Sentencia T-032 de febrero 2 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

REVOCATORIA DE UNA SENTENCIA DE TUTELA

RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN INICIAL

EXTRACTOS: «La tutela como uno de los mecanismos consagrados constitucionalmente para la protección de los derechos fundamentales se presenta ante cualquier juez de la República de Colombia, quien se pronuncia a través de un fallo, que como lo consagra el propio artículo 86 de la Constitución Política “... podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

A su vez, los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 disponen lo relacionado con el trámi-te de la impugnación del fallo. El ad quem puede optar por uno de los siguientes caminos: proceder a revocarlo, si considera que el fallo ca-rece de fundamento, lo cual comunicará de inmediato o, confirmarlo, si encuentra que se ajusta a derecho.

Por lo tanto, en el trámite de tutela se desarrolla el principio constitucional de la doble instancia consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política.

Pero aunque constitucional y legalmente se encuentra así consagrado, la razón de ser de la impugnación está dada por el hecho de que las resoluciones judiciales están limitadas naturalmente por el conocimiento humano y, por ello, sujetas a errores.

A causa de las consecuencias especialmente graves que se toman por parte del juez de tutela, quien ordena la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado, desde el pun-to de vista político-jurídico se hace necesaria una revisión o examen de los hechos así como de su confrontación con las normas materiales y de la interpretación que sobre ellos debe hacerse.

La orden de protección del derecho fundamental —como lo consagra el artículo 31 en su inciso final—, debe cumplirse en forma inmediata, aunque el fallo que la contenga sea impugnado. Por lo tanto, la autoridad pública o el particular quien está obligado a su cumplimiento debe actuar dentro del término establecido por el juez de tutela, de lo contrario podría hacerse acreedor a las sanciones por desa-cato establecidas en el capítulo V del Decreto 2591 de 1991.

Pero ¿cuáles son los efectos de la sentencia de tutela que revoca una decisión favorable al peticionario?

Si el ad quem encuentra que efectivamente el fallo carece de fundamento, que existió una errónea aplicación de las disposiciones constitucionales y legales o que incurrió en una falta de apreciación de las pruebas, debe proceder a revocarlo, además de tomar las medidas tendientes a “deshacer lo hecho”, es decir el restablecimiento de la situación a su estado inicial.

Pero, como en todo acto de un funcionario judicial y con mucha más razón en uno de un juez de tutela, la decisión debe ser razonada y equilibrada frente a lo que se pretende.

Pero tratándose de situaciones en las que se encuentra comprometida una obligación de dar, hacer, entregar dinero, bienes muebles o inmuebles, el juez está en la obligación de pronunciarse respecto de los efectos de la revocatoria del fallo, pues de lo contrario la decisión ambigua puede crear derechos a quien jurídicamente le han sido desconocidos.

De otro lado, aunque ciertamente el sustento jurídico ha dejado de existir y podría exigirse la devolución a través de un nuevo proceso, en desarrollo de los principios de eficiencia y celeridad aplicables a la administración de justicia, el juez de tutela es el llamado para que frente a una situación en la que sea posible retrotraer los efectos, se pronuncie en forma concreta.

En este sentido el Código de Procedimiento Penal en el artículo 13 consagra la corrección de actos irregulares, de la siguiente forma: “El funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales”.

Por “actos irregulares” no son sólo aquellos que parece ejecutar el funcionario que está conociendo del proceso, sino también los que otro funcionario de su rango, o inferior a él, pueda haber cometido en los trámites respectivos.

En el mismo sentido el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, dispone:

“ART. 14.—Restablecimiento del derecho. Cuando sea posible, las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan al estado anterior, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados”.

La intención del legislador es la de evitar el inicio de un nuevo proceso o la existencia de fallos contradictorios además de restablecer los derechos que han sido quebrantados al regresar la situación al estado anterior, cuando la naturaleza de los hechos punibles lo haga posible.

En materia de tutela el juez puede corregir injusticias claramente ostensibles para lograr un punto de equilibrio entre los derechos de los sujetos procesales de la controversia.

Por lo tanto, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, la sentencia del Juzgado Unico Civil del Circuito de Ciénaga ha debido referirse a la devolución por parte del señor Olimpo Fragoso Díaz de la suma de dinero que en su momento le fuera entregada por orden del Juez Promiscuo Municipal de Sitionuevo. Así las cosas, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará que el Juez Unico Civil del Circuito de Ciénaga Magdalena adicione la sentencia en el sentido de ordenar la devolución a Carbocol S. A. e Intercor de los noventa y cuatro millones, trescientos sesenta y un mil novecientos veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 94.361.922.50)».

(Sentencia T-032 de febrero 2 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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