Sentencia T-328 de agosto 12 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA TERCERA DE REVISIÓN

LESIONES OCASIONADAS POR FALLA DEL SERVICIO

TUTELA PARA OBTENER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

EXTRACTOS: «1. La sala debe analizar si la ineficiente prestación de un servicio público —derivada de la falta objetiva de vigilancia de la conservación de la distancia mínima que debe separar el tendido de la energía eléctrica de las edificaciones urbanas— que genera en el usuario una notable reducción de sus condiciones físicas y los consiguientes perjuicios económicos, puede ser comprendido en el ámbito de un derecho fundamental que, por este concepto, se encuentre violado.

2. El daño derivado de una falla en la prestación de un servicio público, puede ser íntegramente resarcido a través de la acción contencioso administrativa de la reparación directa (CCA, art. 86). La existencia del indicado medio judicial, aunado a la necesidad de garantizar a la entidad pública el trámite y completo rituamiento de un proceso judicial enderezado a establecer su responsabilidad eventual, se oponen a la procedencia de la acción de tutela (C.P., art. 86 y D. 2591, art. 6º, num. 1º).

3. La incapacidad causada por el accidente sufrido por la víctima se proyecta en el campo indemnizatorio y, por tanto, su reconocimiento y remedio se integran en la materia que debe resolverse a través de la acción de reparación directa. No es posible, por lo dicho, que a través de la acción de tutela un juez ordene la impetrada pensión de invalidez.

4. El derecho a la vida, en el momento presente, no es objeto de amenaza, pues, la empresa así sea tardíamente realizó una serie de actos materiales y reubicó los cables de electricidad y demás elementos físicos del servicio en otro lugar y a una distancia reglamentaria en relación con las edificaciones circundantes. No se discute que precedentemente la abulia de la entidad demandada puso en peligro la vida de las personas. Sin embargo, no es ese el objeto de la acción implorada.

El daño corporal padecido por el peticionario no tuvo la entidad suficiente para segar su vida. Dado que la acción de tutela se propone con una finalidad esencialmente indemnizatoria, y ella sólo puede decretarse como consecuencia de una condena judicial a la administración, la pretensión desborda el marco de la acción de tutela.

El derecho a la vida, en el contexto de la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado, abarca la pretensión de obtener la cesación de las amenazas que contra la vida y la salud —entendida como grave deterioro de la calidad de vida— puedan provenir de su deficiente servicio. Igualmente contiene su núcleo esencial el derecho a obtener del Estado la correspondiente indemnización en favor de la persona y de sus causahabientes cuando la amenaza se concreta en daño. En este último evento carecería de sindéresis postular inicialmente que la amenaza de daño cae dentro de los linderos del derecho, para negar posteriormente que el mal causado se mantiene dentro de los mismos cuando el peligro se actualiza.

La legítima reacción contra la amenaza que se cierne contra la vida y que puede originarse en la hipótesis de una ineficiente prestación de un servicio público, puede en principio encontrar acomodo en la acción de tutela cuyo carácter expedito e informal puede revelarse idóneo para debelar el riesgo. No así cuando la contingencia se ha verificado. La consumación del daño reclama indemnización y ésta condena contra el Estado, la que sólo es viable a través del procedimiento previsto en la ley (acción de reparación directa).

En otro orden de ideas, no es concebible que a través de una acción de rápida sustanciación —como es la acción de tutela— puedan ventilarse asuntos que revisten una apreciable complejidad probatoria y que involucran la condena patrimonial a cargo del Estado, máxime cuando la víctima sólo puede obtener su pleno resarcimiento como consecuencia del ejercicio de una acción diferente.

La vía contenciosa no desvirtúa la fundamenta-lidad de un derecho que se alegue como base de la acción. Con otras palabras, la improcedencia de la acción de tutela —por existir un medio judicial principal— no reduce el estatus fundamental de un derecho cuya protección debe alcanzarse apelando a otro procedimiento. La subsidiariedad de la acción de tutela pone de presente que no todo derecho fundamental se defiende por su conducto y que, si bien ello puede ser posible respecto de su mayor número, no todo momento de su ejercicio puede siempre ampararse con aquella. En el presente caso se ilustra plenamente el aserto. La acción de tutela pudo haberse incoado —lo que no se hizo— con el objeto de prevenir el peligro que para la vida de los moradores de las edificaciones y sus visitantes provenía de la omisión de los encargados del servicio que no conservaron las distancias reglamentarias que debían separar a éstas del tendido eléctrico. Consumado el daño a la vida o a la salud, luego de ocurrido el siniestro, no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para probar el daño, deducir la responsabilidad y decretar la indemnización contra la entidad pública. Si bien el trasfondo sigue dominado por la lesión a un derecho fundamental, la acción de reparación directa se erige en el cauce procesal más idóneo para ejercer el derecho en una fase decisiva del mismo como es la indemnizatoria derivada del daño que lo ha cercenado.

5. Descartada la decisión sobre la indemnización de perjuicios y el reconocimiento de la pensión de invalidez, por no corresponder al perímetro legítimo de la acción de tutela, resta definir si cabe pronunciarse acerca del derecho de atención médica que pueda caberle al peticionario y que obligatoriamente debería procurar la entidad demandada cuya omisión se ha considerado decisiva como causa del accidente.

La atención médica obligatoria y gratuita es un elemento integrante del derecho a la salud consagrado en la Constitución (C.P., art. 49). El derecho a la salud, no obstante su importancia, no es un derecho de aplicación inmediata (C.P., art. 49). La ley todavía no ha señalado “los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria” (C.P., art. 49). El Estado, en sus diferentes niveles, debe asignar las partidas presupuestales necesarias para extender progresivamente la cobertura del servicio público de salud y saneamiento ambiental.

No obstante la estructura del anotado derecho, la Sala debe resolver si en el presente caso el derecho a la salud, bajo la modalidad de atención médica obligatoria, reviste carácter de exigibilidad inmediata atendidas las circunstancias que determinaron el menoscabo de la salud del peticionario.

6. La atención médica inmediata a la víctima de un accidente causado en virtud de la objetiva ineficiencia de la administración en la prestación de un servicio público, en la sentencia con la cual se pone término a una acción de reparación directa, tiene únicamente carácter resarcitorio de los gastos incurridos por ese concepto y es necesariamente posterior a la misma.

Si la condición económica de la víctima y la naturaleza de la lesión sufrida son tales que, sin apoyo externo, no es posible recibir el tratamiento médico o quirúrgico necesario, como ocurre en el presente caso, cabe preguntarse si la pretensión de obtener dicha prestación hace parte del derecho a la salud y debe ser suministrada por la entidad pública cuya acción u omisión que traducen un grado objetivo de ineficiencia fueron causa determinante del accidente.

7. El objeto predominantemente resarcitorio de la acción de reparación directa no la hace vía apta para sujetar a su trámite la petición de procurar la inmediata atención médica de la víctima del accidente causado en virtud de una objetiva ineficiencia a la administración.

8. La trayectoria del derecho a la vida y a la salud incluye diversos momentos que describen grados crecientes de amenaza y lesión y que se acompañan, sin solución de continuidad, de correlativas acciones que el sujeto puede ejercitar con miras a la efectividad de la posición jurídica que la Constitución le reconoce.

Entre la amenaza al derecho a la vida y a la salud (amparada por la acción de tutela) y la consumación del daño (cobijada por la acción de reparación directa), queda un campo donde es patente la necesidad de protección del titular del derecho vulnerado que aquí precisamente corresponde a la atención médica inmediata a la víctima del accidente y que, ante la ausencia de acción judicial específica contemplada en el ordenamiento, debe poder impe-trarse por la vía de la acción de tutela.

9. En ciertos eventos —éste es uno de ellos— la atención médica inmediata tiene una relación directa con la conservación de la vida y la salud, hasta el punto que si ella deja de darse la persona puede morir o su salud menguarse en grado sumo. En estas condiciones la atención médica como modalidad del derecho a la vida y a la salud indiscu-tiblemente tendría aplicación inmediata (C.P., art. 85).

10. Es deber del Estado social de derecho (C.P., art. 1º) asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional (C.P., art. 365). Advertida por el Estado una ineficiencia en la prestación de un servicio público tiene el deber ineludible —sin necesidad de esperar que se profiera sentencia alguna— de ponerle coto a la disfuncionalidad respectiva y reducir proporcionalmente los efectos nocivos que sus acciones u omisiones han provocado en la comunidad.

La empresa pública demandada, circunstancialmente notificada de su propia ineficiencia, finalmente —aunque al principio su conducta fue equívoca y reluctante— y como fruto de la acción de tutela interpuesta, adoptó un comportamiento consistente con el deber de corregir la ineficiencia observada: retiró los postes que soportan el alumbrado público colocando los cables a la distancia requerida y sufragó los gastos de hospitalización de la víctima del accidente. No habría cumplido el mencionado deber de corregir su propia ineficiencia de haberse limitado a retirar los postes y no procurar la inmediata atención médica del peticionario quien en su propio cuerpo portaba la marca indeleble de su infortunada ineficiencia.

Esto último —atención médica a la víctima— en un Estado social de derecho resulta imperativo y adquiere el carácter de derecho prestacional de exigibilidad inmediata si la condición económica de la persona no le permite sin arriesgar gravemente su vida y la recuperación de su salud esperar las resultas de la acción administrativa y si, de otra parte, existe —como en el presente caso— prueba objetiva de que la ineficiencia de la administración por acción u omisión intervino como factor decisivo del accidente y de las consecuentes lesiones. Si toda persona está obligada a “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (C.P., art. 95), con mayor razón la empresa o entidad pública que con su acción u omisión “ha puesto en peligro la vida o la salud de las personas” no puede librar a su propia suerte a la persona que en cierta medida ella ha tornado indefensa, limitándose a esperar la sentencia o el inexorable aumento de los perjuicios causados. El deber de no abandonar a su víctima, que se predica de la administración pública ineficiente, se deriva, pues, del deber de solidaridad y de la obligación constitucional de corregir en la misma comunidad los efectos nocivos de su ineficiencia.

11. Adicionalmente, importa anotar que el Estado, particularmente cuando asume la faz de proveedor de servicios públicos, es ante todo un promotor de la igualdad sustancial (C.P., art. 13). De ahí que resulte antinómico que con ocasión de esta función pueda impúnemente generar desigualdad entre los miembros de la comunidad. Si con ocasión de este público menester los daños que causa en las personas eventualmente las convierten en disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales, no cabe duda que nace a su cargo un deber de protección especial que, sin perjuicio de la contingente y futura sentencia judicial que ordene la indemnización a su cargo, debe manifestarse desde el primer momen-to con un contenido mínimo que no ese otro que el de suministrarles la atención médica necesaria.

12. La sentencia de tutela que en el contexto de los hechos descritos reconoce la exigibilidad del derecho a la atención médica inmediata no tiene el carácter de condena a cargo del Estado ni de suyo anticipa el grado de su responsabilidad, extremos que son del resorte de la justicia administrativa. La indicada sentencia se circunscribe a verificar el cumplimiento de unos hechos de naturaleza objetiva que, por lo expuesto en esta sentencia, se convierten en factor desencadenante de la exigibilidad inmediata de un derecho prestacional que, en otras circunstancias, debería proveer el Estado de manera progresiva y de acuerdo con las políticas legales que en su oportunidad se dicten».

(Sentencia T-328 de agosto 12 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

_____________________________________