Sentencia T-351 de agosto 30 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA SEGUNDA DE REVISIÓN

PODERES DISCIPLINARIOS DEL JUEZ

TRÁMITE PARA SANCIONAR CON ARRESTO

EXTRACTOS: «A través de la resolución en cuestión la señora Juez Tercero Penal Municipal de Sincelejo resolvió: “sancionar al abogado..., con pena de arresto de cinco días, que deberá cumplir en la cárcel nacional del distrito judicial”.

La aludida resolución fue expedida en uso de los “poderes disciplinarios” que el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil otorga al juez, con la finalidad de asegurar la eficiencia en la administración de justicia y el respeto y la dignidad de los órganos personas que son titulares de la función judicial.

Los mencionados poderes se traducen en unas competencias específicas que se asignan a los jueces para imponer sanciones de naturaleza disciplinaria a sus empleados, o correccionales a los demás empleados públicos, o los particulares, incursos en algunas de las conductas anteriormente descritas.

Obviamente, las sanciones que el juez impone a los empleados de su despacho tienen un contenido y una esencia administrativa y los respectivos actos son administrativos, contra los cuales proceden los recursos gubernativos y las acciones contencioso administrativas; en cambio, los actos que imponen sanciones a los particulares, son jurisdiccionales, desde los puntos de vista orgánico, funcional y material, según lo ha entendido la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado; contra estos actos únicamente procede el recurso de reposición (art. 39 del CCA), mas no son susceptibles de ser controlados a través de las acciones contencioso administrativas, por no tener el carácter de actos administrativos. Por lo tanto, se equivocó el señor Juez Promiscuo del Circuito de Sincé al considerar improcedente la tutela por estimar que el peticionario tenía un medio alternativo de defensa judicial, idóneo y eficaz, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que podía ejercitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Concluye entonces esta sala de revisión, que desde el punto de vista procesal la acción de tutela es procedente por carecer el accionante de otro medio alternativo de defensa judicial, idóneo y eficaz.

4. La libertad y su protección en la Constitución.

El nuevo orden constitucional reconoce a la libertad de las personas un valor esencial, que se traduce en la adopción de variados mecanismos para hacer realidad y efectiva su protección. Es así, como haciendo una exploración de la normatividad constitucional se intuye el designio del constituyente por eregir la libertad en un valor y derecho fundamental, así:

4.1. Según el preámbulo, la libertad constituye un elemento esencial y orientador en la estructuración de la normatividad constitucional, que se reitera en el artículo 1º mediante el reconocimiento de la “dignidad humana” la cual necesariamente tiene un sustento vital en la libertad.

4.2. El Estado reconoce “la primacia de los derechos inalienables de la persona” (art. 5º), entre los cuales, uno de los más preciados es la libertad.

4.3. El artículo 28, declara:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida previamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.

En armonía con la disposición transcrita el art. 34 prohíbe las penas de destierro y prisión perpetua.

4.4. Con el fin de asegurar la adecuada y efectiva protección de la libertad la Constitución consagra, en diferentes normas, garantías para su protección (artículos 2º, 28, 29, 30, 84, 85, 86, 93 y 94, entre otros).

5. Los poderes disciplinarios del juez y el derecho al debido proceso.

Como garantía de la libertad, el art. 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, cuyos elementos constitutivos son:

— El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

— Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa.

— El juzgamiento sólo es procedente ante juez o tribunal competente.

— El juzgamiento debe ser realizado, con observancia de la plenitud de las formalidades procesales, propias de cada juicio.

— Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.

— Quien sea juzgado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso.

—Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in idem).

En materia penal el derecho de defensa y al debido proceso, tiene un reforzamiento adicional, por cuanto deben observarse, además, los siguientes requisitos:

— La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica a la restrictiva o desfavorable.

— Todo sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento.

— Todo sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas.

— Todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

La observancia del derecho al debido proceso, dada la generalidad del mandato contenido en la norma citada, se aplica necesariamente cuando el Estado ejerce la función jurisdiccional o la función administrativa y resultan afectados desfavorablemente los derechos fundamentales de la persona. En tal virtud, dado el carácter punitivo de la sanción, asimilable a la sanción de tipo penal, cuando el juez hace uso de la potestad correccional, a que alude en el numeral 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, y pretende sancionar con arresto a la persona que ha incurrido en una conducta que atenta contra el respeto debido a la dignidad del cargo, debe adelantar el correspondiente procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso (C.P., art. 29) y justificar la medida en criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirven de causa.

Consecuente con lo expuesto, considera esta Sala de Revisión, que la sanción prevista en el art. 39 del Código de Procedimiento Civil (arresto hasta por cinco días) sólo es procedente cuando se cumplan los siguientes presupuestos:

a) La falta se produce cuando en razón de hechos u omisiones consumadas por cualquier persona o por las partes en un proceso, se falte al respeto debido al juez, en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

b) Debe existir un nexo o relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad que desarrolla el funcionario judicial, pues esta debe corresponder a las que son propias de las competencias que le han sido asignadas.

c) Si bien el inciso 2º del numeral 2º del art. 39 del Código de Procedimiento Civil, dice que para imponer la pena “será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo”, con el fin de garantizar el debido proceso, se requiere que al infractor previamente se le oiga y se le dé la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las pruebas que a bien tenga, con anterioridad a la expedición de la resolución que impone la sanción (C.P., art. 29). En este orden de ideas, debe entenderse modificado por la normatividad constitucional el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil.

d) La falta imputada al infractor debe estar suficientemente comprobada, mediante la ratificación, con las formalidades de la prueba testimonial del informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo.

e) La sanción debe ser impuesta, mediante resolución motivada, en la cual se precise la naturaleza de la falta, las circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción.

f) La resolución que impone la sanción debe ser notificada personalmente al infractor y contra la misma procede el recurso de reposición.

6. Análisis del caso materia de estudio.

El estudio de la prueba documental incorporada a los autos permite concluir que en el presente caso se impuso de plano la sanción de arresto por cinco días al peticionario de la tutela, con la sola certificación del secretario del Juzgado Tercero Penal Municipal de Sincelejo, en la que se da cuenta de la existencia de la falta imputada al infractor. Por consiguiente, no se cumplieron al imponer la sanción los requisitos reseñados anteriormente, con lo cual se violó el derecho fundamental al debido proceso, lo cual, a su vez, implica una amenaza de violación al derecho fundamental a la libertad.

Consecuente con lo expuesto, en la parte resolutiva de esta sentencia se tutelarán los derechos vulnerados y amenazados y a efecto de garantizarlos se revocarán las Resoluciones 114 y 115 de enero 8 y 29 de 1993, que impusieron la sanción de arresto de cinco días al peticionario, para que el juzgado reponga la actuación cumplida, con arreglo a los criterios que se señalan en el numeral 5 de la parte motiva de esta sentencia.

Se advierte finalmente, que la circunstancia de haber prosperado la tutela, por las razones que han quedado expuestas, no implica, en manera alguna, desconocimiento del poder disciplinario, más precisamente correcional, que tiene la señora Juez Tercero Penal Municipal de Sincelejo para sancionar, si fuere el caso, la conducta irrespetuosa que se endilga al peticionario de la tutela».

(Sentencia T-351 de agosto 30 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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