•Sentencia T-322 de mayo 10 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA NOVENA DE REVISIÓN

FUERO A FUNDADORES DEL SINDICATO

MOMENTO EN QUE ADQUIERE FIRMEZA EL REGISTRO SINDICAL

EXTRACTOS: «El día 17 de enero de 1996, treinta de sus trabajadores se reunieron en la sede de la Empresa Industrial de Gaseosas S.A. (Indega), con el fin de fundar el sindicato de primer grado “Sintraindega”. Acto seguido, los sindicalistas fundadores procedieron a notificar la existencia de la organización a la propia empresa y al Ministerio de Trabajo, que mediante Resolución 312 del 8 de febrero de 1996 formalizó la inscripción del sindicato en el registro sindical, así como la de los estatutos y la lista de la junta directiva.

El 29 de enero de 1996 las directivas del sindicato remitieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la lista de 20 trabajadores que adherían a la organización laboral en calidad de cofundadores, entre los cuales se encontraba el peticionario de esta tutela (folio 75,I).

El 26 de abril de 1996, la empresa procedió a cancelar el contrato de trabajo del demandante sin justa causa. Ese mismo día, en el periódico La Prensa, aparecía publicada la Resolución 847 del 2 de abril de 1996 mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirmaba la Resolución 312 del 8 de febrero que confirió, como se dijo, el registro sindical a Sintraindega, pues ésta última había sido impugnada en su momento por la empresa.

Ante el despido injustificado de que fuera víctima, y por el hecho de que la compañía embotelladora lo hubiera separado sin reconocerle el fuero laboral derivado de su status de cofundador y sin obtener el permiso del respectivo juez laboral, el trabajador instauró demanda ante la jurisdicción laboral para obtener su reintegro.

El proceso correspondió en reparto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá que, en providencia del 22 de abril de 1998, resolvió absolver a la empresa de los cargos formulados en la demanda. Según el juzgado de instancia, para que el fuero sindical surta efectos ha de mediar la comunicación al empleador del ingreso del trabajador al sindicato, requisito que no fue acreditado en el proceso. En efecto —dice el juzgado—, las pruebas testimoniales son contradictorias en relación con la notificación del sindicato de la vinculación de Castro Saavedra a la organización laboral, por lo que, al ignorar dicha vinculación, el empleador no estaba obligado a respetar el fuero del trabajador.

Impugnada la decisión de primera instancia, correspondió en alzada al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, que confirmó el fallo con base en el siguiente argumento: resulta irrelevante considerar la fecha de notificación al empleador de la vinculación del trabajador al sindicato, si se atiende al hecho de que los dos meses de fuero sindical concedidos por el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, empiezan a correr a partir del día en que tiene lugar la inscripción del sindicato ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para el caso particular, esa fecha fue el 8 de febrero, por manera que los dos meses de vigencia del fuero sindical vencieron el 8 de abril, 18 días antes del retiro del empleado. En estas circunstancias, a la fecha en la que se produjo el despido, el actor no se encontraba aforado.

(...).

El tutelante pretende dejar sin efectos la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, que desestimó por improcedente la acción de fuero sindical instaurada en contra de Industrial de Gaseosas S.A. (Indega). Dice el demandante que la garantía foral de dos meses debió correr a partir de la fecha en que quedó en firme el acto administrativo por el cual se dispuso el registro sindical de “Sintraindega”, esto es el 2 de abril de 1996, o en su defecto, del día de la publicación del acto, que fue el 24 de ese mismo mes.

Por el contrario, la sentencia del Tribunal sostiene que la fecha desde la cual corre la vigencia del fuero sindical es el 8 de febrero de 1996, día en el que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social efectuó la inscripción del sindicato en el registro correspondiente. En su providencia, el Tribunal advierte:

“Sobre este tema, la jurisprudencia y la doctrina en derecho laboral han señalado que el recto entendimiento de dicha norma es que los fundadores de toda organización sindical se encuentran protegidos de fuero sindical, durante el tiempo necesario para obtener el registro sindical, sin exceder de 6 meses, tiempo máximo que gozan los fundadores para legalizar su derecho de asociación, ello es, (sic) así como la ley protege al ser humano que está por nacer, así mismo protege a la organización sindical en formación, empero una vez obtenida la personería jurídica hoy con la modificación de la Ley 50 de 1990 y el cambio de Constitución Política en 1991 el registro sindical, la garantía foral, para los fundadores se extiende sólo por dos (2) meses desde la fecha de la inscripción”.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la vía de hecho en una decisión judicial se configura cuando se actualizan las siguientes circunstancias:

“1) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal; 2) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial; 3) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente, y 4) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado”. (Sentencia T-327/94. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Para esta Sala de Revisión, la providencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso laboral promovido por el actor, desconoce abiertamente la normatividad del Código Contencioso Administrativo y atenta contra los derechos al debido proceso y a la administración de justicia del reclamante.

En efecto, el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 57 de la Ley 50 del 90, señala que el fuero sindical de los trabajadores que ingresaren al sindicato con anterioridad al registro del mismo, corre a partir del día en que se constituye la organización laboral, hasta dos meses después de la inscripción, sin exceder los seis meses. Hasta aquí, no hay reparo alguno contra la sentencia del Tribunal.

No obstante, el artículo citado impone al juzgador la subsecuente obligación de ubicar con plena exactitud la fecha de tal inscripción, con el fin de establecer, de acuerdo con los cálculos calendarios, si el despido tuvo lugar o no durante el amparo de la garantía sindical; empero, tanto el Tribunal de instancia como el Consejo Seccional de la Judicatura y, por supuesto, el Consejo Superior, omitieron adelantar cualquier estudio al respecto.

Se observa que la resolución de inscripción emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un acto administrativo de carácter particular, sometido como tal al régimen del Código Contencioso Administrativo (CCA, art. 44). Particularmente, el procedimiento de inscripción está regulado por la Resolución 1718 de 1991 del Ministerio de Trabajo que, en su artículo 8º establece:

“ART. 8º—Las providencias por medio de las cuales se decide sobre la solicitud de inscripción en el registro sindical de una organización sindical, se notificarán conforme a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, debiéndose notificar al empleador en los casos a que hubiere lugar.

“Los recursos que se interpongan contra dichas providencias, serán resueltos en la forma prevista en los artículos 50 y siguientes del mismo código” (se subraya).

Siendo así las cosas, y estando de acuerdo en que la reglamentación especial remite en lo general al Código Contencioso Administrativo, la inscripción en el registro sindical, por constituir un acto administrativo, sólo podía quedar en firme “cuando los recursos interpuestos se [hubieran] decidido”, pues así lo dispone el artículo 62-2 del ordenamiento contencioso. Lo anterior tiene la siguiente trascendencia: la eficacia del acto se desencadena, únicamente, a partir de la notificación de la decisión que resuelve los recursos de la vía gubernativa, interpuestos contra la medida inicial.

Así lo ordena el inciso final del artículo 8º transcrito y así también se deduce de considerar el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo según el cual, los recursos de la vía gubernativa se conceden en efecto suspensivo. De allí que no pueda hablarse de un acto administrativo eficaz mientras se encuentren pendientes dichos recursos. Y como del concepto de eficacia del acto se deriva el de obligatoriedad de sus efectos, salta a la vista que mientras los recursos gubernativos están pendientes, los efectos del acto administrativo impugnado no son obligatorios ni, por tanto, oponibles. Para ahondar en razones sobre las consecuencias de quedar en firme un acto administrativo, resulta pertinente la cita del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, que a la letra señala:

“ART. 64.—Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados” (se subraya).

Adicionalmente, es válido apoyar la presente tesis en la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que sobre el particular señaló en dos pronunciamientos:

“El acto administrativo susceptible de recursos sólo adquirirá firmeza cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. Firmeza que le permitirá a la administración ejecutar de inmediato a los actos necesarios para su cumplimiento. Por eso mismo dispone la ley que esa firmeza es requisito indispensable para la ejecución aún contra la voluntad de los interesados (artículos 62 numeral 2 y 64 del CCA).

A contrario sensu, el acto inicial objeto de recursos no podrá cumplirse antes de la decisión de estos, entre otras razones porque los recursos de vía gubernativa se conceden en el efecto suspensivo.

Pero el efecto suspensivo en materia de recursos es sólo regla general, porque existen casos señalados en la ley que le permiten a la administración su ejecución inmediata, como en algunos asuntos de policía administrativa relacionados con el orden público y de fallas graves en el ejercicio de la función pública por parte de los servidores del Estado. En tales eventos la formulación de los recursos no impedirá la ejecución de la medida. Aquí, por razones de orden público aceptadas en la ley, se anticipan los efectos ejecutorios a la firmeza del acto administrativo”(8).

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 24 de mayo de 1991, consejero ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente Nº 6299. Actor: Guillermo Benito Vallejo Ama.

“Como es sabido, una vez culminado el proceso administrativo con la correspondiente decisión, puede afirmarse que existe acto administrativo, entendido como la emisión de voluntad de la autoridad administrativa con el propósito de que produzca efectos jurídicos; y como tal, cobijado con la presunción de legalidad o de legitimidad, que es una prerrogativa de la que gozan los actos administrativos y que significa que presumiblemente éstos se atemperan a todas las reglas y se respetaron las normas que enmarcan su expedición.

Frente a las decisiones administrativas el derecho de defensa y contradicción de los posibles afectados con el acto, se garantiza y concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa como los de reposición y apelación, que deben ejercitarse en los términos que señala el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y cuyo objeto es el de controvertir ante el mismo funcionario, o su superior la voluntad administrativa plasmada en los actos por ella producidos, otorgando la oportunidad también a la administración de revisar sus propias decisiones antes de que sean sometidas a control jurisdiccional.

En la forma como lo determina el Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos de los que se viene hablando, o sea los de carácter particular y concreto una vez agotada la vía gubernativa (bien porque no se interpusieron los recursos o porque éstos se decidieron) adquieren firmeza y gozan de los atributos especiales de ejecutividad, que permite su ejecución forzosa en manos de la administración (art. 64), de presunción de legalidad, según la cual se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario y que implica que éstos deben ser obedecidos tanto por la administración como por los particulares, en tanto no sean anulados o suspendidos en sus efectos por la jurisdicción (art. 66) y de mérito ejecutivo que permite a la administración exigir su cumplimiento aún por la vía de la coacción (art. 68)”(9).

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 20 de febrero de 1998, consejero ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo. Expediente Nº 8673. Actor: Alfonso Sarmiento González.

Descendiendo al caso particular, se tiene que la empresa Indega S.A. interpuso los recursos de la vía gubernativa contra la Resolución 312 de 1996 y que los mismos fueron resueltos el 2 de abril mediante Resolución 847 de 1996. El registro sindical de la organización laboral Sintraindega quedó en firme, por tanto, ese día, pues a la luz del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. “No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación”. En estas condiciones, los dos meses de fuero sindical previstos por el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo vencieron el día 2 de junio, por haberse puesto en marcha el 2 de abril, fecha de la notificación de la Resolución 847 de 1996 (fl. 220).

Así las cosas, las decisiones adoptadas por los jueces intervinientes, tanto en el proceso laboral como en la tutela, carecen para esta Sala de asidero jurídico. Las providencias citadas delatan un abierto desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de firmeza de los actos jurídicos y, por tanto, ofrecen una solución subjetiva del conflicto jurídico que resulta ajena a la voluntad de la ley. Las instancias jurisdiccionales obviaron penetrar el punto de la efectividad de la inscripción sindical, dejando de lado las previsiones del Decreto 01 de 1984 que regulaban, con patente claridad, el asunto debatido. Por ello, para quienes ahora deciden, las que en apariencia pudieran ser juiciosas y atinadas sentencias no pasan de ser textos extrajurídicos, o mejor, vías de hecho que atentan contra el derecho al debido proceso del actor y contra su derecho de acceso a la administración de justicia.

Con todo, es necesario señalar que este pronunciamiento no se enfrenta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que descarta el que la tutela pudiera servir para resolver procesos de fuero sindical. En efecto, mientras la sentencia T-728 de 1998 advierte que “la Corte ha señalado la incompetencia del juez de tutela para definir asuntos relacionados con la existencia del fuero sindical de trabajadores despedidos para los efectos de obtener su reintegro mediante el mecanismo tutelar, ya que si aquella se admitiera, se estaría sustituyendo la competencia atribuida a la jurisdicción de trabajo para conocer y decidir los conflictos laborales sobre fuero sindical de los trabajadores”; de lo que trata en este fallo es de amparar los derechos al debido proceso y a la administración de justicia, puestos en entredicho por una serie de fallos judiciales que carecen de piso legal. Si se aprecian con detenimiento los supuestos fácticos de la tutela T-278 de 1998, se verá que en esa oportunidad, el tutelante no acudió previamente a la jurisdicción laboral para satisfacer sus pretensiones de fuero sindical, sino que se remitió automáticamente al juez de tutela para solucionar su petitorio.

La acción de tutela procede, entonces, en la medida en que, contra la providencia del tribunal laboral, no existe otro medio ordinario de defensa, porque de acuerdo con el artículo 117 del Código Procesal del Trabajo(10), contra las decisiones del Tribunal de Distrito que resuelven el fuero sindical no existe recurso alguno.

Bajo tales condiciones, esta Sala de Revisión revocará la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que confirmó la de primera instancia en el proceso de tutela de la referencia, así como el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que denegó las pretensiones de fuero sindical invocadas por el demandante, por considerar que esta última incurrió en una clara vía de hecho. En su lugar, concederá la tutela deprecada y devolverá el expediente a la instancia respectiva para que, acogiendo los argumentos expuestos en éste proveído, dicte fallo sustitutivo».

(10) Artículo 117 del CPT (Modificado por el artículo 5º del Decreto 204/57, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º de la Ley 141 de 1961). Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-619 de 1997. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

(Sentencia T-322 de mayo 10 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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