Sentencia T-329 de julio 25 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

RECURSOS NO INTERPUESTOS OPORTUNAMENTE

POSIBILIDAD DE ACUDIR A TUTELA

EXTRACTOS: «Dijo la Corte Constitucional en sentencia T-07 del 13 de mayo de 1992:

“Con independencia del sentido final que tenga el fallo, en eso consiste la protección que el sistema jurídico colombiano brinda a la persona, de acuerdo con la garantía consagrada en el artículo 229 de la Constitución: en la oportunidad de acceder a la administración de justicia.

Ahora bien, si el titular de la acción correspondiente, es decir, la persona así protegida por el ordenamiento jurídico, hace uso de ella y, en efecto, tiene acceso a la administración de justicia, su demanda de defensa judicial ha sido satisfecha, quedando, eso sí, sujeto a la decisión del tribunal competente, y no tiene razón alguna para acudir a un mecanismo como la tutela, ideado precisamente para cuando esos otros medios específicos, previstos y regulados, que le dan acceso a la administración de justicia, no existen.

Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante”.

En la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992 este criterio fue confirmado en los siguientes términos:

“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aun sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (arts. 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción”.

La Corte reafirma ahora la indicada tendencia jurisprudencial. La acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias, errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en cuanto, de aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, se favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de derechos.

No obstante lo dicho, si se atiende a la equidad, que busca realizar la justicia en el caso concreto, habrá de reconocerse que en determinadas situaciones la absoluta imposibilidad en que se halla el sujeto perjudicado por la omisión procesal para evitarla, o para ejercer los recursos que le permitan su defensa, lo libera plenamente de responsabilidad por la conducta omisiva y hace necesario que, con miras a la prevalencia del derecho sustancial, se atempere la rigidez de la exigencia expuesta y se otorgue la posibilidad del amparo judicial extraordinario.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando los intereses en juego corresponden a menores, cuya indefensión se presume según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en especial si esos intereses corresponden a derechos fundamentales que pueden quedar vulnerados o amenazados en la hipótesis de una tutela denegada por no haber hecho su abogado uso oportuno de los recursos que los favorecían en el proceso ordinario.

Un principio de elemental justicia indica que en dichas circunstancias no debe ser sancionado el niño con la eliminación de toda posibilidad de hacer valer sus derechos fundamentales y que, mereciendo él la protección especial del Estado impuesta por el artículo 44 de la Constitución, procede la tutela, siendo imperativo, en cambio, que se promueva la investigación y sanción de la conducta omisiva del apoderado judicial.

Estas situaciones son, desde luego, extraordinarias y deben ser apreciadas en concreto por el juez, con el objeto de verificar si en realidad la circunstancia del afectado reviste las indicadas características, evento en el cual, no habiendo sido su culpa, descuido o negligencia la causa de que las decisiones en su contra hubieran quedado en firme por falta de los oportunos recursos, carece de justificación concreta la eliminación del único medio de defensa judicial a su alcance».

(Sentencia T-329 de julio 25 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Empero, no puede perderse de vista que la Carta Fundamental establece en forma diáfana que “los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” y que además al consagrarse la acción de tutela como mecanismo protector de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, se señaló que ésta “sólo” procedería “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. A contrario sensu, cuando existe otro medio de defensa judicial, la referida acción y por ende la pretensión de la misma no resulta pertinente ya que en estos casos debe promo-verse el proceso ordinario establecido en la ley, con el agotamiento de las respectivas instancias procesales.

En el presente asunto, la actora inició un proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica, Córdoba, el cual después de haberse realizado su tramitación culminó con la decisión de declararse inhibido por considerar que el presupuesto de capacidad para ser parte no se encontraba satisfecho, por no haberse aportado por el apoderado de la misma los documentos idóneos que acreditan la condición de hijas matrimoniales y esposa de la parte opositora.

Contra esta decisión era procedente el recurso de apelación ante el funcionario de superior jerarquía dentro del término de ejecutoria, siguiendo el trámite consagrado en las normas procesales que rigen esa clase de procesos. Sin embargo, la parte afectada con dicha providencia que ciertamente representaba nada menos que derechos de menores, no hizo uso de dicho medio de impugnación dejando en firme por consiguiente la decisión inhibitoria.

Esta omisión del representante judicial de la parte actora, no puede a mi juicio subsanarse con el ejercicio improcedente de la acción de tutela con el pretexto de que se está violando el debido proceso y los derechos fundamentales de los menores, ya que ello implicaría revivir conflictos jurídicos que son de la competencia del juez ordinario y no del juez de tutela, lo cual conlleva a admitir la procedencia del amparo, no obstante haberse omitido el ejercicio de los recursos legalmente establecidos, de los cuales no se hizo uso oportunamente por negligencia o deficiente representación judicial de quien ejerce derechos tan esenciales como los concernientes a los menores».

Hernando Herrera Vergara. 

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