el juez de tutela para impedir que la amenaza tuviera cabal realización y para ello no quedaba camino diferente al adoptado por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, cuya providencia habrá de confirmarse, agregando una instrucción a las autoridades de policía en el sentido de impedir que el mencionado libro, si fuere publicado en español fuera del territorio nacional, circule en Colombia.

Debe tenerse presente que en este proceso están de por medio derechos fundamentales de las niñas que instauraron la acción y que ellos, según el artículo 44 de la Carta, prevalecen sobre los derechos de los demás. Así las cosas, si, de acuerdo con la jurisprudencia, en caso de conflicto entre el derecho a la información o la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, debe prevalecer este último, ello resulta todavía más claro e ineludible para el juez cuando el derecho sujeto a violación o amenaza toca con la vida privada de los niños.

La Corte no ordenará a la autora rectificación alguna de lo manifestado en su obra, pues, por una parte, el libro no ha aparecido en Colombia y por lo tanto tal decisión escapa al ámbito jurisdiccional del juez de tutela, y, por otra, en el expediente no figura prueba en el sentido de que haya en ella hechos falsos o calumnias, por lo cual la decisión se circunscribe a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto mediante ella se contrarresta la amenaza existente al derecho a la intimidad. Por otra parte, como con acierto lo subraya la decisión de primera instancia, cualquier nueva manifestación pública de la madre acerca de los desagradables hechos narrados en su libro, contribuiría a hacer más profundas las ya deterioradas diferencias entre ella y sus hijas y ampliaría ostensiblemente el escándalo que mediante la tutela quisieron las menores hacer cesar.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia —Sala Quinta de Revisión—, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo proferido el dieciséis de diciembre de 1993 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante el cual se ordenó a S... abstenerse de publicar en Colombia su libro “Perdute”, o el mismo contenido de éste aunque se presente bajo otro título.

2. ADICIONAR la sentencia en el sentido de ordenar que se oficie a la Dirección General de la Policía Nacional para que las autoridades vigilen que, aún en el caso de publicarse dicho libro en español fuera del país, no circule en el territorio nacional.

3. ORDENAR a la señora S... abstenerse de divulgar en Colombia hechos relacionados con la intimidad personal o familiar de sus menores hijas».

(Sentencia T-293 de junio 27 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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