Sentencia T-338 de agosto 24 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD

VALIDEZ

EXTRACTOS: «El trabajo se ha definido como toda actividad humana lícita y libre que una persona natural ejecuta consciente y voluntariamente, en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica; es la actividad del hombre en la obra de la producción. Pero es también el modo en que la persona humana se hace a sí misma, a través de la actividad racional, consistente en desarrollar las propias cualidades. Mediante el trabajo el hombre compromete su propia responsabilidad frente a sí mismo y a los demás.

Los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio son consecuencia del ejercicio del principio del libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política, cuyo límite está dado exclusivamente por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Los artículos 16 y 17 de la Constitución Política prevén el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática se deduce la libertad de trabajo en concordancia con el artículo 26, según el cual toda persona es libre de escoger profesión u oficio. Se entiende por libertad de trabajo, de acuerdo con la Carta, una expresión de la personalidad, voluntaria y no sometida a dominio o imposición ni del Estado ni de los particulares, para escoger el tipo de relación laboral en la que considere puede realizarse como profesional.

El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla. Su finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida.

La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos.

La mayor o menor amplitud en la consagración positiva del postulado de la autonomía de la voluntad privada o, lo que es lo mismo, en el señalamiento del campo de acción del acto o negocio jurídico que es su expresión normal, depende principalmente del grado de cultura y desarrollo de cada pueblo y de las concepciones filosófico-políticas en que se inspire cada legislador.

El ordenamiento jurídico reconoce que la iniciativa y el esfuerzo privados, mientras obren con el debido respeto al derecho ajeno y al interés general, representan decisiva contribución al progreso y al bienestar de la sociedad. Por ello pone especial cuidado en garantizar la mayor libertad posible en las transacciones entre particulares y, en general, en todos sus actos jurídicos de contenido económico, cuyo vigor normativo está ampliamente consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, que establece:

“ART. 1602.—Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Así pues los particulares, libremente y según su mejor conveniencia, son los llamados a determinar el contenido, el alcance, las condiciones y modalidades de sus actos jurídicos. Al proceder a hacerlo deben observar los requisitos exigidos, que obedecen a razones tocantes con la protección de los propios agentes, de los terceros y del interés general de la sociedad.

Así pues, el libre desarrollo de la personalidad frente al derecho al trabajo comprende dos aspectos: 1. El que se refiere a la libertad de trabajo que no puede traer consigo el menoscabo o la pérdida de la libertad del hombre; y 2) el que otorga al hombre la libertad para escoger profesión, oficio u ocupación, según sus aptitudes, gustos o aspiraciones; sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 25 de la Constitución que define al trabajo como un derecho y una obligación social, la autonomía de la voluntad en materia laboral se encuentra limitada. La relación laboral escogida voluntariamente por las personas no implica establecer postulados imperativos, pues las cláusulas que conformen cualquier tipo de contrato laboral no pueden vulnerar los convenios internacionales, la libertad, la dignidad humana y los principios laborales.

Es decir, la relación laboral puede ceñirse a particulares acuerdos en los que se pacte por ejemplo el término de duración, la forma de pago de la contraprestación, el objeto del contrato, etc., siempre y cuando, como se estableció en el párrafo anterior, se respeten los postulados contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece:

“... Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (negrillas no originales).

Así pues, con base en el artículo 53 citado, se analizará si la decisión del peticionario de la tutela de comprometerse a través de un contrato de exclusividad con la Empresa Sonolux se encuentra dentro del marco que el libre desarrollo de la personalidad en materia laboral permite, o si, por el contrario, sobrepasa los límites fijados por la disposición constitucional y puede resultar como causa de vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

a) La dignidad humana.

La dignidad como principio fundante de la Constitución Política se refleja en el ejercicio de todos los derechos y deberes. Es una garantía que no puede ser desconocida en ninguna circunstancia y por ninguna persona.

Frente al derecho al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, la dignidad de la persona se constituye como límite de la relación laboral.

Si el objeto de la relación laboral no respeta el principio de la dignidad humana y se convierte en un factor de indignidad y pérdida de la identidad del hombre, a pesar de ser una manifestación de la voluntad y del libre desarrollo de la personalidad, debe ser desconocido desde su mismo origen.

b) La libertad.

La libertad como derecho en general está reconocido en el preámbulo de la Constitución y se constituye su protección como uno de los fines esenciales del Estado (C. P., art. 1º).

Como derecho fundamental relacional, le otorga un “plus” al derecho que acompaña, como en la libertad de cultos, de enseñanza, de conciencia, de desarrollo de la personalidad, opinión, locomoción, de profesión u oficio, de asociación, entre otros, lo que se refleja en dos situaciones: primera, la posibilidad de escoger frente a las innumerables manifestaciones de la actividad humana; y segunda, ejercer libremente el derecho escogido sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico.

En particular frente al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio el requisito mínimo para que exista libertad, debe estar basado en el conocimiento previo o concomitante con la decisión que la persona va a tomar y sus consecuencias. Es decir, quien en forma voluntaria opta por una determinada relación laboral debe representarse mentalmente —así sea en forma fugaz—, las varias posibilidades frente a las cuales se encuentra y darse internamente las razones para escoger una de ellas.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 93 de la Carta, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia prevalecen en el orden interno. En materia laboral los convenios internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna.

Así pues, la libertad de escoger actividad laboral está establecida en el artículo 2º. - 1 del Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo, que define al trabajo forzoso u obligatorio como aquél que es exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual la persona no se ofrece voluntariamente.

Este convenio fue adoptado por la Conferencia en 1930, entró en vigor el 1º de mayo de 1932, y fue ratificado por Colombia en 1969. De igual forma se refieren a la prohibición del trabajo obligatorio, los artículos 6º de la Convención americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y 8º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

El bien jurídicamente tutelado por el Convenio, es la libertad de trabajo, el poder trabajar si así se desea y se trata de una actividad lícita. Más allá de la libertad de trabajo se está tutelando, en realidad, la libertad de toda persona humana a decidir su propio destino.

Las obligaciones que hayan de cumplirse en el marco formal de una relación de trabajo como las sanciones pecuniarias que pudieran seguirse del incumplimiento de alguna de las obligaciones, no constituyen fuerza u obligación, ni pena en el sentido del convenio. A menos, por supuesto, que falte el elemento de libertad que se encuentra justamente en la frase “para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente”.

c) Los principios del derecho laboral.

La ley laboral contempla las varias modalidades o clases de contrato, según su duración, formalidades y forma de pago. Los contratantes a su vez están en libertad de estipular las cláusulas que a bien tengan con el fin de regular las condiciones del contrato, siempre que no contraríen la ley en perjuicio de alguna de las partes.

Por ejemplo, la ley laboral prohíbe el pago de salario en mercancías u otros medios semejantes, fija el horario de los menores de edad, establece los recargos de trabajo nocturno, etc., que constituyen garantías a los trabajadores. Los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico laboral no admiten por tanto restricciones o interpretaciones en detrimento de los derechos de los trabajadores.

El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución Política y las leyes. Y los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones (CST, art. 9º).

d) El caso concreto.

De conformidad con lo anterior, observa la Sala que en el caso particular las estipulaciones contenidas en el contrato fueron realizadas de común acuerdo —como así lo consagra la cláusula primera—, entre ellas el “pacto de exclusividad”, y como constancia fue firmado por las partes contratantes.

La obligación laboral puede ser por un determinado tiempo —como ocurre en el contrato de exclusividad—, que implica renuncia de otras actividades —grabar con otras casas disqueras del país o del exterior—, y a cambio recibir una contraprestación económica. Es decir, los particulares acuerdos entre el artista y la casa disquera obligan a la ejecución del contrato con absoluta buena fe, que implica el respeto a lo pactado. Todo incumplimiento de los mismos por alguna de las partes, debe ser resuelto por los jueces competentes quienes se encargarán de dirimir la controversia.

Así pues, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el artista Marco Tulio Aicardi accedió a unas condiciones de trabajo en virtud de su decisión libre y consciente. Las disposiciones contenidas en el contrato en ningún momento vulneraron los tratados internacionales, la libertad, la dignidad ni el ordenamiento jurídico laboral. Igual sucede con las cláusulas estipuladas frente al eventual incumplimiento, que no deben entenderse como obligatoriedad, pues ellas también fueron aceptadas por las partes contratantes. Por lo tanto no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio».

(Sentencia T-338 de agosto 24 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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