Sentencia T-348 de agosto 9 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

ACTUACIONES ANTE LA CORTE SUPREMA

EXTRACTOS: «Pretende el demandante que se ordene al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que conoce del proceso que se adelanta contra unos magistrados de un tribunal superior, remitir tal proceso al señor Fiscal General de la Nación, quien es el único funcionario competente para investigar y calificar la conducta de tales magistrados. Funda su demanda en la sentencia de la Corte Constitucional del 20 de octubre de 1994, que declaró inexequibles algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, con base en las cuales venía actuando dicho fiscal delegado.

La sentencia de esta Corte a la cual se refiere el actor, declaró parcialmente inexequible el artículo 17 de la Ley 81 de 1993, que en su numeral 1º establecía:

“Fiscal General de la Nación. Corresponde al Fiscal General de la Nación:

1. Investigar, calificar y acusar, directamente o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución”.

La declaración de inexequibilidad se hizo en los siguientes términos:

“2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o por conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia” contenida en el numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993. No obstante, se advierte que el Fiscal General de la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de hacerlo”.

Es menester, en consecuencia, examinar si tal declaración tiene los alcances que le señala el actor, o unos diferentes. Además, si la acción de tutela es procedente en este caso concreto.

3. El fallo de inexequibilidad.

Como se dijo, la declaración de inexequibilidad no se hizo en forma absoluta. Por el contrario, al hacerla se hizo una salvedad expresa, así:

“No obstante, se advierte que el Fiscal General de la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de hacerlo”.

Lo anterior es de una claridad innegable: el Fiscal General de la Nación únicamente tiene que asumir personalmente tres actuaciones dentro del proceso: la calificación de la investigación, la resolución acusatoria y la que se abstiene de acusar. Estos son los únicos tres actos para los cuales no es admisible la comisión a los fiscales delegados. Todo lo demás puede ser objeto de comisión.

Como se ve, la regla general es la posibilidad de comisionar, y las excepciones son los tres actos descritos.

Sostener que solamente puede el Fiscal General comisionar a los fiscales delegados para la práctica de pruebas, es desconocer el texto de la sentencia que se analiza. Pues tal facultad de todas maneras la tenía, y la salvedad, así entendida, habría carecido de objeto.

Tampoco es acertado sostener que al comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General se despojó de la función que le asigna la Constitución y la trasladó a tales funcionarios. Por el contrario: en la Resolución 0-2482 de noviembre 8 de 1994, se dice que la actuación de los comisionados se cumplirá “bajo la dirección y vigilancia” del Fiscal General.

Y si se sostiene que tal comisión, por su carácter general en lo relativo a los procesos que se adelanten contra una determinada clase de funcionarios, es un acto administrativo, la competencia para decidir si se ajusta o no a la ley y a la Constitución, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, mientras ésta no determine lo contrario, la resolución del Fiscal General está amparada por la presunción de legalidad.

En el caso que se estudia, el fiscal delegado no calificó la investigación, sino que declaró la preclusión de la misma por atipicidad de la conducta, actuación que sí podía cumplir.

Dicho sea de paso, la Corte Constitucional, al referirse a su sentencia pasada, no la está aclarando, ni agregándole nada. Únicamente la está aplicando en el presente proceso, para desechar una interpretación errónea que se le pretende dar. No es improcedente ni extraño que la Corte Constitucional tenga que volver sobre sus fallos de constitucionalidad. Así lo hace, por mandato expreso del artículo 243 de la Constitución, cuando decide que una norma reproduce el contenido material de otra que ha sido declarada inexequible por razones de fondo. Y en la misma forma actúa siempre que en el examen de constitucionalidad tiene que relacionar el caso que se controvierte con lo decidido en uno anterior».

(Sentencia T-348 de agosto 9 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

(Nota: La presente Sentencia fue declarada nula por la Corte Constitucional mediante Auto 49 de 1995).

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