Sentencia T-298 de junio 20 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

(Junio 20)

Ref.: Expediente T-120686

Actor: Félix Correa Maya

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

EXTRACTOS: «2. Ciertamente, como lo ha señalado reiteradamente esta corporación (1) , el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta no es procedente para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales. En este sentido, la decisión de primera instancia concedió al actor la tutela de un derecho que no estaba siendo vulnerado.

(1) Cfr. entre otras, la sentencia T-334/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

3. El juez de primera instancia indicó, en la parte motiva de su providencia, el sentido en el cual debía ser “contestado” el derecho de petición presuntamente afectado, vale decir, la forma como habría de ser resuelto el incidente promovido por el actor. Al respecto, y no obstante la equivocación sobre la naturaleza del derecho que podía resultar afectado, es fundamental recordar la jurisprudencia de esta corporación a través de la cual se ha indicado que, cuando se trata de reaccionar ante una vulneración del derecho de petición, el juez constitucional debe limitarse a constatar la omisión y a ordenar que se dé una pronta respuesta, sin que le esté conferida la facultad de señalar el sentido de esta última. Sobre este punto ha indicado la Corte en una de sus más recientes sentencias:

“Importa, entonces, distinguir entre el derecho de petición como tal y los derechos, de diferente naturaleza, que los peticionarios, mediante el ejercicio del primero, buscan hacer valer ante la administración y que constituyen el contenido de lo que se pide.

La apreciación de ese contenido corresponde a la autoridad competente al abordar el fondo de la petición, para brindar la respuesta que constitucionalmente se exige, y esa autoridad no puede ser sustituida en el cumplimiento de su obligación de resolver ni siquiera por el juez de tutela que, al examinar los supuestos de vulneración del derecho fundamental de petición y frente a la comprobada falta de respuesta, ordena a la administración renuente que la genere, sin imponerle el sentido de la decisión.

Entenderlo de otra manera significaría invadir órbitas ajenas a la tarea que cumple el juez de tutela, desconocer las normas que fijan competencias, definir asuntos controvertidos y, por el simple hecho de hallarse involucrados en el contenido de una petición, otorgarle la categoría de constitucionales fundamentales a derechos que posiblemente no la tienen (2) ”.

(2) Corte Constitucional, sentencia T-357/96, M.P. Jorge Arango Mejía».

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