Sentencia T-034 de febrero 2 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

ACCIÓN DE TUTELA

SU RECHAZO ES EXCEPCIONAL

EXTRACTOS: «La sentencia de primera instancia merece especial análisis en cuanto, después de haber rechazado por improcedente “la tutela del derecho invocado”, añadió que contra esa decisión no procedía recurso alguno ni estaba sometida a la revisión de la Corte Constitucional.

Considera la Corte en primer término que, de acuerdo con la naturaleza de la acción establecida por el artículo 86 de la Carta, toda demanda de tutela instaurada ante los jueces de la República debe ser admitida, tramitada y fallada dentro del término constitucional. Es decir, al culminar el procedimiento preferente y sumario previsto en la Constitución, el peticionario debe recibir respuesta acerca de si su derecho fue amparado y, en caso de no haberlo sido, sobre los motivos que asistieron al juez para negarlo.

Significa lo anterior que, en principio, no hay lugar al rechazo de la demanda de tutela, pues el claro texto de la preceptiva superior no deja lugar a dudas en el sentido de que la administración de justicia, ante la petición de quien se considere afectado, está en la obligación de verificar si los derechos fundamentales del quejoso han sido vulnerados o amenazados y, si así lo estableciere, de disponer lo conducente al imperio efectivo de la normatividad constitucional.

La excepción a este principio se encuentra en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo con el cual la solicitud de tutela sólo puede ser rechazada ante su indeterminación no corregida oportunamente:

“Artículo 17.—Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano” (subraya la Corte).

Así, pues, tal rechazo —que no es obligatorio para el juez sino facultativo— únicamente tiene lugar bajo los supuestos de la transcrita norma.

La orden de rechazar una petición de tutela por motivos distintos hace inútil la garantía del artículo 86 de la Constitución y contraría de manera abierta el principio constitucional de acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.N.), a la vez que contradice el postulado básico de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales (C.N., art. 228).

El juez u organismo judicial ante el cual se invoca un derecho primario, como los que busca proteger el artículo 86 de la Carta, debe entrar en el fondo del asunto para examinar, con criterio de justicia material, las circunstancias en medio de las cuales se ha producido el acto o la omisión que puedan estar causando la perturbación o el riesgo del derecho fundamental; para definir si el daño o la amenaza existen; para establecer sobre quién recae la responsabilidad del agravio y para impartir, con carácter obligatorio e inmediato, las órdenes encaminadas a restaurar la vigencia real de las garantías constitucionales.

La impugnación del fallo de tutela es un derecho de naturaleza constitucional.

Dispone el artículo 86, inciso 2º, de la Constitución Política, refiriéndose al fallo mediante el cual se resuelve acerca de una acción de tutela: “... podrá impugnarse ante el juez competente ...”.

Como lo dijo esta misma Sala en auto del 7 de septiembre de 1993, estamos ante un derecho, reconocido directamente por la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso, para que, si la decisión adoptada no las favorece o no les satisface, acudan ante el juez competente según la definición que haga la ley —el superior jerárquico correspondiente, al tenor del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991—, en solicitud de nuevo estudio del caso. Se trata, pues, de un derecho de naturaleza constitucional cuyo ejercicio no depende de la procedencia o improcedencia de la acción.

El juez de primera instancia puede haberse equivocado, aun al calificar si la acción de tutela cabía en el caso concreto. Por tanto, deducir él mismo que su criterio acerca del punto traiga como consecuencia la pérdida del derecho a recurrir significa, ni más ni menos, una clara violación del precepto superior y un desconocimiento del derecho fundamental de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución).

El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 establece que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Por su parte, el artículo 32 eiusdem preceptúa que, presentada la impugnación, el juez remitirá el expediente dentro del término de dos días al superior jerárquico.

En el caso que se examina, al resolver el Tribunal que contra su providencia “no procede recurso alguno”, bloqueó el paso del peticionario a la impugnación y, por tanto, desconoció francamente uno de sus derechos constitucionales, tan importante como la acción de tutela en sí misma.

La revisión eventual de los fallos de tutela, manda-to ineludible de la Constitución Política.

Estatuye el artículo 86 de la Carta respecto del fallo que resuelve sobre la tutela:

“El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión” (subraya la Corte).

El artículo 241 de la Constitución establece, entre las funciones confiadas a esta Corte, la siguiente:

“9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”.

Las transcritas son disposiciones imperativas de la Constitución y a todas luces vinculantes para los jueces y tribunales. La eventual revisión de las sentencias de tutela no es concesión graciosa del juez, pues no opera por la determinación suya en cada caso concreto, sino por ministerio del mandato constitucional, que hace obligatoria la remisión del expediente a la Corte “en todo caso”. Esta expresión no admite excepciones.

Es evidente, según lo dicho, que el envío del fallo para su eventual revisión tampoco depende de la procedencia o improcedencia de la acción. Precisamente esa calificación —efectuada por el juez de instancia— es uno de los elementos sometidos al análisis de la Corte si ésta decide asumir la revisión del caso.

En concordancia con estas normas, el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 ordena:

“Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.

El 32, inciso 2º, determina:

“El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión” (subraya la Corte).

En el presente caso, el Tribunal decidió, contra expresos mandatos de la Constitución y de la ley, que la providencia por él dictada estaba excluida de la revisión eventual a cargo de la Corte Constitucional. Quiso eludir, pues, el con-trol constitucional dispuesto por la Carta y, co-mo si ello fuera poco, unida esta decisión a la ya examinada sobre impugnación del fallo, clausurar de manea definitiva toda ocasión de examen superior sobre lo actuado. A tal punto es ello cierto que la Corte Constitucional hubiera ignorado este irregular procedimiento de no ser por la oportuna intervención del Defensor del Pueblo, quien insistió en la revisión del asunto.

De acuerdo con el análisis efectuado por la Corte Constitucional, no cabe el rechazo de la acción de tutela, salvo la excepción vista, y, si se diere el motivo legal para proceder a él, su efecto consistiría cabalmente en que el juez se abstuviera de efectuar cualquier análisis de fondo sobre la controversia planteada.

Si de lo que se trata en este caso es de una acción instaurada sin fundamento, pues no se configuró ninguna violación ni amenaza a derechos fundamentales —como han deducido los tribunales de instancia y lo concluye también esta Corte— la decisión ha debido consistir en negar la tutela, no en rechazarla. Menos todavía en impedir la impugnación del fallo ni en evitar la eventual revisión de la Corte Constitucional, como lo hizo el Tribunal».

(Sentencia T-034 de febrero 2 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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