Sentencia T-325 de abril 24 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

Reiteración de jurisprudencia

Sentencia T-325 de 2003 

Referencia: Expedientes acumulados T-710.189, T-710.845, T-711.994, T-712.262, T-712.264, T-712.357, T- 712.684, T-712.723, T-712.872, T- 712.935, T-714.159, T-715.198 y T-715.213.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Acción de tutela instaurada contra el Seguro Social seccionales Tunja, Cali, Medellín, Santa Marta y Bogotá.

Procedencia: Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, Tribunal Superior de Cali Sala Penal, Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Santa Marta, juzgados 8 Laboral del Circuito de Cali, 32 Civil del Circuito de Bogotá, 6 Penal del Circuito de Cali, 11 Penal del Circuito de Medellín, 24 Civil del Circuito de Bogotá, 29 Penal del Circuito de Bogotá, 7 Laboral del Circuito de Cali y 12 Civil del Circuito de Cali.

Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., en el mes de abril a los veinticuatro días del año dos mil tres.

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio en sus competencias constitucionales y Iegales, ha proferido la siguiente

Sentencia

En los procesos de revisión de los fallos adoptados por los despachos judiciales de la referencia, dentro de las acciones de tutela instauradas por los señores: José Parmenio Quintero Vargas (T-710.189), María Romelia Flórez Salazar (T-710.845), Gilberto Gómez Quintero (T-711.994), Alfonso Martínez Riaño (T-712.262), Luis Castro Buitrago (T-712.264), Ernesto Barreneche Correa (T-712.357), Nemesio Coronado Padilla (T-712.684), Lucrecia Chegn Soto (T-712.723), Gerardo Rodríguez Moreno (T-712.872), Gabriel Torres Rozo (T-712.935), Alfonso Reyes Patiño (T-714.159), Edie Dinas Palacios (T-715.198) y Jesús Alberto Ortiz Montoya (T-715.213) contra el Seguro Social seccionales Tunja, Cali, Medellín, Santa Marta y Bogotá.

La Sala de Selección 3 de la Corte Constitucional, por auto de marzo veintiséis (26) del año en curso, seleccionó, para efectos de su revisión, los fallos de la referencia. Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron los despachos judiciales señalados, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Los trece (13) expedientes de tutela en referencia fueron seleccionados y acumulados entre sí por medio del auto de selección de marzo veintiséis (26) de dos mil tres (2003), para ser decididos en una sola sentencia, si así lo considera pertinente la Sala de Revisión.

Esta Sala encuentra que, existe identidad en los hechos y derechos fundamentales vulnerados que dieron origen a las presentes acciones de tutela y, por ello es procedente la acumulación decretada por la sala de selección, razón suficiente para proferir una sola sentencia.

Se advierte que el expediente T-712.684 actor Nemesio Coronado Padilla, fue seleccionado y acumulado al expediente T-711.844 de acuerdo con el auto de selección número tres de marzo veintiséis (26) de dos mil tres (2003). Sin embargo, la Sala de Revisión observa que, la entidad contra la cual se interpone la tutela es el Seguro Social Seccional Santa Marta, circunstancia por la que se desacumula del expediente T-711.844 y se acumula al T-710.189, para que sea fallado en la misma sentencia.

I. Antecedentes

1. Hechos.

Expresan los actores que ejerciendo el derecho de petición contenido en el artículo 23 de la Carta, solicitaron al Seguro Social reconocimiento de sus derechos pensionales pero aún no han tenido respuesta. El cuadro que se presenta a continuación relaciona la fecha y el tipo de petición elevada.

Número de tutelaNombre del actorFecha de presentaciónSolicitud
T-710.189José Parmenio Quintero VargasAgosto 9 de 2002Recurso de apelación contra la Resolución 583 de julio 23 de 2002
T-710.845María Romelia Flórez SalazarOctubre 16 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-711.994Gilberto Gómez ZapataJulio 10 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-712.262Alfonso Martínez RiañoDiciembre 4 de 2002Reliquidación de la pensión de vejez reconocida por medio de la Resolución 2423 de febrero 12 de 1999
T-712.264Luis Castro BuitragoNoviembre 21 de 2002Reliquidación de la pensión de vejez reconocida por medio de la Resolución 609 de enero 29 de 1998
T-712.357Ernesto Barreneche CorreaJulio 11 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-712.684Nemesio Coronado PadillaDiciembre 12 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
T-712.723Lucrecia Chegn de SotoAgosto 12 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-712.872Gerardo Rodríguez MorenoSeptiembre 11 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-.712.935Gabriel Torres RozoNoviembre 19 de 2002Requisición de la pensión de vejez reconocida por medio de la Resolución 14101 de julio 27 de 2002
T-714.159Alfonso Reyes PatiñoDiciembre 2 de 2002 y enero 7 de 2003Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-715.198Edie Dinas PalaciosNoviembre 15 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez
T-715.213Jesús Alberto Ortiz MontoyaAgosto 8 de 2002Reconocimiento y pago de la pensión de vejez más retroactividad
2. Pretensiones y derechos presuntamente vulnerados.

Para los actores, el Seguro Social les está vulnerando los derechos de petición y seguridad social, luego de haber transcurrido más de cuatro meses sin resolver las solicitudes presentadas con relación al derecho pensional que creen les asiste. Motivo por el cual, solicitan se resuelva de fondo.

3. Sentencia de primera y segunda instancia que son objeto de revisión.

Número expedienteNombre del actor1ª instancia y fecha de falloDecisión2ª instancia y fecha de falloDecisión
T-710.189José Parmenio Quintero VargasConsejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria de Boyacá. Enero 20 de 2003Deniega  
T-710.845María Romelia Flórez SalazarJuzgado 8 laboral del Circuito de Cali. Enero 22 de 2003Deniega  
T-711.994Gilberto Gómez ZapataJuzgado 3 Laboral del Circuito de Medellín. Diciembre 3 de 2002DeniegaTribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. Enero 30 de 2003Confirma
T-712.262Alfonso Martínez RiañoJuzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. Enero 30 de 2003Deniega  
T-712.264Luis Castro BuitragoJuzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. Enero 30 de 2003Deniega  
T-712.357Ernesto Barreneche CorreaJuzgado 6º Penal del Circuito de Cali. Diciembre 4 de 2002Deniega  
T-712.684Nemesio Coronado PadillaJuzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Santa Marta. Enero 17 de 2003Deniega  
T-712.723Lucrecia Chegn de SotoJuzgado 20 Penal del Circuito de Cali. Octubre 9 de 2002DeniegaTribunal Superior de Cali, Sala Penal. Diciembre 5 de 2002Confirma
T-712.872Gerardo Rodríguez MorenoJuzgado 11 Penal del Circuito de Medellín. Febrero 4 de 2002Deniega  
T-.712.935Gabriel Torres RozoJuzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá. Enero 31 de 2003Deniega  
T-714.159Alfonso Reyes PatiñoJuzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá. Febrero 18 de 2003Deniega  
T-715.198Edie Dinas PalaciosJuzgado 7 Laboral del Circuito de Cali. Enero 29 de 2003Deniega  
T-715.213Jesús Alberto Ortiz MontoyaJuzgado 12 Civil del Circuito de Cali. Enero 28 de 2003Deniega  

Los despachos judiciales que se relacionan en la tabla precedente, fallaron con base en la Ley 700 de 2001, al considerar que es la norma que señala el término de seis meses para aplicar en materia de pensiones. Bajo esa consideración se concluyó que el Seguro Social no había excedido ese plazo para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento pensional, se dijo además que, una vez reconocido el derecho, resulta razonable aplicar igual lapso para definir las reclamaciones relacionadas con el incremento del monto de las mismas.

Frente a los peticionarios que solicitaron indemnización por daños y perjuicios, el juez de tutela consideró que no resultaba procedente respecto de derechos inciertos e indeterminados, que deben ser debatidos y cuantificados en la justicia ordinaria.

Los señores Gilberto Gómez Zapata y Lucrecia Chegn de Soto presentaron impugnación respecto de las acciones de tutela radicadas con los números T-711.994 y T-712.723 respectivamente, escrito en el cual, se tuvo en cuenta la Sentencia T-170 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, donde se sostuvo que las administradoras de fondos de pensiones tienen un plazo de cuatro meses, para decidir sobre el reconocimiento de un derecho pensional, término que a su parecer, les debe ser aplicado.

Estas acciones de tutela fueron confirmadas en segunda instancia, los despachos judiciales de conocimiento compartieron el argumento del a quo, al dar aplicación a la Ley 700 de 2001.

II. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Sala Segunda de Revisión es competente para decidir sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.

2. El asunto objeto de discusión.

La discusión del tema objeto de revisión, centra su atención en el término que fijó el legislador en la Ley 700 de 2001, para resolver sobre asuntos pensionales y el alcance que tiene constitucionalmente.

La Sala de Revisión debe decidir entonces, si el término de seis meses ;a que se refiere la Ley 700 de 2001, es aplicable para el reconocimiento y pago de derechos pensionales, lo mismo que para resolver derechos de petición relacionados con el tema. En caso contrario, resulta necesario aclarar qué término se utiliza en uno y otro caso.

3. Término para resolver reconocimiento y pago de pensiones de acuerdo a la Ley 700 de 2001 y aplicación del derecho de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución Política.

Luego de la innumerable jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional con relación al derecho de petición, se concluyó en la Sentencia T-001 de 2003 Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, que el término de cuatro (4) meses establecido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 es para resolver solicitudes pensionales y el de seis (6) meses contenido en el artículo 4º de Ley 700 de 2001, es para adelantar el trámite de reconocimiento y pago de las mesadas respectivas. Se dijo además que, existe un tercer término señalado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que es de 15 días, aplicable en caso de que se eleven derechos de petición para obtener información sobre el trámite de una diligencia o la resolución de recursos contra decisiones que hayan decidido reconocimiento o no de derechos pensionales.

La sentencia mencionada observó que, con la expedición de la Ley 700 de 2001, el artículo 4º fijó el término de seis (6) meses para “adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”, entonces, se refirió de ésta manera: “Obsérvese cómo el artículo 4º establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 9º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas.

Estos dos términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue vigente y le resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo” (1) .

(1) Ver Sentencia T-1086 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil (En esta ocasión la Corte tuteló el derecho de petición en materia de pensiones a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la reliquidación de su pensión de gracia sin que habiendo transcurrido cuatro meses hubiera obtenido respuesta alguna. La Sala de Revisión señaló que tal solicitud se debió haber respondido en 15 días). En el mismo sentido ver la Sentencia T-795 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

El término de 15 días, consagrado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, se aplica también en caso de que se presenten derechos de petición en los cuales se solicite, simplemente, información acerca del estado del trámite adelantado en materia de pensión o copias sobre documentos ya existentes dentro del expediente de la solicitud de pensión”.

El pronunciamiento constitucional mencionado tuvo como fundamento jurisprudencial, la Sentencia T-170 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, dentro de la cual, se aplicó por analogía el Decreto 656 de 1994, estableciendo cuatro (4) meses para resolver solicitudes que tienen que ver con diversas clases de pensiones, así mismo dijo “Hecho éste que tendrá que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo” (2) . Sobre el término señalado, se dijo en esta sentencia lo siguiente:

(2) “ART. 6º—Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición, en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o se dará respuesta”.

“La norma a la que se hace referencia, es al artículo 19 del Decreto 656 de 1994, por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones. El mencionado artículo, faculta al Gobierno Nacional para establecer plazos y procedimientos para que las administradoras de fondos de pensiones decidan las solicitudes que sobre las diversas clases de pensiones que se les presenten, plazo que en ningún caso puede ser superior a cuatro (4) meses. Al tiempo que el artículo 21 del mismo decreto, impone sanciones en el evento en que dicho término sea incumplido, sanción que consiste en el pago de una pensión provisional hasta tanto exista un reconocimiento definitivo de la prestación.

3.7. El gobierno hasta la fecha no ha reglamentado esta norma, pese a su importancia. Sin embargo, es claro que el artículo en comento consagra un límite máximo que no sólo obliga al gobierno sino a las sociedades administradoras de pensiones, pues el mencionado precepto sirve de parámetro-límite tanto a la función reglamentaria de aquél como a la discrecionalidad de éstas al momento de decidir sobre esta clase de solicitudes. Así las cosas, la inexistencia de reglamentación sobre los plazos y procedimientos de que trata la norma en mención, no impide su aplicación, en cuanto ella determina el límite máximo para dar respuesta a las solicitudes sobre reconocimiento de pensión, en cualquiera de sus modalidades.

(...).

Así, mientras el legislador cumple su función de establecer un término razonable en que entidades como el Seguro Social deben emplear para dar respuesta a las solicitudes que sus afiliados, específicamente en materia de reconocimiento de pensiones, ha de entenderse que esta entidad debe aplicar por analogía el lapso contenido en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, según el cual las solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término máximo de cuatro (4) meses desde el momento en que se radique la respectiva petición”.

En estas condiciones, se reitera que las entidades públicas o privadas del sistema general de pensiones para hacer efectivo el derecho solicitado, cuentan, en total, con un término máximo de seis meses para tramitar y comenzar a pagar la pensión respectiva, que se distribuyen así: quince días para atender preliminarmente la petición y hacer las indicaciones que fueren pertinentes al solicitante; cuatro meses para resolver la solicitud de la petición en concreto, de tal manera que se comience a pagar la pensión correspondiente a más tardar seis meses después de que hizo la solicitud inicial.

Frente al caso objeto de estudio, tenemos que, se trata de trece personas que en forma individual y en distintas fechas elevaron derechos de petición al Seguro Social, en el sentido de obtener reliquidación pensional, reconocimiento y pago de pensión o resolución de recursos interpuestos, pero a pesar de que en cada una de las solicitudes ha transcurrido más de cuatro meses, el Seguro Social ha omitido dar información o establecer fa lecha en que dará respuesta efectiva.

Ello quiere indicar que, el Seguro Social no ha fenicio en cuenta la jurisprudencia constitucional ni la ley existente sobre el tema del derecho de petición y por ello, dejó vencer el término para informar o resolver lo pedido. En estas condiciones, se revocarán los fallos dictados por los despachos judiciales de instancia y en su lugar, se concederá el derecho de petición invocado por los actores, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, si aun no lo ha hecho, profiera el acto administrativo correspondiente.

Ill. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali, Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral, Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 6 Penal del Circuito de Cali, Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Santa Marta, Tribunal Superior de Cali Sala Penal, Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín, Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cali y Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali dentro de las acciones de tutela instauradas por los señores José Parmenio Quintero Vargas (T-710.189), María Romelia Flórez Salazar (T-710.845), Gilberto Gómez Quintero (T-711.994), Alfonso Martínez Riaño (T-712.262), Luis Castro Buitrago (T-712.264), Ernesto Barreneche Correa (T-712.357), Nemesio Coronado Padilla (T-712.684), Lucrecia Chegn Soto (T-712.723), Gerardo Rodríguez Moreno (T-712.872), Gabriel Torres Rozo (T-712.935), Alfonso Reyes Patiño (T-714.159), Edie Dinas Palacios (T-715.198) y Jesús Alberto Ortíz Montoya (T-715.213) respectivamente, por cuanto denegaron la protección del derecho fundamental de petición invocado en las acciones de tutela interpuestas contra el Seguro Social seccionales Tunja, Cali, Medellín, Santa Marta y Bogotá.

2. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho de petición solicitado por los actores. ORDENAR al representante legal del Seguro Social seccionales Tunja, Cali, Medellín, Santa Marta y Bogotá, o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, expida si aún no lo ha hecho, acto administrativo que resuelva de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes elevadas por los actores.

3. Por secretaría general, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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