Sentencia T-349 de julio 10 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEXTA DE REVISIÓN

Ref.: Exp. T-160.329

Magistrado Ponente:

Dr. Hernando Herrera Vergara

Peticionario: Rodolfo José Hernández Caballero contra la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Funza.

Derechos: Debido proceso y defensa.

Santafé de Bogotá, D.C., 10 de julio de 1998.

(...).

III. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia.

Con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral noveno de la Carta Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar las sentencias proferidas para el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Problema jurídico y examen de las pruebas.

La presente demanda de tutela tiene por objeto la protección de los derechos al debido proceso y a la defensa del actor, presuntamente vulnerados por la providencia emanada del juzgado promiscuo del circuito de Funza, fechada 2 de octubre de 1997, por medio de la cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 3 de junio de 1997, que lo condenó a la pena principal de prisión de 60 meses por el delito de hurto calificado agravado.

Según el peticionario, el juez al adoptar la referida decisión, vulneró sus derechos fundamentales, pues afirma que sustentó el recurso de apelación dentro del término legal; agrega que radicó en la oportunidad legal su escrito en la Cárcel Nacional Modelo, la que pudo haber omitido la remisión del mismo escrito al juzgado.

En orden a resolver el asunto sub examine, el juez de tutela debe proceder a examinar en concreto si efectivamente hubo o no violación de los derechos fundamentales del actor en cuanto se le negó injustificadamente la posibilidad de sustentar el recurso de apelación. Para tal fin, considera la Sala pertinente examinar las pruebas que obran dentro del expediente, en particular las copias de las actuaciones surtidas en el proceso penal seguido contra el accionante, así como las solicitadas por el magistrado sustanciador, las cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Mediante providencia del 3 de junio de 1997, el juzgado promiscuo del circuito de Funza resolvió condenar a (...) (y a otro), a la pena principal de 60 meses de prisión por haberlo hallado responsable del delito de hurto calificado agravado, así como a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, y a pagar en forma solidaria a la empresa Agrabosque la suma de $ 14.959.921.

2. Posteriormente, mediante escrito del 5 de junio del mismo año, el señor (...) manifestó que apelaba dicha providencia “comprometiéndome sustentar la mencionada apelación dentro de los términos que determine la ley”.

3. A través de auto fechado 3 de septiembre de 1997, el juzgado promiscuo de Funza ordenó correr el traslado de que trata el artículo 196A del CPP. (Para efectos de que los procesados puedan sustentar la apelación), ordenando que se le informara de ello al detenido (...) por intermedio del asesor jurídico de la Cárcel Modelo de Bogotá (a fls. 78 y 79 del expediente aparecen los respectivos oficios de citación y notificación).

4. Nuevamente el mismo juzgado con base en el informe secretarial (según el cual se indica que tan solo hasta el día 17 de septiembre le fue comunicado el traslado del recurso de apelación al interno (...), mediante auto del 18 de septiembre de 1997, dispuso que “visto que hasta el día de ayer se enteró el procesado (...) respecto del término de traslado a los sujetos procesales recurrentes de que habla el artículo 196 A y B del C. de P.P., y a fin de evitar que se pueda generar alguna nulidad para esta circunstancia”, se fijara en lista dicho traslado, con lo cual, como el mismo lo afirma, “pretendemos darle una nueva oportunidad al implicado para que haga uso de su derecho a sustentar el referido recurso”. Este auto fue fijado en lista a partir del 19 de septiembre y se desfijó el 25 de septiembre de 1997 a las 6 p.m. (fl. 83).

5. Obra constancia secretarial del 1º de octubre de 1997, por medio de la cual se informa que “por el juzgado se hizo todo lo posible para enterar al interno (...) acerca del término que tiene para sustentar su recurso de apelación (...). El día 19 de septiembre se recibió llamada telefónica del condenado y nos comunicaba que había enviado un escrito; en vista de lo anterior, la secretaria esperó hasta el día de hoy pero no se ha recibido ninguna comunicación de parte del referido procesado”.

Con base en el anterior informe, el juez profirió providencia fechada 2 de octubre de 1997, por medio de la cual, considerando que había vencido el término de traslado adicional concedido para que el recurrente (...) sustentara el recurso de apelación sin que lo hubiera hecho en la debida oportunidad, declaró desierto el recurso en lo que respecta a este procesado.

Cabe destacar que, como lo señaló el juzgado accionado en oficio dirigido al magistrado ponente fechado abril 30 de 1998, obra copia del escrito (fl. 88) presentado por el señor (...) el día 25 de septiembre de 1997 ante el asesor jurídico de la Cárcel Nacional Modelo, sellado por esta dependencia, remitido al juzgado promiscuo del circuito de Funza y que tan solo fue recibido por éste el 3 de octubre de 1997, es decir, cuando ya había declarado desierto el recurso de apelación.

En razón de lo anterior, podría pensarse que el escrito presentado por el peticionario en el cual solicitó que se le fijara fecha para la realización de una audiencia pública en la que pudiese sustentar oralmente su recurso de apelación, fue extemporáneo, por lo que por este aspecto, el juzgado obró ajustado a la ley, al encontrar que dentro del término del traslado el actor no presentó en tiempo la sustentación, por lo cual debía proceder a declarar desierto el recurso. Por consiguiente, no se configuraría la existencia de una vía de hecho, pues se repite, éste se atuvo a las constancias secretariales que acreditaban que dentro de las oportunidades legales no se había sustentado la apelación, por lo que la actuación procedente en los términos del C. de P.P. era la que siguió, declarando desierto el recurso.

En el escrito a que se hace referencia, de fecha 25 de septiembre de 1997, pero recibido por el juzgado tan solo hasta el 3 de octubre del mismo año, el actor solicitó que se le admitiera que la sustentación del recurso de apelación se hiciera oralmente, en los términos del artículo 196B del C. de P.P., para lo cual pidió se fijara fecha y día para la celebración de la audiencia.

Tal circunstancia dio lugar a que las autoridades judiciales recibieran en forma extemporánea, el escrito del accionante, haciéndole nugatorio el ejercicio de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. No se encuentra justificación alguna de por qué el asesor jurídico de la cárcel no remitió vía fax, como se lo solicitó el juzgado mediante el oficio 311 del 4 de septiembre (fl. 79) el mencionado escrito, o le remitió el citado documento oportunamente. Por ende, esta omisión afectó ostensiblemente los derechos del accionante, hasta el punto de que por ello le fue declarado desierto el recurso de apelación por la no sustentación, sin culpa o negligencia alguna del recepcionante.

Como lo reconoció el a quo, aparece constancia en el libro radicador de escritos de la cárcel, según lo cual, el accionante presentó una petición el 25 de septiembre, sin precisar su contenido. Además, obra en el expediente la petición a través de la cual el actor solicita que se fije fecha para la celebración de una audiencia en la que pueda sustentar oralmente la apelación —en los términos del C. de P.P.—; y en el mismo oficio aparece un sello del asesor jurídico de la Cárcel Modelo, con la fecha de recibido del 25 de septiembre de 1997. No obstante tan solo hasta el 3 de octubre fue recibida por el juzgado de Funza, razón por la cual la petición mencionada no llegó oportunamente al juzgado, para los efectos de su consideración con anterioridad a la providencia que declaró desierto el citado recurso.

Por lo anterior, para esta Sala es evidente que fueron las autoridades carcelarias las que, con su actitud omisiva, vulneraron los derechos fundamentales del peticionario, al no haber remitido oportunamente el escrito dirigido al juzgado para que este hubiese podido dar trámite oportuno al mismo. Así entonces, resulta evidente que el actor presentó en tiempo, es decir, el 25 de septiembre de 1997, día en que se vencía el término legal, el citado documento ante los funcionarios de la cárcel, en relación con la sustentación de la apelación, pero estos en forma negligente, omitieron remitirla al competente, dejando transcurrir los términos legales, quebrantando con ello los derechos fundamentales del demandante.

Por consiguiente, el derecho fundamental a impugnar la decisión judicial que contra él se profirió, así como la posibilidad de esgrimir su derecho de defensa, y en particular, el efectivo acceso a la administración de justicia quedaron vulnerados.

En tal virtud, la omisión en que se incurrió por parte de las autoridades carcelarias no puede resultar en detrimento de los derechos del accionante, para los efectos de considerar precluidos los términos legales para sustentar la apelación, pues su solicitud fue presentada oportunamente según las pruebas que obran en el expediente.

Por ello la Sala deberá conceder la tutela de los derechos invocados, y en consecuencia, se ordenará al juzgado promiscuo del circuito de Funza anular el auto fechado 2 de octubre de 1997 por medio de la cual se declaró desierto el recurso de apelación, y en su lugar, se dispondrá dar trámite al escrito formulado por el demandante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia.

Es evidente que frente a la situación anterior, no se observó el debido proceso, lo que impidió al actor el acceso oportuno a la administración de justicia, con la remisión a las autoridades judiciales de las diligencias procesales pertinentes por parte de los funcionarios del centro de reclusión, haciéndole nugatorio al recluso el derecho de defensa para la plena observancia de las formas propias del respectivo juicio, como lo refleja la situación materia del presente examen, que impiden el acceso a la justicia y la celeridad del proceso, con la oportuna remisión a los funcionarios competentes de las diligencias procesales suscritas.

Igualmente, se remitirá copia de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación, para que, por intermedio de los funcionarios competentes, se investigue la conducta omisiva que dio lugar a la preclusión de los términos legales para la estimación oportuna del escrito formulado por el demandante.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Revocar el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el 20 de febrero de 1998. En su lugar, se dispondrá:

1. Conceder la tutela de los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del recluso (...).

2. Ordenar al juzgado promiscuo del circuito de Funza que anule el auto fechado 2 de octubre de 1997, por medio de la cual declaró desierto el recurso de apelación formulado por (...) contra la sentencia proferida por ese despacho el 3 de junio de 1997, y en su lugar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, le de trámite al escrito presentado por el demandante, radicado con fecha 25 de septiembre de 1997, en la oficina del asesor jurídico de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

3. Prevenir al Director General del INPEC, así como al Director de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, para que no vuelvan a incurrir en las conductas omisivas en que se incurrió por parte del asesor jurídico de dicho establecimiento carcelario.

4. Remitir copia de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación, para que, por intermedio de los funcionarios competentes, se investiguen las conductas omisivas que dieron lugar a la preclusión de los términos, en la forma prevista en la presente providencia.

5. Líbrense por secretaría general las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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