Sentencia T-296 de junio 16 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-151.162

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Accionante: Cesar Enrique Rodríguez Aguilar

Demandados: Director de la cárcel de Fusagasugá y directivas del Inpec.

Tema: Reiteración de jurisprudencia sobre el trato digno en las cárceles.

Santafé de Bogotá, D.C., diez y seis de junio de mil novecientos noventa y ocho.

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

EXTRACTOS: «(...).

IV Fundamentos jurídicos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

Hecho superado

2. La acción de tutela es un instrumento eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la existencia de un transgresión actual o de una amenaza inminente de violación de un derecho constitucional fundamental, es un requisito sine qua non para que la acción de tutela prospere. Es por ello que la doctrina de la Corte Constitucional ha considerado que en casos donde la situación que origina la vulneración del derecho se ha superado y, por ende, la petición del accionante carece de efectos actuales, el juez de tutela no debe proferir una orden sino que debe negar el amparo solicitado.

3. Así las cosas, esta Sala de Revisión debe negar la acción de tutela de la referencia, como quiera que, a la fecha de la inspección judicial que se practicó por la Corte Constitucional, el accionante obtuvo su libertad y abandonó el establecimiento carcelario. No obstante, en razón a que la función de la jurisprudencia de la Corte Constitucional va más allá de resolver el caso concreto, se hace necesario analizar el contenido de la decisión de instancia y las condiciones de hacinamiento que se encontraron en la cárcel de Fusagasugá, las cuales si bien no son tan dramáticas como en otros establecimientos carcelarios, se presentan y afectan a un número considerable de internos.

Hacinamiento carcelario y construcción de centros de reclusión

4. Como se afirmó en precedencia, independientemente de que la presente acción deba negarse por cuanto existe hecho superado, la providencia de instancia obliga a esta Sala a estudiar el tema de si el hacinamiento en la cárceles autoriza a que el juez de tutela ordene la construcción de un centro de reclusión en un término de 6 meses.

5. Como primera medida, esta Sala de Revisión reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional (1) en torno a la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria, pues el Estado social de derecho y la multiplicidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales que han sido aprobados por Colombia (2), imponen el respeto efectivo por la dignidad de la persona privada de la libertad. Esto significa que la dignidad humana, como presupuesto del sistema de derechos y garantías consagrados en la Constitución, “tiene un valor absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia”(3), por lo que su respeto y garantía se impone aún en circunstancias donde algunos derechos se encuentran limitados o suspendidos.

6. En este orden de ideas, en razón a que el juez de tutela, como autoridad constitucional “obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas”(4), debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos; lleva a un interrogante: es indudable que el hacinamiento en las cárceles atenta contra la dignidad humana, entonces ¿cómo debe resolverse este problema? Para responder este cuestionamiento debe tenerse en cuenta este aspecto. Resulta indudable que, por regla general, el juez de tutela no puede ordenar la inclusión presupuestal y la ejecución de una obra pública, pues lo contrario lo convertiría en un ordenador del gasto y en un usurpador de funciones constitucionalmente designadas a otras ramas del poder público. Sin embargo, esta corporación ha señalado una excepción a la regla, lo cual deberá cumplir con estas condiciones:

“En casos de la gravedad señalada el juez podría emitir ordenes encaminadas a la realización de los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la inclusión presupuestal y posteriormente la ejecución de la obra. Para que ello pueda ser admitido como facultad del juez es también indispensable que dicha ejecución sea el único medio para garantizar la protección de los derechos fundamentales. La argumentación que el peticionario expone en su escrito de impugnación no tiene en cuenta los indicados supuestos necesarios esto es: a) que la orden judicial dirigida a la administración no sea de resultado sino de medio es decir que consista en la realización de los trámites necesarios para la ejecución de la obra y b) que ello sea el único instrumento para salvaguardar los derechos fundamentales conculcados.

4.1. En cuanto al alcance de la orden judicial la jurisprudencia de la Corte es clara cuando afirma que ésta debe limitarse a dar instrucciones a la autoridad competente para que “lleve a cabo las diligencias necesarias dentro de la normatividad vigente con miras a que en la programación posterior del presupuesto se proyecte el recurso necesario para efectuar el gasto y culminar la obra, logrando así la protección razonable y efectiva del derecho” (Sent. T-185/93)”(5).

Así las cosas, la construcción de una obra pública es muy restringida, excepcional y la orden debe establecer un término razonable, proporcionado, acorde con las exigencias legales y constitucionales de disponibilidad presupuestal y ordenación del gasto. Es por ello que esta Sala considera que el mandato impuesto por el juez de instancia en el asunto de la referencia desconoce el proceso de asignación y disponibilidad presupuestal, los términos requeridos para la adjudicación de contratos de obra pública y la exigencia de un diseño de políticas a nivel macro para solucionar problemas de hacinamiento de las cárceles. Por tal razón, esta Sala de Revisión reitera lo expuesto en la sentencia T-153 de 1998, según la cual, si bien se admite que la situación en las cárceles colombianas constituye un estado de cosas inconstitucional, la solución involucra a “distintas ramas y órganos del poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema”, por lo que se impone la necesidad de elaborar un “plan de construcciones y refacciones”, el cual “deberá ejecutarse en un término máximo de 4 años” a partir de la notificación de la sentencia en cita.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

1. REVOCAR la totalidad de la sentencia de el juzgado penal municipal, del 5 de noviembre de 1997. En consecuencia, NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Cesar Enrique Rodríguez Aguilar, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. HACER UN LLAMADO A PREVENCIÓN a las autoridades locales y nacionales, que se mencionarán en el numeral siguiente, para que dentro del término de los 4 años señalados en la sentencia T-153 de 1998, faciliten la colaboración para encontrar soluciones reales al problema carcelario en Fusagasugá, tal y como lo dispone el artículo 113 de la Constitución.

3. COMUNICAR la presente sentencia a la directora de la cárcel del circuito de Fusagasugá, al director del Inpec, al alcalde de Fusagasugá, al presidente del concejo de Fusagasugá y al defensor del pueblo.

4. LÍBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(1). Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias T-424 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz, T-065 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, T-705 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-435 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-317 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(2) Artículo 10 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, artículo 5º del pacto de San José de Costa Rica y reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y procedimientos para la aplicación efectiva de las reglas. Naciones Unidas. 1955, 1984, 1989, 1990. Resoluciones 34/169 de 1979, 43/73 de 1988 de la asamblea general de Naciones Unidas.

(3) Sentencia T-522 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Sentencia T- 153 de í 998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(5) Sentencia T-420 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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