Sentencia T-336 de marzo 23 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

DERECHO DE ASOCIACIÓN

OBLIGACIÓN DE ASOCIARSE PARA ACCEDER A UN CONTRATO

EXTRACTOS: «2.2. El demandante considera que se le está constriñendo para hacer parte de una cooperativa a la cual no desea afiliarse o, en su defecto crear una nueva, con el objeto de que se le renueve su contrato de prestación de servicios como médico en los servicios de urgencia y hospitalización del Hospital San Rafael de Girardot. Considera que su negativa, puede tener como consecuencia la vulneración de su derecho al trabajo, por cuanto, su ejercicio profesional es su único medio de vida.

En efecto, la junta directiva del accionado, reunida el 20 de septiembre de 1999, tomó la determinación, entre otras, de celebrar los contratos de prestación de servicios, a través de las cooperativas de trabajo asociado, se dijo en la mencionada junta lo siguiente, según consta en el Acta 012 de 1999:

“Responde la Dra. Mery Becerra que a su juicio los contratos de prestación de servicio donde se puede derivar una subordinación son tremendamente peligrosos, porque pudieran llevar a demandas que los declaran contratos de trabajo, pero considera que los contratos a través de las cooperativas de trabajo asociado son una figura perfectamente legal, que permite el cumplimiento de los objetivos de la empresa, sin necesidad de generar unas plantas de personal que sean imposibles sostener, teniendo en cuenta las variaciones que ha introducido a todo el sistema hospitalario la Ley 100. Considera igualmente la doctora, que la figura de las sociedades unipersonales no son aplicables para el caso por lo que ya ha comentado la Dra. María Teresa, pero si cabe la figura de los contratos a través de las cooperativas con unas fórmulas de control sobre la intermediación para que no se vaya a originar una sobreexplotación del personal. Lo importante es evitar que se configure la subordinación, porque la prestación personal del servicio y la remuneración existen tanto en el contrato de prestación de servicios como en el contrato de trabajo” (fl. 25).

Con fundamento en ese concepto, el doctor Carlos Humberto Pérez Vesga envió a los médicos generales contratistas la circular 0001 del 17 de noviembre de 1999, en la cual se les informa que si desean seguir prestando sus servicios “deberán asociarse a una de dichas personas jurídicas o en su defecto conformar una de ellas...”.

Se pregunta entonces la Corte, si conculca el derecho fundamental de asociación consagrado en el artículo 38 superior, la organización que impone a sus trabajadores, en el caso sub lite médicos contratistas, la obligación de afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado o crearla, so pena de no renovarle su contrato de prestación de servicios a quienes no acaten dicha imposición.

2.3. Ha dicho la Corte Constitucional que el derecho fundamental de asociación (C.P., art. 38), tiene dos dimensiones, a saber: una positiva que consiste en la facultad que tienen todas las personas para fundar o integrar libremente, en forma voluntaria, organizaciones reconocidas por el Estado y capacitadas para operar en el tráfico jurídico, comprometidas en la realización de diversos proyectos, ya sea de carácter social, cultural, económico, etc.; y, una dimensión o faceta de carácter negativo derivada en forma directa del derecho de libertad y, se expresa en la facultad que tiene toda persona para negarse o abstenerse de formar parte de determinada asociación y su derecho correlativo a no ser obligado ni directa ni indirectamente a ello.

Esta corporación se ha manifestado reiteradamente sobre el derecho de asociación. Ha dicho la Corte: “La afiliación tanto como la pertenencia a una asociación son actos voluntarios y libres y dependen exclusivamente y por siempre de la libertad de la persona...” (Sent. T-454/92, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

Así mismo, la Corte se ha pronunciado sobre las dos dimensiones del derecho fundamental de asociación y, ahora se reitera:

“32. El derecho a la libre asociación, consagrado en la Constitución y reconocido en los tratados internacionales suscritos por Colombia (C.P., art. 38; Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, art. 20-2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 22), en principio tiene su raíz en la libre voluntad de las personas que deciden perseguir ciertos fines lícitos a través de una organización unitaria en la que convergen, según su tipo, los esfuerzos, recursos y demás elementos provenientes de sus miembros y que sirven de medios para la realización del designio colectivo. A la libre constitución de la asociación —sin perjuicio de la necesidad de observar los requisitos y trámites legales instituidos para el efecto—, se adicionan la libertad de ingreso a ella y la libertad de salida, para completar el cuadro básico de esta libertad constitucional que reúne así dos aspectos, uno positivo y otro negativo, sin los cuales no habría respeto a la autonomía de las personas.

33. La libertad de asociación, entendida en los términos anteriores, representa una conquista frente al superado paradigma del sistema feudal y al más reciente del corporativismo. En el Estado social de derecho no es posible que el Estado, a través de asociaciones coactivas, ejerza control sobre los diferentes órdenes de la vida de la sociedad; o que ésta, a través de un tejido corporativo difuso, asuma el manejo del Estado”. (Sent. C-041/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Y, en el mismo sentido también manifestó la Corte:

“El de asociación es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser vulnerado en varias formas, en especial cuando se impide que una o más personas cristalicen su voluntad de unir sus esfuerzos o aportes para fines lícitos o cuando, no obstante su deseo en sentido contrario, se las obliga a integrarse en sociedad, sometiéndose por ello a un régimen que naturalmente esquivan o repelen”. (Sent. T-543/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

2.4. De lo anterior, se concluye que la decisión adoptada por la junta directiva de la empresa social del Estado Hospital San Rafael de Girardot, se constituye en una injerencia indebida en la autonomía de los médicos contratistas de dicha institución y, particularmente en la libertad de cada persona para decidir si se afilia o no a las cooperativas de trabajo asociado, que vulnera flagrantemente el derecho constitucional fundamental de asociación consagrado en la Constitución Política.

Esto además es aceptado abiertamente por el doctor Carlos Humberto Pérez Vesga, representante de la entidad demandada, quien en el escrito de réplica a la tutela presentada, manifiesta que la finalidad del hospital no era la de “sacar” a algunos médicos que venían denunciando ciertas irregularidades, sino acatar una decisión tomada por la junta directiva y, en ese sentido, quien desee seguir trabajando lo tiene que hacer a través de una cooperativa, porque además, en su concepto si bien las empresas sociales del Estado son entidades de derecho público, para efectos contractuales se rigen por normas de derecho privado.

Si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 195-6 de la Ley 100 de 1993, el régimen jurídico de las empresas sociales de salud, les permite que en materia contractual se rijan por las normas del derecho privado, no lo es menos, que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4º de la Constitución Política, las disposiciones constitucionales deben ser atendidas por todos los nacionales y extranjeros en nuestro país. Por lo tanto, es preciso recordar que la Constitución y, dentro de ella, las normas que consagran los derechos fundamentales son disposiciones que se aplican a las relaciones entre particulares, sin que ello implique por supuesto, desconocer que éstas se encuentran reguladas especialmente, por el derecho legislado e incluso por acuerdos o contratos privados.

2.5. Ahora bien, cabe preguntarse si la violación del derecho de asociación que se presenta en el caso subexamine, conlleva la vulneración del derecho al trabajo del accionante.

La respuesta es afirmativa. El mismo representante de la institución demandada lo dice “si el accionante quiere seguir prestando sus servicios en el hospital, lo debe hacer a través de una cooperativa” (fl. 119), esto implica a juicio de la Corte, que el ejercicio de la actividad profesional del demandante en ese hospital, se encuentra condicionada a la afiliación a una cooperativa o a la creación de una, lo cual, resulta completamente desproporcionado, mucho más en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, en donde no resulta fácil a los ciudadanos ubicarse en un empleo que le permita tener una vida digna.

Ahora bien, la Corte considera necesario prevenir a la entidad accionada, para que cese hacia el futuro cualquier clase de condicionamiento en contra del demandante, que le impida ejercer en forma libre y espontánea su derecho fundamental al trabajo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot el 14 de diciembre de 1999 y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental de asociación interpuesta por el doctor Miguel Antonio Medina Heredia. En consecuencia se ordena al representante legal y a los demás directivos de la empresa social del Estado Hospital San Rafael de Girardot, inaplicar por ser contraria a la Constitución, la determinación de la junta directiva en el sentido de constreñir al demandante a asociarse a una cooperativa de trabajo asociado, para poder seguir prestando sus servicios en ese hospital.

2. Prevenir al representante legal y a los demás directivos de la empresa social del Estado Hospital San Rafael de Girardot, para que cese cualquier clase de condicionamiento en contra del demandante, que le impida ejercer en forma libre y espontánea su derecho fundamental al trabajo.

Líbrense por secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia T-336 de marzo 23 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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