Sentencia T-032 de febrero 6 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

DERECHO A LA COMUNICACIÓN

ALCANCE CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «La Corte juzga necesario distinguir entre el derecho a la comunicación en su sentido genérico y el que tiene una persona o entidad a que en el lugar de vivienda, trabajo o descanso, o en la sede en que se desarrollan actividades comerciales, industriales, educativas o de otra índole se cuente con la conexión del servicio telefónico.

Para la Corte es evidente que la carencia del específico instrumento de comunicación de que se trata, aunque puede afectar los intereses del individuo y generarle dificultades prácticas de mayor o menor intensidad —depende de sus necesidades y circunstancias—, no representa per se una vulneración de derechos fundamentales. Para que estos resultasen afectados por una privación del teléfono se requeriría la concurrencia de otros factores y motivos cir-cunstanciales, como sería el caso, por ejemplo, de que la persona fuera discriminada al serle negado el servicio, pese a cumplir los requisitos pertinentes, por su raza, su religión o su filiación política, ya que ello implicaría una abierta ruptura del principio constitucional de la igualdad; o el de alguien que, justamente por no disponer de otros medios, quedara absolutamente excluido de toda posibilidad de comunicación.

Considera la Corte que el derecho a la comunicación tiene un sentido mucho más amplio, pues su núcleo esencial no consiste en el acceso a determinado medio o sistema sino en la libre opción de establecer contacto con otras personas, en el curso de un proceso que incorpora la mutua emisión de mensajes, su recepción, procesamiento mental y respuesta, bien que ello se haga mediante el uso directo del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de la tecnología.

La Constitución Política no destina un artículo específico a la garantía del aludido derecho, pero éste sale a flote, como propio e inalienable de toda persona, cuando se integran sistemáti-camente varios principios y preceptos constitucionales, entre otros los consagrados en los artículos 5º (primacía de los derechos inalienables de la persona), 12 (prohibición de la desaparición forzada y de tratos inhumanos o degradantes), 15 (inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada), 16 (libre desarrollo de la personalidad), 20 (libertad de expresión y derecho a emitir y recibir información), 23 (derecho de petición), 28 (libertad personal), 37 (libertad de reunión), 40 (derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político), 73 (protección de la actividad periodística), 74 (derecho de acceso a los documentos públicos) y 75 (igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético), garantías todas estas que carecerían de efectividad si no se asegurara que la persona goza de un derecho fundamental a comunicarse.

Aunque ello no fuera así, la ausencia de nominación, definición o referencia expresa de un derecho en los textos positivos no puede asumirse como criterio de verdad para negar que exista. Tal es el sentido del artículo 94 de la Constitución Política, según el cual la enunciación de los derechos y garantías tanto en su propio articulado como en el de los convenios internacionales vigentes, “no debe entenderse co-mo negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

Dentro de ese criterio que excluye toda concepción literal y taxativa de los derechos —como corresponde a un sistema jurídico que prohíja el respeto a la dignidad humana—, no cabe duda de que la naturaleza racional y sociable del hombre, no menos que su excepcional aptitud para la expresión verbal y escrita, hacen indispensable, para su desarrollo individual y para la convivencia a la cual tiende de manera espontánea, la posibilidad de establecer comunicación con sus congéneres».

(Sentencia T-032 de febrero 6 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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