Sentencia T-347 de agosto 8 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA OCTAVA DE REVISIÓN

SEGURO SOCIAL

ASIGNACIÓN DE CITAS CON ESPECIALISTAS

EXTRACTOS: «Para esta Sala, el asunto que se plantea consiste en determinar si el acceso extemporáneo a los servicios de salud prestados por una entidad del Estado, vulnera o pone en peligro el derecho a la vida de las personas que padecen enfermedades graves. Además, establecer el criterio que haga efectivo el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, tratándose del acceso a los servicios de salud por turnos, cuando existe desproporción entre los profesionales de la medicina disponibles para prestarlos y los usuarios que los requieren.

a) El derecho a la salud: derecho fundamental por conexidad.

Ha sostenido en reiteradas ocasiones esta corporación, que si el derecho a la vida es fundamental, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 11 constitucional, los derechos que esencialmente se derivan de él —como la salud— también lo son necesariamente, bajo ciertas y determinadas condiciones; así, tal y como lo ha sostenido la Corte, los derechos a la salud y a la integridad física emergen como fundamentales cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho fundamental a la vida, de manera que será necesario protegerlos, dado el caso, para proteger a ésta (sentencias T-140, T-192 y T-531 de 1994).

Sin embargo, es necesario señalar que la Constitución Política no reconoce directamente el derecho a la salud —bien natural que escapa a las posibilidades de un Estado— sino el derecho a la tutela de la salud, esto es, a que en cada caso sean agotados todos los medios que se encuentren al alcance para su protección y recuperación; se trata, entonces, del derecho de las personas al conjunto de prestaciones del Estado que velan por la salud.

En consecuencia, el derecho a la prestación del servicio de salud no puede ser protegido de modo directo y autónomo a través de la acción de tutela, no obstante lo anterior, la Corte ha sostenido que su vulneración puede ser corregida mediante dicho mecanismo, en ciertos casos en los cuales se viole igualmente un derecho constitucional fundamental de aplicación inmediata.

b) La salud y la prestación de servicios médico asistenciales.

La atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, pues de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Nacional, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; la Carta protege no solamente la atención inmediata, sino también los medios para recuperar la salud que, deben ser prestados dentro del uso razonable de los recursos fiscales dispuestos para ello.

Las entidades públicas y privadas prestadoras de servicios asistenciales de salud y de seguridad social en salud, deben, directamente o mediante un tercero, suministrar la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y demás servicios indispensables en los lugares y condiciones que exija el caso concreto de cada paciente, teniendo muy en cuenta su estado de gravedad; en pocas palabras, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de previsión social estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios (Sent. T-531/94, M.P. Fabio Morón Díaz).

c) Trato diferencial positivo.

Con el trato diferencial positivo se aplica la filosofía esencial del Estado social de derecho, que se traduce en el deber de proteger a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva; por ello no resultaría eficaz el principio consagrado en el artículo 13 de la Constitución, si todas las personas fueran tratadas de la misma manera, es decir, sin tener en cuenta las particulares circunstancias en que cada una se encuentra.

Es más, ello constituiría una violación de la Carta Fundamental, pues es ella la que establece, precisamente, un trato diferenciado de las personas que por su condición física o mental se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.

d) El caso sub examine.

De lo visto en el expediente contentivo de la solicitud de amparo constitucional elevada por Jesús Herney Valdez, se tiene que él persigue una atención pronta para su enfermedad, la cual se manifiesta con muchos dolores en el cuerpo y en la columna a raíz de la osteoporosis que contrajo por la cantidad de droga que ingirió. Por otra parte, el informe de radiología firmado por el doctor Fernando Gómez (fl. 7) muestra lo siguiente:

“Herney Valdez... en todos los niveles el diámetro anteroposterior óseo del canal está dentro de límites normales. En el espacio de L4-L5, el anulus es promitente no compresivo para el saco dural ni para las raíces, hay cambios degenerativos laceratorios en L4-L5 y L5-S1, y osteofitos marginales entre L4 y L5 pero de predominio anterior sin significado patológico, regiones paravertebrales visibles de apariencia normal”.

El a quo, en cumplimiento del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, solicitó los informes correspondientes a la entidad pública demandada, los cuales fueron allegados a ese despacho mediante oficio de fecha 26 de febrero del año en curso, explicando el trámite a seguir para la obtención de citas con los especialistas vinculados al seguro social, que la historia clínica del actor no aparecía en los archivos y, especialmente, lo siguiente:

“... Algunas especialidades donde no tenemos sino uno o dos especialistas, la demanda se satura y las citas se prolongan en tiempo de atención... Con respecto a las citas médicas distantes a tres meses, ya enumeré anteriormente la causa; además hay la alternativa de que si el paciente sufre una crisis aguda, debe acudir al servicio de urgencias, para que sea atendido por el respectivo especialista...”.

Fue esta la situación del actor. Solicitó una cita en el mes de diciembre de 1995 y la obtuvo y para el primero de abril del año en curso, o sea, para después de cuatro meses. Sin embargo, al juzgado de primera instancia fue remitido un fax el 8 de marzo de 1996, durante el trámite de la tutela cuya revisión ocupa a la Sala, proveniente de la oficina jurídica de la Clínica Rafael Uribe Uribe, solicitándole citar al señor Jesús Herney Valdez para que fuera valorado médicamente el 11 de marzo de este año. Así, fueron atendidos los problemas de columna y nervios del actor por el servicio de neurocirugía, en las horas de la mañana, y en las de la tarde todo lo relacionado con reumatología en la fecha señalada. Posteriormente, el 13 de marzo, el a quo dictó su fallo en el sentido arriba descrito.

No parece razonable la justificación dada por el Instituto de Seguros Sociales sobre la demora en la asignación de citas con especialistas. No obstante, el que con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor Jesús Herney Valdez, se haya adelantado casi un mes la cita a él asignada, constituye un indicio de que no es insuperable la congestión a que se refirió la entidad demandada y menos cuando para su atención fueron dedicadas ambas jornadas laborales del 11 de marzo de este año, ya que fue atendido por diversos departamentos en las horas de la mañana y de la tarde. Por tanto, estima esta corporación que la razón para que el Seguro Social no pueda llevar a cabo una oportuna atención de sus usuarios, es más de orden organizativo y de criterios de selección, y de desproporción entre el número de pacientes y el de profesionales de la medicina, disponibles para atenderlos.

En este sentido, es claro que el Instituto de Seguros Sociales está asignando citas de acuerdo con un criterio de simple temporalidad, que no siempre es el más cercano a lo consagrado en el artículo 13 de la Carta Política; al respecto, estima la Sala que en este caso es necesario aplicar el trato diferencial positivo a que arriba se hizo referencia, en aras de preservar y hacer efectivo el principio de igualdad que informa nuestro ordenamiento jurídico.

Entonces, no se trata solamente de poder recomendar al usuario hacer uso de los servicios de urgencias cuando se encuentre en “una crisis aguda”, lo cual constituye indudablemente un atentado contra la posibilidad de prevenir ese lamentable estado, sino de otorgar citas médicas atendiendo a criterios de evaluación del estado de gravedad o de debilidad de los pacientes y a la posibilidad de agravación de los mismos. Así, no sería raro y menos inconstitucional que los enfermos más graves, aunque hubiesen solicitado atención con posterioridad, fuesen valorados antes que los demás, sin necesidad de que lleguen al filo de la muerte para, no poder, sino tener que entrar por urgencias.

Pero además, resulta inaudito y abusivo que la entidad estatal encargada de recaudar la mayor cantidad de aportes patronales y personales, que conforma el mayor fondo financiero y de recursos del país, se excuse de atender a una persona débil y enferma, alegando falta de médicos especialistas en el área, y fije una cita para médico especialista después de cuatro meses de solicitada, en una ciudad como Cali, en la que es notoria la presencia abundante y calificada de estos profesionales de la salud.

Sin duda es una práctica viciada y dañina la de alegar falta de médicos al servicio de la entidad que desde hace muchos años ha recaudado los aportes de los patronos y de los trabajadores constituyendo semejante fondo fiscal y al mismo tiempo hacer inútil la solicitud del servicio; para precaver este vicio de ineficiencia y de mala administración, el artículo 13 de la Carta contempla sancionar los abusos y maltratos que se cometan contra las personas en condiciones de debilidad física o mental manifiesta como en este tipo de casos.

Por otra parte, en el desarrollo y trámite de la acción de tutela que origina este fallo, el actor recibió la atención médica que perseguía con la presente acción de tutela, en razón de lo cual esta Sala procederá a confirmar el fallo proferido por el a quo, y a conminar al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, para que en lo sucesivo aplique los criterios de asignación de citas médicas consignados en la presente providencia y proceda a contratar los servicios profesionales de especialistas en proporción al número de afiliados y de las necesidades del servicio para que las consultas sean practicadas de modo inmediato o en un término razonable».

(Sentencia T-347 de agosto 8 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Julio César Ortiz Gutiérrez).

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