Sentencia T-321 de agosto 10 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

FALLOS DE TUTELA

SÓLO PRODUCEN EFECTOS INTERPARTES

EXTRACTOS: «Conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional y por el Decreto-Legislativo 2591 de 1991, especialmente en sus artículos 1º y 2º, la acción de tutela tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de la persona “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Se establece, así mismo, su procedibilidad contra acciones u omisiones de los particulares, violatorias de los mismos derechos, en las situaciones y bajo las condiciones determinadas en el decreto reglamentario de la acción, en su capítulo III, obediente a precisas directrices constitucionales.

Ahora bien: los derechos fundamentales de las personas se consagran en la Carta mediante normas generadoras de situaciones jurídicas abstractas e impersonales que tienen por destinatarios a los sujetos de derecho individuales, pero también, excepcionalmente, a los entes colectivos, en la medida en que estos se revelan aptos para ser centros de imputación de tales derechos.

El incremento, la modificación o el recorte de esa categoría especial de derechos subjetivos depende, pues, de la voluntad del poder constituyente y sólo de ella, pero la interferencia, amenaza o vulneración, en su ejercicio, puede derivarse de múltiples hechos originarios de los poderes constituidos o, incluso, de la conducta antijurídica de los particulares.

Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello, v. gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que, también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.

Pero no es ese el caso de la tutela. El mismo artículo 6º del Decreto 2591 establece en su numeral 5º que es improcedente la acción “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aun mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo conside re necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7º del decreto en mención.

II. Los fallos de tutela sólo producen efectos interpartes

Dado que la acción de tutela se instituyó como un mecanismo de defensa al cual pueden acudir las personas afectadas en sus derechos individuales fundamentales, para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los mismos, surge como titular de esta acción la persona a quien se le han vulnerado o puesto en peligro de quebranto tales derechos constitucionales fundamentales; por consiguiente es ella quien debe pedir en forma directa o a través de representante, la protección inmediata de los citados derechos. Recuérdese que la ley permite con el mismo propósito agenciar derechos ajenos, cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

Así mismo, autoriza al defensor del pueblo para interponer la tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de indefensión o desamparo, sin perjuicio del derecho que les asiste a los interesados de hacerlo. También por delegación expresa de tal funcionario, la acción puede ser promovida por los personeros municipales y distritales.

En el proceso de tutela existen dos partes, a saber: por un lado se encuentra la persona agraviada o afectada en sus derechos constitucionales fundamentales, que es quien inicia la acción, y por el otro, la autoridad pública o el particular que con su actuación u omisión ha ocasionado la vulneración o amenaza de tales derechos, es decir, aquella contra la cual se ha invocado la acción.

Cabe agregar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 2591 de 1991 “cuando el defensor del pueblo interponga la acción de tutela, será junto con el agraviado, parte en el proceso”.

Así las cosas, la tutela surge como una acción subjetiva de carácter personal y concreto, cuyo titular es la persona agraviada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien tiene el deber de iniciarla directamente o por medio de representante, salvo los casos señalados en el Decreto 2591 de 1991 que permiten hacerlo al defensor del pueblo o a un personero municipal o distrital.

Ahora bien, tanto en el artículo 86 de la Constitución Nacional, como en la normatividad legal que lo desarrolla (D. 2591/91), el fin o propósito específico de la acción de tutela, aparece claramente determinado, y no es otro que el de brindar a la persona afectada, óigase bien, única y exclusivamente a ésta, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que le han sido vulnerados o amenazados, por parte de una autoridad pública o de un particular.

En consecuencia el juez a quien compete resolver la citada acción, no puede pronunciarse en forma general, impersonal y abstracta, pues su función se limita a ordenar para el caso particular y específico, puesto en su conocimiento, las medidas necesarias para garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho y, si es pertinente, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Cuando lo impugnado sea la denegación de un acto o una omisión, el fallo debe ordenar que se lleve a cabo o efectúe la actuación correspondiente o se desarrolle la acción adecuada en el plazo señalado por la ley. Si se trata de la ejecución de una conducta o la realización de una actuación material o de una amenaza, se ordenará la inmediata cesación, así como la orden de evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción.

El juez de tutela, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, está facultado para establecer, además de lo anotado, los demás efectos del fallo “para el caso concreto”.

De otra parte debe acatarse el mandato contenido en el artículo 36 del citado decreto, cuando señala textualmente que “las sentencias en que se revise una acción de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto ...”, disposición que concuerda con la norma constitucional que instituyó la acción de tutela, en nuestro ordenamiento jurídico.

Ante preceptos tan claros, conviene simplemente agregar, que el hecho de que al juez de tutela se le haya asignado la función de definir ciertos y específicos derechos constitucionales, no significa en modo alguno que por esta única circunstancia, adquiera las mismas facultades o poderes que la Carta le ha atribuido a esta Corte en el artículo 241 y que se relacionan concretamente con el control constitucional de las leyes y los decretos allí enumerados, y mucho menos, puede señalar que los fallos que emita dentro de procesos de tutela, tengan el mismo efecto general y erga omnes que producen las sentencias de constitucionalidad que profiere esta corporación cuando decide demandas de inconstitucionalidad.

Como la persona que ejerce la acción de tutela tiene tan sólo un interés individual, particular y concreto, cual es el de que se le proteja un derecho constitucional fundamental, la sentencia que la resuelva tiene ese mismo carácter, es decir, que sólo surte efectos en el caso individual y específico. La facultad del juez de tutela no le permite abarcar o comprender casos diferentes, como tampoco legislar, pues su función, se repite, se limita a proteger el derecho, ya sea ordenando hacer lo omitido, cesar las actuaciones o amenazas, o deshacer lo hecho, no más.

Debe advertirse que, si en el pasado algunas Salas de Revisión de la Corte ordenaron extender de manera general los efectos de sus fallos, haciéndolos aplicables a casos análogos, ello tenía sustento legal en el texto del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, norma que atribuía carácter vinculante a la doctrina enunciada en las sentencias de esta corporación. Tal posibilidad no existe hoy, pues la palabra “obligatorio”, empleada por el precepto en mención para establecer el citado atributo, fue declarada inexequible mediante fallo número C-131 del 1º de abril de 1993, proferido por la Sala Plena.

En el caso que es objeto de revisión, la sala encuentra que los falladores se extralimitaron en sus funciones, arrogándose las que corresponde ejercer a otras autoridades, al ordenar al Ministro de Comunicaciones y al director del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, emitir actos de carácter general, impersonal y abstracto, convirtiéndose así en legisladores, función que compete única y exclusivamente al Congreso de la República o al Presidente, debidamente facultado para ello; además de olvidar que las decisiones de las acciones de tutela son actos que crean situaciones jurídicas de carácter individual y concreto, que sólo obligan a las partes que en él intervienen, esto es, la persona afectada y la autoridad pública o el particular que infringe o amenaza un derecho constitucional fundamental de la primera.

En este orden de ideas, y para el presente caso, la decisión debía contener las medidas que los jueces de instancia consideraran procedentes para proteger los derechos que se invocaron como vulnerados por la madre de los niños Vargas Porto, mas no de otros niños o personas distintas a los citados, actuación totalmente irregular que conduce, también, a la revocatoria de las sentencias que decidieron la presente acción.

La imposibilidad de tomar medidas eficaces y, al tiempo, jurídicamente correctas, pone de manifiesto el hecho de que son otros los medios a los que había que acudir para lograr el objetivo propuesto. Porque lo único sensato que podría hacer el juez de tutela, si estuviera probada la amenaza o la violación de alguno de los derechos fundamentales invocados por la actora, sería impedir que los programas censurados llegaran a su receptor, mas no que se impidiera su emisión para el resto de los colombianos. Como tal operación no es posible, el único medio a la vez viable y eficaz, parece consistir en que se prescinda de la televisión en las horas y durante la programación que se juzgue inconveniente, y tal medida sólo le incumbe a quien hace las veces de jefe del hogar.

Porque, así sea a título de mera hipótesis, parece pertinente hacer la siguiente reflexión: si un padre de familia —distinto de doña Deisy— considera que familiarizarse con escenas de sexo y violencia hace parte de la educación integral de sus hijos, ¿con qué argumento se le va a tutelar un derecho que él no estima violado, negándoseles en cambio (a sus hijos) la posibilidad de acceder a programas necesarios, desde su perspectiva, para una educación integral?

III. De la acción de cumplimiento.

Ahora bien: si lo que se aduce es el hecho de que el Instituto Nacional de Radio y Televisión está infringiendo las disposiciones legales vigentes sobre franjas y horarios de programación, así como las prohibiciones pertinentes contenidas en el Código del Menor (D. 2737/89), la vía conducente a ese efecto no es la acción de tutela. Sería la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Carta pero, infortunadamente, no reglamentada aún por el legislador y, por esa circunstancia, improcedente todavía, según doctrina sentada por esta corporación en providencia AC-001 de diciembre 10 de 1992, que tuvo como ponente al H. Magistrado Simón Rodríguez.

Es que, si tal acción fuera viable, bastaría demostrar —como está demostrado en el proceso— que se han pretermitido, por parte de Inravisión y del Consejo Nacional de Televisión, los horarios asignados a las franjas infantil y familiar —especialmente los relativos a esta última— para ordenar a los funcionarios responsables, la observancia rigurosa de los deberes que se desprenden de las disposiciones jurídicas vigentes (L. 14/91, D.R. 916 del mismo año, así como del ya citado Código del Menor), sin que tal orden estuviera condicionada a la violación o amenaza real de un derecho fundamental de los accionantes.

Pero otra cosa ocurre con la acción de tutela, en la que sí es preciso acreditar la vulneración o amenaza de un derecho de esa categoría, para remediar las cuales (violación o amenaza), deben existir medios jurídicos en armonía con la naturaleza de la acción, como más arriba se ha analizado. Los hechos que han sido objeto de esta demanda se pondrán en conocimiento del señor Procurador General de la Nación para que investigue si, por parte de los funcionarios que tienen a su cargo la televisión en Colombia, se ha incurrido en conductas activas u omisivas violatorias de la ley, y quiénes y en qué medida son responsables de incumplir los deberes a su cargo.

Quizás sea pertinente aclarar que la Sala dista mucho de encontrar plausible y, al contrario, encuentra francamente censurable que las programadoras, concesionarias de los espacios de televisión, hagan del “rating” su propósito esencial, y relegando intereses superiores utilicen buena parte de sus espacios para difundir programas cuestionables no sólo por los deplorables mensajes que comunican —si cabe esta expresión para aludir a su pobre contenido— si no por el total desentendimiento de los parámetros estéticos y por la transgresión de los mínimos límites de decencia que una sociedad como la nuestra puede exigir de quienes usan los medios de comunicación del Estado.

Pero cumpliendo su cometido de juez de derecho, tiene la Sala que reconocer que el instrumento jurídico utilizado no es el idóneo para corregir la situación denunciada por la actora. Porque lo que caracteriza a la normatividad jurídica es que se propone fines que estima deseables y selecciona, además, medios que considera legítimos para alcanzar los primeros. Y a unos y otros debe atender el juez, so pena de abdicar de su alta misión.

Es que el campo del derecho, más que ninguno otro, es inconciliable con el postulado maquiavélico de que “el fin justifica los medios”.

Se duele, así mismo, la Sala, de que los organismos estatales que tienen a su cargo la prestación del servicio, no hayan utilizado todos los medios legítimos a su alcance para corregir un estado de cosas a todas luces indeseable.

IV. Pruebas en los procesos de tutela

Si en el caso a examen se ha acreditado la violación de alguno de esos derechos, es asunto que debe analizarse en seguida.

Dadas las características de la acción de tutela y con el fin de que no se desvirtuara el propósito para el cual se instituyó, que no es otro que la protección “inmediata” de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los eventos estrictamente consagrados en la Constitución y la ley, el constituyente estableció que su trámite debía ser “preferente y sumario”, esto es, que el juez debe darle prelación, y entrar a resolver dentro del breve lapso constitucional de diez días.

De igual manera, y en aras de garantizar tanto la inmediatez de esta acción como su eficacia, el legislador procedió a consagrar en el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 los principios que gobiernan el trámite de los procesos de esta índole, a saber: publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

Ante la existencia de estos preceptos y especialmente por la brevedad del término que se concede para fallar, como por el informalismo procesal que caracteriza a la acción de tutela, algunos jueces han considerado que están dispensados de cumplir ciertas actividades necesarias dentro de toda clase de procesos, destinadas a determinar la veracidad de los hechos, como es la práctica de pruebas o, dicho en otras palabras, que pueden fallar con carencia absoluta de prueba que conduzca al convencimiento pleno de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.

Cierto es que al tenor de lo preceptuado por el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 “el juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier información formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”, pero adviértase que dicha autorización tiene lugar única y exclusivamente cuando existe, dentro del proceso, al menos una prueba de la cual se pueda inferir violación o amenaza del derecho fundamental invocado, inferencia que si bien compete realizar exclusivamente al juez del conocimiento, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ha de ser apta para sustentar las consideraciones del fallo, en armonía con el valor que pueda lógicamente asignárseles a los distintos elementos probatorios allegados al proceso.

El juez de tutela, como cualquier otro juez de la República, está sujeto a las mismas reglas que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás procesos. Lo que ocurre es que en los procesos de tutela, no está sujeto a los estrictos y precisos límites fijados en la ley para cada uno de ellos, como al cumplimiento de las exigencias formales allí establecidas, de manera que una vez obtenidos todos los elementos de juicio que considere suficientes para definir el caso, sin recurrir a averiguaciones innecesarias, impertinentes e inconducentes, puede proceder a tutelar el derecho o denegar la petición, sin exceder los límites temporales fijados por la Constitución y la ley.

De otra parte, obsérvese que el legislador al reglamentar esta acción, autoriza al juez para cumplir una serie de actividades, precisamente tendientes a verificar la ocurrencia real de los hechos que dieron lugar a la presunta infracción del derecho fundamental invocado, y es así como en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, expresa que el juez de tutela puede “requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud” y pedir “el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto”; y el artículo 20 autoriza resolver de plano la petición de tutela, cuando el informe que se solicite a la autoridad “no fuere rendido dentro del plazo correspondiente”, con la consecuencia de que se “tendrán por ciertos los hechos, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

En el artículo 21 ib., de igual modo se faculta al juez para obtener cualquiera otra información adicional, cuando del informe anterior resultare que los hechos no son ciertos, agregando expresamente que “en todo caso el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela”.

Finalmente, el artículo 22 ordena al juez, en cabal desarrollo de principios de derecho probatorio, y con la finalidad de evitar pruebas superfluas e inconducentes que “tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”, y, se repite, si está plenamente demostrada la violación del derecho fundamental, y respetando los términos señalados para decidir. Esta disposición, como lo ha sostenido la Corte, “no puede entenderse como una autorización legal para que el juez resuelva sin que los hechos alegados o relevantes para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando menos en forma sumaria dadas las características de este procedimiento. Su determinación no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela” (Sent. T-264/93, M.P. José Gregorio Hernández G.).

Cabe agregar que el legislador también autoriza la práctica de pruebas en segunda instancia, de oficio o a petición de parte, incluida la solicitud de informes, como expresamente se lee en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y que, en sentir de la Sala, son procedentes también en la etapa de revisión que compete a esta Corte, siempre y cuando no es-té plenamente demostrada la infracción invocada.

El juez de tutela, entonces, no sólo puede utilizar cualquier medio probatorio que sea idóneo y eficaz para verificar si las actuaciones u omisiones de los funcionarios públicos o particulares en los casos señalados por la ley, vulneraron o amenazaron con violar un derecho constitucional fundamental, en cabeza del peticionario, sino que tiene el deber legal de decretar pruebas cuando no exista en el proceso, al menos una, que lo conduzca necesariamente a la convicción plena de la presunta infracción o amenaza, pues el juez de tutela no puede fallar en conciencia.

Así las cosas no se trata de liberar al accionante, en procesos de tutela, de la carga de probar los hechos en que fundamenta su petición, como es su deber, sino de recordar al juez que sus decisiones deben basarse en hechos plenamente demostrados, para lograr así decisiones acertadas y justas que consulten la realidad procesal.

En este punto del análisis, la pregunta que debe absolverse es la siguiente: ¿en qué consiste, concretamente el daño que se les ha ocasionado a los niños Vargas Porto? ¿Ha variado significativamente su comportamiento desde que son asiduos televidentes de los programas reseñados? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Quién puede verificarlo seriamente e identificar como causa inequívoca de su deterioro la circunstancia de ser permanentes espectadores de los programas en cuestión?

Hay en la demanda, y en los alegatos que la coadyuvan, afirmaciones genéricas que recogen ciertos lugares comunes y aceptan como verdades científicas incontrovertibles, las que son, en realidad, apenas opiniones respetables a las que pueden oponerse otras, igualmente respetables, que las cuestionan seriamente o de manera abierta las contradicen.

El Magistrado Sustanciador sometió a la consideración de destacados profesionales colombianos de la psicología en general, la psiquiatría, la psicología infantil y el psicoanálisis, un cuestionario mediante el cual se trataba de indagar el asunto que se cuestiona, y sus respuestas son especialmente esclarecedoras en este sentido: de que se está en un campo donde las afirmaciones son apenas conjeturas más o menos plausibles y donde lo que aún impera es una gran incertidumbre.

No basta, pues, la nuda afirmación de un ciudadano acerca de los peligros morales que para sus hijos menores puede entrañar la transmisión de ciertos programas, señalados por él mismo a su arbitrio y según su personal manera de enjuiciar, para que por ese solo hecho tenga que variarse, por vía de disposición general, toda una programación, en un país donde la censura está proscrita de modo terminante por una norma prohibitiva de la más alta jerarquía, cuyo texto no deja margen a las dudas interpretativas: “no habrá censura”, reza en su frase final el artículo 20 de la Carta Política.

No hay, pues, actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, un instrumento viable para excluir, por las razones aducidas por doña Deisy, los programas que ella misma encuentra nocivos para sus hijos. Tiene ella misma, a su alcance, meca-nismos más eficaces que los que posee el Estado para impedir que sus hijos menores vean programas televisivos que ella juzga inconvenientes: una relación más estrecha con ellos en su tiempo libre, una orientación moral en armonía con los que ella identifica como valores éticos, una dirección persuasiva, que no haga necesaria la presencia com-pulsiva del Estado donde debe estar la obediencia espontánea a las amorosas directrices maternas. Porque si en algún punto son acordes los conceptos periciales traídos al proceso, es en esto: el individuo bien educado es el más inmune a los mensajes televisivos y el que menos depende del medio. No puede, pues, trasladársele al Estado una responsabilidad (la de orientar moralmente a los niños), que sólo subsidiariamente le compete, pues es función que ante todo incumbe a los padres.

Suprimir la televisión en el hogar, sería una medida última y desesperada, pero menos traumática e injustificadamente ecuménica en un país donde, por desventura, muchas personas, usando legítimamente de su posibilidad de optar, encuentran gratificantes y moralmente aceptables los programas que doña Deisy encuentra censurables.

Porque el punto esencial que no puede eludirse es éste: la televisión colombiana puede ser de una calidad deplorable pero, por ventura o desventura —conforme a la perspectiva desde donde el asunto se mire— la tutela no es un instrumento idóneo para mejorarla.

V. Conclusiones

De las consideraciones hechas se desprenden, lógicamente, dos conclusiones que se exponen en un orden inverso a aquel en que se trataron:

1. Se ha invocado la violación o la amenaza de un derecho fundamental, pero no se ha probado. Porque si es problemática, en abstracto, la afirmación de que los programas de un cierto contenido dañan, mucho más lo es la de que ciertos programas han ocasionado daño a determinados niños, de los cuales se ignora tanto la conducta anterior como la posterior a su compulsiva afición. Porque, en parte alguna del expediente aparece acreditada la circunstancia de que los niños Victor Raúl, Ana Milena y Luz Adriana Vargas Porto, antes de ser televidentes adictos o antes de que empezaran a transmitirse los programas que de manera arbitraria enumera doña Deisy, eran personas adaptadas y bien educadas y hoy son inadaptadas y mal educadas y mucho menos que esa involución —si se ha producido— obedezca a los mensajes contenidos en los programas que habitualmente miran, que —no está por demás decirlo—, fuera del dicho de doña Deisy, no se sabe cuáles son.

2. Pero, aún habiéndose acreditado los hechos antes señalados —lo que dista mucho de haber ocurrido— no sería la tutela, con fundamento en las consideraciones hechas, el instrumento jurídico adecuado para corregir la situación que la actora encuentra inconveniente y violatoria de los derechos fundamentales de sus hijos menores”.

(Sentencia T-321 de agosto 10 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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