Sentencia T-325 de agosto 12 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

TRANQUILIDAD PÚBLICA

MEDIOS LEGALES DE PROTECCIÓN

EXTRACTOS: «En el caso objeto de estudio, y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, los habitantes del barrio “Normandía Sector I”, en varias ocasiones, tanto en forma escrita como verbal, han solicitado al Alcalde Menor de Engativá insistentemente, una solución al problema generado por el funcionamiento del establecimiento “Tienda Baco 2000”, sin obtener una respuesta concreta a dichas reclamaciones, vulnerándoseles el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

Efectivamente, cuando acudieron a la Alcaldía Menor de Engativá en busca de una solución al problema generado por la venta, sin ningún control, de bebidas embriagantes y la consiguiente pérdida de la tranquilidad del sector, ejercieron un derecho fundamental, cual es, el derecho a solicitar a la autoridad, proveimientos en interés particular o general, que le imponían la obligación de atender esas solicitudes de acuerdo con las competencias y posibilidades que le otorga la ley.

Por consiguiente, establecida la vulneración del derecho constitucional fundamental de petición, debe tutelarse el ejercicio efectivo de dicho derecho, a través de la orden que inste al Alcalde Menor de Engativá para que sin dilación alguna de respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios y tome las medidas conducentes para el logro de la tranquilidad del vecindario aludido.

4. La conservación de la tranquilidad a través de los medios de policía, o del mecanis mo de la tutela.

Del examen a las actuaciones procesales se observa que, desde la apertura del establecimiento comercial “Tienda Baco 2000”, a los habitantes del barrio “Normandía Sector I”, se les ha afectado la tranquilidad, entendida como el derecho de poder convivir en una situación normal y habitual, es decir, la posibilidad de cohabitar quieta, sosegada y pacificamente.

4.1. La conservación de la tranquilidad a tra vés de los medios de policía.

La tranquilidad es un elemento del orden público, cuyo mantenimiento, en su aspecto realizador y operativo, corresponde, en principio, a las autoridades administrativas de policía. En efecto:

La Constitución, las leyes y los reglamentos han otorgado a las autoridades administrativas una serie de atribuciones, a través de las cuales limitan, mediante la expedición de medidas generales o particulares la libertad de las personas, con el fin de que sus actividades se adecuen al mantenimiento de unas condiciones mínimas que hagan posible la convivencia social, esto es, la conservación del orden público, que constituye el objeto del llamado “poder de policía”, que sectorizado en cabeza de la administración, se le denomina “poder de policía administrativa”.

En efecto, la conservación del orden público, de acuerdo con el artículo 2º del Código Nacional de Policía, corresponde a las autoridades administrativas de policía, en los siguientes términos:

“A la policía compete la conservación del orden público interno.

El orden público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de salubridad y la moralidad públicas.

A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación”.

La tranquilidad pública, elemento esencial del orden público, exige de la autoridad administrativa, la adopción de medidas destinadas a la prevención de conductas o actividades de los particulares, que atenten contra la convivencia pacífica, el sosiego y el desarrollo normal de la vida de las personas. En este sentido, en principio, corresponde a las autoridades administrativas de policía, garantizar a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser intranquilizado sin justa causa y a que nadie lo inquiete o le cause desasosiego, actuando contra la ley, por fuera de lo dispuesto en ella, o abusando de sus derechos.

Las autoridades de policía a través de los llamados “medios de policía”, aseguran la tranquilidad ciudadana, y en tal virtud, entre sus atribuciones esta la de controlar y fiscalizar las diferentes actividades que desarrollan los particulares. Ello explica que para realizar actividades de naturaleza comercial se necesite la obtención de licencia o autorización previa, la cual sólo puede ser expedida cuando se cumplan los requisitos que, por razones de seguridad, salubridad, tranquilidad y moralidad, puede exigir la autoridad administrativa.

4.2. La conservación de la tranquilidad a través de la acción de tutela.

El derecho de las personas a la tranquilidad es materia propia de la normatividad constitucional, como se infiere del preámbulo que, al señalar los elementos estructurales del nuevo orden constitucional, alude a la convivencia y a la paz, que constituyen el sustento de la tranquilidad, lo cual se reitera más adelante en los artículos 2º, 15, 22, 28, 95, numeral 6º y 189, numeral 4º de la Carta, aunque de manera expresa el constituyente no consagró la tranquilidad como un derecho constitucional fundamental.

No obstante, cuando la afectación de la tranquilidad, en determinadas circunstancias o situaciones concretas, conlleva la vulneración o amenaza de violación de un derecho fundamental, vgr. la vida o la intimidad, puede ser protegida a través del mecanismo de la tutela; se produce así, una especie de absorción del derecho a la tranquilidad por el derecho constitucional fundamental que requiere la protección.

En el caso sub examine, si bien de alguna manera se ha afectado la tranquilidad de los vecinos del barrio “Normandía sector I”, con motivo del funcionamiento del establecimiento comercial “Tienda Baco 2000”, no se aprecia del análisis de la prueba incorporada a los autos que correlativamente y de manera concreta se le hayan vulnerado a los petentes algún derecho constitucional fundamental.

5. Conciliación entre el derecho a la tranquilidad de los petentes y el derecho al tra bajo de la propietaria del establecimiento “Tienda Baco 2000”.

La queja de los peticionarios de la tutela se suscitó con motivo de la apertura de un establecimiento comercial cuya actividad principal es la cigarrería y licorería, ya que el consumo de licor por los clientes de dicho establecimiento ha dado lugar a “desórdenes” que no permiten la convivencia tranquila de los vecinos, y por ello han solicitado al Alcalde Menor de Engativá se prohíba el funcionamiento del referido establecimiento.

Esta Sala considera necesario precisar, que si bien la dueña del establecimiento de acuerdo con los artículos 23, 26 y 333 de la Constitución Política, tiene derecho al trabajo, a ejercer libremente una ocupación y a que se le garantice la iniciativa privada y la libertad de empresa, estos, derechos y libertades, deben ejercerse dentro de los límites del bien común y el interés social, y bajo la inspección y vigilancia de las autoridades públicas competentes; es decir, que el derecho al trabajo y las libertades de ejercer oficio y de empresa, deben compatibilizarse y conciliarse con la tranquilidad de la comunidad.

En efecto, si bien por el hecho de vivir en sociedad, esto es, por encontrarse dentro de un grupo de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, el ciudadano debe tolerar algunos obstáculos y molestias resultantes de actividades que sean socialmente convenientes e imprescindibles, esos inconvenientes sólo deben soportarse cuando ellos no perturban la tranquilidad, es decir, cuando no rebasan lo que es considerado normal, habitual y común. En cambio cuando dichas perturbaciones son anormales o extraordinarias, por exceder los límites de tolerancia, existirá una inaceptable agresión al derecho de otros o un abuso en el ejercicio del propio derecho, que demanda la intervención de la autoridad, con el fin de restablecer el estado de tranquilidad.

Así entonces, si bien esta Sala reconoce el derecho al trabajo que le asiste a la señora Josefina Rivera de Díaz, propietaria del establecimiento comercial “Tienda Baco 2000”, prevendrá al Alcalde Menor de Engativá para que tome las medidas adecuadas que garanticen la tranquilidad pública, como también el funcionamiento del establecimiento mencionado, en cuanto ello sea permitido, conforme a las normas legales y reglamentarias correspondientes.

III. Decisión

Por las razones que anteceden, la Corte Constitucional en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Penal, proferido el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), en cuanto concedió la tutela del derecho de petición y no tuteló el pretendido derecho a la tranquilidad impetrado por los accionantes.

2. ORDENAR al Alcalde Menor de Engativá para que en los términos legales, tramite y responda los escritos presentados por los vecinos del barrio “Normandía sector I”, respecto al funciona-miento del establecimiento “Tienda Baco 2000”, e igualmente, adopte las medidas adecuadas que garanticen la tranquilidad pública, como también el funcionamiento del establecimiento mencionado, en cuanto ello sea permitido, conforme a las normas legales y reglamentarias correspondientes.

3. ORDENAR que por Secretaría de esta Corpo-ración, se envie copia auténtica de la presente sentencia al señor Personero Distrital, para que dentro del ámbito propio de su competencia, vigile el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la misma».

(Sentencia T-325 de agosto 12 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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