Sentencia T-329 de julio 11 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN

NIÑOS CON DIFICULTAD DE APRENDIZAJE

EXTRACTOS: «El derecho de ingreso al sistema educativo se materializa en el acto de matrícula y, justamente, la renuencia de las docentes demandadas a matricular a J... para el primer curso de educación básica primaria, impone desentrañar si en esta etapa inicial del acceso se produjo una violación del derecho fundamental a la educación del citado menor.

Según se desprende de los materiales probatorios que obran en autos, dos son las razones aducidas para impedir la vinculación del menor al curso primero de educación básica primaria: de un lado la creencia de que necesita una educación especial que en la escuela Luis María Rojas del municipio de Fosca no están en condiciones de proporcionarle, como por lo demás, en criterio de los docentes y de las directivas, lo demuestran los sucesivos intentos en los que ha estado comprometido el menor, al parecer sin resultados favorables; y, de otro lado, la edad, pues se aduce que, según el manual de convivencia, para el grado primero se reciben niños entre los 6 y los 8 años y J... cuenta con 14 años, por lo cual, señalan, recibirlo en ese curso no es lo apropiado, dado que su presencia es inconveniente para los niños menores, cuyo interés debe prevalecer y no verse sacrificado por un interés individual.

En cuanto a la educación especial, ya la Corte ha advertido acerca de la dificultad para determinar si ella promueve las condiciones para que la igualdad sea real o efectiva o, si por el contrario, en alguna medida favorece la discriminación y el marginamiento de quienes, en razón de sus condiciones, se ven abocados a recibirla.

Ha hecho énfasis la corporación en que la simple constatación de su necesidad unida a la manera como se la designa, hace de la educación especial un campo propicio para colocar a sus usuarios “en el centro mismo del paradigma normal - anormal”, con la alta carga de discriminación implícita o explícita que ello acarrea.

Por eso, sin incurrir en el extremo de desestimar los beneficios que esa modalidad de educación sea capaz de reportar, la Corte ha estimado que “la educación especial ha de concebirse sólo como un recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación” (4) .

(4) Cf. Corte Constitucional. Sentencia Nº T-429 de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.

En atención a lo expuesto, la Corte considera que la negación de un cupo para el primer grado de educación básica primaria quebranta el derecho de acceder a la educación de J..., porque cercena, de una manera inconsulta, todas las posibilidades de desarrollo del menor, con fundamento en apreciaciones subjetivas que, de acuerdo con lo que surge de los elementos presentes en el expediente, no están respaldadas, en este caso particular, por criterios científicos que comprueben la necesidad de una educación especial.

En efecto, las mismas profesoras corroboran la versión de la madre en el sentido de que el menor no ha sido sometido a tratamiento sicológico y médico, por no contar la escuela con esos recursos e igualmente manifiestan que ninguna de ellas es “médico o especialista” para establecer el verdadero origen del escaso rendimiento académico, a tal punto que de la reunión sostenida por el grupo de docentes con el personero municipal salió la recomendación de “recibirlo en el nivel de 2B, hasta que de un examen médico se compruebe que el niño necesita educación especial”.

Siendo ello así, no se explica la Corte por qué en forma apresurada se le negó al menor el derecho a matricularse, anticipándose a un diagnóstico que es propio de especialistas y que en ese momento no se había efectuado, y resignando, de paso, la labor del docente, que no se agota en recetar a los menores con dificultades de aprendizaje una discutible terapia, huérfana de todo fundamento científico.

Es más, aun si se contara con una completa evaluación científica, de la cual surgiera la incuestionable necesidad de darle al menor educación especial, la solución no sería la de tomar esa necesidad comprobada de educación especial como pretexto para impedirle el ingreso a la educación ordinaria, ya que, a más de ese factor, sin duda importante, juegan otros que tienen que ver con las posibilidades reales o con la conveniencia de acceder a centros especializados.

Es sabido que en el municipio de Fosca no existen establecimientos que ofrezcan educación especial y fuera de tener en cuenta las falencias de la infraestructura educativa de nuestro país, no puede pasarse por alto que en instituciones privadas los costos suelen ser elevados.

Así las cosas, la solución definitiva al problema no está en cerrarle las puertas de la educación ordinaria al niño que presente problemas de aprendizaje, con el simple argumento de que, por requerir educación especial, la aplicación de la pedagogía que guía los procesos educativos de los niños normales a aquellos que por alguna circunstancia no lo son, está de antemano condenada al fracaso porque, como lo afirman algunas de las profesoras de la escuela de Fosca, lo cierto es que el menor “no aprende nada”.

La Corte considera que la educación no es un ejercicio unilateral cuya eficacia únicamente pueda medirse por la capacidad del educando para captar y reproducir las enseñanzas que el maestro le imparta, sino que es un proceso complejo que además de la simple instrucción en ciertas artes o técnicas comprende la formación de un individuo en interrelación con los demás miembros del conglomerado social, y que según el artículo 1º de la Ley 115 de 1994, se fundamenta en una “concepción integral de la persona humana, de sus derechos y de sus deberes”.

Descartar a un menor por la sola consideración de que no aprende las lecciones impartidas a sus condiscípulos “normales”, comporta recordar las posibilidades que la relación con la escuela ofrece a quien padece alguna limitación. Esas posibilidades tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de socialización, favorecidos por el contacto con los otros y que le ayudarían a la persona disminuida que no está en condiciones de acceder a la educación especial a aprender a desenvolverse en los ámbitos de la “normalidad”, que son, precisamente los que va a enfrentar durante toda la vida.

Una opción diferente conduciría a dejar el niño en la casa, reduciendo sus posibilidades de contacto con los demás y con buena parte del mundo exterior, y propiciándole las condiciones para que reafirme su convicción de ser diferente y para que los demás asuman que en verdad lo es, incurriendo en el riesgo de la estigmatización.

Ahora bien, en los casos en los que sea posible el traslado del menor necesitado de educación especial a lugares distantes de su hogar, se torna indispensable ponderar si los efectos de esa separación de su familia y de su entorno, en realidad lo benefician o le producen traumatismos mayores que los derivados de su pertenencia a un centro educativo para niños normales.

Por todas las razones anotadas, la Sala insiste en que la mera consideración sobre la necesidad de educación especial, sin relación alguna con el específico contexto en que se desarrolla la vida del menor, no sirve de excusa para negarse a aceptarlo en el sistema de educación ordinaria y, en concordancia con estos planteamientos, estima que la decisión de los docentes de la escuela Luis María Rojas del municipio de Fosca afectó el derecho a la educación de J...

La anterior situación no queda subsanada por el hecho de haber adoptado, finalmente, la decisión de aceptarlo para cursar el grado 2º, pues no es cierto que los docentes tienen la facultad de decidir, de acuerdo con sus preferencias, a quién le imparten educación y a quién no y en qué grado reciben al favorecido por esa graciosa concesión.

Los derechos fundamentales comportan situaciones de poder reconocidas en favor de las personas y no son disponibles, ni están sometidos al arbitrio o al capricho de terceros. De ahí que el menor en cuyo nombre se instauró la tutela tiene derecho a ingresar en el sistema educativo en el grado que corresponde al nivel en que se halle, y el ejercicio de ese derecho no está mediatizado por las facultades que sin corresponderles, se arrogan los docentes.

Es evidente que en la raíz de la decisión de aceptarlo en el curso segundo y no en primero está una consideración relativa a la edad, ya que J... supera los años de los alumnos que, de ordinario, son matriculados en el primer curso. No obstante, para la Corte la decisión de recibirlo en el segundo curso no introduce una variación sustancial de las circunstancias, pues la diferencia de edades siempre va a ser notable y si se insistiera en que ese deber el criterio para definir en qué grado ha de ser recibido, se llegaría a una conclusión absurda, de conformidad con la cual, sin haber superado las etapas correspondientes a la educación básica primaria, debería ser aceptado en el nivel que en el bachillerato corresponde a quien ha cumplido catorce años.

La aplicación literal y estricta del reglamento, en la parte atinente a la edad, pasa de largo sobre el asunto de fondo, que tampoco puede ser formulado en términos de inconveniencia, haciendo énfasis en los eventuales problemas que J... estaría en condiciones de causar al resto de los alumnos.

La Corte, en concordancia con planteamientos vertidos más arriba, estima que los vínculos con personas diferentes a las que integran su círculo familiar favorece a quien tiene dificultades de aprendizaje en la medida en que, por ejemplo, le permiten aproximarse a las situaciones de “normalidad” en las que, pese a sus deficiencias, debe desarrollarse, y también es consciente esta corporación de que merced a la presencia, en el aula de clases, de una persona que se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta, los niños considerados “normales”, tendrán oportunidad, desde la más tierna edad, de aprender a aceptar y a respetar a quien es diferente y así mismo de observar una conducta acorde con el deber de solidaridad; postulados todos estos que son de raigambre constitucional y que orientan el proceso educativo, ya que al tenor de lo dispuesto por el artículo 5º-2 de la Ley 115 de 1994, uno de los fines de la educación es la “formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”.

El derecho a permanecer en el sistema educativo y la educación especial.

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, de la educación también hace parte el derecho a permanecer en el sistema educativo y de la misma manera como el acceso no puede hacerse depender de la simple creencia o aún a la convicción acerca de que un menor requiere educación especial, la permanencia en los claustros tampoco ha de estar sujeta a una condición semejante.

No es de recibo, entonces, que se condicione la continuidad en la prestación del servicio público educativo a una demostración de la “normalidad” del menor, que a eso equivale, en últimas, la valoración médica, encaminada a comprobar “que el niño necesita educación especial”, porque, se repite, aunque se llegara a comprobar la necesidad de ese tipo de educación, resulta indispensable verificar si real y efectivamente hay posibilidad de brindársela, atendidas las circunstancias en que se hallen el menor y sus familiares.

Así pues, en caso de que por algún motivo y una vez ponderadas todas las circunstancias, no sea factible brindarle a J... educación especial, la sola constatación de su necesidad no sirve de pretexto para retirarlo de las aulas, puesto que en ese evento la educación especial no constituye una alternativa realizable y por lo mismo, el desconocimiento del derecho a permanecer en el sistema educativo diseñado para los niños “normales”, se traduciría en la práctica negación del derecho fundamental a la educación del menor con dificultades de aprendizaje.

El papel de los padres en relación con el acceso y la permanencia de sus hijos en los establecimientos educativos.

Finalmente, es de importancia destacar que, según el artículo 6º de la Ley 115 de 1994, los padres, junto con los estudiantes y con los educadores, conforman la comunidad educativa y por lo tanto, los derechos y obligaciones que atañen a los progenitores no culminan cuando sus hijos son aceptados en una institución educativa.

La Constitución indica en su artículo 67 que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”, mientras que en el artículo 42 establece que la pareja deberá sostener y educar a los hijos “mientras sean menores o impedidos”.

Así pues, “los progenitores tienen una ineludible cuota de responsabilidad en el acceso y permanencia de sus hijos en el sistema educativo, lo cual los obliga a mantener una atenta vigilancia sobre el proceso de su instrucción, lo mismo que a superar los obstáculos que, en ocasiones hacen que la asistencia de los niños a las escuelas sea irregular y culmine con el abandono definitivo (5) .

(5) Ibídem.

Las obligaciones de los padres adquieren especial relevancia en el caso de los menores con dificultades de aprendizaje, cuyos problemas deben resolverse contando con la colaboración de los progenitores, unida a la que presten el Estado y los educadores.

C) Las decisiones a tomar.

Bajo el entendimiento de que no es posible negar el acceso y la permanencia en el sistema educativo a J..., sin quebrantar los derechos constitucionales fundamentales a la educación y a la igualdad, la Corte confirmará la sentencia revisada; empero, en atención a las particulares condiciones del menor y a las responsabilidades que en materia educativa se radican en cabeza del Estado, de la sociedad y de la familia, se recomendará al Ministerio de Educación Nacional que, de conformidad con los dictados de la Constitución Política y de la Ley 115 de 1994, proceda, en el término de un (1) mes, a evaluar la situación del menor J... (i), a determinar si requiere o no educación especial (ii), y en el evento de que la respuesta sea afirmativa, a procurar, de común acuerdo, una solución que, consultadas las circunstancias sociales y económicas de la familia y el lugar de su residencia, sea la más conveniente para el menor (iii) y, en todo caso, a prestarle asesoría a sus padres y a los educadores que se encargan de su formación en la escuela Luis María Rojas del municipio de Fosca (Cundinamarca) (iv).

Debe la Corte aclarar, en armonía con lo precedentemente anotado, que la evaluación que se recomienda de ningún modo condiciona el derecho de J... a permanecer en el sistema educativo. Así pues, ante una eventual imposibilidad de ofrecerle al menor la educación especial que pudiere llegar a requerir, se reitera la jurisprudencia de la corporación en el sentido de que el menor permanecerá en la Escuela Luis María Rojas del Municipio de Fosca “hasta cuando sus directivas, progenitores y competentes autoridades oficiales, puedan brindarle una mejor opción educativa, adecuada a las circunstancias sociales y económicas de su familia y al lugar de su residencia (6) .

(6) Ibídem».

(Sentencia T-329 de julio 11 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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