Sentencia T-351 de agosto 13 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA QUINTA DE REVISIÓN

SERVICIO MILITAR

RESPONSABILIDAD POR LA SALUD DEL CONSCRIPTO

EXTRACTOS: «La obligación de prestar el servicio militar es de origen constitucional (C.P., arts. 95 y 216) y se halla ligada a la necesidad de que los nacionales presten su concurso para la defensa de la soberanía, para mantener la integridad del territorio y para salvaguardar la paz pública y la efectiva vigencia de las instituciones, dentro del ordenamiento jurídico y bajo el mando de la autoridad civil.

Para cumplir su cometido, el servicio militar, en lo que concierne a su prestación concreta por una persona determinada, no puede quedar sometido a la voluntad de ella ni a la de su familia, ni tampoco a la de los mandos castrenses, sino que ha de sujetarse de manera estricta a las prescripciones de la ley, autorizada por la Constitución para definir los casos en que pueda admitirse que alguien está exento de dicha imposición, los cuales, por supuesto, son de carácter taxativo.

Ahora bien, es claro que, sometido ya el conscripto a las reglas propias de la actividad militar, necesarias para la disciplina interna de la institución armada, no le es posible evadirlas ni desconocer la línea de mando, salvo el caso de órdenes flagrantemente violatorias de los derechos humanos (Cfr. sentencias T-209 del 8 de junio de 1992, Sala Tercera de Revisión, y C-561 del 30 de noviembre de 1995, Sala Plena de la Corte), pues tales elementos son inherentes a la milicia y corresponden a los fines de preparación y formación que se esperan de quienes se incorporan a filas.

Entre dichas reglas se puede enunciar, entre otras, la de la práctica de ejercicios físicos, indispensable para el fortalecimiento material y espiritual de los soldados y para su adecuada educación corporal, que debe estar acompañada de la formación del temple y el carácter.

La pertenencia a uno de los cuerpos armados del Estado exige de sus miembros la sujeción a este tipo de actividades y el rendimiento correspondiente.

Pero, claro está, como acontece en todos los campos de la convivencia social, la que tiene lugar en el seno de las instituciones militares y policiales debe responder a un mínimo de consideración y preservación de la dignidad humana, la vida y la integridad personal —física y moral— de quienes deben obediencia.

Para la Corte Constitucional es claro que las exigencias de orden físico, inherentes al servicio militar, no pueden llevarse hasta extremos lesivos de los derechos fundamentales de la persona, los cuales prevalecen sobre las obligaciones de los militares subalternos, de modo que ellas los tienen por límite. Si el cumplimiento de las segundas lleva a desconocer o a violentar los primeros, se impone la revisión judicial acerca del alcance del ordenamiento militar y de su aplicación, con miras al efectivo imperio de las garantías constitucionales, de las cuales no están excluidos quienes, por mandato de la propia Constitución, prestan sus obligados servicios a la patria.

Así, en casos como el examinado, en los que aparece de bulto o resulta probado de manera fehaciente que, dadas las condiciones particulares del soldado, físicas o fisiológicas, cir-cunstanciales o permanentes, la práctica de ciertos ejercicios físicos puede ocasionar perturbaciones graves en su salud o comportar serias repercusiones en su integridad física, o inminente peligro para su vida, las competentes autoridades militares deben tomar las medidas y adoptar las providencias necesarias para su interrupción y para que la actividad del conscripto se sustituya por una que no le cause daño.

Obviamente, no se trata de males menores o de indisposiciones superficiales o fácilmente superables, sino de situaciones de salud probadas o evidentes, graves, que hagan irrazonable y peligroso someter al soldado enfermo a las mismas exigencias aplicables a los demás.

Si, dándose una de ellas, las respectivas jerarquías castrenses deciden que el soldado incapacitado o afectado debe continuar la rutina física impuesta a sus compañeros, no obstante haberse establecido que no goza de condiciones de salud que se lo permitan, según dictamen médico, quebrantan los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la igualdad real y material (que exige trato distinto para quienes se encuentran en circunstancias diversas) y, por tanto, son susceptibles de amparo constitucional.

Considera la Corte que el acto de aceptación de una persona por parte de la autoridad militar para que ingrese a filas, al declarar que aquélla es “apta”, no implica, como lo estima el demandante, que el correspondiente dictamen médico excluya toda enfermedad o afección, sino únicamente que, aun con las deficiencias que pudiera presentar el recluta, goza de unas condiciones físicas y de salud que, hasta el momento de la evaluación previa, le permiten en general ingresar al respectivo cuerpo militar. Ya se verá, en cada caso concreto y de acuerdo con las condiciones particulares del soldado si tal condición fundamental de aptitud puede sufrir excepciones para ciertas prácticas o exigencias propias del servicio, lo que deberá poner en conocimiento de sus superiores con el objeto de que, practicados los conducentes exámenes médicos, se apliquen los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permitan alcanzar los objetivos inherentes a la prestación del servicio sin ocasionar perjuicios a la salud integral del obligado.

Ahora bien, la institución militar y el propio afectado tienen la obligación de propiciar la pronta y eficiente recuperación de la salud quebrantada, aquélla disponiendo los elementos médicos, asistenciales y quirúrgicos necesarios y el enfermo sometiéndose a los tratamientos, exámenes, operaciones y terapias que los facultativos autorizados encuentren aplicables.

No cabe duda de que ni el Estado, a través del Ejército, puede negar al conscripto los cuidados que su salud y subsistencia reclaman, ni la persona aquejada por padecimientos que le impiden prestar adecuadamente el servicio militar puede resistirse a las prescripciones terapéuticas científicas pertinentes, con el objeto de permanecer al margen de sus obligaciones dentro de las filas, obviamente siempre que los procedimientos médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen en sí mismos su integridad personal».

(Sentencia T-351 de agosto 13 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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