Sentencia T-295 de junio 17 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA QUINTA DE REVISIÓN.

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Ref.: Exp. T-123615.

Acción de tutela instaurada por A.G.M contra Alcalde de el molino.

Santafé de Bogotá D.C., diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS:«2. El patrono tiene obligación de asumir los costos de la seguridad social cuando a incumplido el deber de afiliar a su trabajador al sistema.

Es bien sabido que, aunque en principio la salud y la seguridad social no son derechos fundamentales, adquieren esa condición cuando, consideradas las circunstancias del caso concreto, están ligados al derecho a la vida o a otros derechos primariamente fundamentales, en forma tal que éstos corren peligro o sufren daño como consecuencia de la perturbación ocasionada a aquellos.

Vinculado como está el trabajador accionante al municipio de El Molino, es claro que a cargo de éste se encuentra la obligación de prestar o hacer que se preste a aquél la integridad del servicio de la seguridad social, cobijado como debería estar por el sistema contemplado en la Ley 100 de 1993 y disposiciones complementarias.

En efecto, el artículo 49 de la Constitución consagra la garantía, otorgada a toda persona, de acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, a la vez que el 48 ibídem concibe la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley, y que ese servicio se garantiza a todos los habitantes como derecho irrenunciable.

Por supuesto, la normatividad contempla diversas modalidades de cobertura, que exigen ciertas condiciones indispensables para que en cada caso se pueda concretar el derecho de la persona los servicios de la salud y la seguridad social.

Como una norma de carácter programático, que busca un objetivo global de largo plazo, según ya lo había destacado esta Corte en sentencia T-330 de 1994, el artículo 48 de la Constitución estatuyó que el Estado, con la participación de los particulares, ampliaría progresivamente la cobertura de la seguridad social, en la forma que determinara la ley.

En desarrollo de ese mandato, la Ley 100 de 1993 estableció, entre otros, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a cargo de las empresas promotoras de salud, EPS, uno de cuyos objetivos consiste en crear las condiciones prácticas de acceso al servicio en todos los niveles de atención.

Por conducto del sistema General de Seguridad Social en Salud, el Estado garantiza que todas las personas tendrán acceso a la atención de salud bien sea mediante el régimen contributivo a cargo de quienes están vinculados por contratos de trabajo, son servidores públicos, pensionados, y jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago, o bien en el régimen subsidiado, cuando se trata de personas de escasos recursos.

El artículo 210 de la Ley 100 de 1993 consagra la obligación de todos los empleadores, del sector público o privado, de pagar su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social, y establece sanciones para quienes no cumplan con este deber. Ellos, en todo caso, están obligados a asumir en forma directa los costos de la atención de salud que requieran sus trabajadores, si no los han incorporado al sistema institucional de protección.

Esta Corporación ha señalado en múltiples oportunidades que el derecho a la seguridad social es fundamental cuando está íntimamente relacionado con un derecho como la vida y ha sido enfática en exigir a los empleadores el cumplimiento de su obligación de afiliar a sus trabajadores y pagar oportunamente los aportes que les corresponda.

Como, según lo establecieron con claridad los jueces de instancia, asiste razón al trabajador en su pedimento y es evidente que el municipio está obligado a garantizar la atención integral de su salud, se confirmarán tales decisiones, con la precisión introducida en la de segunda instancia, y se ordenará al municipio que asuma todos los costos que, en el caso del actor, no cubra el Seguro Social.

DECISIÓN:

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Se Confirma el fallo de segunda instancia, que a su vez confirmó, adicionándolo, el de primer grado.

En consecuencia, si ya no lo hubiere hecho, el alcalde municipal tiene cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, para dar estricto y completo cumplimiento a lo ordenado, so pena de incurrir en desacato.

2. Dese aplicación al artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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