•Sentencia T-310 de mayo 6 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

Ref.: Expedientes T-182.270 y acumulados.

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Accionantes: Priscila Cruz Torrado y otros.

Temas:

— Principio de plena capacidad de decisión de las universidades y sus límites.

— Autonomía universitaria presupuestal y derecho a la igualdad del estudiantado.

— Criterios objetivos para justificar la diferencia entre los alumnos.

Santafé de Bogotá, seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «1. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto bajo revisión

2. El calendario académico de la Universidad Libre para 1998, señaló las fechas límite para matrículas, pero debido a problemas económicos, los accionantes no pudieron pagar oportunamente. Por ello se dirigieron a las directivas del centro educativo para que autoricen los pagos extemporáneos, como era costumbre en años anteriores. Sin embargo, en esa oportunidad la universidad determinó no aceptar esas peticiones, pues los desembolsos fuera de los términos establecidos afectaron el manejo presupuestal y financiero de la institución. Según criterio de los actores y de algunos jueces de primera instancia, la universidad transgredió sus derechos a la igualdad y a la educación, como quiera que se tomaron decisiones diferentes respecto de años anteriores y, en especial de un alumno en el año de 1998, lo cual antepone el interés económico del claustro frente al derecho a la educación. Por su parte, la universidad, algunos jueces de primera instancia y el juez de segunda instancia, consideraron que la decisión de las directivas no sólo no vulnera ningún derecho fundamental sino que está sustentada en la garantía constitucional de la autonomía universitaria.

Vale la pena aclarar que la situación fáctica de la tutela T-195.147 varía respecto de la anotada en precedencia, por cuanto el actor abonó en efectivo y firmó un pagaré que respalda la deuda, antes de las fechas límites fijadas por la universidad, por lo que además la accionada expidió el respectivo carné que lo identifica como miembro de la comunidad educativa. El actor no pagó oportunamente la obligación que adquirió en el título valor, por lo que la entidad se negó a realizar la matrícula respectiva y a calificar oficialmente al accionante.

Por lo expuesto, esta Sala de Revisión deberá resolver si la nueva decisión de la institución educativa de no aceptar pagos extemporáneos, vulnera los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de los actores. O, si por el contrario es una facultad propia de la autonomía universitaria. Para ello, se estudiará el contenido, la finalidad y los límites de la autonomía universitaria, en especial frente a los derechos a la educación e igualdad de los alumnos. Así mismo, se examinará, de manera especial, el caso planteado en la acción de tutela T-195.147 finalmente, se realizará un análisis sistemático del tema en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Naturaleza, contenido y límites de la autonomía universitaria

3. El artículo 69 de la Constitución de 1991 reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior, como una garantía institucional que busca preservar la libertad académica y el pluralismo ideológico, en los cuales se fundamenta nuestro Estado social de derecho (C.P., art. 1º). Por consiguiente, esta facultad o atributo colectivo de la institución es independiente pero inescindible de derechos subjetivos, que en ocasiones la complementan y en otras la limitan. Así pues, la autonomía universitaria se relaciona íntimamente con las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje e investigación (C.P., art. 27), con los derechos a la educación (C.P., art. 67), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y a escoger libremente profesión u oficio (C.P., art. 26); lo cual explica por qué en algunas circunstancias puede ser vista como una garantía y en otras como un “derecho limitado y complejo”(1).

4. En este contexto, puede definirse la autonomía universitaria como la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “la autonomía universitaria es un principio pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su singularidad en el entorno”(2)..Por consiguiente, podemos deducir dos grandes vertientes que definen el contenido de la autonomía de las instituciones educativas superiores. De un lado, la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes.

De lo expuesto, se colige claramente que el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados por toda la comunidad educativa, lo que incluye a los alumnos y a las directivas de la institución.

5. Ahora bien, por regla general la universidad se rige por el principio de plena capacidad de decisión, lo cual implica un grado importante de acción libre de injerencia legislativa y judicial, necesaria para desarrollar un contenido académico que asegure un espacio independiente del conocimiento, la capacidad creativa y la investigación científica. Sin embargo, ello no significa que esa prerrogativa es ilimitada, ni que el legislador está impedido para configurar la autonomía, ni que le está vedado a la jurisdicción la salvaguarda de la ley y de la Constitución. Por consiguiente, la autonomía universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad a la institución superior le impide la arbitrariedad, como quiera que “únicamente las actuaciones legítimas de los centros de educación superior se encuentran amparadas por la protección constitucional”(3).

En este orden de ideas, la autonomía universitaria encuentra límites claramente definidos por la propia Constitución, a saber: a) la enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República (C.P., arts. 67 y 189-21); b) la prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P., art. 150-23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción legislativa, como quiera que ésta “no significa que haya despojado al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde”(4), c) el respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria. A guisa de ejemplo encontramos que los derechos laborales(5), el derecho a la educación(6), el debido proceso(7), la igualdad(8), limitan el ejercicio de esta garantía.

6. Ahora bien, en razón a que la autonomía universitaria no es una prerrogativa absoluta, surge una pregunta obvia en los casos sub iudice ¿dentro del contenido irreductible de la autonomía de la institución educativa, está la posibilidad de fijar fechas límites para pagos del servicio público que presta? En otras palabras ¿la Universidad Libre podía negar matrículas extemporáneas? La respuesta al interrogante se deduce fácilmente del estudio que se expuso en precedencia: la universidad tiene la posibilidad de regular normativamente aspectos relacionados con el manejo administrativo y presupuestal de la institución. En efecto, el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“La autonomía de las instituciones universitarias... estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos:

(...).

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 24 del Acuerdo 15 de 1997 o reglamento estudiantil de la Corporación Universidad Libre dispone:

Renovación de la matrícula. A fin de darle continuidad a sus estudios, en cada período académico el estudiante debe firmar la renovación de su matrícula y registro académico, pagar los derechos correspondientes y presentar constancia de afiliación a una entidad del régimen de seguridad social.

PAR. 1º—El estudiante que no renueve la matrícula en el plazo fijado puede hacerlo extemporáneamente en la fecha que determine el calendario académico, previa comprobación del pago de los derechos de matrícula que establezca la universidad para estos casos.

PAR. 2º—El incumplimiento de alguno de los requisitos de renovación de la matrícula implica su inexistencia” (subrayas no originales).

Lo anterior demuestra que existe expresa remisión reglamentaria que dispone como fechas de matrículas, aquellas que determinan las directivas en cada calendario académico. Por lo tanto, la Sala encuentra que si bien, es correcto que el reglamento de la Universidad Libre no prohíbe o niega expresamente “la posibilidad de pagar o matricularse durante el transcurso del año” —argumento expuesto por los actores—, no es menos cierto que esa decisión únicamente corresponde a las directivas de la universidad privada, de acuerdo con la autonomía del centro educativo superior. Ello, por cuanto las políticas generales sobre el manejo presupuestal y administrativo de la universidad privada, en cada período lectivo, corresponde fijarlo a la institución, de acuerdo con cada reglamento.

7. Queda claro entonces que la institución educativa superior puede fijar fechas límites para pagos y matrículas de sus alumnos. No obstante, ¿lo anterior significa que la universidad es absolutamente discrecional para autorizar las matrículas extemporáneas? Para responder esta pregunta, entra entonces la Sala de Revisión a estudiar si se transgredieron los derechos a la educación y a la igualdad de los actores.

Autonomía universitaria, derechos a la educación y a la igualdad

8. Como se señaló anteriormente, la autonomía universitaria es legítima siempre y cuando no transgreda derechos fundamentales. Entonces, ¿forma parte del contenido protegido del derecho a la educación la autorización de pagos extemporáneos de las matrículas? Esta Sala de Revisión comparte el argumento expuesto por el ad quem, según el cual el carácter de deber(9) del derecho a la educación impone la obligación de pagar oportunamente el costo de la matrícula, pues la determinación de las fechas no corresponde a la autonomía individual del estudiante, sino a una decisión de organización interna de la universidad. Esto es mucho más claro en la educación superior privada, pues según el artículo 68 de la Carta el servicio público de educación podrá prestarse por particulares, en las condiciones que señala la ley y el reglamento. Así, los artículos 109 y 122 de la Ley 30 de 1992 determinan que las instituciones de educación superior podrán exigir como “derechos pecuniarios” los costos de inscripción y matrícula, los cuales deberán regularse en el reglamento estudiantil, lo que incluye obviamente las fechas que determinan el pago oportuno. Por lo tanto, estima la Sala que el sólo hecho de que exista una decisión de las directivas de la universidad de no autorizar matrículas extemporáneas, no transgrede los derechos a la educación ni el de libre desarrollo de la personalidad.

9. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la universidad puede decidir arbitrariamente cuándo autoriza matrículas extraordinarias y cuándo las niega, pues el derecho a la igualdad de los estudiantes vincula a la universidad, como a todos los particulares y a las autoridades públicas (C.P., arts. 4º y 13). Un ejemplo claro de lo expuesto, se encuentra en la sentencia T-384 de 1995(10), en donde la Sala de Revisión concedió la tutela contra la Universidad Gran Colombia, como quiera que se evidenció que la institución educativa “no justificó el trato preferencial” que se dio a algunos alumnos en detrimento del accionante en esa oportunidad. En consecuencia, la actuación ilegítima de la universidad, susceptible de reproche judicial, no es el trato diferente sino el trato sin justificación, esto es, el trato arbitrario.

Por lo tanto, la institución educativa superior, en ejercicio de su autonomía, puede aprobar matrículas extraordinarias, si esa decisión se encuentra justificada objetivamente. Así pues, al respecto la jurisprudencia ha dicho:

“Las decisiones arbitrarias, fruto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, son constitucionalmente rechazadas cuando provienen de un agente cuya situación de predominio, lo coloca en la posibilidad de afectar los derechos y bienes tutelados a las personas respecto de las cuales se ejerce una relación de supraordenación. En estas circunstancias resulta ilegítima la decisión que afecte un derecho fundamental y que no se encuentre amparada por una justificación objetiva y razonable, que no persiga una finalidad constitucionalmente reconocida o que sacrifique en forma excesiva o innecesaria los derechos tutelados por el ordenamiento constitucional”(11).

En este orden de ideas, en ejercicio de su autonomía, la universidad puede tratar de manera diferente a los estudiantes que solicitan autorización de pagos extemporáneos, siempre y cuando su decisión se justifique en situaciones objetivas, esto es, en circunstancias susceptibles de verificación que sustenten y expliquen el trato diferente. Sin embargo, debe aclararse que no podría constituir una situación objetiva, la utilización de criterios de diferenciación prohibidos constitucionalmente (C.P., art. 13). Por ende, no está autorizado el trato diferente cuando su fundamento es la raza, el sexo, el origen nacional o familiar, la lengua, religión u opinión.

10. En este contexto, la Sala debe determinar si lo expuesto por la Universidad Libre para justificar el cambio de actitud, con relación a años anteriores, en lo que tiene que ver con la autorización de matrículas extraordinarias es conforme al artículo 13 superior. Igualmente, se deberá analizar si la universidad discriminó a los actores respecto de un alumno, a quien autorizó el pago posterior a la fecha indicada en el calendario académico.

11. La Universidad Libre sostiene que aplicó con rigidez el reglamento para cambiar una costumbre “malsana” que se presentaba en su interior, por cuanto las anteriores “decisiones afectaron el manejo presupuestal y financiero de la institución”. En efecto, la búsqueda de la estabilidad financiera de la universidad y la necesidad de tener certeza del número de cupos disponibles para nuevos alumnos, constituyen fines constitucionalmente legítimos, como quiera que la institución educativa se encuentra obligada no sólo a propender por la prestación eficiente del servicio (C.P., art. 365), sino a aumentar la calidad de la educación (C.P., art. 68; L. 30/92, art. 6º, lit. c), y dentro de sus posibilidades, a ofrecer el servicio a quienes se encuentren interesados en educarse (C.P., art. 68). Pues bien, la medida adoptada por la universidad es útil para el logro de los fines que se han señalado, como quiera que la calidad y la eficiencia en la educación, en buena medida se obtiene con el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas contraídas con los docentes, con el mantenimiento logístico de las instalaciones y con la prestación del servicio a toda la población educativa, cuya capacidad pueda cumplir el centro universitario, entre otras razones. Por lo tanto, la medida destinada a organizar los pagos, es razonable y útil para el logro de los fines que se persiguen. Y, finalmente, el establecimiento de fechas perentorias para el pago no sacrifica arbitrariamente ni desproporcionadamente valores y derechos constitucionales, lo cual se explica con dos motivos. De un lado, como se dijo en precedencia, el derecho a la educación también lleva implícito un deber, el cual se concreta en la obligación de pagar oportunamente la prestación del servicio público, más aún si éste es proporcionado por particulares (C.P., arts. 68 y 365). Por consiguiente, admitir pagos “a lo largo de todo el año” sacrificaría injusta y arbitrariamente el mismo derecho a la educación eficiente y oportuna de la comunidad educativa. De otro lado, la medida que tomó la universidad, que por demás busca cumplir el reglamento, tampoco sacrifica arbitrariamente el derecho a la igualdad, pues como se explicó en el punto 9º de la parte motiva de esta sentencia, judicialmente sólo es posible reprochar el trato arbitrario de la universidad, lo cual aquí no es dable hacerlo, como quiera que la institución educativa fundamentó objetivamente su decisión, tal y como se explicó anteriormente.

12. Ahora bien, los actores también cuestionan la decisión de la universidad en relación con el estudiante Edgar Hemberto Munar Tome, a quien le fue autorizado el pago extraordinario de la matrícula, el día 27 de marzo de 1998, esto es, vencido el término establecido por la institución educativa. En efecto, la universidad manifiesta que la decisión se tomó, en razón a que el estudiante explicó oportunamente su situación y mostró el cheque con que pagaría la matrícula, el cual no había sido girado a la universidad. Por esta razón, la Sala estima que la institución educativa superior esgrime una causa objetivamente válida, como quiera que ella evaluó el grado de confianza en el pago de la matrícula que ofrecía el estudiante, la oportunidad de la presentación del título valor y el inconveniente práctico que se originó por la imposibilidad de consignar el cheque directamente a la universidad. Por lo tanto, la universidad justificó, motivó y explicó suficientemente la decisión de autorizar la matrícula al alumno y negarla a los actores. Al mismo tiempo, esta Sala de Revisión constató que existieron hechos que permitieron diferenciar al alumno Edgar Hemberto Munar Tome de los accionantes, razón por la cual se negarán la tutelas presentadas por estos hechos.

Autonomía universitaria e incumplimiento de obligaciones pecuniarias adquiridas con la universidad

13. Pese a lo expuesto, la Sala debe aclarar que la situación planteada en la tutela T-195.147 es diferente a las ya analizadas, como quiera que el alumno Hilbar Yazo Espinosa canceló y garantizó oportunamente el valor de la matrícula a que estaba obligado, por lo que la universidad expidió el carné respectivo. Ahora bien, en vista de que el costo de la educación estaba garantizado, la universidad no podía negarse a legalizar la matrícula, pues el título valor que se firmó es una forma de pago eficaz y suficiente para obtener el cumplimiento de la obligación pecuniaria.

Por tales razones, esta Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de conceder la acción de tutela de estudiantes que, habiéndose matriculado en un centro educativo, incumplieron la obligación de cancelar oportunamente el valor del crédito y como consecuencia de ello no son evaluados(12), o si lo son se hace con notas que no reflejan la realidad académica del estudiante(13) o les retienen las calificaciones(14), como quiera que “se impone otorgarle a la educación una condición prevalente ante el derecho del plantel a obtener el pago, ya que una medida que comporte el sacrificio de los propósitos que el proceso educativo persiguen en aras de un interés económico, resulta desproporcionada”(15).

En relación con este tema, la Corte ha dicho:

“...ante el conflicto entre el derecho del plantel a obtener el pago y el derecho que le asiste al educando de recibir una educación adecuada, integral y completa, se impone otorgarle a la educación una condición prevalente, ya que una medida que comporte el sacrificio de los propósitos que el proceso educativo persigue en aras de un interés económico, resulta desproporcionada(16)”.

Por lo tanto, se considera que si el estudiante aseguró la cancelación de la totalidad de la matrícula (ya que el pagaré es una forma de pago), la universidad debía tratarlo igual que a los demás alumnos, pues el mecanismo idóneo para el cobro de la deuda adquirida a favor de la universidad, es un proceso judicial, ajeno y diferente a la sanción académica que la universidad decidió imponer. Por las razones expuestas, se concederá la tutela del derecho a la educación del actor del expediente T-195.147.

Jurisprudencia constitucional sobre autonomía universitaria

14. A manera de sumario se resumirán las subreglas principales que la Corte Constitucional ha esbozado en el tema de la autonomía universitaria, a saber:

a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común. Sentencias T-492 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-649 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell;

b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado. Sentencia C-194 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-547 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-420 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara;

c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución. Sentencias T-123 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-172 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-506 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía, T-515 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero;

d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. Sentencia C-547 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-237 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero;

e) El legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria. Sentencias T-02 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-299 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-06 de 1996 y C-053 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz;

f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es un garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las personas. Sentencias T-574 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-513 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía;

g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquéllos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual. Sentencias T-187 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-02 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-286 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía, T-774 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-798 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-019 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;

h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es, corresponden a la autonomía universitaria. Sentencia T-061 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara, T-515 de 1995 y T-196 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, e

i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa. Sentencia T-237 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-184 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de enero de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-187.682.

2. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de septiembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-182.270.

3. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-185.580.

4. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de septiembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-183.120.

5. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-192.952.

6. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-190.311.

7. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de octubre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-187.582.

8. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente T-191.649.

9. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T- 192.974.

10. REVOCAR las sentencias proferidas el 9 de diciembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y, el 9 de noviembre de 1998 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, dentro del expediente T-195.147. En consecuencia CONCEDER la tutela del derecho a la educación del señor Hilbar Yazo Espinosa.

11. ORDENAR que en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación de la presente providencia, la Universidad Libre legalice la matrícula del señor Hilbar Yazo Espinosa y, como consecuencia de ello permita ejercer, a plenitud, los derechos y obligaciones del estudiante. De todas maneras se deja a salvo el derecho que le asiste a la universidad de hacer efectivo, por otro medio de defensa judicial, el cobro jurídico del título valor que a su favor giró el estudiante Hilbar Yazo Espinosa.

12. COMUNICAR la presente decisión a la Universidad Libre y al Defensor del Pueblo.

13. LÍBRESE por secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(1) Al respecto pueden consultarse las sentencias T-574 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-237 y T-515 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.

(2) Sentencia T-123 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(3) Sentencia T-180 de 1996. M P Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4)Sentencia C-188 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.

(5) Sentencia C-06 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.

(6) Sentencia T-425 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(7) Sentencias T-492 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. T-649 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(8) Sentencia T-384 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(9) Ver entre muchas otras, las sentencias T-02 de 1992, T-515 de 1995, T-569 de 1994, T-259 de 1998.

(10) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(11) Sentencia T-180 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(12) Pueden consultarse las sentencias T-019 de 1999, T-760 de 1998, T-452 de 1997.

(13) Sentencia T-425 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(14) Pueden verse las sentencias T-612 de 1997, T-235 de 1996, T-607 de 1995, T-422 de 1998.

(15) Sentencia T-171 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz.

(16) Sentencia T-019 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Al respecto también pueden consultarse las sentencias T-612 de 1992, T-235 de 1996, T-171 de 1998, T-173 de 1998.

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