Sentencia T-003 de enero 21 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

GRABACIONES SUBREPTICIAS HECHAS POR UN INTERLOCUTOR

NO TIENEN VALIDEZ COMO PRUEBAS

EXTRACTOS: «La Sala cree que, por su importancia, es necesario, desde el punto de vista constitucional, dejar sentada su apreciación sobre la aducción irregular de una grabación magnetofónica.

En efecto, conforme consta a folio 114, aparece probado que el actor, con ocasión de la ampliación de su declaración, aportó al proceso(*) un casete, con su correspondiente versión escrita, de la grabación de una charla privada que sostuvo con el doctor Gabriel Agudelo Viana. Sin embargo, como lo dijo el propio demandante, el doctor Agudelo no fue conocedor de que durante la entrevista se realizaba dicha grabación.

(*) Se trata de un proceso de tutela (N. del D.).

Como tal conducta llama la atención, surge el interrogante de saber si guarda armonía con la preceptiva constitucional.

Teniendo en cuenta el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Carta, la Sala, reiterando la doctrina contenida en la sentencia de esta corporación T-530 del veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), (magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz), considera que toda persona tiene derecho a un contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o parcialmente. Entendiendo así el derecho a la intimidad, es claro que éste, fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser constreñidas a enterarse de lo que no les interesa, así como la garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente, a espaldas de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas judiciales.

La deslealtad en que incurrió el actor al abusar de la confianza de su contertulio, ajeno al hecho de que sus opiniones estaban siendo grabadas, además de vulnerar el derecho fundamental a la intimidad, impide que el casete pueda ser tenido en cuenta como prueba judicial, porque su creación y aportación tampoco concuerdan con los presupuestos del debido proceso. En efecto, la prueba obtenida con violación del derecho a la intimidad también quebranta el debido proceso, pues, al suponer la utilización de una maquinación moralmente ilícita, constituye clara inobservancia de los principios de la formalidad y legitimidad de la prueba judicial y de la licitud de la prueba y el respeto a la persona humana.

Por último, debe señalarse que esta clase de atentados contra la inmaculación de la prueba, conducen a la nulidad a que hace referencia el inciso final del artículo 29 de la Constitución: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”».

(Sentencia T-003 de enero 21 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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