Sentencia T-331 de julio 19 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA CUARTA DE REVISIÓN

RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

PREVALENCIA SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

EXTRACTOS: «En opinión de esta Sala, el problema central a decidir en el caso sometido a su consideración es, básicamente, el de si es posible el ejercicio del derecho a la información, concretamente del derecho a acceder a los documentos públicos, cuando dichos documentos se encuentran sometidos a reserva.

La respuesta al interrogante planteado no puede ser otra que negativa; no es posible el acceso ciudadano a documentos sometidos a reserva, por diversas razones de índole constitucional y legal. Veamos:

La Ley 57 de 1985, que regula la publicidad de los documentos oficiales y el acceso ciudadano a ellos, establece en su artículo 12, lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional” (subraya la sala).

Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 8º, establece la reserva de la investigación para quienes no sean sujetos procesales, y en el artículo 331, determina la reserva de la instrucción.

La normatividad citada muestra claramente que en nuestro ordenamiento jurídico, la reserva legal de ciertos documentos es una estricta limitante al ejercicio del derecho de los particulares a la información. Razones de fondo justifican esta limitación, entre las cuales sobresalen el respeto a la presunción de inocencia, y la protección del derecho a la intimidad, garantías constitucionales que hacen parte de la esencia misma del Estado de derecho y que revisten especial importancia para la defensa de un orden justo y respetuoso de los derechos del individuo.

2.1. Derecho a la información, presunción de inocencia y reserva.

El artículo 29 de la Constitución Nacional establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”, y en el caso concreto que ocupa a esta Sala, el expediente que el actor pretende consultar fue archivado luego de dictarse la cesación de todo procedimiento, conforme a las leyes entonces vigentes, quedando definitivamente bajo la reserva del sumario. Esta circunstancia se dio debido a que la justicia no logró determinar la responsabilidad de las personas implicadas en los hechos, de forma tal que el proceso nunca pasó a la etapa de juzgamiento.

En todo proceso penal se presentan dos momentos claramente diferenciados: la instrucción y el juzgamiento. El primero es reservado, y el segundo público, según lo establece el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. La etapa de juzgamiento se inicia con resolución de acusación, la cual no puede proferirse mientras no exista total certeza de la ocurrencia de un hecho delictivo que comprometa la responsabilidad del imputado.

Tenemos entonces que, según los oficios provenientes del Juzgado Décimo Penal del Circuito (ver fls. 36 a 38, y 83 a 89), el expediente que el actor desea conocer fue archivado definitivamente conforme a la ley procesal vigente en ese entonces, estando aún en etapa instructiva, lo cual implica que nunca se encontró prueba suficiente de que los hechos ocurridos comprometieran la responsabilidad de los sindicados. Mal podría entonces concedérsele a un particular la posibilidad de estudiar el expediente y emitir juicios de valor, destinados a ser publicados en un diario y dados a conocer a la opinión pública, destruyendo con ello la presunción de inocencia de que gozan los sujetos implicados en la investigación y desconociendo que es al juez, y únicamente a él, a quien corresponde declarar la culpabilidad o inocencia del procesado.

2.2. Derecho a la información y derecho a la intimidad.

Otra de las razones que ameritan la prevalencia de la reserva sumarial sobre el derecho a la información, es el derecho a la intimidad de los sindicados, consagrado en el artículo 15 de nuestra Carta Política, y el cual se encuentra también en juego en este caso.

Como acertadamente puso de presente el Juez Décimo Penal del Circuito al negar la petición del actor, existen en todo proceso judicial datos que sólo interesan a las personas allí involucradas, y que no tienen por qué darse a conocer a terceros, so pena de afectar su derecho a la intimidad. No en vano se ha pronunciado esta Corte al respecto, señalando que:

“En consecuencia, los funcionarios están autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por ley, tales como la defensa y seguridad nacionales, a investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal aduanero o cambiario... Por razones obvias, el acceso no es tampoco permitido cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Carta vigente...” (cfr. sentencia T-473).

La Sala considera que la limitación en la divulgación de datos sobre la intimidad de las personas, lejos de constituir un atropello al derecho del periodista a informar, surge como protección del derecho de toda la sociedad a estar informada. Y es que la intimidad de todo ser humano delimita claramente el campo de ejercicio del derecho a la información, y constituye el señalamiento hecho por el constituyente del límite dentro del cual la persona y la familia son los únicos autorizados para decidir qué información relativa a ellos puede trascender.

En nada favorece a la sociedad el interés netamente sensacionalista y comercial que lleva, en ocasiones, a los medios de comunicación a convertir la intimidad de las personas en un producto noticioso, desconociendo con ello la gran responsabilidad social que debe guiar sus actuaciones, y haciendo mal uso del incalculable poder que tienen como formadores de opinión».

(Sentencia T-331 de julio 19 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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